|
|
 COLOQUIO
"Propuestas para los retos que afronta el IESS" |
|
TRANSCRIPCION
DE LA INTERVENCION DE ABELARDO PACHANO |
"La vejez es tiempo de pobreza". Este
fue el lema del canciller Bismarck en 1880 para establecer en Alemania el primer sistema
de Seguridad Social con la modalidad de fondos de reparto. La vejez es tiempo de pobreza,
año 2004: es una lacerante realidad en nuestro querido Ecuador.
Pero desapareció en Alemania, desapareció en Europa. Se corrigieron los problemas,
mientras en América Latina y precisamente en el caso ecuatoriano ahí siguen tan vigentes
esos dolorosos indicadores de la inequidad nacional.
Cuando uno mira en perspectiva cuántos pobres hay en Ecuador - y pobres de
solemnidad- siente un escalofrío por la cantidad de conciudadanos que viven con menos de
$1 al día. Son nada más y nada menos que 2,5 millones de ecuatorianos que no gritan, que
no se toman las calles, que no cierran las carreteras y que apenas sobreviven con una
alimentación extremadamente precaria que no les da ni siquiera vitalidad biológica para
poder defenderse.
Estamos hoy discutiendo un tema que concierne a 241 000 jubilados ecuatorianos y creo que
la discusión no va por el camino de plantear si tienen derecho o no al incremento. Yo
creo que la discusión va si se puede atender o no esa petición.
Si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Y, si estamos dispuestos a hacerlo, cuáles
deben ser las condiciones para poder atender esos requerimientos.
Uno de los fundamentos de los sistemas de Seguridad Social de reparto -y fundamento vital
para que puedan funcionar- es contar con unas finanzas públicas vigorosas, saludables,
estructuradas con la participación de todos los componentes de la sociedad.
En Europa, el 14% del PIB se gasta en pensiones jubilares. En Europa, los países de la
comunidad gastan en pensiones más de lo que todos los ecuatorianos pagamos impuestos para
que funcione el Estado ecuatoriano.
Claro: así sí funciona el sistema de seguridad porque los fondos de pensiones, bajo la
modalidad de reparto, son fondos desfinanciados; son fondos que tienen los famosos
déficit actuariales.
En esta noche, yo no he escuchado a nadie por lo menos dudar de la existencia de un
déficit actuarial. Lo hay, lo sabemos. ¿Cuál es el monto de este déficit es lo que
discutimos los ecuatorianos? ¿Es grande, es manejable, el Estado está en capacidad de
atenderlo? ¿Con el aumento de pensiones vamos a poder seguir funcionando adecuadamente o
tenderemos que recurrir a nuevos mecanismos de financiamiento?
¿Que a nuestros jubilados les debemos dar $135 por mes, como pensión mínima? Sí, de
acuerdo. Pero, ¿en dónde está la solidaridad ecuatoriana para atenderlos?
Porque no existe dinero que brote como los conejos de los sombreros de los magos.
Hay que encontrar los recursos y en eso la sociedad tiene que ser seria y tiene
que ser responsable. De tal manera que tengamos muy clarito los ecuatorianos que
mientras las finanzas públicas no sean solventes, no estén sólidamente estructuradas y
no exista una convicción nacional de que los sistemas de pensiones merecen alta prioridad
y una solidaridad de conjunto, nosotros no podemos seguir confiando en un sistema de esta
naturaleza.
Porque, ¿cuál es el mensaje que recibe la juventud ecuatoriana al ver toda esta
discusión en torno a lo que piden nuestros jubilados? Lo que se evidencia en la actual
discusión en la colectividad el IESS está quebrado, el IESS no funciona.
¿Acaso yo voy a ser partícipe de un sistema que cuando sea viejo y no tenga fuerzas, me
diga lo mismo que le dijeron a mi abuelo: que no hay dinero para pagarle, que se llevaron
las generaciones pasadas? ¿O mejor me escapo del sistema y busco una solución de
carácter particular?
¿Por qué las Fuerzas Armadas tienen un sistema de pensiones separado?
La universalidad del sistema de pensiones del que habla la Constitución no es real. ¿Por
qué la Policía Nacional tiene otro? ¿Por qué la UNE tiene un fondo de jubilación
fuera del sistema?
