El petróleo sigue bajo la tierra y los países salen en busca de inversiones

Por Teresa Herrera

	La refinería de Esmeraldas, con capacidad para procesar 110 mil barriles diarios, espera ser rehabilitada

Un fuerte dinamismo caracteriza al sector hidrocarburífero mundial para atender la demanda petrolera, impulsada por la China, cuya economía creció en 11,6% en 2007, y la India. Brasil sería el nuevo exportador de América Latina y Colombia recupera su autoabastecimiento.

Los países, no solo de Oriente Medio sino de América Latina, miran al futuro en materia petrolera y han emprendido en campañas agresivas para buscar nuevas reservas y desarrollar los campos hidrocarburíferos. Han dejado sus asientos y caminan rápido para aprovechar los altos precios del crudo, que este año superarían los $100 el barril, según los analistas.

Arabia Saudita, por medio de la empresa Armco, quiere duplicar su producción actual de 12 millones de barriles diarios, a 28 millones. Venezuela, que por cuenta de su estatal PDVSA extrae 2,6 millones de barriles diarios, más 7 millones adicionales de participación de las empresas foráneas de servicios que le suben a 3,5 millones de barriles, apunta a alcanzar en 2012 los 5,8 millones de barriles. También tiene un plan para rehabilitar 36 mil pozos. El concurso para los primeros 1 040 pozos está en proceso.

Brasil es otro de los países que está dando impulso a la exploración y desarrollo. Su último hallazgo de crudo liviano en la plataforma submarina, con reservas de 5 000 millones a 8 000 millones de barriles, le podría convertir en exportador de petróleo.

De igual forma, Colombia ha vuelto a autoabastecerse; mientras el Perú se encuentra en una fase importante de exploración. Después de encontrar el gas en Camisea, trabaja en el diseño de las facilidades de producción para incorporar 140 mil barriles diarios de un campo fronterizo con el Ecuador, adyacente al bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT).

El Ecuador es la única nación, con potencial petrolero, que corre el riesgo de convertirse en importadora de crudo por el atraso que tiene en exploración, explotación y refinación.

Es por eso que Petroecuador no aparece en informes internacionales entre las empresas estatales más importantes y figuran Pemex (México), PDVSA (Venezuela), Petrobras (Brasil), ENAP (Chile), Petronas (Malasia), AGIP (Italia), además de las que tienen los países árabes y de Oriente Medio.
El petróleo es una de las principales preocupaciones del Gobierno, pero aún no se relanzar al sector hacia el dinamismo, dijo el ex director de Hidrocarburos Carlos Loor.
El tema se vuelve más complejo si se toma en cuenta que el 36% del Presupuesto nacional se alimenta de los ingresos petroleros.
Pero también existe otro peligro: que todos los recursos por concepto de exportaciones se destinen a importación de combustibles para abastecer la demanda interna.

El técnico Bolívar Araujo destacó que el Ecuador tiene que plantearse estrategias que garanticen la producción de petróleo con una relación de reservas-producción que superen los 25 años. El plan debe “ir de la mano de una táctica de responsabilidad social y ambiental, clave para las operaciones hidrocarburíferas”. Una destreza que además abarque políticas que le permitan pasar de importador de combustibles a exportador, fortalecer la industria nacional y la creación de plazas de trabajo. “El triángulo petróleo, sociedad y medioambiente tiene que funcionar a la perfección, no solamente como un desarrollo sostenible sino sustentable en el tiempo”, añadió Araujo.

El consultor y ex presidente de Petroecuador Ramiro Gordillo parte de las reservas probadas del país, tanto estatales como privadas, para hacer su diagnóstico. Las cifras varían: mientras la Dirección Nacional de Hidrocarburos habla de 4 522 millones de barriles, otras fuentes internacionales creíbles como EP Statistical Review of World Energy señalan 5 060 millones; Oil & Gas Journal, 4 630 millones, y World Oil, 5 500 millones.

