FARC ¿EN ECUADOR?
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Abril 2008

 

Incursión de las FARC: historia del secreto mejor divulgado

Por Juan Tibanlombo


La jornada del 7 de marzo fue calificada como histórica por el presidente de la República, Rafael Correa. Ese día había concluido su primera ofensiva diplomática que comenzó en Lima, pasó por Río de Janeiro, Caracas, Panamá, Managua y terminó en la República Dominicana, en la reunión del Grupo de Río.

El fin último era que toda América Latina condenara a Colombia por la incursión de sus unidades élites del Ejército y la Policía al territorio ecuatoriano, en la madrugada del primer día de marzo, para matar y recuperar el cadáver de Luis Edgar Devia, más conocido como Raúl Reyes, el segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

No hubo la condena a Colombia, pero sí el rechazo generalizado a la violación de la soberanía del territorio ecuatoriano, algo que quedó ratificado en la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), del pasado 17 de marzo.La ofensiva diplomática respaldada por todo el Ecuador, sin embargo, ha dejado debajo de la alfombra un hecho que ha sido un secreto a voces en los últimos años: la presencia de las FARC en el Ecuador y sus nexos con grupos que defienden la legitimidad de la lucha armada para derrotar lo que ellos llaman «el imperialismo».

Ese permanente fantasma de las FARC en el país ha llevado a diferentes gobiernos a cometer crasos errores, como el caso del ministro Roberto Dunn Barreiro, en la administración de Sixto Durán Ballén, que el 11 de octubre de 1992 ordenó detener a Andrea Stark, artista alemana; Susana Tapia, recreadora infantil y educadora musical; Amparo Ponce, actriz de teatro; Joan Bague, psicólogo
infantil español; Miguel Toscano, periodista del naciente periódico Qué fue..., y a un fotógrafo francés, mientras realizaban la comparsa «500 años, un día antes », auspiciada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en pleno centro de Quito.

Dunn Barreiro apareció en una cadena de televisión para informar que el Ejército y la Policía detuvieron a artistas sospechosos de estar vinculados con las FARC. «Existen evidencias —gráficas y fílmicas— de que los integrantes del grupo, en lugar de dedicarse a actuar, escribían frases subversivas en las paredes de Quito», dijo el ministro en la mencionada cadena el 13 de octubre de 1992.

Con el paso de los días se demostró que nada de lo que el Gobierno había dicho era cierto.Ese hecho, sin embargo, demostró el nerviosismo que existía en los organismos de seguridad del Estado por una supuesta incursión de grupos de las FARC en el Ecuador, algo que en realidad se remontaba a 1987, cuando militantes del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) recibieron entrenamiento para comandantes de compañía y de columna en la selva colombiana, a cargo de Alfonso Cano y Jorge Briceño, más conocido como «Mono Jojoy».

Eso era parte de la estrategia de las FARC para formar bloques internacionales, según declaró años más tarde uno de los primeros jefes guerrilleros que se acogió al programa especial de protección y reinserción del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En el Ecuador, ese proceso se frenó por la desarticulación de AVC y su entrega de armas en el Gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), pero quedaron los contactos de los desmovilizados del grupo guerrillero ecuatoriano con el de las FARC.

Para principios de los noventa, las FARC ya comenzaban a dejar de ser vistas como un grupo ideológico y eran acusadas de dar seguridad a Pablo Escobar, uno de los más grandes narcotraficantes que ha tenido Colombia. Paralelamente, la guerrilla desató una ola de ataques en la frontera con el Ecuador para tomar el control del Putumayo, uno de los ejes del narcotráfico: el 7 de noviembre de 1992, asaltó el puesto policial de Orito y dejó 26 policías muertos, muchos con balas en la nuca. El Ejército colombiano rastreó a esa cuadrilla y la siguió hasta La Hormiga, a 40 kilómetros del territorio ecuatoriano.

En el enfrentamiento murieron 50 guerrilleros y otros habrían huido para esconderse en la provincia de Sucumbíos, en suelo ecuatoriano. En el Ecuador, la frontera fue puesta en estado de alerta. El entonces comandante de la Brigada Coca, Jorge Burbano, aseguró incluso que el Ejército ecuatoriano estaba cumpliendo tareas de reconocimiento ofensivo sobre el río San Miguel y el Putumayo, los dos sistemas fluviales que sirven de frontera.

«Si los guerrilleros vienen y hacen fuego contra nuestros hombres o contra la población civil, nosotros abriremos fuego; si los capturamos, los devolveremos a Colombia», dijo el general Carlo Magno Andrade, comandante general del Ejército, que fue con un grupo de periodistas a la zona.

La frontera norte entraba en la agenda del Ecuador, pero los puestos militares fuertes seguían concentrados en la frontera sur, porque el litigio con el Perú estaba latente. El mismo general Andrade aclaró que el número de las fuerzas en esa zona era proporcional con la situación, el «mínimo indispensable para combatir a los subversivos».

Eso lo pagó caro el Ecuador cuando el 16 de diciembre de 1993 una patrulla del Ejército y la Policía ecuatoriana fue emboscada por una cuadrilla de las FARC en el sector de Peña Colorada, recodo del río Putumayo que toma ese nombre por el color de un acantilado. Ocho policías y cinco soldados fueron acribillados.

La respuesta del entonces ministro de Defensa, Jorge Gallardo, fue la captura inmediata de diez colombianos y un ecuatoriano, a quienes acusó de ser «guerrilleros de finca». «Se denomina así a los campesinos que si bien no pertenecen a las columnas orgánicas de la guerrilla, han sido reclutados ya sea voluntariamente o bajo presión para colaborar en las acciones que realizan los subversivos, sin dejar de cumplir sus labores agrícolas en las haciendas y plantaciones de la frontera», aseguró el secretario de Estado.

Más tarde se demostraría que fueron torturados para aceptar que eran los responsables de la masacre. Un informe del caso, de mayo de 1994, suscrito por la Consejería para la defensa de los derechos humanos, adscrita a la Presidencia de Colombia, señalaba que «en franca violación a la soberanía nacional, efectivos del Batallón de Selva 55 del Ejército ecuatoriano incursionaron en territorio colombiano realizando detenciones arbitrarias en Nueva Esperanza y Montepa». Lo curioso de ese caso, la defensa de los once supuestos «guerrilleros de finca», fue que las mismas FARC comenzaron a repartir hojas volantes en la ciudad de Nueva Loja, capital de Sucumbíos, atribuyéndose la matanza.Pese a esos hechos, ese grupo guerrillero iba consolidando su poder en la frontera, porque la atención de las Fuerzas Armadas ecuatorianas tenía que estar en la frontera sur.

