Incursión
de las FARC: historia del secreto mejor divulgado
Por
Juan Tibanlombo
La
jornada del 7 de marzo fue calificada como
histórica por el presidente de la República,
Rafael Correa. Ese día había
concluido su primera ofensiva diplomática
que comenzó en Lima, pasó por
Río de Janeiro, Caracas, Panamá,
Managua y terminó en la República
Dominicana, en la reunión del Grupo
de Río.
El
fin último era que toda América
Latina condenara a Colombia por la incursión
de sus unidades élites del Ejército
y la Policía al territorio ecuatoriano,
en la madrugada del primer día de marzo,
para matar y recuperar el cadáver de
Luis Edgar Devia, más conocido como Raúl
Reyes, el segundo al mando de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
No
hubo la condena a Colombia, pero sí el
rechazo generalizado a la violación de
la soberanía del territorio ecuatoriano,
algo que quedó ratificado en la resolución
de la Organización de Estados Americanos
(OEA), del pasado 17 de marzo.La ofensiva diplomática
respaldada por todo el Ecuador, sin embargo,
ha dejado debajo de la alfombra un hecho que
ha sido un secreto a voces en los últimos
años: la presencia de las FARC en el
Ecuador y sus nexos con grupos que defienden
la legitimidad de la lucha armada para derrotar
lo que ellos llaman «el imperialismo».
Ese permanente fantasma de las FARC en el país
ha llevado a diferentes gobiernos a cometer
crasos errores, como el caso del ministro Roberto
Dunn Barreiro, en la administración de
Sixto Durán Ballén, que el 11
de octubre de 1992 ordenó detener a Andrea
Stark, artista alemana; Susana Tapia, recreadora
infantil y educadora musical; Amparo Ponce,
actriz de teatro; Joan Bague, psicólogo
infantil español; Miguel Toscano, periodista
del naciente periódico Qué fue...,
y a un fotógrafo francés, mientras
realizaban la comparsa «500 años,
un día antes », auspiciada por
la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en pleno
centro de Quito.
Dunn Barreiro apareció en una cadena
de televisión para informar que el Ejército
y la Policía detuvieron a artistas sospechosos
de estar vinculados con las FARC. «Existen
evidencias —gráficas y fílmicas—
de que los integrantes del grupo, en lugar de
dedicarse a actuar, escribían frases
subversivas en las paredes de Quito»,
dijo el ministro en la mencionada cadena el
13 de octubre de 1992.
Con el paso de los días se demostró
que nada de lo que el Gobierno había
dicho era cierto.Ese hecho, sin embargo, demostró
el nerviosismo que existía en los organismos
de seguridad del Estado por una supuesta incursión
de grupos de las FARC en el Ecuador, algo que
en realidad se remontaba a 1987, cuando militantes
del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) recibieron
entrenamiento para comandantes de compañía
y de columna en la selva colombiana, a cargo
de Alfonso Cano y Jorge Briceño, más
conocido como «Mono Jojoy».
Eso era parte de la estrategia de las FARC para
formar bloques internacionales, según
declaró años más tarde
uno de los primeros jefes guerrilleros que se
acogió al programa especial de protección
y reinserción del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS). En el Ecuador, ese proceso
se frenó por la desarticulación
de AVC y su entrega de armas en el Gobierno
de Rodrigo Borja (1988-1992), pero quedaron
los contactos de los desmovilizados del grupo
guerrillero ecuatoriano con el de las FARC.
Para principios de los noventa, las FARC ya
comenzaban a dejar de ser vistas como un grupo
ideológico y eran acusadas de dar seguridad
a Pablo Escobar, uno de los más grandes
narcotraficantes que ha tenido Colombia. Paralelamente,
la guerrilla desató una ola de ataques
en la frontera con el Ecuador para tomar el
control del Putumayo, uno de los ejes del narcotráfico:
el 7 de noviembre de 1992, asaltó el
puesto policial de Orito y dejó 26 policías
muertos, muchos con balas en la nuca. El Ejército
colombiano rastreó a esa cuadrilla y
la siguió hasta La Hormiga, a 40 kilómetros
del territorio ecuatoriano.
En el enfrentamiento murieron 50 guerrilleros
y otros habrían huido para esconderse
en la provincia de Sucumbíos, en suelo
ecuatoriano. En el Ecuador, la frontera fue
puesta en estado de alerta. El entonces comandante
de la Brigada Coca, Jorge Burbano, aseguró
incluso que el Ejército ecuatoriano estaba
cumpliendo tareas de reconocimiento ofensivo
sobre el río San Miguel y el Putumayo,
los dos sistemas fluviales que sirven de frontera.
«Si los guerrilleros vienen y hacen fuego
contra nuestros hombres o contra la población
civil, nosotros abriremos fuego; si los capturamos,
los devolveremos a Colombia», dijo el
general Carlo Magno Andrade, comandante general
del Ejército, que fue con un grupo de
periodistas a la zona.
La frontera norte entraba en la agenda del Ecuador,
pero los puestos militares fuertes seguían
concentrados en la frontera sur, porque el litigio
con el Perú estaba latente. El mismo
general Andrade aclaró que el número
de las fuerzas en esa zona era proporcional
con la situación, el «mínimo
indispensable para combatir a los subversivos».
Eso
lo pagó caro el Ecuador cuando el 16
de diciembre de 1993 una patrulla del Ejército
y la Policía ecuatoriana fue emboscada
por una cuadrilla de las FARC en el sector de
Peña Colorada, recodo del río
Putumayo que toma ese nombre por el color de
un acantilado. Ocho policías y cinco
soldados fueron acribillados.
La respuesta del entonces ministro de Defensa,
Jorge Gallardo, fue la captura inmediata de
diez colombianos y un ecuatoriano, a quienes
acusó de ser «guerrilleros de finca».
«Se denomina así a los campesinos
que si bien no pertenecen a las columnas orgánicas
de la guerrilla, han sido reclutados ya sea
voluntariamente o bajo presión para colaborar
en las acciones que realizan los subversivos,
sin dejar de cumplir sus labores agrícolas
en las haciendas y plantaciones de la frontera»,
aseguró el secretario de Estado.
Más tarde se demostraría que fueron
torturados para aceptar que eran los responsables
de la masacre. Un informe del caso, de mayo
de 1994, suscrito por la Consejería para
la defensa de los derechos humanos, adscrita
a la Presidencia de Colombia, señalaba
que «en franca violación a la soberanía
nacional, efectivos del Batallón de Selva
55 del Ejército ecuatoriano incursionaron
en territorio colombiano realizando detenciones
arbitrarias en Nueva Esperanza y Montepa».
Lo curioso de ese caso, la defensa de los once
supuestos «guerrilleros de finca»,
fue que las mismas FARC comenzaron a repartir
hojas volantes en la ciudad de Nueva Loja, capital
de Sucumbíos, atribuyéndose la
matanza.Pese a esos hechos, ese grupo guerrillero
iba consolidando su poder en la frontera, porque
la atención de las Fuerzas Armadas ecuatorianas
tenía que estar en la frontera sur.
El 15 de julio de 1994 hubo otra matanza en
la misma zona de Orito: unos 24 militares colombianos
fueron masacrados por las FARC mientras dormían
y Colombia advirtió que la columna guerrillera
se había desplazado al Ecuador para esconderse.