Porque no confían en el sistema, porque saben lo que les puede pasar; porque saben que
los que estamos adentro somos obligados a ello, no porque queramos y por eso es el alto
índice de evasiones en los aportes.
Aquí hay que tener una policía para que se mantenga el sistema, hay que luchar para que
se mantenga y, sin embargo, cada día hay menos afiliados. Antes había un millón 300 mil
afiliados; ahora hay un millón 180 mil afiliados. Lo más grave es que la pirámide
poblacional empieza a invertirse. Antes, había más niños, un poquito menos jóvenes, un
poquito menos personas maduras y así la pirámide terminaba en los viejitos del país.
Hoy día, la pirámide se ha invertido: hay menos niños, un poquito más de jóvenes, un
poquito más de personas maduras. Esa pirámide empieza a tener unas protuberancias;
cuando más aumenta el grupo de quienes deben ser sostenidos por el sistema, se va a
volver inviable al concepto de solidaridad en el Ecuador, con gravísimas secuelas. Peores
de las que estamos viviendo ahora.
De tal manera que aquí tenemos no un problema coyuntural; aquí tenemos un problema
estructural. Hay una mala concepción de seguridad social. Yo creo en la solidaridad,
apoyo y apelo a que el Estado sea solidario. Pero no creo en los fondos de reparto porque
terminan siendo los grandes atractivos para decisiones políticas de solución
momentánea, y eso sucede no solo en Ecuador sino en todo el mundo.
Se dice que los fondos de la Seguridad Social son privados. Yo pregunto ¿cuánto es mío,
cuánto es de cada uno de nosotros? Y nadie lo sabe porque, como todo está mezclado,
cualquiera puede disponer del recurso porque no sé que están tomando lo mío. No hay un
derecho de propiedad perfectamente definido.
De tal manera que yo, de principio, tengo que señalar que si queremos trabajar
de fondo en la solución del tema de la seguridad social en Ecuador tenemos que volver a
discutir los principios en los que está establecida la Ley del año 2001. Ley que, por
supuesto, tiene avances notables, pero que el momento de
concretar la definición de qué tipo de sistema queríamos, el Congreso se empantanó y
nos puso una estructura que es absolutamente impracticable. Es un sistema monopólico, en
donde ninguno de nosotros puede escoger quién le maneja los fondos, porque la formación
de las empresas administradoras está hecha sobre unas bases financieras absolutamente
inviables: dadas las condiciones financieras y las características de los
administradores, eso no tiene ninguna posibilidad de ejecución. De tal manera que estamos
en manos del IESS y de la buena voluntad de que la administración del IESS haga las cosas
bien.
No es un sistema transparente y tan no es transparente que yo no sé cuál es la
composición de las inversiones del IESS. Yo no sé cuál es la morosidad de los
préstamos quirografarios del IESS. Yo no sé cuáles son las disponibilidades que tiene
el IESS.
En definitiva, ninguno de nosotros conoce un balance del IESS porque la Seguridad Social,
manejando recursos de terceros y de generaciones, requiere publicar todas sus
informaciones y de una regulación estatal sumamente rigurosa.
Y no tenemos ninguna de esas cosas: ni publicamos lo que tenemos en Seguridad Social, ni
tenemos una regulación que nos asegure que las inversiones del ahorro de los afiliados se
estén colocando de la mejor forma.
Yo creo, inclusive, que esos convenios con los municipios del país son el principio de
una mala inversión porque no tienen un sentido de diversificación de un portafolio en
donde el riesgo esté absolutamente calculado.
De tal manera que, si queremos dar una solución, abordemos el problema de frente y
digamos cuánto queremos como ciudadanos del Estado aportar para que el fondo sea un fondo
solidario. Pero digámoslo: ¿cuánto es lo que tiene que aportar el Estado? ¿Han
escuchado ustedes esta noche la cifra? ¿Cuánto es el 40% de aporte del Estado a las
pensiones a lo largo de la vida de los jubilados? Nadie sabe cuál es ese monto porque
depende de cuántos jubilados se incorporen y depende de cuáles sean las decisiones sobre
las pensiones, y con ese 40% se está apoyando a jubilados que no requieren el aporte del
Estado porque tienen pensiones muy superiores a los $135. Sin embargo, el Estado pone el
40%, mientras hay 2,5 millones de ecuatorianos que viven con $1. ¿Dónde está la
solidaridad, dónde está la prioridad?
