Investigación
o la obsesión por destapar el lado oculto del poder
Por: Ana Angulo Benavides
Editora Unidad de Investigación (aangulo@hoy.com.ec)
 Con
el reportaje ‘¿Cómo se hace un diputado?’,
publicado el 24 de abril de 1994, nació BLANCO Y NEGRO. En
cuatro páginas tamaño tabloide se hizo la “disección”
de una campaña electoral y se pusieron en escena las estrategias
de los expertos en márquetin político para ganar una
campaña electoral.
Desde entonces han transcurrido 700 semanas y, aunque han variado
el formato (una época apareció en tamaño estándar),
el número de páginas del suplemento y ha habido relevos
entre los periodistas que han formado parte de la Unidad de Investigación,
el objetivo de sacar a la luz asuntos de interés colectivo
que alguien trata de ocultar se mantiene como en los primeros tiempos
de esta publicación, cuando era liderada por el ex subdirector
de información de HOY, Diego Cornejo Menacho.
En el Ecuador siempre estuvo presente el periodismo de investigación.
“Al revisar los archivos he observado reportajes que denuncian
corrupciones en las aduanas, en las compras de armas, en la política
interna, la intervención de la CIA...”, dice Mariana
Neira, quien realizó este tipo de reportajes en la revista
Vistazo hasta hace poco tiempo.
Precisamente en esa publicación tomó fuerza esta forma
de hacer periodismo, de la mano de la desaparecida María
Albán Estrada, quien en la década de 1980 presentó
investigaciones sobre la mafia cafetalera de Manabí, las
actuaciones irregulares de un alcalde capitalino de la época,
el negociado de ciertos generales de la FAE que compraron terrenos
en la zona de Tababela, donde actualmente se construye el nuevo
aeropuerto de Quito, y muchos otros informes que causaron gran impacto
en la época.
Esos fueron también los tiempos del asesinato de los hermanos
Santiago y Andrés Restrepo, en los calabozos de la Policía,
crimen de Estado que, de no haber sido por la persistencia de los
medios de comunicación y la tenacidad de los padres de los
menores, Pedro y Helena, hubiese quedado en la impunidad.
Si bien todo periodismo, por definición, es investigación,
a raíz de BLANCO Y NEGRO se conformó, en un periódico
nacional, un equipo dedicado exclusivamente al periodismo de profundidad
y de denuncia.
Entre los reportajes que conmovieron al país de esos días,
uno que se publicó a mediados de 1994 descubrió la
farsa montada por el poder sobre la supuesta desmovilización
del presunto grupo guerrillero Sol Rojo; luego fue el escándalo
de Flores y Miel, en el que estuvo envuelta una nieta del entonces
presidente Sixto Durán Ballén, cuyo esposo tuvo orden
de prisión y no la cumplió porque fue sacado del país
a los EEUU en el avión presidencial, en uno de los viajes
del mandatario.
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Solamente
el 29 de enero de 1995 y el 8 de marzo de 2003 no se publicó
Blanco y Negro |
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Otra denuncia sonada, que fue destapada por el suplemento de HOY,
tuvo que ver con el aeropuerto Los Perales, de San Vicente, Manabí.
En ese caso se descubrió que una serie de allegados a Durán
Ballén habían comprado terrenos en la zona y, para
colmo, el Gobierno declaró la obra de seguridad nacional
y adjudicó la construcción al Cuerpo de Ingenieros
del Ejército. En la actualidad, ese aeropuerto es prácticamente
un “elefante blanco”, como reconoció el primer
subsecretario de Aviación Civil de este Gobierno, Juan Francisco
Ospina. De paso, la pista debía costar 15 millones de sucres,
pero su valor se incrementó a 24 millones.
En agosto de 1996 llegó al poder el Partido Roldosista Ecuatoriano
(PRE), con su líder Abdalá Bucaram. BLANCO Y NEGRO
abordó la corrupción de ese Gobierno en varias entregas,
pero el reportaje más impactante se denominó ‘La
Navidad de los pobres en vivo y en directo’; allí se
relataba cómo en una teletón en la que el presidente
actuó de animador, cantante y bailarín se recaudaron
más de 17 000 millones de sucres con el anuncio de que se
iba a comprar juguetes para los niños pobres, pero solo se
llegaron a repartir 191 272 fundas de caramelos con juguetes baratos.
Un mes después de la publicación cayó ese Gobierno;
poco después se supo que en el momento de la huida funcionarios
sacaron en costales la plata de los gastos reservados.
La “Red Peñaranda”, que operó en el Congreso,
fue otro de los casos destapados por el suplemento. Con el pretexto
de comprar equipos de computación para varios colegios del
país, hubo un gran negociado que desembocó en la destitución
de 17 diputados, entre ellos Santiago Bucaram, quien se fue a Panamá,
junto a su hermano y ex presidente. En la actualidad, Luis Peñaranda
(el vendedor de las computadoras) se encuentra en el Penal García
Moreno, tras ser deportado desde los EEUU.