Para ese entonces, el DAS advertía que
las FARC contaban con 10 mil combatientes y
unos 40 mil auxiliadores, que ejercían
presión sobre 249 municipios, el 25%
del total que existían en Colombia, por
el poder económico adquirido a través
de los secuestros, las extorsiones y la vigilancia
de cultivos o laboratorios del narcotráfico,
y que estaban en pleno proceso de introducirse
por su propia cuenta en «ese negocio».
«El DAS calcula que en breve —si
no lo ha hecho ya— la guerrilla colombiana
estaría en disposición de financiar
la actividad de movimientos subversivos en países
vecinos», decía una nota de prensa
del 20 de julio de 1994.
El
19 de agosto de ese año, en Tumbaco,
en las afueras de la capital, Eduardo Gutiérrez,
gerente de Quito Motors, fue secuestrado y tuvo
que pagar 400 millones de sucres ($176 211 al
cambio de esa época, que era de 2 270
sucres por dólar) y 75 mil pesos colombianos
por su liberación. «Cuando lo dejaron
libre, le agradecieron su aporte a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia.
Le dijeron que si corre algún riesgo,
que se comunique con ellos porque le van a proteger.
Él preguntó: “¿Pero
cómo?”. Y ellos le contestaron:
“Lo vamos a vigilar. Pinte una puerta
de amarillo y enseguida le daremos protección»,
destacaba una nota de Diario HOY de la fecha.
Después de 1995, el punto de quiebre
La llamada «guerra del Cenepa» con
el Perú acaparó la atención
del Ecuador en 1995.
Todos los ojos miraban a la frontera sur, porque
en la frontera norte, al parecer, todo había
vuelto a la calma, tras los incidentes de 1993.
De hecho, el ataque más grande de las
FARC ese año, fuera de Colombia, ocurrió
en la localidad Caranabo, en las inmediaciones
de Puerto Páez, en el estado de Apure,
en Venezuela, frente al departamento colombiano
de Vichada. Ocho marines venezolanos fueron
acribillados en esa incursión.
En el contexto había un
acuerdo entre Colombia y Venezuela, que comparten
una frontera terrestre de 2 219 kilómetros,
para combatir la guerrilla, el narcotráfico,
el secuestro, el tráfico de armas, el
contrabando y la delincuencia. En el Ecuador,
tras bastidores se hablaba de un pacto tácito
de no agresión de las Fuerzas Armadas
ecuatorianas con las FARC, lo que habría
permitido a la guerrilla colombiana mejorar
sus redes de abastecimiento en Sucumbíos,
Esmeraldas, Imbabura y Carchi. «Comandos
de las FARC operan casi en la impunidad en el
Ecuador. Tienen sus centros de operaciones en
las ciudades de la Sierra, norte del país
y en la zona nororiental.
El tráfico de la muerte
continúa y las vías y leyes ecuatorianas
dan caminos expeditos para ello», decía
un reportaje del suplemento BLANCO Y NEGRO,
de Diario HOY, del 17 de marzo de 1996.
El reportaje fue hecho a propósito de
la captura por parte del Ejército colombiano
de un cargamento de 30 mil proyectiles, un centenar
de armas israelíes y 100 paquetes de
dinamita, en la población de La Hormiga,
en Colombia. Esa carga habría entrado
por Tulcán, pasado por Quito y sorteado
todos los controles militares hasta llegar a
Sucumbíos, hasta el puente internacional
sobre el río San Miguel que separa al
Ecuador de Colombia.
De hecho, las FARC habían construido
en Sucumbíos una red de abastecimiento
que incluía a militares ecuatorianos,
en servicio pasivo y activo, como es el caso
del sargento en retiro Segundo Guartán
y los cabos Cando Tintín, Rolando Rodríguez,
José Lima y G. Maiguashca, contra quienes
se abrió un proceso en el Juzgado Segundo
de la Primera Zona Militar, en junio de 1996.La
guerrilla les compraba uniformes, fundas de
dormir, cinturones de campaña, ponchos
de agua, mosquiteros, tulas, carpas, porta alimentadoras,
vajillas de campaña, colchones, palitroques,
accesorios de vehículos y hasta pañuelos.
En el juicio se determinó que los uniformes
eran adquiridos en los mismos destacamentos
militares ecuatorianos, como el CAL-13, Grupo
de Caballería Yaguachi y la Brigada de
Selva Napo. En ese proceso también fueron
involucrados Álvaro Calixto, Leonardo
Calixto, José Orellana y Patricio González;
este último fue mencionado en el reportaje
del diario El País de España,
del 12 de marzo de 2008 («Las FARC hallan
refugio en el Ecuador»), como «el
gran proveedor (…), poderoso traficante
de armas ecuatoriano que colabora con las FARC
desde hace 25 años».
González de hecho apareció en
2003 vinculado más directamente con una
red de traficantes de armas que abastecía
a las FARC y que fue desarticulada en una operación
bautizada como «Marte».
«Las armas, explosivos y municiones eran
adquiridas en las provincias de El Oro y Loja,
así como en territorio peruano»,
informó el 27 de agosto de 2003 el entonces
comandante de la Policía, Jorge Poveda.
Patricio González León, según
esa investigación, era el encargado de
recibir el dinero de la guerrilla colombiana
para la compra del material bélico. Fue
detenido junto a Marco González León,
el coordinador del transporte; Luis Octaviano
Guerrón, arrendatario de la bodega donde
se almacenaba el material, al sur de Quito.También
fueron involucrados los sargentos del Ejército
Kléber Zurita y Fausto Gualotuña.
En la bodega del sur de la capital, la Policía
halló seis ametralladoras MAG calibre
7.62 mm, con sellos del Ejército ecuatoriano;
dos ametralladoras calibres 7.92 y 30.30, pertenecientes
al Ejército peruano, y una ametralladora
antiaérea marca Browing US.El armamento,
según el informe de la Policía,
se transportaba a Quito por vía terrestre,
para luego ser enviado por las zonas fronterizas
de Carchi y Sucumbíos rumbo a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia. La Tercera
Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de
Quito condenó a dos años de prisión
a los involucrados, pero recién en septiembre
de 2006, y fueron liberados inmediatamente.
Eso, pese a que era el golpe más fuerte
dado por la Policía desde junio de 2001,
cuando la captura del cura anglicano Walter
Crespo destapó una red que, mediante
una serie de triangulaciones, surtía
a las FARC de armas de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana. En esa operación fueron
involucrados los coroneles retirados Carlos
Vicente Tobar Álvarez y Jorge Delfín
Merino Narváez. «El caso del señor
Crespo radica en la existencia de un grupo de
delincuentes que trató de sorprender
a la FAE fraguando una compra aparentemente
legítima de armamento obsoleto para,
mediante operaciones delictivas, conducir esas
armas a las FARC», declaró en esa
ocasión el entonces ministro de Gobierno,
Juan Manrique.
Las
conexiones
Mientras
el Gobierno de Rafael Correa reclamaba enérgicamente
por la violación de la soberanía
territorial en su ofensiva diplomática
por varios países, en las calles de Quito
aparecieron leyendas de grupos que han defendido
la legitimidad de la lucha armada de las FARC,
como el Movimiento Popular Democrático
(MPD), el Partido Comunista Marxista Leninista
del Ecuador (PCMLE), la Juventud Comunista del
Ecuador (JCE), la Juventud Revolucionaria Ecuatoriana
(JRE), la Federación de Estudiantes Secundarios
del Ecuador (FESE) y la Federación de
Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE),
grupos que actúan en distintos ámbitos,
pero que se unificaron en un frente popular.
