PUNTOS DE VISTA

Las FARC y la crisis andina: antecedentes de un conflicto
Por Joaquín Hernández

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La crisis regional desatada por el ataque de fuerzas militares colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en la madrugada del pasado 1.o de marzo del corriente, tuvo como consecuencias inmediatas la ruptura de relaciones entre el Ecuador y Venezuela con Colombia, la expulsión del embajador colombiano en Quito, la movilización militar de tropas ecuatorianas y venezolanas hacia sus respectivas fronteras con Colombia y un agresivo debate entre los presidentes Correa, Uribe y Chávez donde se pusieron de manifiesto, más allá de los calificativos, las diferencias de visión y de políticas de sus respectivos gobiernos. Hasta el momento en que se escribe este artículo y pese a los titulares de prensa que anunciaron un final feliz a la crisis después de la reunión de presidentes del Grupo de Río y al acuerdo obtenido en la reunión posterior de cancilleres en la OEA en Washington, las tensiones continúan y parece un poco prematuro haber pensado que todo estaba en vías de recuperación.

En realidad, la crisis suscitada por el ataque al campamento de las FARC donde se encontraba el dirigente más importante de dicha organización guerrillera que actuaba con el pseudónimo de Raúl Reyes es el resultado de un largo proceso que comenzó en la década de los noventa del siglo pasado, cuando este grupo subversivo comenzó a adquirir cada vez más poder, a controlar más territorio y a crecer financieramente de forma insospechada gracias a los recursos del secuestro y del narcotráfico, hasta el punto que en un momento de esos años se llegó a considerar al Estado colombiano como un «Estado fallido». Esta «anormalidad», por llamarla de alguna manera, tendría que tener un día funestas consecuencias como ahora ha sucedido. La pregunta pendiente después de lo sucedido y en medio del enrarecido panorama de las relaciones, sobre todo las del Ecuador con Colombia, es si esta «anormalidad» ha entrado en un proceso de normalización o, por el contrario, continúa siendo un factor peligroso de futuras confrontaciones y conflictos. Parte del problema es que muchos sectores de la opinión pública ecuatoriana desconocen lo que significan las FARC para el imaginario de los colombianos. Subsiste todavía para algunos la imagen idealizada del guerrillero de las FARC como la de un luchador incorruptible y valiente por las causas sociales, y consideran que el conflicto que libra el Estado colombiano es meramente el cumplimiento de una agenda hecha en Washington y asumida por los grupos de poder del país en contra de líderes del cambio social. Se desconoce la transformación de la guerrilla más antigua del mundo de haber sido un grupo de campesinos en pie de guerra a convertirse en una maquinaria implacable de muerte, financiada por el secuestro y el narcotráfico. A nivel de principios de su política exterior, el Ecuador, con el respaldo mayoritario de la opinión pública, considera que el conflicto armado que vive Colombia es un asunto interno de ese país.

Como señalaba el embajador Javier Ponce Leiva en el libro de Planificación de la Política Exterior del Ecuador, PLANEX 2006-2020, en el volumen dedicado a las relaciones con Colombia y el Perú: «…el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados es la piedra angular de esa relación ». Para la opinión pública colombiana, en cambio, que ha padecido en las últimas décadas la pesadilla de las FARC y que no encuentra ninguna relación entre los soldados campesinos de los inicios y los crueles combatientes de hoy que lanzan cilindros con explosivos, atacan guarniciones militares por sorpresa y secuestran en búsqueda de dinero, no resulta comprensible la posición ecuatoriana de no sumarse al combate contra este enemigo. Más aún, hay asombro de que estos guerrilleros encuentren refugio y avituallamiento en el vecino país del sur para regresar a territorio colombiano para atacar con más fuerza, como lo señalan medios de comunicación colombianos.

