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Resolución de la 64ª Asamblea General

Madrid, España

3 al 7 de octubre, 2008


CONSIDERANDO

Que en Argentina, Aruba, Bermuda, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, continúan las denuncias sobre la aplicación de la pauta publicitaria para castigar o premiar a medios y periodistas


CONSIDERANDO

Que la distribución de la publicidad oficial sigue siendo un punto de tensión en la relación entre el gobierno y los medios; y diversos sectores de la sociedad civil han criticado la falta de interés de los gobierno en tratar los proyectos que reglamenten la distribución de los gastos en publicidad


CONSIDERANDO

Que en Aruba, los periódicos el Diario y Awe Mainta; la televisora ATV15 y Canal 90 FM radio denunciaron trato discriminatorio en la distribución de la publicidad gubernamental


CONSIDERANDO

Que en Bermuda, el gobierno cortó la publicidad oficial al diario The Royal Gazette, alegando motivos de recortes de costos y suspendió todas las suscripciones del periódico, medida considerada una represalia por su línea editorial


CONSIDERANDO

Que en Ecuador, el Estado utiliza millonarios fondos públicos en campañas de publicidad, para promover su línea política y criticar a la oposición


CONSIDERANDO

Que en México, el diario AM de Guanajuato denunció que los gobiernos locales y estatales utilizan la aplicación de la pauta publicitaria en forma discrecional para castigar o premiar a medios y periodistas


CONSIDERANDO

Que en Nicaragua, la publicidad estatal es utilizada para beneficio del partido de Gobierno y promover la imagen personal del presidente Daniel Ortega; y una parte del presupuesto es utilizado en anuncios de televisión para calumniar a la oposición


CONSIDERANDO

Que en Uruguay, el estatal Banco de la República suspendió la contratación de publicidad en el semanario Búsqueda, en represalia por la difusión de una investigación periodística sobre la cancelación de una deuda que el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, mantenía con ese banco público


CONSIDERANDO

Que la Declaración de Chapultepec establece en su principio 7 que “las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”


LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE


Instar a los gobiernos de Argentina, Aruba, Bermuda, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, a cesar las prácticas discriminatorias, a impulsar reglamentación para la distribución equitativa bajo criterios técnicos de las pautas publicitarias, a fin de que no sean utilizadas como instrumento de coacción o beneficio para medios y periodistas.


Reiterar que la utilización de los recursos públicos con intereses personales o gubernamentales es una práctica corrupta que coarta los principios de la transparencia e integridad en la administración pública.


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