Las leyendas acusan a los presidentes de Colombia,
Álvaro Uribe, y de los Estados Unidos,
George Bush, de terroristas. En otra, la Coordinadora
Bolivariana llama al presidente del Perú,
Alan García, genocida. En otra, se dice
que «la lucha popular comunista no es
terrorismo».
El último número del periódico
En Marcha, que edita el PCMLE, está dedicado
completamente al jefe guerrillero Raúl
Reyes, abatido en un campamento construido en
suelo ecuatoriano. Esos grupos, directa o indirectamente,
fueron los mentalizadores de un brazo armado
llamado Grupo de Combatientes Populares (GCP),
organizados por gente del Ecuador entrenada
en Colombia por el Ejército Popular de
Liberación (EPL), una guerrilla que todavía
tenía presencia a comienzos de los años
noventa, pero que hoy ha desaparecido del mapa,
luego de librar una cruenta guerra con las FARC
y los paramilitares a mediados de los noventa.
Era el brazo armado del Frente Popular colombiano.
El reclutamiento de los miembros del GCP se
hacía en las bases de la FEUE, FESE y
JRE, organizaciones estudiantiles y juveniles
donde predomina la tendencia de la izquierda
maoísta. Ellos eran adiestrados en técnicas
militares en Santo Domingo de los Colorados.
Su primer mártir fue Freddy Arias, más
conocido como «Compañero Jonás»,
que murió en noviembre de 1995 en un
incidente no aclarado, por los alrededores de
la Universidad Central de Quito. Era una marcha
convocada por la Unión Nacional de Educadores
(identificada con el MPD), para defender el
laicismo. El cadáver del joven fue velado
en el Paraninfo Che Guevara de ese centro de
estudios.
Dos años más tarde, el 28 de septiembre
de 1997, trataron de hacer bulla con tres bombas
panfletarias que estallaron simultáneamente
en el parque La Carolina, al norte de Quito;
Fundeporte, al sur, y en el parque central de
Ibarra. Los «gecepos», como se identificaban,
fueron prácticamente desarticulados por
la Policía cuando ya comenzaban a fortalecer
sus células en Quito, Cuenca e Ibarra,
porque fueron identificados fácilmente
cuando aparecieron en las protestas estudiantiles
armados con obsoletos revólveres y con
los rostros cubiertos, a comienzos de 1999.
Lo cierto es que destruido el EPL y debilitado
el Ejército de Liberación Nacional,
en Colombia, en el Ecuador los llamados grupos
de izquierda maoístas parece que ahora
han logrado coincidir en la Coordinadora Bolivariana,
que nació oficialmente en Venezuela en
2003, respaldada por el presidente venezolano,
Hugo Chávez, pero que en realidad fue
inspirada por las FARC, que trataron de unificar
a todos los grupos subversivos colombianos en
la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
«Analice la historia de las FARC, después
de 40 años de comunismo cerril, resulta
que son el Movimiento Bolivariano. Simón
Bolívar se debe estar revolcando en la
tumba con las numerosas fechorías que
han cometido las FARC en su nombre», declaró
el jefe paramilitar Carlos Castaño al
periodista Mauricio Aranguren Molina, en una
serie de entrevistas que fue la base del libro
Mi confesión, aparecido en 2001.
La
unificación
En
2003, cerca de 1 000 bolivarianos se dieron
cita en Caracas cuando los grupos de izquierda
comenzaron a unificarse en torno a la propuesta
de la Coordinadora Continental Bolivariana,
una organización que «admite personas
y organizaciones de derecho y de hecho que actúen
en cualquier escenario de lucha».En ese
encuentro se resolvió organizar el primer
Congreso Bolivariano, en la misma Caracas, en
agosto de 2005, donde se dejó claro que
los «acuerdos y convenios entre Estados
y gobiernos no deben suplantar las alianzas
entre pueblos, organizaciones y procesos».
Las FARC comenzaron a participar activamente
en ese proceso. En abril de 2007, la cúpula
de la Continental volvió a reunirse en
Caracas para definir el guión del segundo
Congreso Bolivariano. En el acuerdo consta la
necesidad de la Coordinadora de «dar un
paso más en su práctica internacionalista».
Para eso, consideró realizar el segundo
Congreso en un país donde sea necesario
fortalecer un proceso de cambio. «En este
sentido, se analiza como favorable la situación
política que se vive en el Ecuador.
Se pueden alcanzar importantes logros para el
desarrollo de la Coordinadora y el movimiento
social ecuatoriano». Y más abajo
se apunta que «el proceso de cambios que
vive Ecuador requiere de la solidaridad internacionalista»,
porque se destaca que «existe composición
heterogénea en el movimiento que respalda
el actual proceso (del presidente Rafael Correa),
que genera fragilidades en el mismo».
Y se insiste en que «el apoyo del movimiento
bolivariano puede inclinar la balanza más
a favor de las fuerzas progresistas y revolucionarias
ecuatorianas».
La Coordinadora buscaba unificar las diferentes
tendencias de la izquierda, por eso fue significativo
que al XI Seminario Internacional: La izquierda
en América Latina, convocado por el MPD
y el PCMLE, en la Facultad de Filosofía
de la Universidad Central, se haya juntado a
los Partidos Comunistas de varios países
con las guerrillas colombianas del extinguido
EPL, del debilitado ELN y de las FARC.
El evento se realizó del 9 al 13 de julio
de 2007 y uno de sus principales invitados fue
Nicolás Isa Conde, un dominicano identificado
con la lucha armada que llevan adelante las
FARC y que es parte de la Directiva de la Continental
Bolivariana.
El EPL y el ELN constaban como organizaciones
que participaban en el seminario, pero solo
las FARC enviaron una ponencia firmada por Raúl
Reyes con un mensaje de solidaridad «con
los revolucionarios del continente y particularmente
con los procesos de cambios iniciados por Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil y Nicaragua».
«Las FARC, en su condición de pueblo
en armas y de organización Marxista Leninista,
combinan todas las formas de lucha de masas
del pueblo por la toma del poder político
por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el
Socialismo», destacó Raúl
Reyes en su mensaje. No era la primera vez que
el segundo al mando de las FARC llegaba con
su mensaje al país.
En varias ocasiones, cuando necesitaba aclarar
alguna noticia que involucraba al grupo guerrillero,
solía convocar a ruedas de prensa telefónicas
generalmente en la sede de la Federación
de Trabajadores Judiciales del Ecuador, cuando
estaba en la dirigencia Luis Muñoz.
«Nuestra perspectiva es de unidad y lucha
revolucionaria contra el imperialismo y las
oligarquías, hacia la conquista del poder
político, por la segunda y definitiva
independencia», concluía el mensaje
de Reyes. El jefe guerrillero al parecer buscaba
consolidar su presencia política entre
esos grupos en vista de que su red de abastecimiento
y de colaboradores en el Ecuador había
sido golpeada en varias ocasiones.
