Rendición de cuentas, la ciudadanía al fin asume sus derechos

Por Ana Angulo y Sonia Rivera

	Varios contratos petroleros han sido cuestionados por presentar supuestas ilegalidades

En el Ecuador son pocos los contratos celebrados por el Estado que no hayan sido cuestionados. El tráfico de influencias, el soborno y la práctica de la coima se convirtieron, hace tiempo, en otra “tradición” nacional y la evasión de impuestos bordearía los $3 000 millones; con una calificación de 2,1 sobre 10, este año el Ecuador se ubicó en el tercer puesto entre los países más corruptos de América Latina, detrás de Haití y Venezuela, según la organización Transparencia Internacional.

La tabla se elabora mediante encuestas a organizaciones privadas y públicas seleccionadas y responde a la percepción que ellas tienen del nivel de corrupción en diferentes países. Desde hace varios años, el Ecuador ocupa un lugar “destacado” entre los países que proyectan una imagen de corrupción.

Es que en el país son pocos los contratos celebrados por el Estado que no hayan sido cuestionados. Casi se ha convertido en costumbre que los escándalos más sonados provengan de los negocios petroleros, la telefonía, las aduanas, el sector eléctrico, la vialidad... De vez en cuando, en las Fuerzas Armadas y la Policía también se han realizado grandes negociados (armas, aviones, compras de vehículos), a pesar de que, en teoría, deberían ser instituciones ejemplo de pulcritud y transparencia. Además, el tráfico de influencias y la práctica de la coima hace tiempo se habrían convertido en “tradición” nacional.

El sector privado no se queda atrás. Según el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, la elusión y evasión en el pago de tributos bordea los $3 000 millones.

El año anterior, los 17 grupos económicos cancelaron $91,5 millones. Carrasco promete auditar a todas las empresas para verificar por qué no generan utilidades.

En el tema de la evasión de impuestos, las Aduanas y las autoridades de control han jugado un papel principal. Entre 2001 y 2004 se presentaron en la Fiscalía 4 153 denuncias de delitos aduaneros, de ellas se abrieron 2 214 indagaciones previas, pero solo 310 pasaron a instrucción fiscal. Esa entidad desestimó 1 612 casos con el argumento de que la Contraloría enviaba la evidencia del delito cuando las causas estaban a punto de prescribir.

Las telefónicas también han sido un foco permanente de corrupción. Hace varios meses, el ex contralor Genaro Peña declaró que solo en Pacifictel existían indicios de responsabilidades penales por $230 millones. Hubo una época en que el tráfico de líneas telefónicas ocasionaba pérdidas por 360 millones de sucres; otros perjuicios millonarios (en dólares) se registraron en contratos de control del tráfico internacional, control de los by pass, interconexiones, seguros, servicios de Internet de alta velocidad... por último, la plata de los abonados iba a parar a cuentas de empleados. En Andinatel han existido problemas parecidos y los casos más graves se han registrado en las compras. También se permitió la operación ilegal de miles de locutorios piratas.

	Durante la crisis bancaria estuvieron involucrados los sectores público y privado

El sector petrolero es el principal negocio del país, actualmente financia el 36% del Presupuesto General del Estado. Ahí, los problemas han sido una constante, desde la forma en que han sido negociados los contratos de participación en los que al Estado solo le queda el 20% de la participación en la producción. Hace poco tiempo, el país devolvía a las compañías hasta el último centavo de lo invertido. Asimismo, los contratos de servicios, los seguros y hasta las remediaciones ambientales por los derrames de petróleo han estado envueltos en el escándalo, por presuntos sobreprecios.

Qué decir de todos los líos del sector eléctrico, pues le debemos a la ineficiencia del Estado un servicio carísimo de energía eléctrica. Claro, para las autoridades era más fácil contratar las barcazas y aprobar proyectos térmicos en lugar de favorecer la construcción de centrales hidroeléctricas.

La corrupción también ha teñido de sangre las vías del Ecuador, pues la Dirección Nacional de Tránsito (DNT) no tuvo ningún problema en entregar 60 mil licencias de manejo a personas que nunca pisaron una escuela de conducción. Cuando los familiares de decenas de fallecidos en accidentes de tránsito presentaron la denuncia, los jueces los sacaron de la acusación con la argucia que ellos no eran los ofendidos. En las actas de las sesiones de los dirigentes de la transportación consta cómo juntaban la plata (de $50 mil para arriba) para pagar a los jueces.

Las violaciones a los derechos humanos también tejen la telaraña de la corrupción. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), en los últimos siete años se registraron 249 ejecuciones judiciales. Estos homicidios, en su mayoría, fueron cometidos por miembros de la Policía y de las FFAA. La mayoría de casos quedó en la impunidad. Uno de los ejemplos más crueles es el caso Fybeca, en que los policías implicados no fueron llevados a juicio.

