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Desarrollo sustentable, un imperativo
para el país en los próximos
25 años
Por Luis Almeida
Gutiérrez.
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La
Amazonía es una
de las zonas de mayor
potencial para el desarrollo
sustentable
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El concepto
de “desarrollo sustentable”
se entiende como la capacidad
de “satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes
sin comprometer las posibilidades
de las del futuro para atender
sus propias necesidades”.
Esto se refiere a la búsqueda
de un modelo de desarrollo que
sea más respetuoso con
el medioambiente. Pero la idea
no tiene la intención
de, simplemente, evitar el deterioro
constante al que está
sometida la naturaleza a consecuencia
de las actividades humanas.
El concepto va más allá
y busca garantizar, al menos,
el mantenimiento de las condiciones
naturales actuales del planeta,
en los años y siglos
venideros, para, así,
establecer condiciones de vida
y obtención de recursos
similares. Es decir, se entiende
que al ser la naturaleza, transformada
o no por la mano del hombre,
nuestra principal fuente de
recursos de sustentación
es necesario cuidarla. El objetivo
es, en primer término,
que siga siendo la proveedora
de los elementos mayoritarios
que utilizamos para nuestra
alimentación, vestido,
vivienda, salud, etc. Y, luego,
evitar que las condiciones del
planeta cambien tan radicalmente
que pongan peligro a nuestra
propia existencia. En otras
palabras, la idea va más
allá del simple ambientalismo
como tal.
Adicionalmente,
la idea de desarrollo sustentable
marca una diferencia frente
a la visión meramente
economicista que se suele dar
al término desarrollo.
En otras palabras considera
que el desarrollo no significa
únicamente crecimiento
económico. Es decir,
el tipo de actividad económica
puede cambiar sin incrementar
la cantidad de bienes y servicios.
De hecho, según este
concepto, se dice que el crecimiento
económico no solo es
compatible con el desarrollo
sustentable, sino que es necesario
para mitigar la pobreza, generar
los recursos para el desarrollo
y prevenir la degradación
ambiental. Es decir, que se
trata de una cuestión
de calidad del crecimiento y
cómo se distribuyen sus
beneficios no solo como mera
expansión
La definición de desarrollo
sustentable citada en primer
término (entre comillas)
procede del Informe Brundtland
(1987), fruto de los trabajos
de la Comisión Mundial
de Medioambiente y Desarrollo
de las Naciones Unidas, creada
en Asamblea de las Naciones
Unidas en 1983.
Dicha definición fue
asumida en el Principio 3.º
de la Declaración de
Río de Janeiro (1992),
una de las reuniones más
importantes sobre el manejo
del medioambiente efectuadas
hasta la actualidad.
No obstante de ese bautizo oficial
del término, la idea
del desarrollo sostenible tiene
una genealogía más
antigua y se relaciona con el
inicio de las discusiones sobre
el cuidado del medioambiente
a escala global, a consecuencia
de la constatación del
deterioro a que la actividad
humana ha sometido a la naturaleza.
Su génesis puede rastrearse
en la creación del Club
de Roma en 1968. En el grupo,
que reúne a personalidades
que ocupan puestos relativamente
importantes en sus respectivos
países (entre los que
se cuentan científicos,
premios Nobel en diversas disciplinas
y jefes de Estado), se empieza
a hablar de la promoción
de un crecimiento económico
estable y sostenible de la humanidad.
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El
choque de dos barcos cerca
de Corea, a inicios de
diciembre, arrojó
al mar toneladas de petróleo
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En 1972, el
propio Club de Roma publicó
el informe Los límites
del crecimiento, preparado a
petición suya por un
equipo de investigadores del
Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT). En este
informe se presentan los resultados
de las simulaciones por ordenador
de la evolución de la
población humana sobre
la base de la explotación
de los recursos naturales, con
proyecciones hasta el año
2100. El documento muestra un
futuro apocalíptico en
el que, debido a la búsqueda
del crecimiento económico
durante el siglo XXI, se produce
una drástica reducción
de la población a causa
de la contaminación,
la pérdida de tierras
cultivables y la escasez de
recursos energéticos.