El primer gran golpe ocurrió el 2 de
enero de 2004, con la detención de Juvenal
Ovidio Ricardo Palmera, más conocido
como «Simón Trinidad», miembro
de una prominente familia del norte de Colombia,
que, antes de ingresar a la guerrilla en la
década de 1980, se desempeñó
como gerente de un banco. Trinidad había
llegado a Quito con documentación ecuatoriana
el 29 de diciembre de 2003 para atenderse en
un centro hospitalario, porque sufría
de leishmaniasis, una dolorosa enfermedad que
aparece por un germen que se introduce en la
piel y forma una inflamación que debe
drenarse constantemente.
A partir de esa captura, al parecer, la Policía
siguió la pista a quienes atendieron
a Trinidad y al año siguiente descubrió
clínicas clandestinas montadas por las
FARC en Quito y Nueva Loja, para atender a los
guerrilleros heridos. Una de esas clínicas
estaba en el barrio La Ecuatoriana y otra, en
los alrededores del Hospital del Sur. En Nueva
Loja, en cambio, fue adecuada una casa particular
con modernos equipos médicos.
En ese operativo, de abril de 2005, fueron detenidas
17 personas, ocho ecuatorianos y nueve colombianos,
siete de los cuales estaban heridos y fueron
deportados a Colombia.El resto fue enviado al
penal García Moreno de Quito, pero días
más tarde todos salieron libres tras
pagar una fianza de $120, fijada por el juez
primero de lo Penal de Pichincha, Antonio Pachacama,
pese a que la acusación contra ellos
era por atentar contra la seguridad del Estado.
Casi simultáneamente, la Policía
volvía a golpear a las FARC, pero en
su red de abastecimiento de armas; en mayo de
ese mismo año, Jaime Valdiviezo, Fabricio
Morales, Armando Flores y Édgar Berrú
eran detenidos en la avenida González
Suárez, según la Policía,
porque negociaban con el grupo guerrillero colombiano
la venta de un lanzacohetes LAW, cinco granadas
de mano, 10 alimentadoras M-60, piezas de fusil
y municiones calibre 43 y 223 mm.
El lanzacohetes y las granadas pertenecían
al Ejército ecuatoriano. Y las municiones
tenían el logotipo del Grupo de Caballería
Mecanizada 36 Yaguachi, de Ibarra. Las FARC,
al parecer, necesitaban reacomodar su red en
el Ecuador ante la presión del Ejército
y de los paramilitares en la zona del Putumayo.
El líder paramilitar, Carlos Castaño,
ya en el año 2001 aseguró en sus
confesiones que su grupo ejercía control
y cobraba «impuestos en 15 mil hectáreas
de coca en el Putumayo».
Esa presión les habría obligado
a mover campamentos móviles al Ecuador.
Eso se evidencia en las 117 bases guerrilleras
halladas por el Ejército y la Policía
en la región amazónica desde 2004
hasta 2007, unas 47 solo el año pasado,
un promedio de tres refugios subversivos cada
mes.
Así que el Ecuador seguía siendo
clave en la estrategia de supervivencia de las
FARC en el Putumayo y qué mejor que reacomodar
sus relaciones con «grupos amigos »
que tienen presencia política en el Gobierno
ecuatoriano, como el MPD. El presidente Rafael
Correa nombró a Tania Mazón, ex
diputada de ese partido político, como
subsecretaria de Asuntos Amazónicos.
El MPD y el PCMLE organizaron en 2007 un seminario
sobre la izquierda en América Latina,
en el que se leyó un mensaje de Raúl
Reyes.
Comienza
la cacería
Colombia
declaró que en julio de 2007 detectó
a Raúl Reyes en un campamento ecuatoriano
y que envió las coordenadas al Ecuador,
que, de su lado, ha desmentido en reiteradas
ocasiones esa versión.
Lo único real es que el presidente Álvaro
Uribe elevó una protesta al Gobierno
ecuatoriano porque en el seminario internacional
sobre el futuro de América Latina, organizado
en julio de 2007 por el MPD y el PCMLE, hubo
un respaldo a la lucha armada en Colombia.
«Es grave que se haga una reunión
política y se produzca una declaración
para apoyar al terrorismo», afirmó
Uribe el 21 de julio de 2007, ante varios centenares
de reservistas militares y policiales convocados
en Bogotá para su habitual consejo comunal
de gobierno de los sábados.
La respuesta ecuatoriana fue confusa. Por un
lado, la entonces canciller, María Fernanda
Espinosa, dijo desconocer por completo la realización
de ese encuentro de izquierdistas, por haberse
tratado de un evento ajeno al Gobierno, y ratificó
que su único interlocutor válido
es el Estado colombiano.
Pero por otro lado, el entonces ministro de
Gobierno y luego ministro coordinador de la
Seguridad, Gustavo Larrea, hizo otra lectura
del reclamo de Colombia. Desde Chone, en la
provincia de Manabí, declaró que
la protesta de Bogotá es una respuesta
por la firme posición ecuatoriana en
contra de las fumigaciones en la frontera común.
El secretario de Estado señaló
que las aseveraciones del Gobierno colombiano
son «un intento por confundir a la opinión
pública internacional». Tanto Larrea
como Espinosa dejaron el Gobierno con una semana
de intervalo a fines de ese año. El primero,
el 29 de noviembre, el día en que se
instaló la Asamblea Constituyente, con
una mayoría oficialista; y la segunda,
el 6 de diciembre.
Al parecer, Colombia en esa ocasión tampoco
entregó las coordenadas del campamento
de Reyes porque intentó capturarlo con
sus propios recursos. Curiosamente, por esas
fechas llegó a Bogotá de manera
misteriosa el contraalmirante Joseph Nimmich,
director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial
del Sur de Estados Unidos.
La segunda vez que Nimmich llegó a Colombia
fue el 28 de febrero de 2008, dos días
antes del bombardeo del Ejército colombiano
al campamento guerrillero, en el que cayó
abatido el segundo del Secretariado de las FARC.
Era evidente que algo falló en julio
de 2007, así que Colombia, luego del
reclamo por la declaración del seminario
internacional, bajó el tono de la protesta
y sus equipos de Inteligencia, al parecer, se
concentraron en el segundo Congreso Continental
Bolivariano que debía realizarse en Quito,
en febrero de 2008, en cuya organización
se involucró la ya elegida asambleísta
por el movimiento gobiernista Alianza País
María Augusta Calle.
Ella había sido fotografiada en las afueras
de la capital con Lidia Carmenza Devia Coyados,
hija de Raúl Reyes. El 10 de noviembre
de 2007, Calle y Gerardo Rubio se dirigieron
al secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,
José Regato Cordero: «Reciba un
cordial y bolivariano saludo de quienes conformamos
la Coordinadora Continental Bolivariana. En
el marco de su accionar internacionalista, nuestra
organización ha planificado realizar
el seminario internacional “Actualidad
de Bolívar y los Próceres de la
Independencia”, así como el “Segundo
Congreso Continental Bolivariano” (…)
Dichos escenarios pretenden ser un espacio para
el debate constructivo (…) y algunos temas
de importancia en la lucha antiimperialista
de los pueblos.
En este evento participarán personalidades
como: James Petras, Narciso Isa Conde, Amilcar
Figueroa (…)».
La asambleísta, que ha estado vinculada
a Telesur, la cadena de noticias financiada
por el Gobierno de Venezuela, y que hoy preside
la mesa de Soberanía de la Asamblea Constituyente,
diría más tarde que «unos
pelados » le pidieron su firma para apoyar
la realización del Congreso y que ella
aceptó encantada.