En todo caso, los datos permiten asegurar que el país tiene reservas entre 4 500 millones y 5 500 millones de barriles que, para Gordillo, ”son bastantes” y “no puede hablarse de una época pospetrolera, como manifiestan las autoridades del Gobierno”.

Con ese volumen, el Ecuador tendría petróleo para los próximos 15 años, cuyo horizonte podría extenderse aún más con nuevos esfuerzos exploratorios y de desarrollo.

Si se cuantifican las reservas por $50 el barril, el Ecuador tiene $250 mil millones bajo tierra. “Por ser reservas probadas, estas se comparan con la reserva monetaria y no son aprovechadas como se debe, es decir, ponerlas en superficie para la explotación”, enfatizó Gordillo.
Igual opinión tiene Daniel Samper, de Seminarium. Dijo que el Ecuador debe invertir para aumentar las reservas porque “hay un tercio de la población mundial, llámese indios o asiáticos, que ha entrado a la época del consumo y requiere más petróleo para cubrir sus altas tasas de crecimiento de hasta el 11,6% anual en 2007, en el caso de la China”.

	Campo El Libertador , en Lago Agrio. Expertos creen que el país necesita más exploración de crudo

Samper cree que es un desafío y una oportunidad explotar el hidrocarburo conservando el medioambiente en favor de las futuras generaciones. Precisamente, el borrador del Gobierno sobre la nueva Constitución garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Prevé la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas. A la vez, establece estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas.

Al respecto, Gordillo sostuvo que si el crudo sigue al alza, será mayor el riesgo a la depredación, pero manifestó que las autoridades tienen que ser estrictas en el control.

Samper auguró que el petróleo va a seguir influyendo en los próximos 10 y 25 años en todas las actividades de los seres humanos, y que por él habrá disputas geopolíticas.

Para el ex viceministro de Economía Alexis Valencia, el escenario de posibles conflictos puede impactar aún más en los precios del hidrocarburo, lo cual ya se evidenció en la reunión de la OPEP de noviembre anterior, cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, advirtió que si los Estados Unidos atacan a Irán por el programa nuclear, los precios podrían llegar hasta $200 el barril.

“No podemos olvidar la incidencia del petróleo en el comportamiento de la sociedad y de los políticos”, enfatizó Samper.

Afirmó que el precio del crudo incide en los productos de consumo masivo y primario como el maíz, el trigo, la soya, la caña de azúcar y los subproductos cárnicos y de la harina como el pan. “Son elaborados que los seres humanos consumimos y gravan el comportamiento general de la gente”, sostuvo.

Sin embargo, el precio en un negocio rentable como el petrolero será el imán para los inversionistas, que querrán no solo extraer el oro negro, sino también producir etanol y alcohol, dos productos que tratan de competir con el hidrocarburo.

Gordillo se refirió a tres temas hacia los cuales los inversionistas estarían apuntando: la maximización de los campos viejos o maduros de Petroecuador y su recuperación mejorada; la explotación del ITT y la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas.

Según sus cálculos, el país necesita $3 000 millones en los próximos tres y cinco años para aumentar la producción, tanto del Estado como de las empresas, de los cuales, $1 300 millones corresponden al sector oficial para los campos maduros, y $1 700 millones a las compañías privadas.

El consultor cree que las firmas foráneas han hecho lo mismo que el Estado: nada para subir la producción y tienen un oleoducto privado, el OCP, subutilizado.

Solo el ITT requiere $3 100 millones; y la refinería Esmeraldas $1 100 millones para ponerla en funcionamiento garantizado.