Esta proyección, por
fortuna, no se ha cumplido hasta
el momento, lo que no significa
que el problema medioambiental
no sea grave.
Ese mismo año (1972)
se desarrolló la Conferencia
sobre el Medio Humano de las
Naciones Unidas (en Estocolmo).
Es la primera Cumbre de la Tierra.
Y en ella se manifiesta por
primera vez a escala mundial
la preocupación por la
problemática ambiental
global.
La Unión Internacional
para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) publicó
en 1980 un informe titulado
Estrategia mundial para la conservación
de la naturaleza y de los recursos
naturales, en el que se identifican
los principales elementos en
la destrucción del hábitat:
pobreza, presión poblacional,
inequidad social y términos
de intercambio del comercio.
En 1981, el Informe Global 2000,
realizado por el Consejo de
Calidad Medioambiental de los
Estados Unidos, concluye que
la biodiversidad es un factor
crítico para el adecuado
funcionamiento del planeta,
que se debilita por la extinción
de especies.
Asimismo, en 1982, se emitió
la Carta mundial de la ONU para
la naturaleza. En ella se adoptó
el principio de respeto a toda
forma de vida y llama a un entendimiento
entre la dependencia humana
de los recursos naturales y
el control de su explotación.
En 1984 se produjo la I Reunión
de la Comisión Mundial
sobre Medioambiente y Desarrollo,
creada por la Asamblea General
de la ONU en 1983 para establecer
una agenda global para el cambio.
Del 3 al 14 de junio de 1992
se celebró la Conferencia
de la ONU sobre Medioambiente
y Desarrollo (II Cumbre de la
Tierra) en Río de Janeiro,
donde nació la Agenda
21, y se aprobaron el Convenio
sobre el Cambio Climático
y el Convenio sobre la Diversidad.
En fechas más recientes,
del 26 de agosto al 4 de septiembre
de 2002, se realizó la
Conferencia Mundial sobre Desarrollo
Sostenible (Río+10, Cumbre
de Johannesburgo), en Sudáfrica,
donde se reafirmó el
desarrollo sostenible como el
elemento central de la Agenda
Internacional, y se dio un nuevo
ímpetu a la acción
global para la lucha contra
la pobreza y la protección
del medioambiente. Se reunió
a más de un centenar
de jefes de Estado, varias decenas
de miles de representantes de
gobiernos, organizaciones no
gubernamentales e importantes
empresas para ratificar un tratado
para adoptar una posición
relativa a la conservación
de los recursos naturales y
la biodiversidad.
Posibilidades
de aplicación
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Reducir
las emisiones industriales
es una de las premisas
del desarrollo sustentable
en el mundo
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No obstante
de su importancia, el concepto
de desarrollo sustentable o
sostenible, como se lo llama
en ocasiones, enfrenta desafíos
importantes para su aplicación.
Sobre todo en países
pobres como el Ecuador, afirmó
el ingeniero ambiental Andrés
Peñafiel.
En efecto, en un país
como el nuestro, con una población
llena de necesidades (alrededor
del 42% de los habitantes del
país es pobre y un 13%
vive en la pobreza extrema,
según cifras oficiales),
la aplicación del concepto
se mueve entre dos extremos:
por un lado está la necesidad
de obtener recursos inmediatos
para satisfacer las necesidades
en materia de alimentación,
salud, vivienda, educación,
etc. Y por otro está
la rentabilidad a largo plazo,
medida entre sistemas productivos
intensivos y actividades amigables
con el concepto de sustentabilidad
Un ejemplo de esta tensión
entre las ideas conservacionistas
y la necesidad de obtener recursos
es el proyecto del Gobierno
actual para mantenimiento en
tierra de las reservas petroleras
ubicadas en el subsuelo del
Parque Nacional Yasuní,
sobre todo del Bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini
(ITT), estimadas en alrededor
de 1 000 millones de barriles
de crudo. A cambio de evitar
las actividades hidrocarburíferas
en la zona, considerada una
de las regiones de más
alta biodiversidad del planeta,
el régimen ha pedido
a la comunidad internacional
que aporte con recursos por
alrededor de $350 millones al
año, cifra considerada
un aproximado de lo que obtendría
el país por la extracción
del hidrocarburo.