Dos días más tarde, el 27 de noviembre,
Tamara Acosta y Audrey Millot escribieron al
presidente de la Casa de la Cultura, Marco Antonio
Rodríguez, para solicitarle ya específicamente
el Teatro Nacional, «con luces y amplificación»;
la sala Demetrio Aguilera, «con telón
y video proyector», para una supuesta
«muestra de cine que hace parte del II
Festival Cultural Bolivariano», y una
sala anexa «habilitada para la prensa
con acceso a la Internet». Eso, pese a
que, ya durante el evento, nadie no autorizado
podía ingresar a las mesas ni fotografiar
al plenario.
Fausto Espín, del Movimiento Bolivariano
Alfarista, declaró a El Universo en esos
días que esa orden fue dada por las versiones
de prensa que vinculaban al presidente de la
Coordinadora, Narciso Isa Conde, con las FARC.
«Todas las instalaciones mencionadas (además
de las salas Benjamín Carrión,
Jorge Icaza y el Teatro Prometeo) cuentan con
el auspicio institucional de la Casa de la Cultura,
en cuanto a exoneración de pago de arriendo
y mantenimiento», dice un memorando del
director general de Teatros, Emilio Núñez.
Otros auspiciantes fueron el Municipio de Quito
y el Consejo Provincial de Pichincha. Antes
del Congreso, entre el 22 y 23 de febrero se
debía realizar el seminario internacional
sobre la actualidad de Bolívar con una
agenda dominada por el antiimperialismo, el
proyecto socialista latino-caribeño,
la continuidad en el siglo XXI de la lucha por
la soberanía plena, la liberación
de las mujeres del capitalismo patriarcal, el
rol revolucionario de la juventud, los planes
militares de dominación, entre otros.
La cita clave de los 400 dirigentes de partidos
y movimientos de izquierda del continente comenzó
el 24 de febrero, justo el día en que
la Asamblea Cubana designaba como sucesor de
Fidel Castro a su hermano Raúl, luego
de escuchar un corto mensaje enviado por Raúl
Reyes, y que fue subido a la página web
del movimiento www.conbolivar.org.
El Congreso Bolivariano comenzaba a poner fin,
así, a una agenda de trabajo que había
iniciado en octubre y diciembre de 2007, y su
tema central era el rechazo a la presencia de
militares estadounidenses en la Base de Manta.
Justo el viernes 22 de febrero, dos días
antes del inicio del Congreso, la mesa 9 de
Soberanía de la Asamblea Constituyente,
reunida en Montecristi, discutió el tema
del establecimiento de tropas y bases militares
extranjeras en el Ecuador.
En esa ocasión, Calle dijo que la discusión
nada tenía que ver con la permanencia
de la Base antidrogas de los Estados Unidos
en Manta, porque ese era un tema juzgado. «El
próximo año se cumple el plazo
y saldrá». Eso ha sido ratificado
en reiteradas ocasiones por el presidente Rafael
Correa, que ha prometido cortarse la mano antes
de firmar una nueva extensión de ese
acuerdo sacramentado por el Gobierno de Jamil
Mahuad.
Ella dijo que la mesa preparaba una norma constitucional
para que a futuro se prohíba instalar
bases militares extranjeras.
Luego del ataque al campamento de Reyes, la
Asamblea decidió abrir una investigación
para determinar si la Base de Manta participó
de alguna forma en el operativo del Ejército
colombiano. La Embajada de los Estados Unidos
lo ha negado.Los viajesLa mayoría de
los dirigentes de los movimientos de izquierda
había llegado para el encuentro bolivariano
con antelación al país. Según
el diario El Universal de México, Lucía
Andrea Morett, una de las tres sobrevivientes
del ataque al campamento de la guerrilla y que
fue llevada al Hospital Militar de Quito, encabezó
un grupo de estudiantes para asistir al Congreso,
que en sus conclusiones finales reconoció
a «las FARC y otros sectores insurgentes
como fuerzas beligerantes».
El mismo secretario general de las Asociación
Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU),
Juan de Dios Parra, organización a la
que también estuvo vinculado el ministro
Gustavo Larrea, aseguró que los estudiantes
mexicanos, entre ellos Lucía Morett,
llegaron al país el 31 de enero en un
vuelo de Copa, tres semanas antes de que se
iniciara el Congreso Bolivariano.
Lo que no se ha dicho todavía, ni Juan
de Dios Parra ha aclarado en la denuncia que
presentó en la Fiscalía por asesinato
agravado y actos de terrorismo, es qué
hizo en esas tres semanas en el país
el grupo de estudiantes de Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Autónoma de
México y del Instituto Politécnico
Nacional. Juan de Dios Parra, que ha mantenido
un perfil bajo en el Gobierno de Rafael Correa
y que ha reaparecido para defender a las sobrevivientes,
solo ha dicho que los estudiantes realizaron
entrevistas académicas a políticos
y dirigentes sociales ecuatorianos, sin especificar
a cuáles, y que su única intención,
al viajar a Sucumbíos, era mantener una
entrevista con Raúl Reyes, el segundo
al mando de una organización a la que
el Gobierno mexicano ha calificado de terrorista.
Morett ha insistido, por su parte, que fue en
el Congreso Bolivariano donde conoció
a una persona que dijo que podía llevarla
a ella y a sus compañeros al campamento
guerrillero. En ese evento, si son reales los
documentos hallados por el Gobierno colombiano
en el computador de Reyes, estaban 50 delegados
de las FARC. En uno de esos comunicados, fechado
el 16 de febrero de 2008, Édgar Tovar
informó al segundo de las FARC, Raúl
Reyes, las novedades del Frente 48:
«En el trabajo de masas están los
camaradas trabajando bien, sin novedad especial
van a salir 50 delegados para el 22 del presente
mes (al) encuentro en el Ecuador. Hay algunos
comentarios en este trabajo, vamos a analizarlos
mejor para informarle». De hecho, muchos
de los que llegaron a Quito para el Congreso
fueron directamente a visitar a Reyes. Ese fue
el caso de los chilenos Valeska López
y Manuel Olate, cuyas fotos junto al jefe guerrillero
fueron divulgadas por Colombia.
Ellos llegaron a Quito el sábado 23 de
febrero y esa noche fueron en bus hasta Nueva
Loja, en Sucumbíos. Según sus
declaraciones, en este sitio hallaron a un contacto
de las FARC que los llevó en lancha por
el río Putumayo, en un viaje que duró
una hora. Tras una caminata en medio de una
fuerte lluvia, arribaron al campamento rebelde
cerca del mediodía del 24 de febrero.
«Había camas de madera y una pequeña
aula para clases. El ambiente era tranquilo
y relajado. Nosotros nunca tuvimos miedo; no
había por qué tenerlo si no estábamos
en Colombia», indicó Olate a la
prensa chilena. «Nunca pensamos que podía
pasar una cosa así (el bombardeo). No
tenían por qué, si el campamento
estaba en el Ecuador», agregó Valeska
López. Ella hizo esas declaraciones junto
a Carlos Casanueva, que también llegó
a Quito, al Congreso Bolivariano, ciudad en
la que, según una carta de Reyes al Secretariado
de las FARC, hay «una alta concentración
de agencias de inteligencia».
