'Acceso a medicamentos, responsabilidad del Estado antes que cuestión de patentes'

Luis Díaz es gerente de Pfizer y preside la Cámara Ecuatoriana de la Industria Farmaceútica de Investigación (Asoprofar). Cree que el TLC va a establecer un marco institucional que va a permitir estabilidad jurídica en el tema de los fármacos

Luis Alfonso Díaz

Luis Alfonso Díaz está convencido de que entre los temas críticos de la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y los EEUU, donde el secretismo ha sido la tónica, no está el problema del acceso a los medicamentos. Igual de seguro, o más, lo está de que con el TLC va a ser posible que al país lleguen alrededor de 25 nuevos medicamentos que la industria farmacéutica descubre al año; que la industria nacional podrá tener acceso al mercado estadounidense, que las medicinas no van a subir de precio y que seguirán existiendo los genéricos.

Díaz sostiene que en los EEUU el 50% de los medicamentos es genérico, por lo tanto, "si las compañías nacionales hacen los estudios pertinentes y demuestran calidad ante las autoridades estadounidenses, podrán tener unas ventas bastante elevadas".

Al hablar de lo que tanto se les achaca a las multinacionales de medicamentos sobre la investigación de enfermedades que aún no tienen cura, que en el mundo representan el 25% de males, dice que ese compromiso social es asumido por las grandes farmacéuticas, pues "para las pequeñas no es negocio vender medicinas para enfermedades que no son de consumo masivo".

Estadísticas de Asoprofar, asociación que Díaz preside, muestran, entre otros números, que se están dedicando esfuerzos en 98 nuevos fármacos y vacunas contra el sida, 350 medicamentos que afectan especialmente a la mujer.... Además, en el Ecuador, en lo que respecta a investigación médica, según la misma asociación, la industria de investigación destina $1 millón al año.

Al respecto, Díaz lamenta que en el Ecuador existan muchas copias que no tienen los estudios clínicos ni el aval suficiente que demuestren su eficacia y seguridad. Con ello, aclara, no es que no sirvan; con "el TLC se van a reglamentar los datos de prueba y los estudios clínicos". Así, el Tratado "va a brindar garantías a la población".

A su juicio, mucha de la información que circula en los medios sobre el TLC no se acerca a la realidad. Por ello no se cansa de repetir "falso", cuando se le hace alguna referencia a las críticas de quienes objetan el Tratado, como aquella versión que asegura que se estaría negociando una legislación que va a favorecer a las multinacionales por el tema de las patentes. "En el Ecuador existen 3 215 medicamentos (gran parte de ellos producidos por la industria nacional), de los cuales solo ocho están patentados y los otros tienen copia; es decir, en este momento, el tema de propiedad intelectual no se está aplicando en el Ecuador. Si se firma el Tratado se van a proteger los nuevos medicamentos: 25 al año, lo que representa el 2% del mercado; eso no hará desaparecer la industria nacional", explica.

También es tajante al negar que se esté intentando ampliar los períodos de protección de los productos cuya fecha de patente está por terminar. "Una patente se otorga en el momento en que se presenta a la autoridad competente; esa patente dura 20 años y eso es inamovible". Además, asegura que 12 de los 20 años que dura la protección se destinan a investigar la efectividad terapéutica de los medicamentos, "siendo el tiempo real de protección de ocho años".

Para desmentir que las medicinas se van a encarecer, apela al libre mercado. El precio de los medicamentos está regulado por las condiciones que fija el mercado y no la industria de investigación, dice, y considera que en el Ecuador esa competencia es muy amplia. "Si hoy tengo una infección, en el país hay más de 200 alternativas de antibióticos".

Y es que para Asoprofar y para él, el problema del acceso a medicamentos en el Ecuador no es una cuestión de propiedad intelectual ni de protección de patente, sino de la situación de pobreza que atravesamos, siendo responsabilidad social del Estado el desarrollo de políticas sanitarias que faciliten el acceso a las medicinas. (PBM).
Sábado 1º de enero de 2005