No obstante, si bien se ha manifestado
el interés de organizaciones
medioambientales y gobiernos
como el de Noruega en conocer
más sobre el proyecto,
hasta el momento no se ha oficializado
ningún ofrecimiento de
ayuda. De hecho, hablando sobre
el medioambiente, el proyecto
del Gobierno es altamente rentable:
al dejarse el petróleo
en el subsuelo, el mundo se
beneficiaría porque se
deja de emitir cientos de millones
de toneladas de dióxido
de carbono (CO2.), uno de los
mayores agentes contaminantes
del planeta.
Varios organismos internacionales,
incluyendo el Banco Mundial,
valoran en $20 la tonelada métrica
de CO2 que queda secuestrada.
Si se multiplica ese valor por
el número de toneladas
de CO2 que no se liberarían
en la atmósfera por el
proyecto relacionado con la
zona del Yasuní, el Ecuador
contribuiría a reducir
el cambio climático del
planeta y a mejorarlo, con lo
cual obtendríamos recursos
más que suficientes para
alcanzar cualquier meta.
Sin embargo, esta hipótesis
todavía no puede concretarse
por la carencia aún de
un mercado establecido de CO2.
No obstante, hay otros mecanismos,
aún no explorados, que
se podrían aplicar para
lograr el objetivo, como la
conversión de deuda por
conservación; negociaciones
con el Club de París,
y bilaterales de Gobierno a
Gobierno para canalizar la ayuda
internacional al desarrollo.
Esto sería factible con
la creación de un fondo
internacional administrado por
un fideicomiso, cuyos intereses
permitirían un flujo
permanente de recursos para
el país.
Y justamente debido al tiempo
que requiere la implementación
de proyectos de carácter
sustentable, Peñafiel
reconoció que existe
en países como el nuestro
la tentación de acudir
al sistema, aparentemente más
rápido, de obtención
de fondos, a través de
la explotación de los
recursos minerales, en este
caso el petróleo.
Frente a ello, afirmó
el experto, se debe tomar en
cuenta que “los recursos
no renovables, como el petróleo,
no son eternos”.
Y comparó la situación
con la de una familia que estuviese
en la encrucijada de tener que
elegir entre invertir el dinero
ganado en una lotería
en un negocio o la edificación
de una vivienda y un viaje.
La primera intención,
dijo Peñafiel, “sería
disfrutar del viaje, conocer
otro país, una cultura
diferente, etc.”; sin
embargo, a la hora de evaluar
los beneficios a largo plazo,
las otras dos opciones, a pesar
de lo engorrosas que puedan
parecer, bajo las luces de la
razón aparecen como las
rentables y aconsejables.
El ingeniero ambiental citó
otro ejemplo referido al Ecuador:
la explotación maderera
ejecutada sin atenerse a normas
de sustentabilidad en el tiempo,
en zonas como la provincia de
Esmeraldas o la propia Amazonía.
“Si bien la tala de árboles
-dijo Peñafiel- sin la
adecuada reforestación
paralela resulta un buen negocio
para un cierto número
de personas por el momento;
el panorama cambia cuando se
proyecta la situación
al futuro. ¿Qué
van a hacer esas mismas personas
cuando los árboles se
terminen?, se preguntó.
Eso, sin contar con los problemas
que genera la deforestación,
como la posibilidad de deslaves,
inundaciones y sequías.
Peñafiel aseguró
que es consciente de que a primera
vista sus ideas pueden sonar
románticas e impracticables
frente a las enormes necesidades
inmediatas de la población,
pero se dijo convencido de que
a la larga es la única
posibilidad que tiene el Ecuador.
Es como si un padre debiera
elegir entre gastar el dinero
en unas entradas para el fútbol
o la educación de sus
hijos. “No hay elección”,
afirmó.