«Cuando salimos, otras delegaciones venían
entrando y me pareció absolutamente natural
que fuera así porque era una comisión
de relaciones internacionales», agregó.
Pero no solo los estudiantes llegaron con mucha
antelación al Congreso, miembros de Inteligencia
del Perú y de Colombia también
habrían montado sus bases de operaciones
en Quito. Los primeros seguían la pista
de los integrantes del Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru (MRTA), organización terrorista
que apareció en 1984 y que sembró
el pánico en ese país junto a
Sendero Luminoso; y los segundos buscaban armar
la sexta emboscada al «barbuchas»,
como llamaban a Reyes, al que Castaño
calificó en sus confesiones como «medio
terquito, mulita».
Según la revista Cambio, el seguimiento
a Reyes comenzó en febrero de 2007, cuando
la Policía integró siete grupos
especiales que actuarían por separado
para perseguir a los miembros del Secretariado
de las FARC. Un grupo de 10 hombres, al mando
de un coronel veterano, fue desplazado al Putumayo
para seguir las huellas de Raúl Reyes.
«El oficial y sus hombres se instalaron
en Puerto Asís, se camuflaron entre la
población haciéndose pasar por
campesinos, compraron dos pequeñas parcelas
en la zona de frontera y uno de ellos se empleó
en una tienda de abarrotes. No volvieron a Bogotá
y evitaron el contacto con sus colegas de la
Policía de Puerto Asís, Mocoa
y La Hormiga», aseguraba la revista colombiana.
Los frutos se vieron un año después,
el 17 de febrero de 2008, una semana antes de
que comenzara el Congreso Bolivariano. Uno de
los agentes que había perdido todo contacto
con Bogotá habría logrado meterse
en el grupo.
La revista asegura que toda la infiltración
se hizo desde el Putumayo, pero todo apunta
a que fue desde Quito. Cambio destacó
que Colombia contactó a cuatro policías
ecuatorianos, que ayudaron en el seguimiento
a Simón Trinidad en 2004, y a un agente
de la CIA para poder penetrar al campo guerrillero,
pero desde Puerto Asís. Fotos reveladas
por Diario HOY el 13 y 14 de marzo revelan,
sin embargo, que la ruta para llegar a Reyes
parte desde Quito.
En esas fotos aparecen la francesa Audrey Millot
y la chilena Raiyenri Rozzi, mientras organizaban
el evento. Al igual que Mao Tse Tung Vera Viteri
y Édgar Frías, ex integrantes
de Alfaro Vive Carajo, en diferentes momentos
del Congreso que no era de libre acceso para
la prensa.
Pese a que nadie podía hacer fotografías
dentro del Pleno, las fotos muestran en la mesa
directiva a Aluiso Bevilaquia, de la Presidencia
Colectiva; a Alfredo Pierre, de la Coordinadora
Continental Bolivariana de República
Dominicana, y a los españoles Iñaki
Gil de San Vicente y Beatriz Irradia, supuestos
delegados de ETA. También está
el mexicano de origen cubano Dagoberto Díaz,
que llegó al país procedente de
Venezuela el 14 de febrero y quien habría
sido el encargado de ir a recoger del campamento
de Reyes el saludo del comandante guerrillero
para presentarlo en el Congreso de Quito.
Al parecer, uno de los miembros de Inteligencia
de Colombia logró colarse en uno de los
grupos que viajó a la base de Reyes.
Todo hace suponer que quien logró infiltrarse,
por las contradicciones en torno a su muerte,
fue Carlos Edilson Hernández León,
de 33 años, que pertenecía al
contingente del Batallón de Fuerzas Especiales,
la única baja en el Ejército colombiano
durante el ataque al campamento guerrillero.
Bogotá explicó primero que el
soldado murió durante el cruce de disparos
entre las tropas y miembros de las FARC. Días
después, la versión cambió:
«El militar murió cuando un árbol
le cayó encima. La vegetación
del área quedó débil después
del bombardeo; cuando se acercó el helicóptero
para evacuar a los soldados, cayó un
árbol que acabó con la vida del
soldado», reportó un noticiero
de televisión. A eso se suma el misterio
que envuelve a su sepelio, pues en el sitio
donde fue sepultado, en la ciudad de Villavicencio,
ni siquiera se conoce la partida de defunción.
Lo cierto es que todo el alto mando de las Fuerzas
Armadas de Colombia y el mismo presidente Uribe
le hicieron una despedida de héroe.
Comienza la función
Los
chilenos Valeska López y Manuel Olate
salieron del campamento de Reyes el 25 de febrero
luego de descargar las fotos que se tomaron
con el jefe guerrillero en uno de los tres computadores
que había en esa base, según han
confirmado ellos a la prensa de su país.
Ese día, según un reportaje de
la revista Semana, miembros de la Dirección
de Inteligencia de la Policía colombiana
transmitieron a Bogotá que hallaron el
campamento del «barbuchas».
Al día siguiente ya fueron movilizados
a la zona del Putumayo hombres del Comando de
Operaciones Especiales y del grupo Jungla, la
élite de la Policía colombiana,
mientras en Quito los bolivarianos marchaban
en respaldo al trabajo que hacía la Asamblea
Constituyente y para exigir no más tropas
extranjeras en la región. En Colombia,
la atención de la gente estaba en la
frontera con Venezuela, donde las FARC tenían
previsto liberar a los senadores Luis Eladio
Pérez, Gloria Polanco, Jorge Eduardo
Géchem y Orlando Beltrán, con
el apoyo de Caracas.
Los grupos de la Policía, que fueron
los que incursionaron en el territorio ecuatoriano
para recuperar el cadáver de Reyes y
sus pertenencias, fueron apoyados por miembros
del Ejército. Todo el operativo estaba
concentrado en la base militar Larandía,
en Caquetá, según Semana.
El miércoles 27 de febrero, los colombianos
debieron seguir por Telesur los detalles de
la liberación de los cuatro rehenes,
que eran sacados de la selva por aviones venezolanos.
«En ocasiones nos quitaban las botas y
nos hacían caminar descalzos. Vivíamos
encadenados. Todos hemos tenido leishmaniasis,
paludismo», afirmó Pérez.
«En los años que estuve secuestrado,
solo una vez nos dieron atención odontológica,
no hay medicamentos», agregó. Fue
él precisamente quien reveló que
la guerrilla se pasaba al territorio ecuatoriano
como «Pedro por su casa». Denunció
que durmió en el Ecuador y hasta usaba
botas ecuatorianas. «Me trasladaron al
Ecuador sin que nadie hiciera nada», insistió
Pérez ante la prensa colombiana.
En esos días, el presidente Uribe habría
llamado varias veces al mandatario ecuatoriano
Rafael Correa para hablar sobre la liberación
y pedirle que le ayudara a recomponer sus relaciones
con el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez.
Al parecer, la estrategia de Colombia era que
toda la atención siguiera en la frontera
con Venezuela, mientras montaba la sexta emboscada
al número dos del Secretariado de las
FARC.
Ese día, concluía en Quito el
Congreso Bolivariano, mientras el Gobierno ecuatoriano
y sus autoridades militares estaban concentradas
en una serie de actividades por la conmemoración
del 179.º aniversario de la Batalla de
Tarqui.
