La capacidad de un sistema político para promover acuerdos democráticos
depende de la bondad de las instituciones y los incentivos que
estas ofrezcan, y de la conducta de los actores políticos y la ciudadanía

En el cuarto de siglo transcurrido, la democracia ha hecho importantes aportes al desarrollo nacional, en parte gracias al petróleo. El analfabetismo fue reducido, disminuyó la mortalidad, aumentó la esperanza de vida, se extendió la cobertura de los servicios públicos, el pueblo indígena recuperó su identidad, progresaron las ciudades y fue resuelto el atávico problema territorial.

En cambio, fracasó en su misión de desarrollar el Ecuador. El crecimiento económico fue apenas superior al de la población, los niveles de pobreza continuaron altos, se deterioró la calidad de los servicios de educación y salud, se mantuvo la injusta distribución de la riqueza y el país se estancó con respecto a otros de América Latina. En estos resultados negativos influyeron pérdidas económicas causadas por catástrofes, caídas de las exportaciones, crisis internacionales, guerras, sequías y plagas. Hechos que deben ponderarse porque sus efectos fueron ocasionales y transitorios y porque hubo años de altos precios del petróleo y el conflicto fronterizo fue resuelto en 1998.

En cambio los problemas de gobernabilidad de la democracia ecuatoriana, por ser estructurales, han conspirado contra todos los gobiernos. A ellos se debe el fracaso de costosos programas de estabilización económica, la interrupción de promisorios procesos de crecimiento, el desperdicio de oportunidades económicas externas, la deficiente respuesta a crisis internacionales, el empeoramiento de la equidad social y el atraso y frustración en los que el país se ha debatido durante 25 años.

Fragmentación política

Ilustra la extrema fragmentación del sistema de partidos el hecho de que, de diez presidentes del Ecuador, solo dos han pertenecido a la misma organización política (DP).
Debilidad que no ha podido corregirse en razón de que partidos en vías de extinción han manipulado en el Congreso y en el TSE las normas que los inhabilitaban, y de que los propios ciudadanos han incentivado la fragmentación política con la dispersión de sus votos en los comicios. A lo que ha contribuido la generalizada defensa de minorías no representativas, olvidando que las democracias exitosas se asientan en sólidos partidos mayoritarios. Por estos motivos no produjeron efectos las reformas constitucionales y legales con las que se buscó promover un sistema de partidos que garantice la estabilidad política, propicie la continuidad económica, otorgue seguridad jurídica y lidere la democracia ecuatoriana, requisitos sin los cuales no es posible el progreso socioeconómico. Tampoco fue posible que los gobiernos contaran con una mayoría legislativa que respaldara sus iniciativas y moderase la desestabilizadora oposición que sufrieron en el Congreso Nacional.

Conflictividad

La democracia es un sistema político en el que el diálogo y la negociación permiten acercar posiciones, convenir acuerdos, facilitar decisiones e impulsar iniciativas de interés nacional, consensos indispensables en un país políticamente fragmentado como el Ecuador. La capacidad de un sistema político para promoverlos no sólo depende de la bondad de las instituciones y de los incentivos que ofrezcan, sino también de la forma en que actúan los actores políticos. Líderes dogmáticos y apasionados, empecinados en imponer sus posiciones, reacios a valorar el punto de vista del adversario y proclives a la violencia verbal, cierran las puertas al diálogo político constructivo. Varias son las consecuencias de estas conductas. No fue posible la formación de alianzas perdurables y la adopción de políticas de Estado. Quienes pretendían acceder al poder realizaron una oposición intransigente y desleal, sin tener en cuenta que el progreso del país dependía del éxito del gobierno. En el debate sobre los asuntos públicos, no se buscó esclarecerlos, a través de un intercambio razonado de puntos de vista, sino descalificar al adversario mediante ataques personales. Todos los presidentes, con una excepción, entregaron a su sucesor la economía desestabilizada, y uno llegó a tomar decisiones con el deliberado propósito de agravar su condición crítica.

Ilegalidad

Gobiernos, congresos, partidos, organizaciones sociales, sectores económicos y la generalidad de los ciudadanos, en lugar de encuadrar sus actividades diarias dentro de los ámbitos establecidos por los preceptos jurídicos, tienden a interpretarlos maliciosamente o simplemente a ignorarlos. Por este motivo, y no por falta de normas, no existe en el Ecuador el imperio de la ley, elemento del que depende la correcta operación de las instituciones democráticas y el progreso de las sociedades. Por ejemplo, mediante toda suerte de subterfugios se ha impedido que se aplique la disposición que, desde 1979, establecía que los partidos perdían el registro electoral si no alcanzaban el 5% de votos en dos elecciones consecutivas. El Congreso Nacional ha violado reiteradamente el artículo de la Constitución que le prohibe tomar iniciativa en leyes que creen gasto público, desacato paradójicamente avalado por los tres últimos presidentes de la República. Y en cuanto a los ciudadanos, solo hay que mirar la forma en que cotidianamente violan la Ley de Tránsito en calles y carreteras o recordar que, para una amplia mayoría, cumplir con la obligación de pagar impuestos es una mezcla de ingenuidad y tontería.