Sin embargo, el imaginario colombiano no valora los costos que ha significado para el Ecuador el desplazamiento político, social y militar a su frontera norte después de haber estado permanentemente de guardia en la del sur durante más de medio siglo. Más aún, cuando el Ecuador llegaba en 1998 a un acuerdo con el Perú que cerraba la agresión militar sufrida en el año 1941, casi inmediatamente debía ocuparse del norte a consecuencia de la nueva ofensiva del Estado colombiano contra las FARC conocida como Plan Colombia. Para el Ecuador, el problema colombiano a partir de entonces pasó a formar parte de la agenda de su política interior. En cambio, para Colombia, las posibles implicaciones del conflicto en el Ecuador no merecieron mayor comentario ni atención. Nunca hubo, que se sepa, una visión prospectiva de lo que podría suceder en el caso de que el conflicto se extendiese militarmente a los países vecinos como efectivamente ha sucedido en 2008. Se confió exclusivamente por parte de Colombia en la fortaleza de la relación Washington-Bogotá y se descuidó las otras relaciones con los países vecinos.Estas visiones, de suyo diferentes, están además exacerbadas por determinados grupos políticos con base en definiciones ideológicas heredadas de la Guerra Fría que santifican o satanizan sin más las posiciones de derecha o de izquierda y que exigen la adhesión incondicional en nombre de los principios de la ideología defendida. Desde Max Weber sabemos que las posturas ideológicas no pueden ser llevadas a un sereno tribunal de la razón para dilucidar «objetivamente» quién tiene la razón. Son armas de ataque que implican parcialidad y cuyo objetivo final no es el juicio sereno y desinteresado sino la derrota del adversario. Por lo demás, los imaginarios sociales no se cambian por la confrontación que asume en su tarea los vicios de la retórica. Por ello, no se trata ni se pretende en este artículo dar la razón a una de estas visiones en desmedro de la otra, sino ayudar a entender la complejidad de un problema que afecta las relaciones entre dos países hermanos. No hacerlo implicaría en la práctica mantener una irreconciliable diferencia entre el Ecuador y Colombia, y un divorcio permanente entre dos países unidos por una historia común, una amplia gama de lazos personales y familiares que han crecido en número y en intensidad en el tiempo, y unas relaciones comerciales y culturales que exigen la tolerancia frente a la diversidad y el diálogo en lugar de la confrontación.

Por ello, es imprescindible entender los antecedentes de esta crisis, en nuestro caso y sobre todo desde Colombia, no para sumarse a su agenda internacional sino para poder actuar en calidad de interlocutor regional más allá de las confrontaciones del momento.

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La democracia colombiana en el siglo XX implica una contradicción. Por una parte, es una de las democracias más estables de América Latina. Los golpes de Estado y las rupturas del orden constitucional han sido mínimas (uno solo en el siglo XX, el del general Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953) y los militares han estado institucionalmente sujetos al poder civil. No son, por tanto, los típicos actores de rupturas constitucionales como la mayoría de sus colegas en la región.La Constitución Política de 1886 estuvo vigente hasta 1991, con reformas importantes pero dentro del marco ideológico de la «centralización política y la descentralización administrativa ». La sucesión presidencial se ha mantenido invariable excepto en esta última época, cuando, por un cambio en la Constitución vigente de 1991, el actual presidente Álvaro Uribe Vélez obtuvo el derecho a la reelección gracias a un enorme respaldo popular. La independencia de poderes es otra de las fortalezas institucionales del Estado colombiano: como ejemplo, han sido destituidos y encarcelados legisladores incluso del actual Gobierno, que fueron encontrados culpables de haber recibido fondos de organizaciones al margen de la ley, relacionadas con el narcotráfico, sin que ello haya provocado un enfrentamiento a muerte entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, o entre el Legislativo y el Judicial.

Y sin embargo, Colombia tiene en su haber ser el país del conflicto armado más antiguo o por lo menos de uno de los tres más antiguos del mundo contemporáneo, dependiendo de la fecha en que se marque precisamente el nacimiento de las FARC. Si se toma el año 1946 como fecha clave, sería el más antiguo; si los años sesenta, uno de los tres más antiguos. Las FARC tienen su origen lejano, como ha señalado Eduardo Pizarro Leongómez, en los grupos de autodefensa campesina que impulsó el Partido Comunista colombiano a finales de la década de los cuarenta frente a la represión oficial. Estos grupos se fueron conformando a lo largo de los años cincuenta y sesenta, pasando de ser grupos armados campesinos a guerrillas móviles. Estas construyeron zonas «liberadas» fuera del control del Estado colombiano hasta el año 1964, en que el presidente Guillermo León Valencia lanzó la Operación Marquetalia para destruir la existencia de las mismas, una especie de «repúblicas independientes » como las llamó en su día un político conservador colombiano. El 27 de mayo de 1964 se llevó a cabo el primer combate en la zona de Marquetalia, fecha que es considerada fundacional para el surgimiento de las FARC.