El ministro de Defensa, Wellington Sandoval,
en una ceremonia en Parcayacu, le entregó
al presidente Correa la condecoración
«Vencedores de Tarqui», en el Grado
de «Gran Cruz», «en agradecimiento
a la gestión realizada en beneficio de
los soldados de la Patria». Ese mismo
día, en el Ministerio de Defensa de Bogotá
se reunía el ministro Juan Manuel Santos
con el comandante de las Fuerzas Militares,
Freddy Padilla, y los comandantes de la Policía,
el Ejército y la Fuerza Aérea.
Anadie le importaba lo que pasaba en la frontera
con Venezuela.
Todos estaban pendientes de la información
que llegaba de la frontera con el Ecuador, donde
las FARC tienen montado un cordón de
seguridad que va desde puerto Ospina, frente
a puerto El Carmen, en territorio ecuatoriano,
hasta las Piñuñas.
Oficialmente comenzaba el operativo. «Miembros
del Ejército fueron enviados a respaldar
a los policías. Desde la selva, en la
frontera colombo-ecuatoriana se enviaban reportes
permanentes al Ministerio de Defensa, aunque
fueran mínimos, de lo que ocurría
en el campamento. Con los datos en la mano y
plenamente confirmados, los oficiales de Bogotá
decidieron que el ataque final sería
llevado a cabo por aviones Supertucano»,
escribió Semana. El Gobierno colombiano
había ofrecido una recompensa de 5 000
millones de pesos ($2,7 millones) por información
que pudiera dar con el paradero del hombre que
enfrentaba 121 procesos judiciales, y que tenía
57 expedientes por homicidio terrorista, 26
más por terrorismo, otros 25 por rebelión,
cuatro por secuestro, nueve por lesiones, además
de las 14 condenas.
Raúl Reyes, al parecer, ni sospechaba
lo que ocurría a su alrededor. Eso, al
menos, revelan los testimonios de los jóvenes
que llegaron al Congreso Bolivariano y que lo
visitaron en su campamento. Desde el otro lado
del país, Reyes estaba dedicado más
a monitorear el resultado de la liberación
de rehenes, según documentos rescatados
de su computador.
«Concluyó en éxito la fase
de liberación unilateral de prisioneros.
Nos quitamos varias cargas de encima y apuntalamos
nuestra política frente al presidente
(Hugo) Chávez. El punto negro es el incremento
de la presión por Íngrid»,
señaló en un mensaje enviado al
Secretariado de las FARC el jueves 28 de febrero.
De hecho, los liberados, sobre todo Luis Eladio
Pérez, habían alertado que Betancourt
vivía en condiciones precarias y el mismo
Chávez había hecho un llamado
a Marulanda, el máximo líder de
las FARC, a mejorar las condiciones de vida
de la ex candidata presidencial.
«Yo le debo la vida a Íngrid. Cuando
yo tuve los comas diabéticos, cuando
tuve el infarto, Íngrid se dedicó
con alma, vida y sombrero —como decimos
en Colombia— a ayudarme. Me lavaba la
ropa, me cuidaba cuando yo no podía dar
un solo paso. Imagínese usted lo que
siento, cuál es mi compromiso con ella.
Ella es fuerte. Íngrid es muy fuerte.
Está haciendo un inmenso esfuerzo, pese
a que está enferma, físicamente
muy agotada y, sobre todo, anímicamente
muy golpeada », había declarado
Pérez a Radio Francia Internacional.
«Hasta donde conozco, esta señora
es de temperamento volcánico, grosera
y provocadora con los guerrilleros encargados
de cuidarla. Además, que como sabe de
imagen y semiología, las utiliza para
impactar en contra de las FARC.
Previendo los reclamos del emisario francés,
pienso informarlo de esta situación»,
decía Reyes en esa comunicación
del jueves 28 de febrero.
Reyes se refería a Noe Sans, el delegado
del presidente francés, Nicolas Sarkozy,
que tres días antes del ataque al campamento
se había reunido en Panamá con
el comisionado para la Paz de Colombia, Luis
Carlos Restrepo, y con el ex embajador de Francia
en Bogotá, Daniel Parfait. La cita tenía
como objetivo definir un estratagema para que
las FARC soltaran a Betancourt.
Dos días antes, el 26 de febrero, la
Policía colombiana había capturado
a Helí Mejía Mendoza, alias «Martín
Sombra», uno de los 31 hombres más
importantes de las FARC y hombre de confianza
del «Mono Jojoy», parte del Secretariado
de las FARC.
Él fue uno de los carceleros de Betancourt.
Ala revista Semana declaró que cuando
tuvo a Íngrid, «ella convivía
con los otros y hacía sus tortas de chocolate».
«Conmigo, Íngrid nunca tuvo una
mala actitud. Íngrid es una persona educada,
pero si tiene que decirle a usted que es un
hijueputa, le dice. Un huevón una vez
le hizo una cagada. Le botó unos papeles
que ella tenía del diario de ella. Ella
me dijo: “Vea, ‘Sombra’, a
ese indio de ‘Guillermo’ yo no le
puedo hablar. Me botó el diario»,
dijo el veterano guerrillero desde la cárcel.
La
segunda visita de Nimmich
Pese
a que las autoridades colombianas desmintieron
en todo momento la participación de los
Estados Unidos en el golpe al número
dos de las FARC, ese 28 de febrero, dos días
antes del ataque desembarcaba en Bogotá,
por segunda vez en un año, el contraalmirante
estadounidense Joseph Nimmich. Fue recibido
en el Comando General de las Fuerzas Militares,
y llegaba para «compartir información
vital sobre la lucha contra el terrorismo».
Ese personaje había llegado a Colombia
en julio de 2007, cuando se suponía que
el Ejército tenía las coordenadas
del campamento de Reyes en territorio ecuatoriano,
para hablar con el comandante de las Fuerzas
Militares, Freddy Padilla.
De hecho, el sexto operativo para atacar la
base guerrillera debía comenzar el 28
de febrero de 2008, pero, según Semana,
«desde una de las salas de Inteligencia
se observó a través del satélite
los tremendos aguaceros que caerían ese
día».
Ese día, Uribe se habría comunicado
otra vez con Correa, según confirmó
el mismo presidente ecuatoriano, para hablar
de sus deterioradas relaciones con Chávez,
mientras su Policía y Ejército
no despegaban los ojos del campamento de Reyes.
La prensa de su país había lanzado
dardos bien afilados contra su política
de seguridad democrática, al destacar
las declaraciones de los ex rehenes. Al día
siguiente, Uribe, según la misma revista
Semana, había ordenado a todos sus asesores
no salir ni a contradecir ni a debatir con los
rehenes, que denunciaban la ausencia de soldados
en amplias zonas del país.
El presidente colombiano había decidido
seguir el operativo desde Rionegro, cerca de
Medellín, adonde viajó acompañado
de una corta comitiva el viernes 29 de febrero.
El encargado de comunicarle todos los detalles
de lo que pasaba fue el ministro Juan Manuel
Santos, que estaba en Bogotá.
Mientras Uribe llegaba a Rionegro, en el Perú
eran detenidos siete izquierdistas que regresaban
del Congreso Bolivariano de Quito. La Policía
peruana los acusó de haber mantenido
contactos con miembros de las FARC, por los
correos electrónicos hallados en sus
computadores personales.