El 15 de julio de 1994 hubo otra matanza en la misma zona de Orito: unos 24 militares colombianos fueron masacrados por las FARC mientras dormían y Colombia advirtió que la columna guerrillera se había desplazado al Ecuador para esconderse. Para ese entonces, el DAS advertía que las FARC contaban con 10 mil combatientes y unos 40 mil auxiliadores, que ejercían presión sobre 249 municipios, el 25% del total que existían en Colombia, por el poder económico adquirido a través de los secuestros, las extorsiones y la vigilancia de cultivos o laboratorios del narcotráfico, y que estaban en pleno proceso de introducirse por su propia cuenta en «ese negocio». «El DAS calcula que en breve —si no lo ha hecho ya— la guerrilla colombiana estaría en disposición de financiar la actividad de movimientos subversivos en países vecinos», decía una nota de prensa del 20 de julio de 1994.

El 19 de agosto de ese año, en Tumbaco, en las afueras de la capital, Eduardo Gutiérrez, gerente de Quito Motors, fue secuestrado y tuvo que pagar 400 millones de sucres ($176 211 al cambio de esa época, que era de 2 270 sucres por dólar) y 75 mil pesos colombianos por su liberación. «Cuando lo dejaron libre, le agradecieron su aporte a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Le dijeron que si corre algún riesgo, que se comunique con ellos porque le van a proteger. Él preguntó: “¿Pero cómo?”. Y ellos le contestaron: “Lo vamos a vigilar. Pinte una puerta de amarillo y enseguida le daremos protección», destacaba una nota de Diario HOY de la fecha. Después de 1995, el punto de quiebre La llamada «guerra del Cenepa» con el Perú acaparó la atención del Ecuador en 1995.

Todos los ojos miraban a la frontera sur, porque en la frontera norte, al parecer, todo había vuelto a la calma, tras los incidentes de 1993. De hecho, el ataque más grande de las FARC ese año, fuera de Colombia, ocurrió en la localidad Caranabo, en las inmediaciones de Puerto Páez, en el estado de Apure, en Venezuela, frente al departamento colombiano de Vichada. Ocho marines venezolanos fueron acribillados en esa incursión.


En el contexto había un acuerdo entre Colombia y Venezuela, que comparten una frontera terrestre de 2 219 kilómetros, para combatir la guerrilla, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas, el contrabando y la delincuencia. En el Ecuador, tras bastidores se hablaba de un pacto tácito de no agresión de las Fuerzas Armadas ecuatorianas con las FARC, lo que habría permitido a la guerrilla colombiana mejorar sus redes de abastecimiento en Sucumbíos, Esmeraldas, Imbabura y Carchi. «Comandos de las FARC operan casi en la impunidad en el Ecuador. Tienen sus centros de operaciones en las ciudades de la Sierra, norte del país y en la zona nororiental.

El tráfico de la muerte continúa y las vías y leyes ecuatorianas dan caminos expeditos para ello», decía un reportaje del suplemento BLANCO Y NEGRO, de Diario HOY, del 17 de marzo de 1996.

El reportaje fue hecho a propósito de la captura por parte del Ejército colombiano de un cargamento de 30 mil proyectiles, un centenar de armas israelíes y 100 paquetes de dinamita, en la población de La Hormiga, en Colombia. Esa carga habría entrado por Tulcán, pasado por Quito y sorteado todos los controles militares hasta llegar a Sucumbíos, hasta el puente internacional sobre el río San Miguel que separa al Ecuador de Colombia.

De hecho, las FARC habían construido en Sucumbíos una red de abastecimiento que incluía a militares ecuatorianos, en servicio pasivo y activo, como es el caso del sargento en retiro Segundo Guartán y los cabos Cando Tintín, Rolando Rodríguez, José Lima y G. Maiguashca, contra quienes se abrió un proceso en el Juzgado Segundo de la Primera Zona Militar, en junio de 1996.La guerrilla les compraba uniformes, fundas de dormir, cinturones de campaña, ponchos de agua, mosquiteros, tulas, carpas, porta alimentadoras, vajillas de campaña, colchones, palitroques, accesorios de vehículos y hasta pañuelos.

En el juicio se determinó que los uniformes eran adquiridos en los mismos destacamentos militares ecuatorianos, como el CAL-13, Grupo de Caballería Yaguachi y la Brigada de Selva Napo. En ese proceso también fueron involucrados Álvaro Calixto, Leonardo Calixto, José Orellana y Patricio González; este último fue mencionado en el reportaje del diario El País de España, del 12 de marzo de 2008 («Las FARC hallan refugio en el Ecuador»), como «el gran proveedor (…), poderoso traficante de armas ecuatoriano que colabora con las FARC desde hace 25 años».

González de hecho apareció en 2003 vinculado más directamente con una red de traficantes de armas que abastecía a las FARC y que fue desarticulada en una operación bautizada como «Marte».

«Las armas, explosivos y municiones eran adquiridas en las provincias de El Oro y Loja, así como en territorio peruano», informó el 27 de agosto de 2003 el entonces comandante de la Policía, Jorge Poveda. Patricio González León, según esa investigación, era el encargado de recibir el dinero de la guerrilla colombiana para la compra del material bélico. Fue detenido junto a Marco González León, el coordinador del transporte; Luis Octaviano Guerrón, arrendatario de la bodega donde se almacenaba el material, al sur de Quito.También fueron involucrados los sargentos del Ejército Kléber Zurita y Fausto Gualotuña.

En la bodega del sur de la capital, la Policía halló seis ametralladoras MAG calibre 7.62 mm, con sellos del Ejército ecuatoriano; dos ametralladoras calibres 7.92 y 30.30, pertenecientes al Ejército peruano, y una ametralladora antiaérea marca Browing US.El armamento, según el informe de la Policía, se transportaba a Quito por vía terrestre, para luego ser enviado por las zonas fronterizas de Carchi y Sucumbíos rumbo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Quito condenó a dos años de prisión a los involucrados, pero recién en septiembre de 2006, y fueron liberados inmediatamente.

Eso, pese a que era el golpe más fuerte dado por la Policía desde junio de 2001, cuando la captura del cura anglicano Walter Crespo destapó una red que, mediante una serie de triangulaciones, surtía a las FARC de armas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En esa operación fueron involucrados los coroneles retirados Carlos Vicente Tobar Álvarez y Jorge Delfín Merino Narváez. «El caso del señor Crespo radica en la existencia de un grupo de delincuentes que trató de sorprender a la FAE fraguando una compra aparentemente legítima de armamento obsoleto para, mediante operaciones delictivas, conducir esas armas a las FARC», declaró en esa ocasión el entonces ministro de Gobierno, Juan Manrique.

Las conexiones

Mientras el Gobierno de Rafael Correa reclamaba enérgicamente por la violación de la soberanía territorial en su ofensiva diplomática por varios países, en las calles de Quito aparecieron leyendas de grupos que han defendido la legitimidad de la lucha armada de las FARC, como el Movimiento Popular Democrático (MPD), el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE), la Juventud Comunista del Ecuador (JCE), la Juventud Revolucionaria Ecuatoriana (JRE), la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), grupos que actúan en distintos ámbitos, pero que se unificaron en un frente popular.