En 1965 se celebró la Primera Conferencia del Bloque Sur de las FARC, que determinó organizar las fuerzas en bloques geográficos determinados. Todo transcurrió sin mayor novedad y con un crecimiento más bien pobre hasta el año 1982, cuando se celebró la VII Conferencia de la organización, en donde se añadió al nombre de las FARC el de EP (Ejército del Pueblo) y donde se formuló el plan estratégico «Campaña bolivariana por una nueva Colombia», con un equipo dirigente estable que se ha mantenido sin mayores cambios hasta ahora. La VII Conferencia marcó además un punto de quiebre con el pasado: un crecimiento vertiginoso y una notable expansión territorial obtenida gracias a la tregua concedida por el Gobierno conservador de Belisario Betancourt, que permitió un fortalecimiento organizativo y militar a los guerrilleros y a la bonanza de la coca, el banano y la ganadería «que, a través del secuestro o la extorsión, daría origen a la “sólida” economía de guerra que habría de construir esta organización en las dos décadas siguientes».

La VIII Conferencia (1993) mostró un crecimiento todavía mayor de las FARC en su concepción estratégica: de guerra de guerrillas a guerra de movimientos. Aquí se toma la decisión de crear un ejército guerrillero capaz de enfrentarse y golpear al Ejército del Estado; se crean los bloques regionales y los comandos conjuntos. Se crean las milicias bolivarianas para llevar la lucha del campo a la ciudad. Y se plantean las reformas políticas propuestas por las FARC como eje para un «Gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional». Es el momento en que se inicia una alta concentración de fuerzas de las FARC en el sur de Colombia. La VIII Conferencia inició una secuencia de victorias militares para las FARC como Las Delicias (Putumayo), La Carpa (Guaviare), Patascoy (Nariño), El Billar (Caquetá) y otras que demuestran un alto grado estratégico de organización.

Surge así el «Monstruo de ocho caras», como lo llamará el Informe elaborado en el año 2003 por Hernán Gómez Buendía, «El conflicto, callejón con salida». De acuerdo a él, la guerrilla y específicamente las FARC son simultáneamente «un proyecto político, un aparato militar, un actor en los conflictos sociales, un cazador de rentas, un modo de vida, un poder territorial, un autor de violencia degradada y un freno al desarrollo humano». Nada que ver por cierto con las imágenes de los barbudos entrando en La Habana en 1959 e incluso, más recientemente, los militantes de los frentes guerrilleros centroamericanos como el FMLN de los años setenta y ochenta, según lo ha señalado enfáticamente uno de sus ex comandantes y ahora analista geopolítico y experto en seguridad en Londres, Joaquín Villalobos.

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Frente al crecimiento sostenido de las FARC, el Estado colombiano experimentó en los años 80 y 90 una notable crisis producto de nuevos actores sociales que irrumpieron en el panorama político: los carteles de la droga. El momento más duro fue el del período presidencial de Ernesto Samper (1994-1998), en que al presidente de la República se le negó la visa de entrada a los EEUU, se hizo público que los carteles de la droga habrían financiado su campaña (el famoso proceso 8 000) y la desorganización y desmoralización de las fuerzas militares llegaba a su punto culminante. Hasta se habló de un golpe de Estado dado lo precario de la situación… En las ciudades, la inseguridad era cotidiana; resultaba imposible viajar por las carreteras del país y los asaltos y secuestros estaban a la orden del día. Guerrilleros de las FARC y del ELN se enfrentaban con paramilitares en escenas espeluznantes de crueldad y de horror. Poblaciones enteras eran masacradas y las víctimas eran destrozadas con motosierras para escarmiento de los demás.¿Cómo explicar esta contradicción de la democracia colombiana? Las razones son varias: la debilidad del Estado colombiano para controlar efectivamente mediante el «monopolio legítimo de la fuerza» el territorio nacional y que ha permitido la existencia de «señores de la guerra» con poder local y capacidad de negociación; la difícil geografía colombiana apta para proteger grupos armados y ofrecer, como lo muestra la historia moderna del país, zonas independientes del orden estatal; una cultura de la violencia heredada del siglo pasado y que ha proseguido a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. En este sentido, las bonanzas económicas de Colombia han sido de doble signo: han servido para desarrollar el país pero también han sido fuente de financiamiento para grupos extremistas. La maldición de la droga, básicamente pero no exclusivamente la cocaína, trastornó e impulsó demencialmente las contradicciones al interior del país. Todos los sectores fueron golpeados: el «establecimiento», con la lacra de la corrupción; las guerrillas, con la pérdida de las claves ideológicas que una vez tuvieron, y la elección de métodos más típicos de criminales y asaltantes que de luchadores por la libertad.