El bucaramato fue reemplazado por el interinato de Fabián
Alarcón Rivera. Fue una época de inundaciones provocadas
por el fenómeno de El Niño, para lo cual el Gobierno
conformó una unidad coordinadora adscrita a la Presidencia
de la República, que debía recoger donaciones para
distribuirlas a millares de damnificados.
En ese cargo fue nombrado el ciudadano uruguayo Eduardo Sierra,
quien se fugó a Panamá luego de que la Fiscalía
determinó que se habría beneficiado “de manera
dolosa” de ingentes recursos económicos obtenidos por
un negociado en la importación de ropa usada. El escándalo
fue destapado y seguido en tres reportajes del suplemento de investigación
de HOY, entre el 11 y el 25 de enero de 1998.
Un personaje poderoso del Gobierno de Alarcón, nada más
y nada menos que su ministro de Gobierno, César Verduga,
también formó parte de la “galería de
denuncias” de BLANCO Y NEGRO. Ese funcionario utilizó
5 000 millones de sucres de los gastos reservados para pagar encuestas
sobre su popularidad con miras a una posible candidatura presidencial.
Actualmente reside en México, donde le otorgaron asilo político.
Luego le tocó el turno al Gobierno de Jamil Mahuad, que estuvo
marcado por el feriado bancario y el salvataje calculado en $8 000
millones; aquí se cruzó el famoso aporte de $3 millones
del ex presidente del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, a la
campaña presidencial. Entre otros reportajes, la Unidad de
Investigación de este diario reveló cómo un
decreto presidencial permitió convertir a la Corporación
Financiera Nacional (CFN) en un “tacho de basura” de
los papeles inservibles de algunos bancos privados.
Un complot militar, encabezado por el coronel Lucio Gutiérrez,
sacó a Mahuad del poder. Las investigaciones sobre la asonada
quedaron truncas porque el Gobierno de Gustavo Noboa impulsó
una amnistía que fue aprobada por el Congreso. Los protagonistas
conformaron el movimiento Veintiuno de Enero, actualmente Sociedad
Patriótica.
En alianza con el movimiento indígena, Gutiérrez asumió
el poder en enero de 2003. En ese Gobierno, BLANCO Y NEGRO sacó
a la luz el nepotismo que existía en los organismos que integran
el sector de las telecomunicaciones, la corrupción en Pacifictel,
en las aduanas, en Petroecuador..
Rollos de cinta adhesiva comprados por la
administración pasada de Pacifictel,
aunque no se los necesitaba
Tras ser depuesto por la ciudadanía quiteña,
Gutiérrez fue sucedido por su vicepresidente Alfredo Palacio,
quien no logró cumplir los ofrecimientos de refundar el país
y de acabar con la corrupción. Entre los casos más
sonados estuvieron algunos contratos “dudosos” en Andinatel,
por lo que fue denunciado el propio presidente y, aunque él
no fue enjuiciado, el caso se mantiene abierto contra uno de los
principales funcionarios de ese Gobierno, Roosevelt Chica, y el
ex presidente de la telefónica, quien tuvo orden de prisión.
En lo que va del actual Gobierno, el suplemento de investigación
de este diario ha contabilizado el gasto millonario en propaganda
y reveló que las cuñas se producen en la Agencia Uma-Creativa,
integrada por personal que laboró en la agencia Creacional
de propiedad del secretario de la Administración, Vinicio
Alvarado.
También hemos hecho un seguimiento a las emergencias decretadas
por el Gobierno, especialmente a la vial, que hasta ahora no inaugura
un solo kilómetro de carreteras. Asimismo, informamos cómo
el Instituto de Seguridad Social (IESS) iba a comprar un edificio
en Quito por un valor que superaba en varios millones el avalúo
realizado por la propia Institución.
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La
investigación debe mostrar pruebas contundentes, verificadas
y verificables |
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Contamos cómo se hicieron nombramientos
“a dedo” en las gerencias y presidencias de algunas
empresas eléctricas, a pesar de que la Ley obliga a convocar
a concursos de oposición y merecimientos. También
desmontamos las cifras de las viviendas que supuestamente habría
construido el Gobierno y hemos puesto en escena el incumplimiento
de varias instituciones del Ejecutivo a la Ley de Transparencia
de la Información, empezando por la Presidencia de la República,
que aún no pone en su página web todo lo que exige
esa legislación, entre otras investigaciones.
Un periodista que fue editor de BLANCO Y NEGRO hace varios años
manifiesta que el verdadero periodismo independiente es el proactivo,
es decir cuando se genera la noticia con una investigación
propia.
Desde su experiencia, señala que siempre hay alguien que
representa algún interés, que intenta utilizar a los
periodistas, pero esto se puede evitar con la confrontación
de todas las fuentes y de todos los datos posibles.