Las leyendas acusan a los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de los Estados Unidos, George Bush, de terroristas. En otra, la Coordinadora Bolivariana llama al presidente del Perú, Alan García, genocida. En otra, se dice que «la lucha popular comunista no es terrorismo».

El último número del periódico En Marcha, que edita el PCMLE, está dedicado completamente al jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido en un campamento construido en suelo ecuatoriano. Esos grupos, directa o indirectamente, fueron los mentalizadores de un brazo armado llamado Grupo de Combatientes Populares (GCP), organizados por gente del Ecuador entrenada en Colombia por el Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla que todavía tenía presencia a comienzos de los años noventa, pero que hoy ha desaparecido del mapa, luego de librar una cruenta guerra con las FARC y los paramilitares a mediados de los noventa. Era el brazo armado del Frente Popular colombiano.

El reclutamiento de los miembros del GCP se hacía en las bases de la FEUE, FESE y JRE, organizaciones estudiantiles y juveniles donde predomina la tendencia de la izquierda maoísta. Ellos eran adiestrados en técnicas militares en Santo Domingo de los Colorados. Su primer mártir fue Freddy Arias, más conocido como «Compañero Jonás», que murió en noviembre de 1995 en un incidente no aclarado, por los alrededores de la Universidad Central de Quito. Era una marcha convocada por la Unión Nacional de Educadores (identificada con el MPD), para defender el laicismo. El cadáver del joven fue velado en el Paraninfo Che Guevara de ese centro de estudios.

Dos años más tarde, el 28 de septiembre de 1997, trataron de hacer bulla con tres bombas panfletarias que estallaron simultáneamente en el parque La Carolina, al norte de Quito; Fundeporte, al sur, y en el parque central de Ibarra. Los «gecepos», como se identificaban, fueron prácticamente desarticulados por la Policía cuando ya comenzaban a fortalecer sus células en Quito, Cuenca e Ibarra, porque fueron identificados fácilmente cuando aparecieron en las protestas estudiantiles armados con obsoletos revólveres y con los rostros cubiertos, a comienzos de 1999.

Lo cierto es que destruido el EPL y debilitado el Ejército de Liberación Nacional, en Colombia, en el Ecuador los llamados grupos de izquierda maoístas parece que ahora han logrado coincidir en la Coordinadora Bolivariana, que nació oficialmente en Venezuela en 2003, respaldada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, pero que en realidad fue inspirada por las FARC, que trataron de unificar a todos los grupos subversivos colombianos en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

«Analice la historia de las FARC, después de 40 años de comunismo cerril, resulta que son el Movimiento Bolivariano. Simón Bolívar se debe estar revolcando en la tumba con las numerosas fechorías que han cometido las FARC en su nombre», declaró el jefe paramilitar Carlos Castaño al periodista Mauricio Aranguren Molina, en una serie de entrevistas que fue la base del libro Mi confesión, aparecido en 2001.

La unificación

En 2003, cerca de 1 000 bolivarianos se dieron cita en Caracas cuando los grupos de izquierda comenzaron a unificarse en torno a la propuesta de la Coordinadora Continental Bolivariana, una organización que «admite personas y organizaciones de derecho y de hecho que actúen en cualquier escenario de lucha».En ese encuentro se resolvió organizar el primer Congreso Bolivariano, en la misma Caracas, en agosto de 2005, donde se dejó claro que los «acuerdos y convenios entre Estados y gobiernos no deben suplantar las alianzas entre pueblos, organizaciones y procesos».

Las FARC comenzaron a participar activamente en ese proceso. En abril de 2007, la cúpula de la Continental volvió a reunirse en Caracas para definir el guión del segundo Congreso Bolivariano. En el acuerdo consta la necesidad de la Coordinadora de «dar un paso más en su práctica internacionalista». Para eso, consideró realizar el segundo Congreso en un país donde sea necesario fortalecer un proceso de cambio. «En este sentido, se analiza como favorable la situación política que se vive en el Ecuador.

Se pueden alcanzar importantes logros para el desarrollo de la Coordinadora y el movimiento social ecuatoriano». Y más abajo se apunta que «el proceso de cambios que vive Ecuador requiere de la solidaridad internacionalista», porque se destaca que «existe composición heterogénea en el movimiento que respalda el actual proceso (del presidente Rafael Correa), que genera fragilidades en el mismo». Y se insiste en que «el apoyo del movimiento bolivariano puede inclinar la balanza más a favor de las fuerzas progresistas y revolucionarias ecuatorianas».

La Coordinadora buscaba unificar las diferentes tendencias de la izquierda, por eso fue significativo que al XI Seminario Internacional: La izquierda en América Latina, convocado por el MPD y el PCMLE, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, se haya juntado a los Partidos Comunistas de varios países con las guerrillas colombianas del extinguido EPL, del debilitado ELN y de las FARC.

El evento se realizó del 9 al 13 de julio de 2007 y uno de sus principales invitados fue Nicolás Isa Conde, un dominicano identificado con la lucha armada que llevan adelante las FARC y que es parte de la Directiva de la Continental Bolivariana.

El EPL y el ELN constaban como organizaciones que participaban en el seminario, pero solo las FARC enviaron una ponencia firmada por Raúl Reyes con un mensaje de solidaridad «con los revolucionarios del continente y particularmente con los procesos de cambios iniciados por Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil y Nicaragua».

«Las FARC, en su condición de pueblo en armas y de organización Marxista Leninista, combinan todas las formas de lucha de masas del pueblo por la toma del poder político por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo», destacó Raúl Reyes en su mensaje. No era la primera vez que el segundo al mando de las FARC llegaba con su mensaje al país.

En varias ocasiones, cuando necesitaba aclarar alguna noticia que involucraba al grupo guerrillero, solía convocar a ruedas de prensa telefónicas generalmente en la sede de la Federación de Trabajadores Judiciales del Ecuador, cuando estaba en la dirigencia Luis Muñoz.

«Nuestra perspectiva es de unidad y lucha revolucionaria contra el imperialismo y las oligarquías, hacia la conquista del poder político, por la segunda y definitiva independencia», concluía el mensaje de Reyes. El jefe guerrillero al parecer buscaba consolidar su presencia política entre esos grupos en vista de que su red de abastecimiento y de colaboradores en el Ecuador había sido golpeada en varias ocasiones.