Colombia, sin embargo, no vive una guerra civil como a veces se suele apresuradamente decir. No hay un enfrentamiento global a nivel de la sociedad. Para bien o para mal, lo que se libra es una «guerra campesina»: como ha hecho ver Antonio Caballero, uno de los más destacados analistas de la revista Semana, los que combaten de lado y lado son muchachos campesinos porque la conscripción militar no llega a las capas medias ni altas de la sociedad colombiana. El conflicto sigue desarrollándose en el campo después del fracaso de las FARC, que intentaron llevar la contienda a las ciudades. Tampoco estas tienen un respaldo significativo de los colombianos, una de las condiciones para hablar de guerra civil.

El respaldo al presidente Álvaro Uribe Vélez y a su política de Seguridad Democrática es abrumadoramente mayoritario. Basta ver las encuestas de aprobación y de credibilidad mantenidas desde el año 2002, en que llegó al poder y que hoy sostienen incluso hasta la posibilidad de una nueva reelección en el año 2010. O conversar con los taxistas de Bogotá, Cali o Medellín, si se prefiere «estudio de campo». No hay una crisis de legitimidad del Gobierno en la sociedad colombiana. Incluso los sectores críticos de oposición al Gobierno de Uribe no están de acuerdo con la guerrilla ni con sus métodos. Con la desaparición del segundo comandante de las FARC, Uribe ha logrado lo que ningún presidente colombiano había podido en décadas: romper el mito de invulnerabilidad de las FARC y sentarlas en un futuro cercano a negociar condiciones de paz en situación diferente a las de sus antecesores Belisario Betancourt o Andrés Pastrana. Colombia tiene un futuro promisorio, más promisorio aún si termina este conflicto armado. En pocos años ha pasado de la recesión a un crecimiento de su economía a un 7,4%, dos puntos más alto que la tasa de crecimiento promedio de la región, de 5,5%. «Colombia es hoy uno de los principales destinos de inversión extranjera en América Latina, solo superado por México, el Brasil y Chile», señala un análisis del diario español El País. Y una de las razones que apuntalan esas inversiones es la seguridad que se tiene en el país.

Colombia ha focalizado su agenda de lucha contra los grupos armados en la relación Washington-Bogotá. Esta relación es compleja y no blindada, precisamente porque se superponen intereses asimétricos de los dos países. No se trata simplemente de decir que la llegada de un político más liberal a la Casa Blanca, Barak Obama por ejemplo, pondría en riesgo el apoyo financiero de los EEUU a Colombia. Dentro de la aparente agenda común, Washington tiene sus preferencias, algunas de las cuales son diferentes en importancia para Bogotá.

El matrimonio guerrilla-narcotráfico no es eterno y puede romperse por uno de los lados. El éxito del presidente Uribe puede ser el comienzo del fin de un sistema democrático entendido desde el equilibrio de poderes y no de la acumulación de los mismos no importa en nombre de qué principios se lo haga. En otras palabras, Bogotá debe pensar más que nunca en la paz que será resultado de una compleja negociación y de una no menos difícil reinserción de los combatientes. Para ello necesita a sus vecinos, el Ecuador en primer lugar, que ha compartido y sufrido los enfrentamientos de la frontera sur. Si la guerra ha desbordado las fronteras colombianas, la paz va a requerir el apoyo de los países vecinos, no solo para ser muro de contención y de control a las actividades de grupos llámense terroristas o irregulares, sino para formar una zona de intercambio y de cooperación. El episodio sucedido no debe repetirse y los estados tienen que asumir la obligación de que las FARC no los enfrenten, por su mimetismo y capacidad de penetración. Y Colombia debe admitir que la paz es en última instancia el objetivo buscado.

Joaquín Hernández Alvarado es director de Posgrados de la Universidad Católica de Guayaquil.
Especialista en temas internacionales.
Columnista de Diario HOY.