La crisis y el salvataje bancario, que le costaron al país $8 000 millones, según cálculos conservadores, son un capítulo aparte. En este delito estuvieron involucrados los sectores público y privado: el primero, con el aflojamiento de los controles y la aprobación de leyes permisivas; el segundo se sirvió un festín de préstamos vinculados y negocios irregulares camuflados bajo el ropaje de “altas finanzas”. A pesar de haber transcurrido casi una década, los principales responsables aún no han sido juzgados, según lo comprueban informes recientes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el estado de los juicios bancarios.

Con todo lo anterior es muy difícil cuestionar la percepción de Transparencia Internacional. Cuando se hizo público el informe, en septiembre pasado, el entonces ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, reconoció que el Estado ecuatoriano está atravesado por la corrupción, tras deslindar cualquier responsabilidad de la administración actual.

	Empresas telefónicas, como Pacifictel han estado plagadas de varios escándalos por negociados

En el afán de transparentar los procesos de rendición de cuentas, al menos en el sector público, hace dos años se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), que obliga a las instituciones del Estado y aquellas que son financiadas con recursos públicos a colocar en la web información sobre actos, contratos, sueldos de funcionarios y todo cuanto sea de interés público.

Hasta el momento se ha cumplido a medias esa normativa. El 16 de julio de este año, un reportaje de BLANCO Y NEGRO reveló que ni siquiera la página de Internet de la Presidencia de la República consigna toda la información requerida en la Ley. Asimismo, con la excepción de algunos municipios y prefecturas, la mayoría de organismos seccionales no tiene un sitio en la red.

El derecho a la información pública y la rendición de cuentas son garantías constitucionales, que están respaldadas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Una de las primeras iniciativas en el país para cumplir ese propósito es el proyecto Contratanet, que empezó hace cuatro años, según manifiesta el director de Desarrollo de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), Javier Vizcaíno. El objetivo era publicar toda la información posible sobre los
procesos de contratación pública en un portal de Internet.

“El trabajo ha sido cuesta arriba”, cuenta el funcionario, pues en 2003 no había una normativa legal para obligar a las instituciones públicas. Entonces la CCCC empezó a firmar convenios de adhesión y, poco a poco, aumentó el número de entidades que se comprometían a divulgar sus contrataciones. En el Gobierno de Alfredo Palacio se firmó un decreto que obligaba al sector público a difundir las licitaciones y concursos. Con eso se amplió la base de datos de Contratanet.

Con la entrada en vigencia de la Lotaip, las instituciones se obligaron a crear su propia página web. Pero ahora el problema se da en la interpretación del artículo n.º 7, que detalla la información a publicarse. Uno de los principales aspectos tiene que ver con los procesos de contratación.
Vizcaíno sostiene que “el tema de publicar compras es complicado y caro ($50 millones por entidad solo para ese componente)”, por eso muchas instituciones prefieren colocar esa información en el sistema de Contratanet, el cual, a su vez, es parte de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales.

En la actualidad, 450 instituciones publican en Contratanet y por ese medio se han difundido más de 8 000 procesos, añade el funcionario, quien considera un aspecto importante de la rendición de cuentas, la reacción de los usuarios.

No obstante, en el país aún queda mucho camino por andar en el tema de crear una cultura de la transparencia. Las iniciativas han partido de ciudadanos que han conformado veedurías para seguir con atención los procesos públicos, por ejemplo, todos los entresijos de la selección de miembros de la última Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron observados por veedores nacionales y extranjeros. Pese a ello, ya ha sido expulsada de esa Función una media docena de magistrados implicados en supuestos casos de corrupción.

En este ámbito, hasta el momento, la CCCC es la única institución que ha tratado de articular una política de prevención. Desde el lado educativo, varias decenas de colegios están involucrados en programas de esa índole, pero aún falta una propuesta curricular del Estado.

	La comisión anticorrupción ha impulsado las veedurías. En la gráfica, la socialización de la veeduría de agua de Riobamba

“En el plano de la prevención, estamos trabajando sobre cuatro ejes”, manifiesta Fernando Pazmiño, director de Prevención de la Comisión Cívica. Estos son: la propuesta de formación de una ciudadanía responsable, cuya labor se enfoca en niños, jóvenes, adultos y servidores públicos. Otro eje está en las denominadas redes cívicas anticorrupción. El tercero tiene que ver con el control social y las veedurías ciudadanas, y el último consiste en impulsar la transparencia en la función pública, explica.

Actualmente trabajan 10 municipios en un plan piloto de gestión local transparente. Allí se ha construido un modelo que enlaza el fortalecimiento institucional del Gobierno local con las veedurías ciudadanas. Uno de los resultados es la elaboración de los presupuestos con la participación de la gente, lo que ha incidido en la rendición de cuentas.

Esta propuesta será llevada a la Asociación de Municipalidades (AME), con la coordinación de la Secretaría Nacional de Planificación del Estado (Senplades). El objetivo final es que todas las instituciones públicas se involucren en el tema.