El primer gran golpe ocurrió el 2 de enero de 2004, con la detención de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, más conocido como «Simón Trinidad», miembro de una prominente familia del norte de Colombia, que, antes de ingresar a la guerrilla en la década de 1980, se desempeñó como gerente de un banco. Trinidad había llegado a Quito con documentación ecuatoriana el 29 de diciembre de 2003 para atenderse en un centro hospitalario, porque sufría de leishmaniasis, una dolorosa enfermedad que aparece por un germen que se introduce en la piel y forma una inflamación que debe drenarse constantemente.

A partir de esa captura, al parecer, la Policía siguió la pista a quienes atendieron a Trinidad y al año siguiente descubrió clínicas clandestinas montadas por las FARC en Quito y Nueva Loja, para atender a los guerrilleros heridos. Una de esas clínicas estaba en el barrio La Ecuatoriana y otra, en los alrededores del Hospital del Sur. En Nueva Loja, en cambio, fue adecuada una casa particular con modernos equipos médicos.

En ese operativo, de abril de 2005, fueron detenidas 17 personas, ocho ecuatorianos y nueve colombianos, siete de los cuales estaban heridos y fueron deportados a Colombia.El resto fue enviado al penal García Moreno de Quito, pero días más tarde todos salieron libres tras pagar una fianza de $120, fijada por el juez primero de lo Penal de Pichincha, Antonio Pachacama, pese a que la acusación contra ellos era por atentar contra la seguridad del Estado.

Casi simultáneamente, la Policía volvía a golpear a las FARC, pero en su red de abastecimiento de armas; en mayo de ese mismo año, Jaime Valdiviezo, Fabricio Morales, Armando Flores y Édgar Berrú eran detenidos en la avenida González Suárez, según la Policía, porque negociaban con el grupo guerrillero colombiano la venta de un lanzacohetes LAW, cinco granadas de mano, 10 alimentadoras M-60, piezas de fusil y municiones calibre 43 y 223 mm.

El lanzacohetes y las granadas pertenecían al Ejército ecuatoriano. Y las municiones tenían el logotipo del Grupo de Caballería Mecanizada 36 Yaguachi, de Ibarra. Las FARC, al parecer, necesitaban reacomodar su red en el Ecuador ante la presión del Ejército y de los paramilitares en la zona del Putumayo. El líder paramilitar, Carlos Castaño, ya en el año 2001 aseguró en sus confesiones que su grupo ejercía control y cobraba «impuestos en 15 mil hectáreas de coca en el Putumayo».

Esa presión les habría obligado a mover campamentos móviles al Ecuador. Eso se evidencia en las 117 bases guerrilleras halladas por el Ejército y la Policía en la región amazónica desde 2004 hasta 2007, unas 47 solo el año pasado, un promedio de tres refugios subversivos cada mes.

Así que el Ecuador seguía siendo clave en la estrategia de supervivencia de las FARC en el Putumayo y qué mejor que reacomodar sus relaciones con «grupos amigos » que tienen presencia política en el Gobierno ecuatoriano, como el MPD. El presidente Rafael Correa nombró a Tania Mazón, ex diputada de ese partido político, como subsecretaria de Asuntos Amazónicos.

El MPD y el PCMLE organizaron en 2007 un seminario sobre la izquierda en América Latina, en el que se leyó un mensaje de Raúl Reyes.

Comienza la cacería

Colombia declaró que en julio de 2007 detectó a Raúl Reyes en un campamento ecuatoriano y que envió las coordenadas al Ecuador, que, de su lado, ha desmentido en reiteradas ocasiones esa versión.

Lo único real es que el presidente Álvaro Uribe elevó una protesta al Gobierno ecuatoriano porque en el seminario internacional sobre el futuro de América Latina, organizado en julio de 2007 por el MPD y el PCMLE, hubo un respaldo a la lucha armada en Colombia.

«Es grave que se haga una reunión política y se produzca una declaración para apoyar al terrorismo», afirmó Uribe el 21 de julio de 2007, ante varios centenares de reservistas militares y policiales convocados en Bogotá para su habitual consejo comunal de gobierno de los sábados.

La respuesta ecuatoriana fue confusa. Por un lado, la entonces canciller, María Fernanda Espinosa, dijo desconocer por completo la realización de ese encuentro de izquierdistas, por haberse tratado de un evento ajeno al Gobierno, y ratificó que su único interlocutor válido es el Estado colombiano.

Pero por otro lado, el entonces ministro de Gobierno y luego ministro coordinador de la Seguridad, Gustavo Larrea, hizo otra lectura del reclamo de Colombia. Desde Chone, en la provincia de Manabí, declaró que la protesta de Bogotá es una respuesta por la firme posición ecuatoriana en contra de las fumigaciones en la frontera común.

El secretario de Estado señaló que las aseveraciones del Gobierno colombiano son «un intento por confundir a la opinión pública internacional». Tanto Larrea como Espinosa dejaron el Gobierno con una semana de intervalo a fines de ese año. El primero, el 29 de noviembre, el día en que se instaló la Asamblea Constituyente, con una mayoría oficialista; y la segunda, el 6 de diciembre.

Al parecer, Colombia en esa ocasión tampoco entregó las coordenadas del campamento de Reyes porque intentó capturarlo con sus propios recursos. Curiosamente, por esas fechas llegó a Bogotá de manera misteriosa el contraalmirante Joseph Nimmich, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos.

La segunda vez que Nimmich llegó a Colombia fue el 28 de febrero de 2008, dos días antes del bombardeo del Ejército colombiano al campamento guerrillero, en el que cayó abatido el segundo del Secretariado de las FARC. Era evidente que algo falló en julio de 2007, así que Colombia, luego del reclamo por la declaración del seminario internacional, bajó el tono de la protesta y sus equipos de Inteligencia, al parecer, se concentraron en el segundo Congreso Continental Bolivariano que debía realizarse en Quito, en febrero de 2008, en cuya organización se involucró la ya elegida asambleísta por el movimiento gobiernista Alianza País María Augusta Calle.

Ella había sido fotografiada en las afueras de la capital con Lidia Carmenza Devia Coyados, hija de Raúl Reyes. El 10 de noviembre de 2007, Calle y Gerardo Rubio se dirigieron al secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, José Regato Cordero: «Reciba un cordial y bolivariano saludo de quienes conformamos la Coordinadora Continental Bolivariana. En el marco de su accionar internacionalista, nuestra organización ha planificado realizar el seminario internacional “Actualidad de Bolívar y los Próceres de la Independencia”, así como el “Segundo Congreso Continental Bolivariano” (…) Dichos escenarios pretenden ser un espacio para el debate constructivo (…) y algunos temas de importancia en la lucha antiimperialista de los pueblos.

En este evento participarán personalidades como: James Petras, Narciso Isa Conde, Amilcar Figueroa (…)».
La asambleísta, que ha estado vinculada a Telesur, la cadena de noticias financiada por el Gobierno de Venezuela, y que hoy preside la mesa de Soberanía de la Asamblea Constituyente, diría más tarde que «unos pelados » le pidieron su firma para apoyar la realización del Congreso y que ella aceptó encantada.

