Ley
de transparencia: dos años que
terminan en un saco roto
Por
iniciativa de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), el Congreso
aprobó un cuerpo legal que obliga a las instituciones del Estado a entregar información
al público en general y a publicarla en la red. Tras dos años, solo 2% cumple ese
mandatos
 La iniciativa para transparentar la entrega de información tuvo
que pasar vericuetos para ser ley. Tras dos años de debate, en mayo de 2004, el Congreso
aprobó ese instrumento que consagra el derecho de los ciudadanos a acceder a los datos
del sector público. Una vez aprobada, se intentó torpedearla al demorar la expedición
del reglamento y querer incorporar en el ámbito de la reserva aspectos ajenos a la
seguridad nacional |
Por Sandra Cruz y Nadia Cadena
Sección Actualidad
La
iniciativa que buscaba facilitar y transparentar el manejo de la información pública, al
parecer, solo quedó en una aspiración. A dos años de aprobada la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip), pocas son las instituciones que cumplen
con la entrega de datos.
El 18 de mayo pasado, a los dos años de ponerse en vigencia la ley, la Corporación
Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) entregó el resultado de un muestreo que
concluía que solo el 2% de entidades cumplía con el art. 7 de la norma legal, que
dispone que todas las instituciones del Estado difundirán a través de una página web su
base legal, remuneraciones, viáticos, auditorías, contratos, créditos externos, etc.
Por otro lado, y aunque la Lotaip es un instrumento que obliga a entregar información
pública a todo ciudadano, ni siquiera la prensa puede acceder a ella, y, si es así, esta
llega con retraso.
La propia Defensoría del Pueblo es presa de eso, a pesar de que -según la misma Ley- es
responsable de velar por su cumplimiento.
Este Diario pidió a ese organismo estadísticas globales y datos sobre las instituciones
a las que se les había dado un plazo de 15 días (desde el 3 de abril al 18 de abril)
para que cumplan con el art. 7.
Las
gestiones se hicieron desde el pasado martes en la Dirección de Acceso a la Información.
La jefa de esa dependencia, Carmen Rodríguez, en primera instancia, llamó a la reportera
para el miércoles y luego al jueves en la tarde, para al final convocarle para el lunes a
las 11:00. Se alegó que se tenía muchas ocupaciones. Así, datos oficiales y
actualizados sobre el cumplimiento de la ley siguen siendo un misterio.
La Clínica de los DDHH de la Universidad Católica presentó un informe a mediados de
mayo de 2005 sobre un estudio exploratorio (del 19 a 21 de abril) entre varias entidades
del Estado, que determinó que solo el 14% de las solicitudes de acceso a información
tuvieron una respuesta efectiva.
La ausencia de funcionarios, en la transición de Gobierno, provocó
“traspapeleo”; ese fue uno de los argumentos que se usó para no dar la
información.
Un informe de BLANCO Y NEGRO del 6 de agosto de 2005 recogió datos estadísticos de la
Defensoría (a esa fecha): en un año, apenas 25 quejas habían llegado a ese organismo
por la negativa de burócratas a entregar información. Diecinueve fueron tramitadas y
tuvieron resultado positivo: 15 fueron atendidas dentro de los 10 días del término
previsto en la Lotaip; cuatro, en los cinco días de prórroga legalmente establecidos, y
cinco estaban en curso. Mientras, en la única negativa se había iniciado el trámite
para castigar con la sanción, que llega hasta la destitución que prevé la ley.
La falta de recursos es otro argumento a favor del limitado control. Solo hace un año se
instaló una computadora para hacer el seguimiento. En dos años, la Defensoría solo ha
convocado a un seminario a escala nacional (16 de mayo) para instituciones públicas y
privadas.
René Mouge, adjunto primero del defensor, comentó que se exhorta a la capacitación y a
establecer responsables.
La Defensoría remitió oficios a los “incumplidores” (solo 11 cumplen
cabalmente) donde se les daba 15 días para que presenten excepciones y acaten el art. 7;
caso contrario serían sometidos a sumarios administrativos, previo a la imposición de
correctivos previstos en el art. 13 de la Lotaip: sanciones pecuniarias (tres meses de
sueldos), suspensión o destitución del cargo.
Solo las FFAA se hicieron eco de ese anuncio y aclararon que en su página web hay
información necesaria. El Congreso, que aprobó la ley, Andinatel y otros organismos
cumplen parcialmente, pues al intentar acceder se pide al usuario un password. En la web
legislativa, no hay datos de viáticos, sueldos, etc...
CRONOLOGÍA
El 30
de septiembre de 2002, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep)
presenta al presidente Gustavo Noboa el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la
Información.
El 31
de enero de 2003, con aval de la Aedep, diputados de varias bancadas presentan el proyecto
en el Congreso.
El
Ministerio de Defensa pide que la definición de información de acceso restringido se
cambie por el concepto de reservado.
El
1.º de junio de 2003, la Comisión de Gestión Pública emite informe para primer debate.
El 11 de julio, la Asociación de Radio y Televisión apoya el proyecto. El 14 de julio se
da trámite.
El
Instituto Interamericano de Investigaciones Sociales exhorta al presidente del Congreso,
Guillermo Landázuri (ID), incluir el tema en la agenda parlamentaria.
El 2
de marzo de 2004 se entrega informe para segundo debate. Del 14 de marzo al 4 de mayo se
discute y aprueba la ley. El 18 fue al Registro Oficial.
El
gutierrismo demoró en expedir el reglamento y cuando lo hizo se objetó, pues amplió el
marco de la reserva a propiedad intelectual, sigilo bancario, comercial, industrial, etc.
El 28
de mayo de 2005, Alfredo Palacio presenta la Reforma al Reglamento que va al Registro
Oficial el 7 de junio de 2005.
"Los
periodistas confían en sus propias fuentes"
Para el periodista de investigación y editor regional de diario Expreso, Juan Carlos
Calderón, los periodistas usan muy poco la Ley de Acceso a la Información, debido a que
aún confían en el manejo de sus propias fuentes.
Sin embargo, señala que todavía pesa mucho la cultura del ocultamiento de la
información a todo nivel en el país.
“Los burócratas se creen dueños de la información y esto hace que la petición de
los datos sea bien especificada en los términos que dice la burocracia”, señala.
Destaca el funcionamiento de las páginas web, aunque cree que debería existir una mayor
auditoría sobre su uso.
"Es
ineficaz, pues en el país no se respeta la ley"
El balance del ex superintendente de Bancos Juan Falconí Puig es simple. Para él, la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información, a pesar de que tiene una doctrina jurídica
específica, resulta un instrumento ineficaz debido a que no se respeta y no se cumplen
las normas en el país.
“Invocamos y reclamamos la información, pero resulta muy complicado obtenerla”,
señala.
Según Falconí, en estos dos años no se cumplieron los objetivos de la Ley. Por eso
considera que a quienes tienen en sus manos la información, en el sector público, se les
debe instruir para que respeten la Ley: “Solo así sería eficaz”.
"Sin
un mecanismo de acceso, la ley no sirve"
Para Fausto Kubli, profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de México (Unam), el
acceso a la información es una extensión del derecho humano de la libertad de
expresión. Kubli manifiesta que toda esa información debe ser pública y debe estar
garantizada por el Estado. Aunq ue aclara que el acceso a la
información es algo novedoso, pues “nos acostumbramos a no tener acceso a esos
datos”.
Por otro lado, dice que es necesario crear un mecanismo jurídico que tenga la
instrumentación para el acceso a la información o la Ley quedará en un buen deseo y no
habrá satisfacción de ese derecho”.
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