A partir de estas experiencias modelo, Pazmiño cree que es posible incidir en una política pública de transparencia en la gestión y, para garantizar su cumplimiento, dice que en el diseño de la propuesta deben involucrarse diferentes actores sociales, entre los que se contarían los propios funcionarios públicos como promotores.

El éxito de estos procesos depende de la coordinación y el consenso entre los diferentes actores, porque no se puede hablar de transparencia cuando la agenda solo proviene de la autoridad, dice el funcionario.

Para la CCCC, la transparencia y la rendición de cuentas son temas de deberes y derechos. El deber de la autoridad estatal y el derecho de los ciudadanos a tener una administración pública transparente y libre de corrupción.

Entre el 3 y el 5 de diciembre de 2004 se efectuó en Chile la reunión regional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Lucha Contra la Corrupción en América. En la memoria del evento hay un capítulo sobre el rol de la prensa investigativa y la opinión pública.

Allí se destaca la importancia de la prensa de investigación en la creación de una conciencia pública sobre cuestiones de transparencia y corrupción y en la movilización social en contra de esas prácticas. “La presión y las protestas de la opinión pública han conducido, en distintos países de nuestra región, a las renuncias de algunos gobernantes y severos cuestionamientos de otros...”, señala el documento.

En la reunión de Chile hubo un intenso debate sobre los efectos de reportajes o denuncias de prensa con ribetes de escándalo en determinados casos de corrupción. En este punto se habló del carácter inevitable de este fenómeno así como ciertos efectos positivos, en la medida que pudieran servir de disuasivo o para crear conciencia pública; al mismo tiempo se expresaron serias reservas, por la falta de rigor en las investigaciones y por la posibilidad de que tales escándalos oculten el “resto del iceberg” o contribuyan a desviar la atención sobre problemas de fondo.

Pese a los reparos, hubo un acuerdo general en que la libertad de prensa es vital para la transparencia y la lucha contra la corrupción y que se debe dar prioridad a la defensa de los derechos y libertades de los periodistas. Asimismo, los representantes de los países del continente consignaron la necesidad de promover el pluralismo en los medios de comunicación y la independencia y profesionalismo de la línea editorial con respecto a los intereses de sus propietarios.

Otro aspecto que se abordó en el encuentro fue el rol de los actores económicos privados. “El mundo empresarial privado es visto, por lo general, como parte del problema y, a la vez, como parte de la solución”, se indica en la memoria.

Por un lado, el sector privado puede actuar como copartícipe de actos de corrupción (soborno, tráfico de influencias, negociaciones irregulares o el uso abusivo de información privilegiada). Por el otro, a menudo tiene un interés activo en promover normas de transparencia y equidad que permitan reglas del juego parejas para todos, así como sistemas eficientes de resolución de conflictos.

Estos temas se vinculan con la tendencia de enfatizar la responsabilidad social de las empresas. Por eso, durante la reunión, uno de los puntos de mayor consenso tuvo que ver con la idea de no restringir la discusión sobre mecanismos de transparencia y anticorrupción al ámbito de los actores públicos, y de reconocer la injerencia y el efecto que tienen en este campo los actores privados.

En el encuentro de 2004, los representantes de más de una decena de países (por el Ecuador fue Valeria Merino, ex directora de la desaparecida Corporación Latinoamericana de Desarrollo -CLD-) también realizaron una evaluación crítica sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

La mayoría de participantes consideró que en la región existe una corriente emergente o en formación en estas materias y realizó varias observaciones. Entre ellas, que el tema aún está confinado, en buena medida, a las élites políticas o de la sociedad civil. Por ejemplo, en el campo del acceso a la información no se ha configurado en la región una preocupación y movilización ciudadana más masiva, como ha sucedido en países de Europa central y oriental.

También se observó una insuficiente articulación o comunicación entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el mismo país y una gran competencia entre ellas por conseguir recursos y tener figuración pública.

De cara al futuro, en el encuentro de Chile se fijó una agenda con varios puntos. “El trabajo pro transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción debe sustentarse en una comprensión conceptual no tanto legalista o moralista, sino socio-política del tema”, se indica en la memoria final.
Otro punto señala que es necesaria una acción concertada, integral, que incluya al Estado, sociedad civil (en esta categoría entra también el privado empresarial) y la opinión pública.

Los participantes en el encuentro estuvieron de acuerdo en que no se debería pensar en una sola agenda regional, aunque existen ciertos temas que trascienden determinado país. Tampoco correspondería pensar en una “solución definitiva” al problema de la corrupción, sino entender que un objetivo realista consistiría en disminuirla en la mayor medida posible y en desarrollar una capacidad de reacción frente a ella. Todo esto, en el entendido de que siempre existirá un núcleo de corrupción a combatir.

En todo caso, la década de 1990 y el inicio de este siglo quedarán marcados como los años en que los movimientos ciudadanos del Ecuador y de la región se organizaron para no permitir que continúe la impunidad.