Dos días más tarde, el 27 de noviembre, Tamara Acosta y Audrey Millot escribieron al presidente de la Casa de la Cultura, Marco Antonio Rodríguez, para solicitarle ya específicamente el Teatro Nacional, «con luces y amplificación»; la sala Demetrio Aguilera, «con telón y video proyector», para una supuesta «muestra de cine que hace parte del II Festival Cultural Bolivariano», y una sala anexa «habilitada para la prensa con acceso a la Internet». Eso, pese a que, ya durante el evento, nadie no autorizado podía ingresar a las mesas ni fotografiar al plenario.

Fausto Espín, del Movimiento Bolivariano Alfarista, declaró a El Universo en esos días que esa orden fue dada por las versiones de prensa que vinculaban al presidente de la Coordinadora, Narciso Isa Conde, con las FARC.

«Todas las instalaciones mencionadas (además de las salas Benjamín Carrión, Jorge Icaza y el Teatro Prometeo) cuentan con el auspicio institucional de la Casa de la Cultura, en cuanto a exoneración de pago de arriendo y mantenimiento», dice un memorando del director general de Teatros, Emilio Núñez. Otros auspiciantes fueron el Municipio de Quito y el Consejo Provincial de Pichincha. Antes del Congreso, entre el 22 y 23 de febrero se debía realizar el seminario internacional sobre la actualidad de Bolívar con una agenda dominada por el antiimperialismo, el proyecto socialista latino-caribeño, la continuidad en el siglo XXI de la lucha por la soberanía plena, la liberación de las mujeres del capitalismo patriarcal, el rol revolucionario de la juventud, los planes militares de dominación, entre otros.

La cita clave de los 400 dirigentes de partidos y movimientos de izquierda del continente comenzó el 24 de febrero, justo el día en que la Asamblea Cubana designaba como sucesor de Fidel Castro a su hermano Raúl, luego de escuchar un corto mensaje enviado por Raúl Reyes, y que fue subido a la página web del movimiento www.conbolivar.org.

El Congreso Bolivariano comenzaba a poner fin, así, a una agenda de trabajo que había iniciado en octubre y diciembre de 2007, y su tema central era el rechazo a la presencia de militares estadounidenses en la Base de Manta.
Justo el viernes 22 de febrero, dos días antes del inicio del Congreso, la mesa 9 de Soberanía de la Asamblea Constituyente, reunida en Montecristi, discutió el tema del establecimiento de tropas y bases militares extranjeras en el Ecuador.

En esa ocasión, Calle dijo que la discusión nada tenía que ver con la permanencia de la Base antidrogas de los Estados Unidos en Manta, porque ese era un tema juzgado. «El próximo año se cumple el plazo y saldrá». Eso ha sido ratificado en reiteradas ocasiones por el presidente Rafael Correa, que ha prometido cortarse la mano antes de firmar una nueva extensión de ese acuerdo sacramentado por el Gobierno de Jamil Mahuad.

Ella dijo que la mesa preparaba una norma constitucional para que a futuro se prohíba instalar bases militares extranjeras.

Luego del ataque al campamento de Reyes, la Asamblea decidió abrir una investigación para determinar si la Base de Manta participó de alguna forma en el operativo del Ejército colombiano. La Embajada de los Estados Unidos lo ha negado.Los viajesLa mayoría de los dirigentes de los movimientos de izquierda había llegado para el encuentro bolivariano con antelación al país. Según el diario El Universal de México, Lucía Andrea Morett, una de las tres sobrevivientes del ataque al campamento de la guerrilla y que fue llevada al Hospital Militar de Quito, encabezó un grupo de estudiantes para asistir al Congreso, que en sus conclusiones finales reconoció a «las FARC y otros sectores insurgentes como fuerzas beligerantes».

El mismo secretario general de las Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), Juan de Dios Parra, organización a la que también estuvo vinculado el ministro Gustavo Larrea, aseguró que los estudiantes mexicanos, entre ellos Lucía Morett, llegaron al país el 31 de enero en un vuelo de Copa, tres semanas antes de que se iniciara el Congreso Bolivariano.

Lo que no se ha dicho todavía, ni Juan de Dios Parra ha aclarado en la denuncia que presentó en la Fiscalía por asesinato agravado y actos de terrorismo, es qué hizo en esas tres semanas en el país el grupo de estudiantes de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Juan de Dios Parra, que ha mantenido un perfil bajo en el Gobierno de Rafael Correa y que ha reaparecido para defender a las sobrevivientes, solo ha dicho que los estudiantes realizaron entrevistas académicas a políticos y dirigentes sociales ecuatorianos, sin especificar a cuáles, y que su única intención, al viajar a Sucumbíos, era mantener una entrevista con Raúl Reyes, el segundo al mando de una organización a la que el Gobierno mexicano ha calificado de terrorista.

Morett ha insistido, por su parte, que fue en el Congreso Bolivariano donde conoció a una persona que dijo que podía llevarla a ella y a sus compañeros al campamento guerrillero. En ese evento, si son reales los documentos hallados por el Gobierno colombiano en el computador de Reyes, estaban 50 delegados de las FARC. En uno de esos comunicados, fechado el 16 de febrero de 2008, Édgar Tovar informó al segundo de las FARC, Raúl Reyes, las novedades del Frente 48:

«En el trabajo de masas están los camaradas trabajando bien, sin novedad especial van a salir 50 delegados para el 22 del presente mes (al) encuentro en el Ecuador. Hay algunos comentarios en este trabajo, vamos a analizarlos mejor para informarle». De hecho, muchos de los que llegaron a Quito para el Congreso fueron directamente a visitar a Reyes. Ese fue el caso de los chilenos Valeska López y Manuel Olate, cuyas fotos junto al jefe guerrillero fueron divulgadas por Colombia.

Ellos llegaron a Quito el sábado 23 de febrero y esa noche fueron en bus hasta Nueva Loja, en Sucumbíos. Según sus declaraciones, en este sitio hallaron a un contacto de las FARC que los llevó en lancha por el río Putumayo, en un viaje que duró una hora. Tras una caminata en medio de una fuerte lluvia, arribaron al campamento rebelde cerca del mediodía del 24 de febrero.

«Había camas de madera y una pequeña aula para clases. El ambiente era tranquilo y relajado. Nosotros nunca tuvimos miedo; no había por qué tenerlo si no estábamos en Colombia», indicó Olate a la prensa chilena. «Nunca pensamos que podía pasar una cosa así (el bombardeo). No tenían por qué, si el campamento estaba en el Ecuador», agregó Valeska López. Ella hizo esas declaraciones junto a Carlos Casanueva, que también llegó a Quito, al Congreso Bolivariano, ciudad en la que, según una carta de Reyes al Secretariado de las FARC, hay «una alta concentración de agencias de inteligencia».

