Minería: el vehículo todavía no logra dar su arranque en el Ecuador

Por Teresa Herrera.

	El Ecuador tiene un enorme potencial minero. Las cifras oficiales y las privadas varían

Cifras del Estado hablan de un potencial de $100 000 millones.

Las empresas privadas indican que es de $22 000 millones. Los inversionistas se muestran abiertos a un diálogo con el Gobierno para buscar acuerdos y solucionar las controversias surgidas en 2007

Unos $100 000 millones en potencial minero hacen del Ecuador un país atractivo, según los cálculos oficiales, que indican que el 38,9% de la población es pobre y unos 2,7 millones de personas viven con menos de $1 diario. Pero sería aún más apetecido si se considera la cifra de $220 000 millones que manejan los inversionistas privados, de los cuales el 70% corresponde a cobre.

Sin embargo, hasta el momento no se ha iniciado la fase de explotación de oro, plata, cobre y molibdeno, que son los materiales que catapultan al país a convertirse en una nación minera, con oportunidades de empleo, desarrollo regional y generación de divisas. El proceso es largo para llegar a esa fase, opinó el gerente de la compañía Ecuacorriente (ECSA), Ian Harris.

En esa perspectiva, el Gobierno quiere primero resolver los conflictos sociales y de medioambiente generados por incumplimiento de la ley por parte de las compañías, como son la falta de estudios de impacto ambiental, la consulta a las comunidades y su falta de participación, aunque el presidente Rafael Correa sostuvo: “La incidencia ambiental en la explotación nos afectaría a todos y debemos soportarlo”. Esto lo dijo porque cree que la minería debe ir en beneficio del progreso del pueblo ecuatoriano.

Sus palabras fueron interpretadas por los inversionistas como una apertura a buscar soluciones.

El subsecretario de Minas, José Serrano, reforzó el criterio del mandatario y dijo que la actividad debe contribuir al desarollo económico y social y fortalecer la democracia, y no los "intereses particulares y la desinstitucionalización de los sistemas de control".

	El tema minero ha generado conflictos en algunas zonas, como la de Íntag, en Imbabura

Enfatizó que la explotación de esos recursos solo garantizan a las empresas privadas que detentan las concesiones, sin que el Estado o las comunidades tengan siquiera una mínima participación, a pesar de ser los verdaderos dueños de los recursos naturales.

La minería, que aporta al PIB con el 0,3%, se enfoca dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de la reforma democrática planteada por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) y se encuentra articulada a los controles ambientales y sociales por parte del Estado. El Gobierno ha hecho un diagnóstico de la actual Ley de Minería que aprobó la administración de Gustavo Noboa y que Serrano califica como nefasta porque suprime el pago de regalías y todos los mecanismos de control y sanción de carácter ambiental y técnico. La única pena establecida tiene que ver con el no pago de patentes.

Tampoco existe un marco jurídico para la pequeña minería y minería artesanal (100 mil). La ilegalidad marca a esta minería, a más de la falta de apoyo económico para tecnología, de procesos sistemáticos y permanentes de capacitación en gestión ambiental, de planificación y altos impactos ambientales.
Serrano anunció que se prepara el censo y regularización de la pequeña minería.

Este es un escenario en el cual el beneficio para el Estado en 15 años (1991-2006) de actividad minera alcanza apenas a $20,4 millones, según la Dirección Nacional de Minería. Las regalías, de $3,8 millones, se pagaron hasta 2002 y en ese año fueron tan solo de $6 171, frente a los $225 407 de 2001.

Dichos aspectos fueron motivo para que en 2007 el Ministerio de Minas y Petróleos suspendiera 3 087 concesiones que ocupan 2,9 millones de hectáreas y 1 072 que estaban en trámite. La medida se produjo en momentos en que los metales en el mercado internacional se cotizan a los precios más altos. A fines del año anterior, el cobre se comercializaba a $363,25 la libra; el oro, a $805,70 la onza, y el molibdeno, a $31,60 la libra. La demanda es creciente de parte de la China, Rusia, la India, Europa Oriental, el Sudeste Asiático y Oriente Medio.

Ahora, dentro de las reformas que lleva a cabo el Gobierno, un primer paso para el cambio integral es la renegociación de los títulos mineros con cinco grandes compañías que han realizado inversiones en el país: Aurelian, Ecuacorrientes, IMC, I am Gold y Curimining. El Gobierno espera firmar con esas empresas una escritura pública donde se establecerán los controles ambientales, de participación ciudadana, el pago de regalías, la entrega al Estado de la información técnica y económica, y la producción.

