Las reformas laborales para el Tratado de Libre Comercio con los EEUU

Las remuneraciones en una economía abierta deben ser pagadas según la productividad del empleado y no por conquistas sindicales

La flexibilidad laboral es clave para afrontar el reto del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la competitividad. Lo más viable es una reforma de un máximo de 15 artículos al Código del Trabajo, pero en puntos esenciales, donde se revise: la intangibilidad absoluta de los derechos adquiridos del trabajador, la irrenunciabilidad y las limitaciones a la transacción. Estos principios son la base de la rigidez de los contratos colectivos e individuales de trabajo.

La legislación laboral debe adaptarse a la realidad actual y flexibilizarse en temas como la estabilidad absoluta en el puesto de trabajo, que impide la movilidad del trabajador, los sistemas salariales desvinculados de la productividad, el régimen excesivo de indemnizaciones contractuales, los tipos de contratos gravosos, entre otros.

Otra arista esencial es que las remuneraciones sean pagadas según la productividad. Organismos internacionales como la OIT, el BID, el FMI y otros han sugerido introducir mecanismos legales y contractuales para el pago por rendimiento y productividad, pues la gente está acostumbrada al pago de un sueldo mensual fijo, desvinculado de la eficiencia laboral.

El gran reto de todos, en estos momentos que se negocia el TLC, es producir más en cada hora de trabajo. Esa es la única forma de que los trabajadores ganen más, que las empresas mejoren sus utilidades para reinvertir y que el Estado reciba más ingresos vía impuestos y aportes al IESS.

El poder adquisitivo de los salarios debe guardar relación con la productividad laboral. Y esto nos lleva a eliminar los incrementos salariales generales y dejarlo como un tema de negociación en cada empresa.

A la vez, en cada organización, se deben negociar libremente las remuneraciones, horarios, prebendas y obligaciones.

El sector empleador coincide en que las utilidades del 15% deben cambiarse por un 'bono de eficiencia', para incentivar al trabajador a capacitarse y mejorar todos los días, aplicando la teoría de la sustitución: 'te doy una cosa a cambio de otra'.

Una nueva alternativa es que el empleador pueda utilizar el 15% de utilidades de los trabajadores como crédito tributario, especialmente, el inversionista extranjero, quien ahora no trae su capital al Ecuador porque solo en Impuesto a la Renta (25%) y en utilidades a los trabajadores (15%) tiene que pagar el 40% de sus réditos, mientras, en los países vecinos, estos rubros no llegan al 30% en total.

En la realidad, el 15% de utilidades para los trabajadores, que le quita competitividad a las empresas, apenas representa unos $200 millones anuales, de los cuales, el 70% se origina en la provincia de Pichincha y solo el 30%, en el resto del país. De alrededor de 80 mil empresas registradas, solo unas 3 800 reparten utilidades y, por ende, pagan Impuesto a la Renta; las otras declaran pérdidas.

Además, es necesario mejorar el sistema de contratación por hora y racionalizar la estabilidad y los horarios.

Marco Albuja, director de la Fundación Lexis, cree que la flexibilización laboral también debe implementarse en el sector público. No hay que olvidar que la burocracia consume casi el 30% del Presupuesto del Estado, alrededor de $2 000 millones por año, en sueldos, mientras $12 millones no tienen nada seguro.
Manuel Terán, experto jurisconsulto, considera que el Código del Trabajo sigue siendo una barrera para la inversión; por tanto, deben revisarse muchas de sus instituciones para poner al país en igualdad de condiciones con sus competidores.

En el Ecuador, la jornada de trabajo es menor que la de Colombia y Perú; sin embargo, el salario mínimo y los salarios sectoriales son más altos, lo cual debe revisarse.

El país necesita una legislación más clara, sencilla y directa, para que todos los subempleados y desocupados empiecen a ser incorporados al mundo laboral. Con normas claras y certeras, el empresario sabe a lo que se atiene y puede planificar para crecer y crear más fuentes de trabajo, pues, ahora, lo que tiene es incertidumbre.

Cambios a la ley de instituciones financieras

Para volver a la banca ecuatoriana competitiva en el TLC y evitar que se repita otro atraco bancario en el futuro, lo primero que debe cambiar es la supervisión bancaria.

Las regulaciones financieras dentro del TLC deben exigir disciplina, seguridad y transparencia a cada una de las instituciones bancarias de tal forma que los clientes sepan, a ciencia cierta, lo que pasa con sus bancos y puedan sacar su dinero a tiempo y depositarlo en otros bancos más serios y eficientes.

La nueva Ley de Instituciones Financieras debe establecer los requisitos necesarios para lograr una reestructuración del sistema económico, y así recuperar la confianza. Para ello, hace falta crear leyes modernas que protejan al ahorrista nacional y al inversor extranjero, de tal forma que nadie tenga miedo de tener su plata en los bancos del país.

Se requieren reglas modernas y claras para obligar a que los bancos en problemas se capitalicen y respondan a sus clientes. Hay que ser más exigentes con los créditos vinculados o préstamos que vayan a tener problemas de cartera vencida. Ser rigurosos en técnicas de prestar recursos es clave, porque implica invertir dinero ajeno en préstamos o papeles.

La ley debe poner barreras para que no hayan conflictos de intereses en la actividad bancaria y que las decisiones sobre préstamos o inversiones en papeles sean puras, técnicas y analizadas dentro de los riesgos. La ley debe obligar a la Superintendencia de Bancos a que contrate firmas internacionales independientes, que no tengan compromisos con nadie, para que hagan auditorías transparentes a los bancos.

El cliente debe sumarse al control y obligar a los bancos a que pongan toda la información de sus cuentas en un portal de la Internet, para que pueda saber qué pasa con su dinero.

Una última reforma clave es que se castigue con prisión a los banqueros o administradores de las instituciones financieras que administren mal un banco y que permitan la concentración de créditos.

Al procesar a esos malos administradores y liquidar a aquellos bancos, se estaría sentando un precedente de que, en el Ecuador, ya no hay espacio para los banqueros corruptos y que los inversionistas pueden confiar su dinero en la banca ecuatoriana.

Las reformas ambientales

Las organizaciones ambientalistas creen que la legislación ecuatoriana debe implementar algunas nuevas normas para lograr una producción más limpia, que permita alcanzar la competitividad empresarial.

Hay que normar el destino de desperdicios, la utilización de la mano de obra y la infraestructura, para que se logre un manejo ambiental adecuado.

El daño en la imagen y en la competitividad de las empresas, por mal manejo o generación excesiva de desperdicios, involucra pérdidas relacionadas con la disminución en las ventas, causada por su deficiente desempeño ambiental.

Para afrontar los desafíos del TLC, hay que normar la aplicación de los insumos, el proceso de transformación, el área de almacenamiento y la disposición de residuos, y así impulsar un desarrollo sostenible del país, cuidando su ambiente.

También se necesita reformas para otorgar permisos ambientales, control de producción industrial y petrolera, y otras disposiciones de carácter obligatorio, incluidas en la normatividad, para la obtención de los certificados ISO y las ecoetiquetas. Todos estos cambios hay que realizarlos cuanto antes, toda vez que el proceso de negociación del TLC avanza. (MA)
Sábado 1º de enero de 2005