«Cuando salimos, otras delegaciones venían entrando y me pareció absolutamente natural que fuera así porque era una comisión de relaciones internacionales», agregó. Pero no solo los estudiantes llegaron con mucha antelación al Congreso, miembros de Inteligencia del Perú y de Colombia también habrían montado sus bases de operaciones en Quito. Los primeros seguían la pista de los integrantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), organización terrorista que apareció en 1984 y que sembró el pánico en ese país junto a Sendero Luminoso; y los segundos buscaban armar la sexta emboscada al «barbuchas», como llamaban a Reyes, al que Castaño calificó en sus confesiones como «medio terquito, mulita».

Según la revista Cambio, el seguimiento a Reyes comenzó en febrero de 2007, cuando la Policía integró siete grupos especiales que actuarían por separado para perseguir a los miembros del Secretariado de las FARC. Un grupo de 10 hombres, al mando de un coronel veterano, fue desplazado al Putumayo para seguir las huellas de Raúl Reyes.

«El oficial y sus hombres se instalaron en Puerto Asís, se camuflaron entre la población haciéndose pasar por campesinos, compraron dos pequeñas parcelas en la zona de frontera y uno de ellos se empleó en una tienda de abarrotes. No volvieron a Bogotá y evitaron el contacto con sus colegas de la Policía de Puerto Asís, Mocoa y La Hormiga», aseguraba la revista colombiana. Los frutos se vieron un año después, el 17 de febrero de 2008, una semana antes de que comenzara el Congreso Bolivariano. Uno de los agentes que había perdido todo contacto con Bogotá habría logrado meterse en el grupo.

La revista asegura que toda la infiltración se hizo desde el Putumayo, pero todo apunta a que fue desde Quito. Cambio destacó que Colombia contactó a cuatro policías ecuatorianos, que ayudaron en el seguimiento a Simón Trinidad en 2004, y a un agente de la CIA para poder penetrar al campo guerrillero, pero desde Puerto Asís. Fotos reveladas por Diario HOY el 13 y 14 de marzo revelan, sin embargo, que la ruta para llegar a Reyes parte desde Quito.

En esas fotos aparecen la francesa Audrey Millot y la chilena Raiyenri Rozzi, mientras organizaban el evento. Al igual que Mao Tse Tung Vera Viteri y Édgar Frías, ex integrantes de Alfaro Vive Carajo, en diferentes momentos del Congreso que no era de libre acceso para la prensa.

Pese a que nadie podía hacer fotografías dentro del Pleno, las fotos muestran en la mesa directiva a Aluiso Bevilaquia, de la Presidencia Colectiva; a Alfredo Pierre, de la Coordinadora Continental Bolivariana de República Dominicana, y a los españoles Iñaki Gil de San Vicente y Beatriz Irradia, supuestos delegados de ETA. También está el mexicano de origen cubano Dagoberto Díaz, que llegó al país procedente de Venezuela el 14 de febrero y quien habría sido el encargado de ir a recoger del campamento de Reyes el saludo del comandante guerrillero para presentarlo en el Congreso de Quito.

Al parecer, uno de los miembros de Inteligencia de Colombia logró colarse en uno de los grupos que viajó a la base de Reyes. Todo hace suponer que quien logró infiltrarse, por las contradicciones en torno a su muerte, fue Carlos Edilson Hernández León, de 33 años, que pertenecía al contingente del Batallón de Fuerzas Especiales, la única baja en el Ejército colombiano durante el ataque al campamento guerrillero.

Bogotá explicó primero que el soldado murió durante el cruce de disparos entre las tropas y miembros de las FARC. Días después, la versión cambió: «El militar murió cuando un árbol le cayó encima. La vegetación del área quedó débil después del bombardeo; cuando se acercó el helicóptero para evacuar a los soldados, cayó un árbol que acabó con la vida del soldado», reportó un noticiero de televisión. A eso se suma el misterio que envuelve a su sepelio, pues en el sitio donde fue sepultado, en la ciudad de Villavicencio, ni siquiera se conoce la partida de defunción. Lo cierto es que todo el alto mando de las Fuerzas Armadas de Colombia y el mismo presidente Uribe le hicieron una despedida de héroe.

Comienza la función

Los chilenos Valeska López y Manuel Olate salieron del campamento de Reyes el 25 de febrero luego de descargar las fotos que se tomaron con el jefe guerrillero en uno de los tres computadores que había en esa base, según han confirmado ellos a la prensa de su país.

Ese día, según un reportaje de la revista Semana, miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía colombiana transmitieron a Bogotá que hallaron el campamento del «barbuchas».

Al día siguiente ya fueron movilizados a la zona del Putumayo hombres del Comando de Operaciones Especiales y del grupo Jungla, la élite de la Policía colombiana, mientras en Quito los bolivarianos marchaban en respaldo al trabajo que hacía la Asamblea Constituyente y para exigir no más tropas extranjeras en la región. En Colombia, la atención de la gente estaba en la frontera con Venezuela, donde las FARC tenían previsto liberar a los senadores Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem y Orlando Beltrán, con el apoyo de Caracas.

Los grupos de la Policía, que fueron los que incursionaron en el territorio ecuatoriano para recuperar el cadáver de Reyes y sus pertenencias, fueron apoyados por miembros del Ejército. Todo el operativo estaba concentrado en la base militar Larandía, en Caquetá, según Semana.

El miércoles 27 de febrero, los colombianos debieron seguir por Telesur los detalles de la liberación de los cuatro rehenes, que eran sacados de la selva por aviones venezolanos.

«En ocasiones nos quitaban las botas y nos hacían caminar descalzos. Vivíamos encadenados. Todos hemos tenido leishmaniasis, paludismo», afirmó Pérez. «En los años que estuve secuestrado, solo una vez nos dieron atención odontológica, no hay medicamentos», agregó. Fue él precisamente quien reveló que la guerrilla se pasaba al territorio ecuatoriano como «Pedro por su casa». Denunció que durmió en el Ecuador y hasta usaba botas ecuatorianas. «Me trasladaron al Ecuador sin que nadie hiciera nada», insistió Pérez ante la prensa colombiana.

En esos días, el presidente Uribe habría llamado varias veces al mandatario ecuatoriano Rafael Correa para hablar sobre la liberación y pedirle que le ayudara a recomponer sus relaciones con el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez.

Al parecer, la estrategia de Colombia era que toda la atención siguiera en la frontera con Venezuela, mientras montaba la sexta emboscada al número dos del Secretariado de las FARC.

Ese día, concluía en Quito el Congreso Bolivariano, mientras el Gobierno ecuatoriano y sus autoridades militares estaban concentradas en una serie de actividades por la conmemoración del 179.º aniversario de la Batalla de Tarqui.