Actualmente, las mineras pagan como patente de uso de suelo $1 y máximo $16 por hectárea, “sin importar que exista cascajo, oro o cualquier otro metal precioso en los suelos que el Estado ha entregado bajo su concesión”, manifestó Serrano

	Obreros en una mina en Portovelo, en El Oro, una de las zonas con mayor potencial minero

Al mismo tiempo se realiza un análisis del precio referencial de los metales por tipo de proyecto en el mercado internacional, con el objeto de que las compañías entreguen al Estado el 50% de las ganancias extraordinarias, según la propuesta de acciones presentadas por Minas y Petróleos al presidente Correa en una reunión que hubo en Puembo.

Las compañías están abiertas al diálogo. “Debemos trabajar en armonía y dar un trato justo a las comunidades, al Estado y al medioambiente, armar las piezas del rompecabezas para equilibrar la balanza porque las personas que hacen el sillón final son los inversionistas”, sustuvo Harris, quien llama a este proceso “la minería del siglo XXI”, pues en el pasado “solo han sido palabras”.

En esa línea, Dominic Chaenner, de la compañía Aurelian Ecuador, dijo que la minería responsable puede ser un gran aporte para el desarrollo nacional. Está de acuerdo en una reforma a la ley que refleje positivamente los intereses del Estado, y permita la justicia social, ambiental, económica y cultural.
Opinó que el actual esquema legal contempla una tasa de exploración pero no de explotación y desarrollo.

Según Chaenner, empresas como Aurelian quieren claridad en las normas, y, en un proceso de diálogo abierto con el Gobierno, establecer las condiciones de justicia para el despegue minero que ayudará a las poblaciones y a inversionistas nacionales e internacionales.

A los empresarios no les asusta una mayor presencia y control permanente del Estado en los procesos de socialización y consulta a las comunidades, como apunta la reforma del Gobierno, en la cual se garantiza la participación ciudadana directa en la toma de decisiones.

Ellos se sienten más tranquilos con los anuncios del presidente Correa. “Es una señal clara de que en el corto y mediano plazo van a desarrollarse los proyectos más representativos y con mayores dimensiones que existen en el Ecuador”, aseguró Francisco Veintimilla, de la canadiense Ascendat Copper S.A., que tiene una concesión de yacimientos de cobre en Junín, en la provincia de Imbabura.

A modo de garantía, Veintimilla dijo que en ninguna parte del mundo una compañía puede ejecutar proyectos mineros sin el manejo de los más altos estándares de la industria, porque su valor como empresas que cotizan en las bolsas de valores se desplomarían inmediatamente.

Sin embargo, les preocupa lo que la Asamblea pueda decidir. Al menos eso es lo que cree Harris, mientras Vientimilla insisitió en que la única industria en el corto plazo que puede suplir al petróleo es la minera, técnicamente manejada.

Chaenner también percibe un ambiente positivo para ventilar los problemas e informar a la gente sobre lo que representa la minería responsable que se enfoca a la justicia social, fiscal, laboral y cultural; y, sobre todo, la transparencia como clave para que las compañías compartan con el Estado información técnica y económica.

En el Ecuador, la explotación del oro ha sido una de las principales actividades de los pueblos ancestrales. Hasta el momento, las únicas minas técnicamente explotadas han sido Portovelo (1904-1950), Macichi (1954-1960), San Bartolomé (1997-1999), y actualmente Bira y Guaysimi.

Por lo menos cinco proyectos están listos para ejecutarse con la nueva Corporación Estatal Minera que la administración de Correa piensa crear: Amazonas, en la provincia de Napo, cantón Tena, sector de Misahuallí, donde se ha concesionado hasta el año 2031, a Cementos Chimborazo, 360 hectáreas para la exploración de silícicas y arcillas para la fabricación de paneles y vigas de hormigón.

El segundo se denomina Isimanche, en 900 hectáreas donde se exploraría cemento en Zamora Chinchipe, parroquia Zumba.

Reventador es otro de los proyectos para abonos, en la provincia Orellana, en el sitio El Reventador-Lumbaqui, en una extensión de 24,5 kilómetros. Este proyecto sería a gran escala. En la zona se localiza el yacimiento hidrocarburífero Pungarayacu que podría ser la fuente de ácido sulfúrico que se utiliza para el tratamiento de fosforitas y la producción de abonos fosfatados.

El cuarto proyecto, TOA, para fabricación de vidrio plano, se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe. Existen reservas probadas de 311,6 millones de barriles que por su calidad se consideran las mejores arenas del país. El Gobierno también quiere utilizar las aguas termales; el último de los proyectos se relaciona, precisamente, para la construcción de sanatorios y casas de descanso. Estas se localizarían a lo largo de la región interandina: en Tufiño (Carchi), Chachimbiro (Imbabura); Papallacta (Napo); La Merced y El Tingo (Pichincha); Baños (Tungurahua); Baños (Azuay); Guapán (Azogues); Vilcabamba (Loja) y Portovelo (El Oro).

