El 19 de mayo pasado, Rafael Correa, ministro de Economía, compareció ante el Congreso Nacional para dar a conocer las reformas que plantea para la Ley de Responsabilidad,Estabilización y Transparencia Fiscal

El Gobierno de Alfredo Palacio nació de la reacción de la población urbana, sobre todo de Quito, en contra del descalabro y manoseo político de las instituciones del Estado. La ascensión del nuevo régimen generó expectativas en términos positivos. En general, los planteamientos del nuevo ministro de Economía, Rafael Correa, son los que mayor interés han creado, pero también mayor incertidumbre.
El analista y ex gerente del Banco Central en Cuenca, Carlos Cordero, se pregunta si es la responsabilidad de un gobierno de transición el hacer cambios en el esquema económico, que ha logrado mantenerse estable durante cuatro años. Sin embargo, Betty Tola, líder de Pachakutik y miembro de Mujeres por la Vida y del Foro Urbano, considera que no es posible pensar en la estabilidad política y en el refuerzo de las instituciones sin revisar el esquema económico, en el que hay que poner como prioridad el desarrollo del potencial humano, la activación de la producción y la generación de empleos.
Para Tola, la reorientación del Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep) debe ir acompañada de una Ley de Responsabilidad Social, para controlar el destino de los porcentajes destinados a educación, salud y reactivación económica. También, Cordero anota la falta de planificación de las inversiones provenientes del Feirep, y apunta a que la expectativa puesta en el Fondo es injustificada e incluso pueda resultar inflacionaria.
Las pocas alusiones a la economía que aparecieron en los eslogans de rechazo al Gobierno de Gutiérrez fueron relativas al Tratado de Libre Comercio (TLC). Primero, el nuevo Gobierno se distanció del TLC y luego habló de preferir las relaciones sur-sur. Así responde de una manera vaga a las exigencias del heterogéneo grupo de los 'forajidos' y esquiva la improbabilidad de que el TLC pase por una Consulta Popular.
En el campo de las instituciones, el poder llamado a hacer los cambios exigidos a través de la revuelta es el Legislativo. El Gobierno ha dicho que presionará para conseguirlos, pero ha propuesto mesas de diálogo y una Consulta Popular para renovar el sistema político. Sin embargo, en este ámbito, el deseo de una transformación más profunda surge de la periferia, que no participó en el derrocamiento. En provincias, en especial en Guayas, pero también en las del Austro, se habla ahora con mayor intensidad de las autonomías. (SK)

MÁS DATOS

ESTABILIDAD

Betty Tola, líder de Pachakutik y miembro de Mujeres por la Vida y del Foro Urbano, considera que se debe revisar el esquema económico.

GOBERNABILIDAD

En el campo de las instituciones, el poder llamado a hacer los cambios exigidos a través de la revuelta de los 'forajidos' es el Legislativo.

DOLARIZACIÓN

Para Jorge Roca, miembro de la Cámara de Industrias de Cuenca, "la dolarización se sostiene solo gracias a los altos precios del petróleo"

Autonomías, una salida a la crisis

Para el ex presidente del Congreso José Cordero una única salida al impasse político son las autonomías: "La reflexión que debemos hacernos es sobre un desmantelamiento del presidencialismo, para sustituirlo por otra forma de administración, en la que se privilegie el régimen de los gobiernos seccionales autónomos, donde subsista un jefe de Estado con un Consejo de Gobierno encargado de las grandes políticas.

¿Debe ser una autonomía como plantea el alcalde Nebot?
No necesariamente. Cada provincia debe hacer el análisis de sus ventajas comparativas y privilegiar aquellas áreas en las que puede lograr un desarrollo armónico, empleo, altos niveles de educación y óptima prestación de servicios públicos.

¿No existe otra salida?
Yo no veo cómo podamos seguir siendo 'menores de edad', que no podamos administrarnos nosotros mismos. (RMT)

OPINIONES

'El país necesita recuperar la institucionalidad'

Todos los días, diario, HOY publica una columna de pendientes, con la cantidad de días transcurridos sin que se haya designado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al contralor ni al defensor del pueblo.
Según el ex vocal del Tribunal Constitucional, Enrique Herrería, al atraso en el nombramiento de dignatarios de las principales instituciones se suma la falta de respuestas a las demandas presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por quienes formaron parte de la CSJ destituida en diciembre de 2004 y por los ex miembros del Tribunal Constitucional (TC). Tarde o temprano, estas demandas deberán ser resueltas por la CIDH y esta resolución será de cumplimiento obligatorio.
Coincide Vladimiro Álvarez, ex ministro de Gobierno, en que el mayor desafío para el Gobierno actual es recuperar la institucionalidad, despedazada por Lucio Gutiérrez y su mayoría parlamentaria.
Para el ex ministro de Trabajo, Roberto Gómez, es primordial que "los 'forajidos' estén alertas para que estas instituciones menoscabadas cumplan su papel en su ámbito".
Para el jurista Luis Antonio Arzube, el irrespeto a las instituciones no es generalizado sino fruto del incumplimiento por parte de quienes deben elegir a dignatarios. (AM)