El ministro de Defensa, Wellington Sandoval, en una ceremonia en Parcayacu, le entregó al presidente Correa la condecoración «Vencedores de Tarqui», en el Grado de «Gran Cruz», «en agradecimiento a la gestión realizada en beneficio de los soldados de la Patria». Ese mismo día, en el Ministerio de Defensa de Bogotá se reunía el ministro Juan Manuel Santos con el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, y los comandantes de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea. Anadie le importaba lo que pasaba en la frontera con Venezuela.

Todos estaban pendientes de la información que llegaba de la frontera con el Ecuador, donde las FARC tienen montado un cordón de seguridad que va desde puerto Ospina, frente a puerto El Carmen, en territorio ecuatoriano, hasta las Piñuñas.

Oficialmente comenzaba el operativo. «Miembros del Ejército fueron enviados a respaldar a los policías. Desde la selva, en la frontera colombo-ecuatoriana se enviaban reportes permanentes al Ministerio de Defensa, aunque fueran mínimos, de lo que ocurría en el campamento. Con los datos en la mano y plenamente confirmados, los oficiales de Bogotá decidieron que el ataque final sería llevado a cabo por aviones Supertucano», escribió Semana. El Gobierno colombiano había ofrecido una recompensa de 5 000 millones de pesos ($2,7 millones) por información que pudiera dar con el paradero del hombre que enfrentaba 121 procesos judiciales, y que tenía 57 expedientes por homicidio terrorista, 26 más por terrorismo, otros 25 por rebelión, cuatro por secuestro, nueve por lesiones, además de las 14 condenas.

Raúl Reyes, al parecer, ni sospechaba lo que ocurría a su alrededor. Eso, al menos, revelan los testimonios de los jóvenes que llegaron al Congreso Bolivariano y que lo visitaron en su campamento. Desde el otro lado del país, Reyes estaba dedicado más a monitorear el resultado de la liberación de rehenes, según documentos rescatados de su computador.

«Concluyó en éxito la fase de liberación unilateral de prisioneros. Nos quitamos varias cargas de encima y apuntalamos nuestra política frente al presidente (Hugo) Chávez. El punto negro es el incremento de la presión por Íngrid», señaló en un mensaje enviado al Secretariado de las FARC el jueves 28 de febrero. De hecho, los liberados, sobre todo Luis Eladio Pérez, habían alertado que Betancourt vivía en condiciones precarias y el mismo Chávez había hecho un llamado a Marulanda, el máximo líder de las FARC, a mejorar las condiciones de vida de la ex candidata presidencial.

«Yo le debo la vida a Íngrid. Cuando yo tuve los comas diabéticos, cuando tuve el infarto, Íngrid se dedicó con alma, vida y sombrero —como decimos en Colombia— a ayudarme. Me lavaba la ropa, me cuidaba cuando yo no podía dar un solo paso. Imagínese usted lo que siento, cuál es mi compromiso con ella.

Ella es fuerte. Íngrid es muy fuerte. Está haciendo un inmenso esfuerzo, pese a que está enferma, físicamente muy agotada y, sobre todo, anímicamente muy golpeada », había declarado Pérez a Radio Francia Internacional. «Hasta donde conozco, esta señora es de temperamento volcánico, grosera y provocadora con los guerrilleros encargados de cuidarla. Además, que como sabe de imagen y semiología, las utiliza para impactar en contra de las FARC.

Previendo los reclamos del emisario francés, pienso informarlo de esta situación», decía Reyes en esa comunicación del jueves 28 de febrero.

Reyes se refería a Noe Sans, el delegado del presidente francés, Nicolas Sarkozy, que tres días antes del ataque al campamento se había reunido en Panamá con el comisionado para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, y con el ex embajador de Francia en Bogotá, Daniel Parfait. La cita tenía como objetivo definir un estratagema para que las FARC soltaran a Betancourt.

Dos días antes, el 26 de febrero, la Policía colombiana había capturado a Helí Mejía Mendoza, alias «Martín Sombra», uno de los 31 hombres más importantes de las FARC y hombre de confianza del «Mono Jojoy», parte del Secretariado de las FARC.

Él fue uno de los carceleros de Betancourt. Ala revista Semana declaró que cuando tuvo a Íngrid, «ella convivía con los otros y hacía sus tortas de chocolate».

«Conmigo, Íngrid nunca tuvo una mala actitud. Íngrid es una persona educada, pero si tiene que decirle a usted que es un hijueputa, le dice. Un huevón una vez le hizo una cagada. Le botó unos papeles que ella tenía del diario de ella. Ella me dijo: “Vea, ‘Sombra’, a ese indio de ‘Guillermo’ yo no le puedo hablar. Me botó el diario», dijo el veterano guerrillero desde la cárcel.

La segunda visita de Nimmich

Pese a que las autoridades colombianas desmintieron en todo momento la participación de los Estados Unidos en el golpe al número dos de las FARC, ese 28 de febrero, dos días antes del ataque desembarcaba en Bogotá, por segunda vez en un año, el contraalmirante estadounidense Joseph Nimmich. Fue recibido en el Comando General de las Fuerzas Militares, y llegaba para «compartir información vital sobre la lucha contra el terrorismo».

Ese personaje había llegado a Colombia en julio de 2007, cuando se suponía que el Ejército tenía las coordenadas del campamento de Reyes en territorio ecuatoriano, para hablar con el comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla.

De hecho, el sexto operativo para atacar la base guerrillera debía comenzar el 28 de febrero de 2008, pero, según Semana, «desde una de las salas de Inteligencia se observó a través del satélite los tremendos aguaceros que caerían ese día».

Ese día, Uribe se habría comunicado otra vez con Correa, según confirmó el mismo presidente ecuatoriano, para hablar de sus deterioradas relaciones con Chávez, mientras su Policía y Ejército no despegaban los ojos del campamento de Reyes.

La prensa de su país había lanzado dardos bien afilados contra su política de seguridad democrática, al destacar las declaraciones de los ex rehenes. Al día siguiente, Uribe, según la misma revista Semana, había ordenado a todos sus asesores no salir ni a contradecir ni a debatir con los rehenes, que denunciaban la ausencia de soldados en amplias zonas del país.

El presidente colombiano había decidido seguir el operativo desde Rionegro, cerca de Medellín, adonde viajó acompañado de una corta comitiva el viernes 29 de febrero. El encargado de comunicarle todos los detalles de lo que pasaba fue el ministro Juan Manuel Santos, que estaba en Bogotá.

Mientras Uribe llegaba a Rionegro, en el Perú eran detenidos siete izquierdistas que regresaban del Congreso Bolivariano de Quito. La Policía peruana los acusó de haber mantenido contactos con miembros de las FARC, por los correos electrónicos hallados en sus computadores personales.

