| El Ecuador, en una espiral de inseguridad

En las inmediaciones de la Plaza de Toros de la capital fueron detenidos 40 jóvenes
durante las festividades de Fundación, acusados de escándalo y agresión física
Por
Fernando Carrión*
América Latina y el Caribe viven una oleada de crecimiento de la inseguridad. Si en 1980
la tasa promedio fue de 12,8 por 100 mil habitantes, para 1991 subió a 21,4, y la
tendencia continúa creciendo, al extremo de que en 1994 subió a 28,4 (OPS). Esto
significa que la región tiene una tasa de más del doble de la del mundo, pues esta
registró para este año un 10,7. Es más, entre 1984-1994 la tasa de homicidios subió en
más de 44%.
Estos datos se expresan en situaciones como: 140 mil personas mueren al año en la región
por homicidios, 28 millones son sujetas de robo, 54 familias son asaltadas por minuto. Hay
una destrucción o transferencia de recursos de aproximadamente el 14,2 por ciento del PIB
(BID). El conjunto de todos estos datos nos muestran que América Latina se ha convertido
en la región más violenta del mundo...
Pero este fenómeno no es homogéneo en la región. Hay países como El Salvador,
Colombia, Honduras, Brasil, Venezuela, que están por sobre la media regional, y otros
como Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay que se hallan bastante por debajo. El Ecuador se
encuentra entre los países que, si bien están por debajo de la media, tienen un promedio
importante.
A principios de la década del ochenta, Ecuador tuvo una tasa de 6,4 homicidios por 100
mil habitantes; en 1995 la cifra se elevó a 14,8. La violencia aumentó en estos últimos
15 años, en más del doble, por lo que anualmente mueren en el país cerca de 2 000
personas asesinadas. Pero también es interesante señalar que ha tenido en ciertos
momentos tasas de homicidios más altas que su vecino, el Perú. Si en 1980 el Perú tuvo
una tasa de 2,4 homicidios por 100 mil habitantes, el Ecuador tuvo 6,4. En 1990 el Perú
subió notablemente a 11,5, mientras el Ecuador lo hace a 10,3; pero en 1995 el Perú baja
a 10,3 y el Ecuador sigue subiendo hasta llegar a 13,4 homicidios por 100 mil. Esto
significa que en la década del ochenta el Perú tuvo un crecimiento significativo de la
violencia (casi cinco veces en diez años) y que en los noventa se redujo lentamente. El
Ecuador, en cambio, ha tenido un crecimiento permanente y sostenido en estos últimos 20
años, que se expresa en una tasa de 14,8 homicidios por 100 mil habitantes en 1999.
Esta tasa de 14.8, es un promedio nacional, que no esconde los picos altos y bajos. Así
tenemos (según Flacso-BID), por un lado, que las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos,
Los Ríos y Carchi (la mayoría provincias fronterizas con Colombia) tienen tasas que
duplican el promedio nacional y, por otro lado, provincias como Zamora, Morona y Napo
(Amazonía) con tasa inferiores a 3 por 100 mil.
Por otro lado, las provincias que tuvieron los mayores crecimientos porcentuales de
homicidios, durante la década del noventa, son: Pichincha, con 140% Chimborazo con 136% y
Tungurahua con 109%; todas ellas de la Sierra...
Estos datos muestran que la violencia crece en cantidad. Pero también se transforma día
a día. Las formas con que opera la delincuencia son muy distintas, al extremo de que se
puede hablar de dos modalidades, una tradicional (más ligada a la cotidianidad y a la
pobreza) y otra absolutamente moderna, que se caracteriza, entre otras cosas, por: un
desarrollo tecnológico significativo, un nivel de transnacionalización acentuado y de
organización con división del trabajo, una diversificación de las formas de acción
violenta y un crecimiento del número de los actores del conflicto.
Esta transformación produce mayor violencia, abonando un aumento incontenible de la
inseguridad. Comparativamente, se puede afirmar que la espiral de la violencia es más
significativa que la de la inflación. Si bien la inflación tiene costos sociales
elevados, mediante algunas medidas se puede abatirla en plazos previsibles. Con la
violencia no. Una vez que comienza, los resultados son impredecibles, por las
consecuencias en cadena que tiene. La venganza, el ajuste de cuentas, las riñas, entre
otros, producen efectos exponenciales. Pero también la violencia intrafamiliar genera una
transmisión generacional del delito. Un niño que sufre maltrato físico o sicológico, o
que vive la violencia entre sus padres, es muy probable que en el futuro actúe
violentamente. Esto significa que la violencia genera más violencia.
A ello hay que añadir la erosión que sufren las instituciones públicas que se dedican
al control de este flagelo: la Policía y el sistema judicial. En los dos casos, sea por
corrupción o por la ilegitimidad que adquieren, pierden eficiencia en la gestión. No
solo está presente la llamada justicia por la propia mano, como expresión directa, sino
que también se incrementa la impunidad. No hay sanción y tampoco hay denuncia de las
víctimas. Esto significa que la violencia produce un impacto negativo en la
institucionalidad que la enfrenta, en otras palabras, que las instituciones que deben
controlar la violencia son las primeras víctimas. Se erosiona su legitimidad ante la
población y se corroe su organización interna. Por eso se hace necesario invertir cada
vez más recursos en estas instituciones, retirando de otros sectores a los que podrían
destinarse para generar políticas de prevención. La única manera de romper esta lógica
perversa es que el tema sea asumido por un marco institucional que trascienda el ámbito
policial y legal hacia mecanismos de cooperación en dos niveles:
público-privado-comunitario y nacional-provincial-local. Este marco institucional
representativo debe tener una estrategia general, en la que se tenga en cuenta las fases
de la violencia, los tipos de violencia y los grupos de riesgo.
* Fernando Carrión es arquitecto, planificador urbano y editorialista de HOY. |