Potencial
del país
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Activistas
ambientales protestan
en la cumbre de Bali,
el 10 de diciembre anterior
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El Ecuador
ha sido considerado siempre
como un país con gran
vocación y capacidad
agrícola. Producto de
ello, expresó Andrés
Sosa, ingeniero agropecuario,
se han producido varias “épocas
de oro” que han impulsado
la economía del país
y cita como ejemplos los booms
del cacao, el banano, las flores,
y, en otro ámbito, aunque
cercano, la producción
camaronera. Eso demuestra, afirmó,
que el país tiene capacidad
para proyectarse hacia los próximos
25 años y más
allá de ser necesario
sobre la base de actividades
consideradas, en teoría,
ambientalmente limpias, altamente
rentables y duraderas en el
tiempo.
}
Reconoció que para que
estas últimas premisas
se cumplan es necesaria la concurrencia
de varios factores. Uno de ellos
es la tecnificación de
la producción para evitar
que se produzcan problemas como
el agotamiento del suelo, la
contaminación de tierras
y productos por acción
de abonos y pesticidas, la baja
de la calidad de los productos,
que los vuelva poco competitivos.
Por otro lado, son necesarios
estrictos controles de parte
de las autoridades para que
“los mandamientos anteriores”
-como los llamó- se cumplan
y se dé el apoyo tanto
en lo que se refiere a leyes
como a recursos económicos.
De manera similar opinó
Marcela Nieto, máster
en turismo ecológico.
Ella aseguró que repetir
las potencialidades que tiene
el país en relación
con la actividad de la llamada
“industria sin chimeneas”
resulta redundante. Lo que se
necesita, afirmó, es
la decisión de las autoridades
y sectores de la empresa privada
-citó como ejemplo el
caso de los bancos- para explotar
esa enorme capacidad que tiene
el Ecuador para atraer a millones
de turistas cada año.
“No es posible -sugirió
Nieto- que un país con
tanta diversidad de paisajes
en un espacio tan reducido -lo
que amplía las posibilidades
y abarata los costos de desplazamiento-
se prive de tener acceso a la
inmensa cantidad de beneficios
-entre ellos el dinero- que
le puede proveer el turismo”.
La experta consideró
que la conversión del
país en un imán
de visitantes debería
considerarse una política
de Estado a partir de hoy mismo,
para que, dentro de 25 años,
el Ecuador sea considerado un
país turístico
por excelencia.
El
control industrial
Paralelamente
a la necesaria creación
de actividades productivas “limpias”,
el desarrollo sustentable redefine
los límites necesarios
para las actividades industriales
a las que podría llamarse
tradicionales.
De hecho, la teoría del
desarrollo sustentable mantiene
las actividades industriales,
pero afinadas a fin de que no
afecten a la naturaleza o a
la existencia humana en el presente
y en el futuro. Por ello es
partidaria de establecer reglamentaciones
que disminuyan, por ejemplo,
las emisiones provenientes de
fábricas, sin que ello
signifique que se promueva el
cierre de cualquier tipo de
empresas.
Los compromisos firmados y adquiridos
por cientos de países
en las llamadas cumbres de la
Tierra (Río de Janeiro,
Kioto, entre otras) son una
buena muestra de aquello. En
estas citas mundiales, lo que
se ha hecho es fijar parámetros,
considerados manejables por
muchos expertos, para que los
países y empresas reduzcan,
por ejemplo, sus emisiones de
CO2, el principal causante del
calentamiento global que soporta
el planeta actualmente.
Por desgracia, este tipo de
iniciativas chocan con la visión
inmediatista de gobiernos y
empresarios, que consideran
que realizar las adecuaciones
necesarias para cumplir con
los compromisos constituyen
pérdidas irrecuperables
a sus actividades.
En el caso de países
como el Ecuador, donde las regulaciones
son de por sí blandas,
la situación se complica
doblemente, pues establecer
parámetros es mucho más
difícil. Sin embargo,
la existencia de una industria
regulada, que acoja regulaciones
ambientales y busque alternativas
como el uso de energías
limpias, es un imperativo del
país para los próximos
25 años.
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