OCP con esperanzas de abrir más frentes de inversión en campos amazónicos

A partir de enero de 2004, el oleoducto de crudos pesados (OCP), de $1 400 millones, se convertirá en la infraestructura más moderna y con tecnología de punta de la industria hidrocarburífera de este país.
El OCP es el último oleoducto que acaba de ser construido en el mundo y el primer privado en el Ecuador después de la desmonopolización del sector petrolero en 1993, con la esperanza de abrir más frentes de inversión en los campos de la región amazónica.
La nueva infraestructura duplica la capacidad de transporte del crudo y de la producción nacional que bordea los 400 mil barriles diarios.
El presidente del consorcio OCP Ecuador SA, Bernardo Tobar, califica de infructuoso el debate político que durante más de 10 años postergó la ejecución de esta obra "indispensable para el desarrollo del sector hidrocarburífero y la economía nacional".
El consorcio está integrado por la compañía estadounidense Occidental Petroleum Corp; Agip, que es filial de la italiana Eni SpA; AEC Ecuador Ltd de Canadá; la estatal brasileña Petrobras; la española- argentina Repsol-YPF y la francesa Perenco, que son los mayores inversionistas foráneos en Ecuador.
Los hallazgos de crudo pesado en la década de los ochenta llevaron a los Gobiernos a discutir sobre la necesidad de construir un oleoducto que separara el crudo liviano de los campos de Petroproducción del pesado de las compañías privadas para evitar así la mezcla, y potenciara la producción que estaba limitada por la falta de transporte y se mejore el rendimiento de la principal refinería del país: Esmeraldas.
Tobar menciona que el último descubrimiento importante de una reserva hidrocarburífera en la Amazonía ecuatoriana fue en 1992 y desde ese año no se han hecho nuevos hallazgos.
Antes, y ahora que está terminado, el OCP ha sido el blanco de la "oposición y la asfixia de los políticos a toda iniciativa de gran envergadura de la empresa privada", comenta Tobar, quien se refiere en el mismo tono "al Congreso Nacional y a grupos de extrema izquierda, cuyo protagonista más notable ha sido Acción Ecológica, que trató incluso de boicotear el financiamiento en el exterior".
Afirma que el país no debe olvidarse de esta historia "ni de los malos ecuatorianos y extranjeros que a nivel político, judicial, o protestando en las calles, impiden el desarrollo nacional".
La compañía argentina Techint inició la construcción del OCP en junio de 2001 y concluyó la obra el 31 de agosto de 2003. Pero en el Contrato para la construcción y operación del oleoducto de crudos pesados y prestación de servicios públicos de transporte de hidrocarburos, como se llama, firmado el 15 de febrero de 2001 entre el Estado y las seis multinacionales, no se precisa la fecha de terminación de la obra. Los retrasos debían ser penalizados.
Tobar dijo que el OCP tuvo 300 días de paralización por "los paros provinciales, de los propietarios del derecho de vía que buscaron extorsionar, los grupos ecologistas de siempre y políticos que también quieren sus privilegios".
Uno de los retos que afrontó la obra fue el geográfico. Tobar dice que no es lo mismo construir un oleoducto en Alaska, en EEUU, o en el Sahara, que en Ecuador, un país escarpado y con una biodiversidad que obligó a trabajar "con técnicas prácticamente egipcias", en derechos de vía restringidos como en Mindo, de menos de dos metros de ancho. "Fue una obra monumental desde el punto de vista del esfuerzo humano, a fin de minimizar el impacto ambiental en la zona", sostiene.
Con una capacidad pico de 528 mil barriles diarios, el OCP cuenta con la más alta tecnología: un sistema sofisticado de comunicaciones, fibra óptica, respaldo satelital y sistemas de control automatizado.
En los 500 km de extensión desde la Amazonía hasta Esmeraldas, la tubería va enterrada en un 98%, cruza 25 kilómetros por áreas de reserva o zonas protegidas, donde los rigurosos controles ambientales y la presión de los ecologistas obligaron a la contratista a utilizar las técnicas más modernas para evitar posibles daños.
La revegetación de las áreas desbrozadas se aventajó por las bondades climáticas del país, principalmente en las zonas de bosques húmedos. Tobar destaca que el OCP es ejemplo de seguridad industrial. Llegó a contratar a 10 700 trabajadores en enero de 2003. Hoy quedan 250.
Con el permiso de funcionamiento entregado por el Ministerio de Energía el 6 de noviembre de 2003, los miembros del consorcio tienen mucho en juego en el oleoducto por la fuerte inversión realizada, y esperan subir de 150 mil barriles de crudo pesado que bombean por el OCP, a 250 mil barriles a fines de diciembre de 2004, según afirma el presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, René Ortiz.
Enfatiza que con esta arteria el país tiene la oportunidad de su vida para repetir la era de los caudalosos ingresos de los años setenta, con dos objetivos: una respuesta social con los nuevos ingresos petroleros, y de infraestructura para atraer la nueva inversión. "Esa respuesta hay que complementarla con un drástico giro para repotenciar el entorno político y económico y eliminar, de una vez por todas, las barreras hipócritas que se han mantenido desde que el país desmonopolizó la industria petrolera", dice Ortiz. En su opinión, el OCP "tiene la oportunidad de ser un imán para la nueva inversión".
Las socias anunciaron meses atrás invertir adicionalmente $4 500 millones, pero no para llenar su oleoducto sino el sistema de oleoducto transecuatoriano (SOTE) de propiedad del Estado.
Amba líneas están semivacías, a pesar de que por el SOTE la estatal Petroecuador también bombea unos 70 mil barriles diarios de crudo pesado de participación en la producción privada.
Para Bernardo Tobar, los planes de incremento de la producción en los campos de crudo pesado son un tema a que cada compañía tendrá que responder. Indica que las multinacionales decidirán, cuando el Gobierno resuelva todos los temas pendientes, como la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las reformas a la Ley de Hidrocarburos, que al cierre de esta edición, en noviembre, continuaban tramitándose en el Congreso Nacional.
En ese escenario, las compañías han demostrado escaso interés en la licitación de cuatro áreas estatales de la Amazonía que el Gobierno publicó el 1º de noviembre, cuya fecha para la entrega de las ofertas vence el 23 de enero de 2004. Quieren claridad en el proceso, según una carta que enviaron al presidente Lucio Gutiérrez en octubre del año anterior.
Tobar agrega que la convocatoria de la licitación llegó en un momento en que normalmente los presupuestos de las compañías ya están revisados y asignados por sus casas matrices en el exterior.
Por ejemplo, en la práctica americana el año corre hasta junio, de tal manera que los presupuestos para el año fiscal julio 2003-julio 2004 ya fueron aprobados, con lo cual "la licitación viene extemporáneamente".
"La ronda petrolera tiene tal cantidad de complicaciones, que si no se da un golpe de timón, va al fracaso", señala Tobar. (TH)

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