En esa misma línea, Bolívar Araujo destacó la necesidad de construir por lo menos una refinería de alta conversión para que procese el crudo pesado y los residuos que arrojan las actuales plantas de procesamiento y convertirlos en diésel, gasolina o gas. Esmeraldas produce más del 40% de residuo.
Gordillo opinó que el Estado no puede invertir $1 300 en los campos maduros, por lo que necesariamente tendrán que salir a licitación. Y habla de “otro mundo para nosotros” (los ecuatorianos) si se explota el ITT y se maximizan los campos de Petroecuador y de las operadoras privadas, porque la producción nacional subiría de los actuales 503 mil barriles diarios a 760 mil. Paralelamente, la optimización de la refinería reportaría un ahorro de $1 400 millones en la importación de combustibles.

El analista aprovechó para renovar sus críticas a Petroecuador. Dijo que el mejoramiento de la planta significa una bronca con los importadores de combustibles, a “quienes no les conviene el proyecto para que sigamos importando”, y habló de un grupo “grande al cual el ex presidente de Petroecuador, Carlos Pareja protegía, a igual que a los compradores de crudo”.

En 2007, el negocio de la comercialización del petróleo y de los combustibles fue del orden de $6 000 millones, una “orgía energética”, tanto del sector petrolero como eléctrico. “No es posible que vendamos el petróleo a precio de gallina robada por el diferencial de precios de facturación y compremos los combustibles a precios de oro”, reclamó Gordillo.

Dijo que todo el mundo sabe cuáles son las patas cojas y qué hacer. Los analistas coinciden en señalar que primero deben arreglarse los temas contractuales con las empresas foráneas para que inviertan, “ver qué quieren, qué es posible negociar, pero con el compromiso formal de que gasten los $1 700 millones en un plazo determinado”.

Según Carlos Loor, la única forma de garantizar que la frontera petro-exportadora del Ecuador sobrepase los próximos 25 años será explotar el ITT, así como los campos maduros y de crudos pesado y ultrapesado de Oglán y Pungarayacu.

En los campos maduros, la idea es extraer más reservas. Contra viento y marea, técnicos de Petroproducción han avanzado en el proyecto y ya tienen el modelo técnico económico, es decir, los volúmenes adicionales de crudo que pueden extraerse.

De los análisis, se deduce que se incorporarían reservas en el orden de 1 000 millones de barriles y se tendría una producción acumulada de 700 millones de barriles en 25 años, que representan apenas el 7% de todo el petróleo hallado en los campos que opera la estatal.

En los Estados Unidos, en los campos viejos, con inyección de C02 (dióxido de carbono) se piensa incorporar 20 000 millones de barriles. El mundo está yendo en esa dirección, manifestó el catedrático Fernando Reyes.

Los técnicos de Petroproducción consideran que cuando se acaben las actuales reservas de crudo de los campos viejos de la petrolera del Estado, de cada 100 barriles descubiertos, se quedarían en los yacimientos aproximadammente 65 barriles, una parte de los cuales se puede extraer con técnicas de recuperación mejorada, como inyección de CO2, biotecnología y polímetros. La decisión es más política que de ingeniería, destacó Reyes.

	Las reservas de entre 4 000 millones y 5 500 millones de barriles que tiene el Ecuador aseguran una producción para 15 años

Luego de la visita del presidente Rafael Correa a la China e Indonesia, la política del Gobierno en materia petrolera va aclarándose: firmar con las empresas estatales convenios directos a través de alianzas estratégicas para la exploración y explotación de hidrocarburos, pese a que la modalidad no existe en la Ley de Hidrocarburos.

El abogado Luis Calero informó que la alianza estratégica no es un contrato petrolero, sino un mecanismo para adjudicar directamente, sin licitación, un contrato y, por lo tanto, es ilegal e inconstitucional su aplicación.

El asunto es que “bajo la alianza estratégica debería celebrarse un contrato previsto en la Ley de Hidrocarburos, esto es de prestación de servicios, asociación, participación, o campos marginales, para los cuales la misma ley prevé una licitación”

Lo señalado resulta contradictorio porque el Decreto Ejecutivo 799 publicado en el Registro Oficial del 25 de septiembre de 2000, durante el Gobierno de Gustavo Noboa, señala que los contratos derivados de dicha alianza se regirán por las disposiciones que fueren aplicables a la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Petroecuador y sus reglamentos.

