Los directivos de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos (Aedep), Carlos Pérez Barriga y Pedro Valverde, el 14 de julio de 2004, entregaron en Carondelet el proyecto de reglamento.

Ni los 23 meses que ocuparon los diputados para aprobar la Ley Orgánica de Acceso a la Información (junio de 2002 a mayo de 2004) ni los ocho meses adicionales (mayo de 2004 a enero de 2005) que requirió el ex presidente Gutiérrez para aprobar el reglamento han sido suficientes para que se aprecie la importancia de este cuerpo legal.
A poco más de un año de su vigencia, la mayoría de los los ministerios, los organismos de control y de justicia, las secretarías adscritas al Gobierno central, los organismos seccionales, las personas jurídicas, las organizaciones de trabajadores, de servidores del Estado, las ONG y todas aquellas que en cualquiera de sus modalidades sean concesionarias de información en la que participe el Estado han incumplido el mandato de hacer pública la información.
Sin embargo, más allá de ello, falta promoción y, en consecuencia, conocimiento por parte de la ciudadanía, de las ventajas que trae este cuerpo legal. Los esfuerzos hechos para promocionar su trasfondo (transparentar el manejo de los recursos públicos y garantizar un proceso de rendición de cuentas por parte de las autoridades) han sido aislados. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que por mandato legal debiera difundir la Ley, no ha cumplido con este objetivo por falta de dinero.
Otro aporte ha sido el de la Coalición Acceso, un grupo de ONG nacionales que buscan difundir este mandato, para lo cual ha editado informes electrónicos, libros y material de capacitación. Iniciativas similares se han dado sobre todo en varias universidades del país (pese a que es un derecho y como tal debiera dárselo a conocer desde las escuelas), donde se ha insistido en que esto no solo beneficia a los medios de comunicación (radio, prensa y televisión) sino a la ciudadanía en su conjunto.
La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) también ha contribuido. Más allá de informar sobre los debates, las posiciones políticas, los problemas alrededor de la aprobación de los 23 artículos, las seis disposiciones transitorias y la final, explicó el alcance de este cuerpo legal y, de manera independiente, periódicos como HOY, publicaron su contenido total, luego de que el Congreso terminó con su aprobación.
Además, los periódicos fueron los que denunciaron el problema que trajo consigo el reglamento (ver nota de abajo) y la necesidad de reformarlo con urgencia.
Carlos Pérez Barriga, presidente de la Aedep, el 8 de mayo de 2004, en una entrevista con este Diario, explicaba que esa ley interesaba a la Asociación, para "tener una información clara y veraz, con el fin de orientar mejor a la ciudadanía". Y a renglón seguido explicó que esta no es solo para los medios de comunicación, sino para la población en general: "Los ciudadanos deben conocer que con esta ley tienen la posibilidad de fiscalizar el destino de los recursos de su comunidad. Saber que si alguien se resiste a entregarle la información que requiere, puede acudir a instancias administrativas y judiciales que respaldarán su pedido y hará que se cumpla".
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jack Fuller, en un diálogo con este periódico, publicado el 9 de agosto de 2004, agregaba a estas reflexiones que el documento "es el antídoto más importante contra la impunidad, y funciona mejor cuando la gente la acepta para su convivencia".
Justamente, en la ley se establece que el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado y que busca, entre otros, (art. 2) "permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos, garantizar la protección de la información personal en poder del sector público y privado, la democratización de la sociedad y la plena vigencia del estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la información pública, y facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y su fiscalización". (SL)

MÁS DATOS

CUMPLIMIENTO

Al 30 de marzo de 2005, según Coalición Acceso, solo el SRI, el Municipio de Cotacachi y las superintendencia de Bancos y Telecomunicaciones tenían web completas.

MANDATO

Las web deben contener: estructura, directorio, remuneraciones, servicios, contratos colectivos, presupuestos, resultados de auditorías, planes, rendición de cuentas, etc.

IMPORTANCIA

Esta ley no es solo para los medios de comunicación y los periodistas, sino para los ciudadanos en general que quieran conocer sobre el manejo del estado y sus recursos.

LA FECHA

El 4 de mayo de 2004, el Pleno del Congreso concluyó con la aprobación de este cuerpo legal, luego de 23 meses de debate y entrampamiento. La Aedep la impulsó.

La prensa

La libertad de expresión, cuatro meses difíciles

Paco Velasco, el 30 de mayo en rueda de prensa

Para definir las condiciones del trabajo periodístico en el país solo es necesario hacer un recuento de los hechos sucedidos entre diciembre de 2004 y abril de 2005, en el ocaso del gutierrismo.
En esos cuatro meses se registraron una serie de denuncias y amenazas no solo a la libertad de expresión, sino a la integridad física de varios comunicadores, lo cual activó las alarmas de los organismos de Derechos Humanos del Ecuador y del continente, y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Este último organismo, al término de su cita de Panamá, de marzo anterior, hizo un llamado para que las autoridades garantizaran el libre ejercicio profesional.
Frente a estos hechos, la Fiscalía abrió investigaciones, que todavía no arrojan resultados, sobre las amenazas de muerte a Miguel Rivadeneira, de radio Quito; Kintto Lucas, del periódico Tintají; Paco Velasco, de radio La Luna; y Marco Pérez, de radio Tarqui (la lista es más larga y también incluye a periodistas de televisión y de prensa escrita, así como amenazas de bombas en medios de comunicación).
Gustavo Larrea, director regional de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), considera que los funcionarios del régimen anterior impidieron el trabajo periodístico, porque no entendieron el papael que juegan los medios de comunicación en democracia: "Mantener independencia absoluta con el Gobierno y tener la capacidad de crítica para señalar lo que consideran equivocado".
Según Larrea, los cuestionamientos que hacía la prensa llevó a intentar coartar la libertad de expresión con mecanismos como la 'ley mordaza' o la 'lista negra' (elaborado a inicios de ese Gobierno por Alejandro Nájera). (GC-SL)

Se rompe el candado del Reglamento

El 12 de enero de 2005, el ex presidente Gutiérrez, con Decreto Ejecutivo n.º 2471, dictó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información, que creó trabas al cuerpo legal.
Pese a que la Ley dice que se mantendrá en reserva únicamente los documentos calificados como tal por el Consejo de Seguridad, las informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes vigentes y las relativos a la seguridad nacional (planes y órdenes de defensa militar, movilización, operaciones especiales, ubicación de material bélico, fondos usados para defensa), el anterior Gobierno extendió esta lista e incluyó a la información comercial o financiera (sigilo bancario, comercial e industrial, entre otras), la relacionada con la administración de justicia y tributaria y aquella sobre el cumplimiento de los deberes del Estado.
El presidente Alfredo Palacio, a días de posesionarse, ofreció reformar este reglamento, y cumplió su palabra el 31 de mayo.
En el decreto correspondiente reformó los artículos 4 y 9, con lo cual se reafirma el derecho ciudadano de acceder a la información que necesite.
Sin embargo, todavía está pendiente que los organismos creen sus páginas web con la información necesaria, pese al pedido que hiciera el régimen a los organismos adscritos a la Presidencia. (SL-GC)