La Policía informó que algunos de los detenidos integraban el capítulo peruano de la Continental Bolivariana, pero que en realidad eran viejos miembros de grupos subversivos como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, entre ellos Roque González La Rosa y Damaris Velásquez.

«Existen correos y páginas web de las FARC donde hay relación de este grupo subversivo con el MRTA. No vamos a permitir que esta gente genere controversia en nuestra patria», dijo Octavio Salazar, director general de la Policía en el Perú. La captura se hizo en el frontis de la comisaría de Aguas Verdes, por agentes peruanos que les habían seguido desde Quito.

¿Se cierra el telón?

Uribe, ya sin ninguna duda de que el campamento de Reyes estaba a 1 850 metros de la frontera colombiana, en territorio ecuatoriano, autorizó el ataque. Fue una operación que comenzó a las 00:30 del 1.° de marzo, cuando despegaron de la Base Tres Esquinas, en Caquetá, los Supertucano. Tropas del Ejército y de la Policía comenzaron la marcha hacia la base, a la que llegaron tres horas después para recuperar el cadáver de Reyes, el del que creían que era Julián Conrado y el del soldado colombiano.

Días más tarde se supo que el cadáver de quien creían era Conrado, en realidad era de un cerrajero ecuatoriano de 38 años, Franklin Aisalla, que había salido de su casa el 21 de febrero, un día antes de que se iniciara el seminario sobre el pensamiento de Simón Bolívar, que era complementario al Congreso Bolivariano realizado en Quito, y se habría comunicado por última vez con su familia el 27 de febrero.

Me llamó a saludar», dijo la madre del cerrajero, Teresa Molina. Bogotá, en realidad, había confirmado el 3 de marzo que el cadáver que sacaraon del campamento, luego del ataque, no era de Conrado, pero su identidad se pudo conocer solo hasta mediados de marzo, cuando Fernando Paspuel, sobrino del cerrajero, halló la fotografía en la que aparecía el cadáver de Reyes y la mitad del rostro del que se suponía era el otro jefe guerrilero.

«Al verla, supimos que no era él, sino nuestro hijo», dijo el padre de Franklin, Guillermo Aisalla, que fue hasta Colombia para recuperar ese cadáver.

¿Qué hacía un cerrajero en un campamento de las FARC? «Arreglar armas», asegura sin sorpresa un ecuatoriano que ha conocido por dentro los campamentos guerrilleros de las FARC en la frontera norte, en el lado colombiano.
Los golpes que han recibido las FARC en sus redes de abastecimiento, sumados a la captura de Simón Trinidad que había llegado a Quito para seguir un tratamiento médico, y al desmantelamiento de clínicas clandestinas en Quito y Nueva Loja, habían obligado a las FARC a repensar en su red de colaboradores.

Las FARC, en realidad, solo en Quito dan empleo a unas 1 000 personas entre médicos, odontólogos, técnicos, mecánicos, cerrajeros y otros, destaca esa fuente.

Ellos no necesariamente están vinculados a la guerrilla colombiana. Solo van a sus campamentos cuando son llamados para un trabajo específico. Pero también trabajan con contactos fijos, los encargados de obtener documentación falsa para que los líderes guerrilleros puedan movilizarse por el país.

Ese parece haber sido el caso de Aisalla, según el Gobierno colombiano, que presentó fotos del ecuatoriano junto a Nubia Calderón, a la que Bogotá ha acusado de ser la canciller de la guerrilla en Quito durante más de 12 años. Bogotá ha sostenido que el ecuatoriano estaba en los archivos de su Inteligencia con el nombre Franklin Ponelia, alias «Lucho», quien junto a Calderón estaban «encargados de facilitar el desplazamiento e identificación falsa de miembros de esa organización (las FARC), en territorio ecuatoriano».

Colombia también divulgó fotos de la canciller de las FARC junto a la asambleísta de Alianza País María Augusta Calle, que ha asegurado que podía llenar una biblioteca completa con las entrevistas que había hecho a diferentes personajes cuando se desempeñaba como periodista. Trabajó en Altercom, una agencia de noticias muy vinculada con la izquierda latinoamericana, y en Telesur Ecuador.

«He hecho cientos de entrevistas. Si se hace el trámite legal para iniciar la persecución, haré entrega de todo ese material; podría llenar la biblioteca de la Asamblea con mis artículos», dijo Calle en una acalorada sesión en Montecristi, en la provincia de Manabí, el 26 de marzo, en respuesta a los pedidos de la bancada de oposición al Gobierno para que aclare sus vínculos con el grupo guerrillero.

Algunas de las fotos son de 2004, de los días previos a la detención de Simón Trinidad, el primer gran golpe que Colombia dio a las FARC en el Ecuador.

El diario La Hora de Quito, que cita a una fuente de Inteligencia Militar, aseguró que el seguimiento a Aisalla fue clave en la captura de Trinidad, y que por eso se mantuvo una permanente vigilancia en su cerrajería ubicada al norte de Quito, entre la avenida Diez de Agosto y la calle Tufiño. Versión que luego fue desmentida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Dos videos divulgados a fines de marzo, sin embargo, muestran al ecuatoriano en un campamento guerrillero, supuestamente en el cumpleaños 58 de Raúl Reyes. Con los ojos vendados, trata de romper una piñata. Los videos también muestran a una de las colombianas que sobrevivió al ataque con uniforme militar y con un fusil en la mano.

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, que lleva adelante la defensa de ellas, pidió al Gobierno refugio político para ellas, con el argumento de que no pertenecían a la guerrilla y que solo hacían labores domésticas.

Según el reportaje de La Hora, el cerrajero ecuatoriano pudo haber sido el guía de los estudiantes mexicanos que fueron al campamento de Reyes en Sucumbíos, en los días previos al ataque.

Esa noticia apareció en medio de las advertencias del secretario Anticorrupción del Gobierno ecuatoriano, Alfredo Vera, que amenazó a todos los periodistas que traten de investigar las relaciones que las FARC tienen en el Ecuador. «Es evidente, hay una cantidad de periodistas que están más empeñados en descubrir quiénes son los vinculados con las FARC, en lugar de descubrir cómo agredieron y cómo mataron a un ecuatoriano, y hacen una labor soterrada a favor de las posiciones de Colombia», dijo Vera, un antiguo militante de la Izquierda Democrática, partido que ha sido el representante de la socialdemocracia en el Ecuador.

Por lo que cabe preguntarse ahora si la caída de Reyes en Sucumbíos marcará el desbaratamiento de una red que las FARC han montado con tanta paciencia en el Ecuador o solo motivará un cambio de rutinas con sus abastecedores y colaboradores, para mantener una incursión en territorio ecuatoriano, que ha sido el secreto mejor divulgado en el país.

Juan Tibanlombo tiene estudios de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. Ha sido editor de Economía y actualmente es editor de Información de Diario HOY.

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