Por Felipe Burbano de Lara

La Asamblea Constituyente, principal logro del régimen de Correa, pretende ser el organismo que reactive la institucionalidad perdida luego de la crisis de los partidos políticos. En la foto, durante la inauguración de la Asamblea, en el mausoleo de Eloy Alfaro, Rafael Correa, dos descendientes de Alfaro y Alberto Acosta.

El triunfo de Rafael Correa en las elecciones presidenciales de octubre de 2006 marca el inicio de un nuevo momento en la vida política del Ecuador. Desde el retorno a la democracia en 1979, el proceso ecuatoriano había tenido dos momentos claramente diferenciados: un primero, de precaria estabilidad institucional, que va desde las elecciones de la transición hasta el fin del Gobierno de Sixto Durán Ballén, en agosto de 1996; y un segundo, de inestabilidad política y crisis de gobernabilidad, que arranca con la destitución de Bucaram, en febrero de 1997, y se extiende hasta la elección de Correa. A pesar de las diferencias entre los dos momentos, se puede establecer un elemento de continuidad entre uno y otro: el predominio de los partidos en la organización de la vida política, hecho que se extiende claramente hasta las elecciones de 2002 con el triunfo de Lucio Gutiérrez. La victoria de Rafael Correa parece haber abierto un tercer momento en el proceso, marcado por el colapso del sistema de partidos, la emergencia de un movimiento que domina mayoritariamente el campo político —como no había ocurrido en los casi últimos 30 años— y un incierto panorama de reinstitucionalización democrática a través de una polémica Asamblea Constituyente de plenos poderes.

Entre el inicio de la transición en 1979 y el triunfo de Correa se desplomó uno de los pilares sobre los cuales se intentó construir el proyecto democrático de fines de los setenta: el sistema de partidos, al que se lo concibió como el vínculo de mediación, el eslabón, entre la sociedad y el Estado. Los partidos fueron definidos por el nuevo diseño institucional como actores políticos privilegiados, a los que se les otorgó lo que Luis Verdesoto llamó en su momento el «monopolio de la representación ».

A los partidos se les asignó una tarea crucial: modernizar las prácticas políticas, reemplazar las viejas formas caudillistas, personalistas y corporativas de representación, por organizaciones que tuvieran proyección nacional, fuertes vínculos con la sociedad y programas ideológicos claramente definidos. Si se considera que los partidos han tenido históricamente un rol secundario en la organización de la vida política e institucional del país, la construcción de un sistema moderno de partidos fue uno de los mayores retos que tuvo por delante la nueva democracia. A fines de los años setenta, la debilidad histórica de los partidos se explicaba principalmente por tres factores: la fuerza arrolladora del populismo velasquista, que siempre reivindicó un discurso antipartido; la propia debilidad de los partidos tradicionales como organizaciones de masas (operaron más bien como partidos de notables); y la alternancia constante entre dictaduras y gobiernos civiles a lo largo del siglo XX (que supuso períodos de largas supresiones de la actividad y competencia partidista).

Las elecciones de la transición, con las cuales el Ecuador estrenaba la nueva democracia y el nuevo régimen de partidos, fueron las primeras que se realizaron en 10 años (las últimas tuvieron lugar en 1968) y las segundas en 20 años (las anteriores se cumplieron en 1958). Este solo dato da cuenta de la pobre actividad partidista en el Ecuador durante las dos décadas anteriores al retorno a la democracia.

Desde la reinstalación democrática bajo el nuevo diseño institucional, la vida política estuvo marcada por la dinámica que le imprimieron los partidos. Los científicos políticos consideran a los partidos como factores de división y conflicto dentro de una sociedad, pero les atribuyen, a la vez, funciones de integración y reconocimiento mutuo. Se puede afirmar que los partidos se mueven en lo que Lipset y Rokman llaman una dialéctica de conflicto/integración.