La Policía informó que algunos
de los detenidos integraban el capítulo
peruano de la Continental Bolivariana, pero
que en realidad eran viejos miembros de grupos
subversivos como el Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru, entre ellos Roque González
La Rosa y Damaris Velásquez.
«Existen correos y páginas web
de las FARC donde hay relación de este
grupo subversivo con el MRTA. No vamos a permitir
que esta gente genere controversia en nuestra
patria», dijo Octavio Salazar, director
general de la Policía en el Perú.
La captura se hizo en el frontis de la comisaría
de Aguas Verdes, por agentes peruanos que les
habían seguido desde Quito.
¿Se
cierra el telón?
Uribe,
ya sin ninguna duda de que el campamento de
Reyes estaba a 1 850 metros de la frontera colombiana,
en territorio ecuatoriano, autorizó el
ataque. Fue una operación que comenzó
a las 00:30 del 1.° de marzo, cuando despegaron
de la Base Tres Esquinas, en Caquetá,
los Supertucano. Tropas del Ejército
y de la Policía comenzaron la marcha
hacia la base, a la que llegaron tres horas
después para recuperar el cadáver
de Reyes, el del que creían que era Julián
Conrado y el del soldado colombiano.
Días más tarde se supo que el
cadáver de quien creían era Conrado,
en realidad era de un cerrajero ecuatoriano
de 38 años, Franklin Aisalla, que había
salido de su casa el 21 de febrero, un día
antes de que se iniciara el seminario sobre
el pensamiento de Simón Bolívar,
que era complementario al Congreso Bolivariano
realizado en Quito, y se habría comunicado
por última vez con su familia el 27 de
febrero.
Me llamó a saludar», dijo la madre
del cerrajero, Teresa Molina. Bogotá,
en realidad, había confirmado el 3 de
marzo que el cadáver que sacaraon del
campamento, luego del ataque, no era de Conrado,
pero su identidad se pudo conocer solo hasta
mediados de marzo, cuando Fernando Paspuel,
sobrino del cerrajero, halló la fotografía
en la que aparecía el cadáver
de Reyes y la mitad del rostro del que se suponía
era el otro jefe guerrilero.
«Al verla, supimos que no era él,
sino nuestro hijo», dijo el padre de Franklin,
Guillermo Aisalla, que fue hasta Colombia para
recuperar ese cadáver.
¿Qué hacía un cerrajero
en un campamento de las FARC? «Arreglar
armas», asegura sin sorpresa un ecuatoriano
que ha conocido por dentro los campamentos guerrilleros
de las FARC en la frontera norte, en el lado
colombiano.
Los golpes que han recibido las FARC en sus
redes de abastecimiento, sumados a la captura
de Simón Trinidad que había llegado
a Quito para seguir un tratamiento médico,
y al desmantelamiento de clínicas clandestinas
en Quito y Nueva Loja, habían obligado
a las FARC a repensar en su red de colaboradores.
Las FARC, en realidad, solo en Quito dan empleo
a unas 1 000 personas entre médicos,
odontólogos, técnicos, mecánicos,
cerrajeros y otros, destaca esa fuente.
Ellos no necesariamente están vinculados
a la guerrilla colombiana. Solo van a sus campamentos
cuando son llamados para un trabajo específico.
Pero también trabajan con contactos fijos,
los encargados de obtener documentación
falsa para que los líderes guerrilleros
puedan movilizarse por el país.
Ese
parece haber sido el caso de Aisalla, según
el Gobierno colombiano, que presentó
fotos del ecuatoriano junto a Nubia Calderón,
a la que Bogotá ha acusado de ser la
canciller de la guerrilla en Quito durante más
de 12 años. Bogotá ha sostenido
que el ecuatoriano estaba en los archivos de
su Inteligencia con el nombre Franklin Ponelia,
alias «Lucho», quien junto a Calderón
estaban «encargados de facilitar el desplazamiento
e identificación falsa de miembros de
esa organización (las FARC), en territorio
ecuatoriano».
Colombia
también divulgó fotos de la canciller
de las FARC junto a la asambleísta de
Alianza País María Augusta Calle,
que ha asegurado que podía llenar una
biblioteca completa con las entrevistas que
había hecho a diferentes personajes cuando
se desempeñaba como periodista. Trabajó
en Altercom, una agencia de noticias muy vinculada
con la izquierda latinoamericana, y en Telesur
Ecuador.
«He hecho cientos de entrevistas. Si se
hace el trámite legal para iniciar la
persecución, haré entrega de todo
ese material; podría llenar la biblioteca
de la Asamblea con mis artículos»,
dijo Calle en una acalorada sesión en
Montecristi, en la provincia de Manabí,
el 26 de marzo, en respuesta a los pedidos de
la bancada de oposición al Gobierno para
que aclare sus vínculos con el grupo
guerrillero.
Algunas
de las fotos son de 2004, de los días
previos a la detención de Simón
Trinidad, el primer gran golpe que Colombia
dio a las FARC en el Ecuador.
El
diario La Hora de Quito, que cita a una fuente
de Inteligencia Militar, aseguró que
el seguimiento a Aisalla fue clave en la captura
de Trinidad, y que por eso se mantuvo una permanente
vigilancia en su cerrajería ubicada al
norte de Quito, entre la avenida Diez de Agosto
y la calle Tufiño. Versión que
luego fue desmentida por el Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Dos
videos divulgados a fines de marzo, sin embargo,
muestran al ecuatoriano en un campamento guerrillero,
supuestamente en el cumpleaños 58 de
Raúl Reyes. Con los ojos vendados, trata
de romper una piñata. Los videos también
muestran a una de las colombianas que sobrevivió
al ataque con uniforme militar y con un fusil
en la mano.
La Asociación Latinoamericana para los
Derechos Humanos, que lleva adelante la defensa
de ellas, pidió al Gobierno refugio político
para ellas, con el argumento de que no pertenecían
a la guerrilla y que solo hacían labores
domésticas.
Según
el reportaje de La Hora, el cerrajero ecuatoriano
pudo haber sido el guía de los estudiantes
mexicanos que fueron al campamento de Reyes
en Sucumbíos, en los días previos
al ataque.
Esa noticia apareció en medio de las
advertencias del secretario Anticorrupción
del Gobierno ecuatoriano, Alfredo Vera, que
amenazó a todos los periodistas que traten
de investigar las relaciones que las FARC tienen
en el Ecuador. «Es evidente, hay una cantidad
de periodistas que están más empeñados
en descubrir quiénes son los vinculados
con las FARC, en lugar de descubrir cómo
agredieron y cómo mataron a un ecuatoriano,
y hacen una labor soterrada a favor de las posiciones
de Colombia», dijo Vera, un antiguo militante
de la Izquierda Democrática, partido
que ha sido el representante de la socialdemocracia
en el Ecuador.
Por
lo que cabe preguntarse ahora si la caída
de Reyes en Sucumbíos marcará
el desbaratamiento de una red que las FARC han
montado con tanta paciencia en el Ecuador o
solo motivará un cambio de rutinas con
sus abastecedores y colaboradores, para mantener
una incursión en territorio ecuatoriano,
que ha sido el secreto mejor divulgado en el
país.
Juan Tibanlombo
tiene estudios de Comunicación Social
en la Universidad Central del Ecuador. Ha sido
editor de Economía y actualmente es editor
de Información de Diario HOY.
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