El cambio del sistema debe tener tres grandes características:
1. Liquidar el sistema actual con un bono de reconocimiento: tanto tiene cada uno.
2. Abrir la puertas de capitalización; y,
3. El Estado deberá decir: "yo garantizo una pensión mínima digna de tal valor y
pongo tanto de dinero". Solo así no nos van a tocar el dinero a nadie y ahí vamos a
hacer que los jóvenes inviertan en el Ecuador, que tengamos un fondo de largo plazo.
Mientras sea un fondo general, esos dineros seguirán siendo recursos del Estado, recursos
públicos y no recursos privados como creemos que deben ser los fondos de la Seguridad
Social.
Veamos el problema inmediato: cuando uno empieza a buscar información de la
Seguridad Social, con el aumento de pensiones aprobado por el Congreso y vetado por el
Gobierno, con un mínimo de $135 el monto total de pagos anuales del IESS a los jubilados
sería $570 millones anuales, que es la cifra se ha calculado.
Pero, ojo: hay 277 000 aportantes al seguro con más de 50 años de edad que, de acuerdo
con esta Ley, se pueden jubilar a los 55 años. Es decir a los 241 000 jubilados hay que
sumar 277 000 en un período no mayor a cinco años.
Eso quiere decir que el monto de pensiones, en un lapso de cinco años, va sobre el
billón de dólares: mil millones de dólares. Y las necesidades del Estado solo por el
40% que debe financiar superan los $400 millones más el déficit actuarial. ¿A cuánto
asciende el déficit actuarial? ¿Mil, dos mil millones, tres mil millones?
Con esta decisión todavía lo no sabemos. ¿Por qué? Porque hay el problema adicional de
que construimos un sistema de Seguridad Social cuando la esperanza de vida promedio era de
50 años pero, para fortuna nuestra, la esperanza de vida es ahora de 75 años. Entonces,
si yo me jubilo a los 55 años, tengo 20 años de supervivencia; sin embargo los cálculos
actuariales estuvieron hechos para apenas cuatro o cinco años de supervivencia.
Aquí quiero hacer un cálculo facilito, para podernos dar cuenta de la dimensión
del problema: ¿cuánto aportan hoy día las empleadas domésticas y los artesanos?
Hoy es $42 es el salario sobre el que se aporta, el cual da un aporte para los tres fondos
de $9 mensuales, un poquito más del 17% va para pensiones. Digamos que $6 mensuales de
las empleadas domésticas y de los artesanos van al fondo de pensiones. Si a ellos les
vamos a jubilar con $42, ellos necesitan por cada mes de jubilación siete meses de
aporte. Si sobreviven 20 años, necesitan 140 años de aporte. Absurdo.
Necesitamos un Estado con una estructura financiera poderosísima para que pueda mantener
a estos trabajadores con la pensión mínima de servicio doméstico y artesanos.
Por trabajador general se está aportando en promedio sobre $200, eso da más o menos $35
de aportes mensuales. Si va a recibir $135 es un poco más de tres meses por cada mes de
jubilación. Si en este caso sobrevivo 20 años, necesito trabajar 60 años. Imposible.
No hay manera de resolver el problema en estas condiciones. Además parto del
supuesto de van por ahí las utilidades y los intereses que uno gana y los costos de la
Seguridad Social, pero me estoy olvidando del gravísimo problema de salud porque el fondo
de salud está más desfinanciado aún que fondo de pensiones.
Quiero reiterar mi posición: si queremos darles a los jubilados $135 o ponemos impuestos
o eliminamos subsidios o hacemos cualquier cosa, pero tenemos que dar los recursos para
que se los pueda atender. Sin embargo esto es una aspirina al sistema de fondo del IESS.
Si no vamos a un sistema en donde los que tienen recursos puedan capitalizarlos y tengan
un incentivo y a los que no tienen el Estado les apoye y con eso focalizamos el concepto
de solidaridad nuevamente, en poquísimo tiempo, estaremos hablando no de un
problema la dimensión que tiene el actual reclamo del los jubilados, sino de un problema
muchísimo más grave y de unas consecuencias sociales mucho más dramáticas. |
|
|
|
|