La dinámica que imprimieron los partidos a la política ecuatoriana en las últimas dos décadas estuvo dominada más por el conflicto que por la integración, por las rivalidades y luchas entre las organizaciones y sus líderes, que por el respeto a unas reglas comunes. Los dos rasgos que más destacaron del sistema de partidos ecuatoriano fueron su fragmentación —ateniéndonos al número de partidos con representación en el Congreso— y su polarización —ateniéndonos a la distancia ideológica y simbólica entre ellos—.

Los especialistas definieron al sistema de partidos ecuatoriano como un sistema de «multipartidismo polarizado ». Sus rasgos predominantes, según Flavia Freidenberg, experta en el sistema político ecuatoriano, fueron la existencia de un alto número de partidos —cinco o seis— con fuerza electoral y capacidad de coalición, sus dificultades para construir consensos y sus altos niveles de polarización ideológica. Entre 1979 y 2002, inclusive, los partidos que vertebraron el sistema fueron el Social Cristiano (PSC), la Izquierda Democrática (ID), la Democracia Popular (DP) y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Estos cuatro partidos lograron concentrar, según datos de Simón Pachano, entre el 43,9% y el 73,8% de los votos parlamentarios entre 1984 y 2002.

Si bien puede sostenerse que fue la interacción entre los cuatro partidos la que determinó las lógicas de conflicto y alianza en el sistema político ecuatoriano, la fragmentación fue mucho mayor y más compleja.

Durante las décadas de los ochenta y noventa, el Congreso ecuatoriano operó con un promedio de 12 agrupaciones con algún tipo de representación. Esto quiere decir que junto a los cuatro partidos grandes pulularon una gran cantidad de pequeñas agrupaciones, con dos o tres diputados cada una, que han sido decisivas a la hora de sumar votos para formar mayorías. El promedio de agrupaciones que se requirieron para formar alianzas de gobierno dentro del Parlamento fue entre 7 y 8, siempre a un costo altísimo para el Ejecutivo. La mayor parte del período, sin embargo, los ejecutivos debieron gobernar frente a congresos opositores, en lo que se llamó la «pugna de poderes».

La doble característica del sistema de partidos, esto es, su fragmentación y polarización, fue una constante desde el retorno. Uno de los mayores defectos de la democracia ecuatoriana fue justamente el grado de conflictividad que los partidos introdujeron en el sistema político, envolviéndolo en una dinámica de antagonismos múltiples y cruzados. La conflictividad alejó del escenario democrático los consensos mínimos requeridos por una política de fortalecimiento institucional, desgastó el sistema, lo volvió ineficiente y, lo más grave de todo, le restó credibilidad frente a los ciudadanos.

Si bien las críticas a los partidos nunca estuvieron ausentes de la política ecuatoriana desde el retorno a la democracia —recordemos toda la defensa de los independientes que hicieron los gobiernos derechistas de León Febres Cordero y de Sixto Durán Ballén— el momento de mayor desgaste empezó con la elección y casi inmediata caída de Abdalá Bucaram en febrero de 1997. El proceso que abre la destitución del «líder de los pobres» tiene tres rasgos que lo diferencian de la etapa inmediatamente anterior: la agudización de los conflictos dentro del sistema de partidos, con el populismo roldosista como elemento de polarización; la ruptura de los precarios acuerdos sobre los cuales se sostuvo la continuidad gubernamental de los años anteriores (la oposición al Gobierno adoptó desde entonces la lógica de la desestabilización); y la intervención de las Fuerzas Armadas sobre la política, bajo el supuesto de que los partidos y los políticos civiles difícilmente pueden gobernar democráticamente el país.

El triunfo de Correa en la elección de 2006 tiene como antecedente la derrota de los partidos en la elección presidencial de 2002, cuando se impuso Lucio Gutiérrez. Recordemos que fue la primera elección en que los partidos dominantes, o agrupaciones derivadas de ellos, perdieron el control de la Presidencia de la República. Este hecho marcó un cambio fundamental en la evolución del sistema de partidos ecuatoriano y abrió el camino para el triunfo cuatro años más tarde de Rafael Correa.