Populismo

Tal es la fuerza del populismo que su retórica y sus prácticas no solo marcan la conducta de partidos de tal orientación, como PSC, PRE, Prian y MPD, sino de casi todos los líderes políticos ecuatorianos. El dispendioso gasto público de gobiernos y congresos (especialmente en períodos electorales), la oposición a leyes y decisiones necesarias para la salud de las finanzas públicas y la reticencia a tomar medidas “impopulares”, impidieron que el país tuviera una administración ordenada de la economía y provocaron devastadoras crisis económicas y sociales. Su desinterés por programas que promueven la equidad social cortó la posibilidad de que pudiera mejorarse la calidad de la deteriorada educación pública. Sus prédicas paternalistas, el ejercicio clientelar del poder y la irresponsable demagogia degradaron las instituciones democráticas, ocasionaron el desperdicio de recursos e impidieron que el pueblo adquiriera conciencia de sus responsabilidades. Buena muestra del generalizado carácter populista de la sociedad ecuatoriana fue la forma en que diputados, líderes políticos, periodistas y medios de comunicación discutieron el reciente aumento de pensiones a los jubilados.

Exclusión social

Los altos porcentajes de pobreza y de indigencia, las hirientes injusticias sociales, la abusiva presencia de privilegios y una sociedad que no ofrece iguales oportunidades, han provocado un sentimiento de exclusión social que ha llevado a ciertos sectores a adoptar posiciones políticas extremas. Los movimientos de protesta contra aquellas inequidades, en los años ochenta fueron liderados por organizaciones sindicales que conformaron el FUT y en los últimos 15 años por indígenas agrupados en la Conaie. Mediante huelgas, paros y levantamientos, impidieron que los gobiernos tomaran medidas para preservar la estabilidad económica, garantizar el crecimiento y modernizar el Estado, a pesar de que de ellas dependía el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Incluso llegaron a descalificar la democracia y a conspirar contra su permanencia, como sucedió el año 2000 cuando la Conaie, junto a militares insubordinados, desconoció el gobierno constitucional y proclamó e integró una dictadura.

Patrimonialismo

Frente a los bienes públicos, existe una actitud deshonesta en amplios sectores de la sociedad, y no solo en políticos y funcionarios públicos, ya que el común de los ciudadanos confunde lo público con lo privado y tiende a subordinar el interés general al interés particular. El Estado y la autoridad no son vistos por los individuos como instancias a las que corresponde proteger el patrimonio público, garantizar derechos, exigir obligaciones y defender el interés colectivo, sino como instrumentos a través de los cuales personas y grupos pueden enriquecerse, obtener favores, recibir prebendas y consagrar privilegios. El carácter permisivo de la cultura ecuatoriana ha impedido que la corrupción pueda ser combatida, a pesar de leyes expedidas para perseguirla, de organismos creados para controlarla y de la acción de ciertas autoridades. De lo cual es un ejemplo la alianza colusoria de funcionarios y particulares para el robo de energía eléctrica, tiempo telefónico y petróleo mediante conexiones fraudulentas. Como también la existencia de partidos políticos que operan como verdaderas mafias sin que su conducta importe a sus numerosos seguidores. En ocasiones el interés público ha sido defendido por el FMI, el BM y el BID y no por el Gobierno o el Congreso Nacional.

Izquierdismo

Mientras en Europa y en otros países América Latina el pensamiento tradicional de izquierda ha perdido influencia y electores, y en China, Vietnam y Cuba ha sido modificado para adaptarlo a las nuevas realidades del mundo, en el Ecuador continúa inspirando los actos de partidos, organizaciones sociales y sindicatos públicos. Sus seguidores menosprecian la estabilidad macroeconómica, ponen reparos a la inversión extranjera y atribuyen al Estado la responsabilidad de explotar recursos naturales y administrar servicios públicos. Debido a estas rígidas posiciones no ha sido posible mantener el equilibrio fiscal, acelerar el crecimiento económico, reformar empresas públicas corruptas, ineficientes y subsidiadas, mejorar la calidad de sus servicios, suplir con capital extranjero el bajo ahorro nacional, multiplicar el empleo, abatir la inflación y elevar el bienestar general. Ni siquiera el hecho de que en el presente período democrático el gobierno de uno de tales partidos (ID) exhiba los peores resultados sociales, ha servido para que quienes defienden aquellas políticas adviertan que son contrarias a los intereses populares.

Regionalismo

El antiguo conflicto entre Quito y Guayaquil ha sido usado por el PSC y sus dirigentes, como también por sectores empresariales, articulistas y periodistas, para aupar intereses económicos de sus allegados. Alegando una supuesta afectación de Guayaquil han impedido que el Congreso apruebe reformas legales de interés nacional y que gobiernos tomen providencias para proteger el interés público, o han conseguido leyes y resoluciones favorables a los intereses particulares de sus protegidos. En la crisis financiera de 1998-99 neutralizaron la acción del Gobierno mediante la imputación de que “centralistas quiteños” se proponían “acabar con la banca guayaquileña”, lo que ocasionó que no fueran cerrados bancos insolventes, que se contaminaran bancos que habrían podido salvarse, que banqueros corruptos culminaran sus atracos y destruyeran evidencias, que se multiplicara el número de depositantes perjudicados y que se echara sobre las espaldas del pueblo mayores cargas. Reformas que buscaban moralizar las aduanas y perseguir el contrabando fueron archivadas bajo el argumento de que “querían llevarse las aduanas a Quito”.

Conclusión

Dos conclusiones pueden extraerse de este análisis. Primera, que mientras no se resuelvan los anotados problemas políticos estructurales de la democracia ecuatoriana, no será posible que el Ecuador logre un nivel de desarrollo económico y social que le permita eliminar la pobreza y garantizar el progreso sostenido del país. Segunda, que la responsabilidad de políticos y partidos en el relativo fracaso de la democracia la comparten, aunque en menor grado, sectores económicos, sociales y mediáticos, como también los ciudadanos si es cierto que los políticos no son otra cosa que el espejo en el que se retratan las virtudes y defectos de los pueblos.