En ello coinciden el editor de la revista Vistazo, Cecilio Moreno,
la periodista Mariana Neira y el editor judicial de El Comercio,
Arturo Torres. Los tres han publicado reportajes sobre casos de
corrupción.
Entre las decenas de trabajos de Moreno se mantiene vigente la denuncia
sobre la “carretera más cara del mundo”, como
denominó al encarecimiento escandaloso de la vía Méndez
Morona, confirmado por un examen de la Contraloría, que llegó
a establecer multas y glosas millonarias, las cuales, por cierto,
aún no han sido cobradas por incidentes judiciales y la lentitud
de los tribunales.
En el caso de Torres, una investigación publicada en varias
entregas sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del magistrado
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Olmedo Bermeo evidenció
la corrupción al más alto nivel en la Función
Judicial y, por primera vez en la historia, se enjuició penalmente
a un miembro de la Corte. Olmedo fue destituido, llamado a juicio
plenario y actualmente espera sentencia. Entre otros, la sección
Judicial de El Comercio también hizo varios trabajos sobre
el caso “Filanbanco” y ha destapado casos de corrupción
en diferentes gobiernos.
A su vez, Mariana Neira fue la autora de varias denuncias de corrupción,
especialmente en las FFAA, que se publicaron en Vistazo , y escribió
un libro sobre el caso de los hermanos Restrepo.
Los tres consideran que el periodismo de investigación se
diferencia con otras formas de reporterismo, en que profundiza,
indaga, confronta, para revelar lo que el poder público o
privado quiere ocultar y no se queda en la simple reseña
de hechos que ocurren a la luz pública.
“Una investigación debe mostrar pruebas contundentes,
verificadas y verificables”, señalan Torres y Moreno.
Neira añade que el proceso de búsqueda intensa de
datos para armar una historia o para denunciar un hecho puede durar
semanas, meses, inclusive años.
Ella también establece una diferencia con el periodismo sensacionalista,
al señalar que este pone sobre la mesa sangre y sexo, mientras
el otro presenta un problema de interés nacional que exige
solución.
Torres considera que, pese a los esfuerzos (los mayores vienen de
la prensa escrita) y los buenos resultados obtenidos, aún
hay mucho por hacer, por lo que cree que más medios de comunicación
deben incursionar en la investigación. Neira también
sostiene que en el país hay muy buen periodismo en este campo.
A pesar de ello, aunque “como ahora a todo lo denominan investigación,
también hay el mediocre”.
Para Cecilio Moreno, quien empezó en este oficio con la maestra
María Albán, el que se hayan revelado casos de corrupción
a través de este tipo de periodismo “de alguna manera
ha decidido el futuro del Ecuador”, directa o indirectamente.
Afirma que no se hubiesen dado cuestionamientos a los gobiernos,
sin periodistas de investigación.
Un periodista que estuvo al frente de BLANCO Y NEGRO hace algún
tiempo señala que en general, pocas denuncias de prensa han
tenido consecuencias jurídicas, pues esa parte depende de
los organismos de justicia. No obstante, se muestra firme partidario
de este tipo de publicaciones, porque, dice, es la única
forma de que los ciudadanos se enteren de asuntos que los poderes
prefieren que nunca se destapen.
Por su parte, Moreno manifiesta que el objetivo del periodismo de
investigación es revelar los hechos, mientras la decisión
de abrir procesos para sancionar la corrupción corresponde
a los organismos de control. “Sí produce mal sabor
el que no se sancione a los corruptos, pero al menos cumplimos con
nuestra obligación de hacer saber a la sociedad lo que está
pasando”, anota.
El editor judicial de El Comercio concuerda con esta visión.
Sostiene que un ciudadano bien informado toma mejores decisiones
y esto redunda en beneficio de la comunidad. “Por eso el periodismo
de investigación es una herramienta fantástica para
fortalecer la democracia”, puntualiza.
Mientras Mariana Neira apunta que esta forma de hacer periodismo
permite darle a la gente una mejor visión de lo que sucede
al interior del poder (político, económico, armado)
y lamenta que algunos medios eviten realizar esta clase de trabajos
porque afecta a sus intereses y desacrediten a la investigación
periodística tildándola de “denunciología”.
Hace pocos años, el diario HOY impulsó la aprobación
de la Ley Orgánica de Transparencia de la Información
(Lotaip), que obliga a las instituciones del sector público
a entregar información sobre todos sus actos, excepto los
que comprometen la seguridad nacional.
En la práctica, esa ley se cumple poco, “si se quiere
ocultar un documento, basta ponerle el sello de reservado”,
coinciden en señalar Mariana Neira y Cecilio Moreno.
Así, en materia de transparencia, poco se ha cambiado en
los últimos 14 años. Por eso, el periodismo de investigación
sigue en la búsqueda de destapar lo que el poder oculta.
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