Las elecciones de 2006 fueron un segundo momento de ruptura del sistema de partidos. Tres aspectos hay que destacar de esa elección: las pobrísimas votaciones logradas por los cuatro partidos dominantes del sistema (ID, DP, PRE y PSC), el ascenso de dos partidos de reciente formación (PRIAN y PSP), y el triunfo de un candidato presidencial que no presentó postulantes a la elección parlamentaria. Estos resultados tensionaron el sistema presidencial ecuatoriano hasta un grado extremo, pues se tenía un jefe del Ejecutivo sin un solo apoyo en el Congreso Nacional (la pugna de poderes en su máxima expresión). La tensión se resolvió, como recordaremos, con la destitución de los diputados de la oposición —mediante la operación manteles— que dejó temporalmente el Congreso bajo el control del Ejecutivo.

Semanas más tarde, el conflicto quedó resuelto de manera definitiva con el triunfo abrumador de Alianza País en las elecciones de asambleístas, en las que obtuvo, contra toda expectativa, una impresionante mayoría absoluta (el 80% de los votos) que provocó el colapso de todos los partidos, viejos y nuevos. Tras ese resultado, Alianza País emergió como la única fuerza política en el escenario. De un sistema de múltiples partidos y polarizado pasamos a un sistema de partido predominante.

Por supuesto, no podemos anticipar cuánto tiempo se mantendrá el nuevo escenario.

El fenómeno Correa y Alianza País se explica por una mayoritaria postura antipartido en la política ecuatoriana. Los partidos se convirtieron en un caballo fácil de batalla no solo por la forma como desprestigiaron la democracia y la política, sino porque abandonaron —desde el nuevo milenio— su voluntad de proyección nacional, para refugiarse en los espacios locales.

Los líderes partidarios prefirieron recluirse en las trincheras locales —los municipios y las ciudades como nuevos lugares de poder— mientras los bloques parlamentarios se mostraban incapaces de concretar una reforma a fondo de las instituciones, de modificar sus prácticas y sus discursos, a pesar de todo el malestar social frente a la política desde la caída de Bucaram. La «partidocracia» —como se estigmatizó a una forma de hacer política— se encargó de vaciar de contenido a la democracia, de convertirla en una gran frustración de los sectores populares, con lo cual generó una enorme distancia hacia la política («que se vayan todos»).

El éxito de Correa se comprende justamente por haber llenado el vacío creado por los partidos y por haber renovado la ilusión de un proyecto nacional. Correa descubrió en el abandono del espacio nacional de la política, y en la pérdida de significado de la democracia, la gran oportunidad para ofrecer una alternativa.

La conducción política de Correa se ha movido durante el primer año de Gobierno sobre una premisa: para sepultar al viejo orden político —al de las mafias partidarias vinculadas con los grupos oligárquicos, de acuerdo con la versión oficial— no se puede hacer ninguna concesión a los rivales. El Gobierno maneja una visión maniquea de la realidad política desde la cual alimenta la ilusión de una refundación nacional. De allí que cualquier crítica a la gestión gubernamental o al estilo de liderazgo y de autoridad del presidente, se responda con el mismo argumento: proviene de las viejas élites, de las fuerzas opuestas al cambio, de los grupos privilegiados. Correa ha conjugado de ese modo un fuerte liderazgo político con una enorme incomprensión e intolerancia hacia los opositores, con la ambigua promesa de reconstruir la institucionalidad a través de la Asamblea Constituyente. Correa ha preferido jugar con el miedo y la incertidumbre de los derrotados; exacerbar los conflictos, los desacuerdos y las pugnas de poder para afianzar su liderazgo. Con ello ha seguido jugando el rol que parece fascinarle: estar todo el tiempo contra el poder (sin darse cuenta de que él mismo se ha convertido en una nueva forma de poder bastante arbitraria y autoritaria).

El tercer momento que abrió el triunfo presidencial de Correa gira, pues, alrededor de su personalismo, de la ausencia de partidos y de una vaga promesa de reinstitucionalización democrática.

Felipe Burbano de Lara es sociólogo, analista político y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Columnista de Diario HOY.

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