El Ministerio de Minas y Petróleos indicó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con los recursos y el personal médico requeridos para especializarse en el uso de aguas termales y minerales, con fines sociales y medicinales.

Sin embargo, hay obstáculos para la investigación. Esa secretaría de Estado resume lo siguientes: escasa accesibilidad, profundos perfiles de meteorización, extensos descubrimientos de talud/coluvial, depósitos volcánicos recientes y densa cobertura vegetal.

Al respecto, la explotación a cielo abierto es casi imposible por los efectos de deforestación. Ian Harris señaló que el tema es el blanco de los “extremistas” (ecologistas) que se oponen a la actividad.

Con tecnología de punta y revegetación no se puede hablar de problemas, dijo. Por cada árbol que se cortaría, ECSA promete sembrar cuatro para proteger el bosque.

Según Minas y Petróleos, el potencial ecuatoriano se debe a la posición favorable del país a lo largo de la costa oriental del Pacífico. También existen indicios de oro aluvial en la mayoría de los drenajes que bajan de la cordillera ecuatoriana, lo que demuestra que las fuentes primarias se mantienen ocultas.

Además existe presencia de minas que históricamente han producido ingentes cantidades de oro: Zaruma-Portovelo, con una extracción aproximada de 60 toneladas, y Nambija, con alrededor de 62 toneladas.

El Portafolio calcula que el total de recursos en 16 depósitos más grandes del país alcanzan: 700 toneladas de oro, 1 600 de plata y 1,5 millones de toneladas de cobre.

En cuanto a no metálicos el país dispone de variados recursos de rocas y minerales industriales como variedades de calizas, mármoles, granitos, arcillas, feldespatos, caolines, yesos, piedra pómez, baritina, bentonita, seolita y arenas silíceas.

El ex diputado Salvador Quishpe, que ha liderado varios de los levantamientos de las poblaciones en contra de las empresas mineras, reclamó una explotación racional de los recursos. Sostuvo que los pueblos ancestrales siempre explotaron el oro, pero lo hicieron racionalmente para el uso de los pueblos y de su vida y “no para un negocio desesperado por tener dólares, sin importar lo que pase mañana”.
Quishpe reclama al Gobierno una planificación para explotar los metales y minerales, pero no a gran escala para evitar la contaminación de las aguas, lo que generaría problemas a todos los ecuatorianos en el cultivo de los productos alimenticios.

“Si la minería en el Ecuador es una oportunidad, podemos hacerlo bien y sin conflictos con las comunidades”, destacó Harris. Enfatizó que el objetivo de ECSA es que la misma comunidad tome las muestras del agua para el análisis, con la ayuda independiente de una de las universidades.

La política del Ministerio de Minas y Petróleos abarca también la regionalización de los proyectos, principalmente en el sur del país para generar un polo de desarrollo económico y social, como dijo el subsecretario Serrano. Sostuvo que el Austro nunca ha tenido una gran inversión, con excepción de la Central Hidroeléctrica Paute. El objetivo es expandir un proyecto que tenga que ver con la actividad de las calizas y el cemento. Y en el norte del Ecuador, fosforitas y abonos.

Esto daría lugar a generar nuevos polos de desarrollo con actividades productivas, manifestó el funcionario.

A la cabeza de los países que se benefician de la minería metálica se encuentra el Perú, con el 55%; le sigue Chile, el 54%; Brasil, 24%; Bolivia, 23%, y el Ecuador, 0,2%.

Aun así, ECSA quiere abrir un puerto en Machala para exportar un concentrado de cobre, hierro y sulfuro que produce la concesión El Mirador y San Carlos, en Morona Santiago. El gerente de la firma indicó que en una primera fase se exportaría 160 mil toneladas de concentrado de cobre por año, del cual el 33% es cobre puro y el resto, hierro y sulfuro.

Hace apenas dos años, cinco países de América Latina concentraron el 85% de la inversión en exploración minera: Perú y México, con $242 millones y $232 millones. Le siguen en importancia Chile ($163 millones), Brasil ($162 millones) y Argentina ($159 millones). Individualmente, los cinco países tienen un rol preponderante en el mercado de metales. En conjunto concentran importantes participaciones en el mercado mundial.

En especial se destacan el cobre y molibdeno en Chile y el Perú; hierro, en Brasil; oro, en Perú y México; buaxita, en Brasil, y minerales industriales, en Argentina. El distrito que conforman México, el Perú, Brasil, Chile y Argentina es uno de los destinos de inversión favorecidos por las empresas internacionales. Los principales proyectos para materializarse en los próximos cinco años permitirán alcanzar una cifra récord por sobre los $45 000 millones en inversiones. Solo en el Perú, la actividad genera el 6,2% del PIB. Ofrece empleo, mejora el ingreso local y regional, y abre la oportunidad para nuevas actividades empresariales. Entre 1992 y 2006 se invirtieron $11 400 millones.