El 15 de mayo de 2006, el entonces ministro de Energía, Iván Rodríguez, como juez de la causa, declaró la caducidad del contrato entre el Estado y la empresa petrolera estadounidense Occidental (Oxy). La resolución se produjo como la culminación de un prolongado proceso, en el cual se cumplieron las formalidades previstas por las leyes para la sustanciación del caso. Antes de que se tomara la decisión, la empresa había propuesto una transacción, posibilidad que, según el procurador del Estado, José María Borja, se hallaba autorizada por las normas jurídicas vigentes; sin embargo, Petroecuador rechazó, la negociación propuesta por la Oxy, “por ser contraria a la ley”.