De celebrarse un convenio de esa naturaleza, debería suscribirse un contrato de obras, bienes y servicios específicos que son de competencia exclusiva de Petroecuador, señaló Calero.

El propio presidente Correa adelantó que los campos maduros de Petroecuador serían los primeros en salir bajo ese esquema, pues habría el ofrecimiento de hacerlo con el Gobierno chino. Y estaría en lo correcto porque se encuentra en vigencia el nuevo reglamento de obras, bienes y servicios específicos, donde hay la opción de que se contrate directamente, destacó Fernando Reyes

Comentó que ello no significa dar a dedo el proyecto a determinada empresa, sino que es fruto de una invitación para que hagan una oferta o propuesta a Petroecuador y vengan con financiamiento y tecnología de punta.

Entonces, el Estado se encuentra en capacidad de otorgarles el proyecto mediante un fideicomiso que se financie con una parte de la producción de petróleo que se extraiga, o en el caso de refinación, de la venta de los combustibles.

Otros proyectos, como el almacenamiento de gas en tierra, estarán a cargo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y también se obviará la licitación, que llevaría por lo menos un año. Ahí habría un ahorro de unos $50 millones anuales, que es lo que se paga a la contratista privada por la provisión de gas.

Entre tanto, Shell Solution realizó el estudio de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas; mientras que la nueva refinería en Manabí estaría a cargo de Venezuela y de otras empresas estatales de América Latina. El ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, manifestó que por algo la planta se llamará “De las Américas”.

Reyes consideró que más allá de lo legal, debería primero hacerse un análisis de rentabilidad de cada uno de los proyectos, bajo criterios técnicos y económicos.

Por otra parte, el subsidio a los combustibles es un tema que inquieta a los ecuatorianos. Loor calificó como despilfarro a los precios subsidiados, por ser una “aplicación irracional y depredadora del patrimonio nacional, que da lugar al contrabando, actividad ilícita que puede controlarse solo con precios reales”. Pero al mismo tiempo es partidario de dar un tratamiento tributario adecuado para incentivar la inversión privada, nacional e internacional, en la búsqueda de gas natural en la cuenca geológica del golfo de Guayaquil.

En cuanto al financiamiento del sector, la presidenta de la Bolsa de Valores de Quito, Mónica Villagómez, manifestó que dependerá de quien tome a cargo la tarea de invertir; es decir, si es el mismo sector público el que lo haga de forma directa, o el privado.

Según su criterio, hay una tendencia para que sea el sector público el que asuma el liderazgo con un criterio centralista. “Si lo hace de esa manera, habría una activación de la economía nacional, pero no se generaría ningún fortalecimiento del mercado de valores”, dijo.

No obstante, indicó que si el mismo sector público o el privado lo harían por medio de su participación activa y positiva en el mercado bursátil, utilizando herramientas financieras adecuadas como la titularización, emisión de deuda o la apertura de capitales, las cosas serían distintas.

Villagómez cree que así se produciría una importante dinamización y potencialización del mercado de valores ecuatoriano y la consiguiente adhesión de la población a la industria petrolera, a su desarrollo y expansión. Agregó que la ciudadanía tendría la oportunidad de invertir sus recursos en el sector y obtendría rendimientos acordes al riesgo que asuman.

La ejecutiva sostuvo que figuras como las indicadas son atractivas para la inversión extranjera, aunque para “apelar al mercado, se requiere contar con sólidas estructuras de gobierno corporativo, lo cual es más complejo para el sector público, aunque no imposible”.

En todo caso, Villagómez dijo que es cuestión de decisión política y de iniciar una campaña agresiva que asegure el manejo profesional de las empresas del Estado, al margen de toda incidencia política.