Hasta un hueco se ve en la pared del fondo
de las bodegas aduaneras de Tulcán, ubicadas en el barrio El Capulí, a un costado de la
antigua carretera a Rumichaca. Por ese sitio se habrían metido varios ladrones para
robarse unas herramientas, en diciembre pasado, de acuerdo con varias versiones.
Plásticos con propaganda de Marnilit: "exportamos calidad", están rotos en el
suelo, haciendo una especie de alfombra.
Diversas versiones de quienes viven alrededor de las bodegas aduaneras, aseguran que los
huacales eran destrozados al apuro, en los noches, para embarcar el material en camiones y
camionetas de alto tonelaje y desaparecer con rumbo desconocido.
Algunas paredes y las estructuras de los comedores incluso fueron rotas en las puntas. Se
presume que quienes robaron el material deseaban comprobar antes la calidad del mismo.
En los adhesivos pegados a los plásticos que debían cubrir los huacales, se lee el
número de la línea de servicio al cliente: 9800-68-666: una teja, una ventana y el peso
del huacal: 850 kilos. Esas estructuras alguna vez guardaron tejas, cielos rasos, paredes,
ventanas, estructuras metálicas para armar 176 aulas y 16 comedores escolares.
El costo comercial de una aula escolar, en noviembre de 1996, cuando fueron importadas,
era de $ 7 450, cada una, y el de los comedores sumaba $ 41 mil cada uno; es decir, cuando
la moneda estadounidense estaba cotizada en 2 820 sucres.
Ese material es parte del Programa Mochila Escolar que debía beneficiar a sectores
marginados del país, que tienen un déficit de construcciones escolares.
Fueron almacenados en bodegas de 45 metros de largo, por 25 de ancho, que más se parecen
pequeños coliseos. Paradójicamente, esos sitios pertenecen al VIII Distrito de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana.
En vista de su abandono, hasta quienes viven en los alrededores de la Aduana se
arremolinaron alrededor de ese lugar a comienzos de agosto de este año para intentar
llevarse lo que quedaba. Los huacales que no fueron desarmados a tiempo.
Reclamaban una parte del botín, porque creían que fue abandonado debido a que nadie
cuidaba ese sitio. La Policía llegó para disuadir de ese intento de los moradores del
barrio El Capulí: "pueden llevarse lo que quieran, pero luego deben asumir las
responsabilidades", les dijeron. Así se evitó el desmantelamiento total de las
bodegas y se inició una investigación. Pronto se descubrió un robo sistemático de $
1,5 millones en material prefabricado, importado por el Ministerio.
Ahora, de todo eso, apenas queda un 10%. ¿Quiénes son los ladrones? Nadie lo sabe. La
Policía ha detenido a tres personas que intentaban llevarse parte del material
prefabricado, que en teoría pertenece al Ministerio de Educación, en un camión Izusu,
detenido en los patios de la Policía. La Corporación Aduanera de Tulcán, propietaria de
las bodegas, dice no haber sido responsable por la vigilancia de esos huacales. En el
Ministerio de Educación dicen que esas eran las aulas que la empresa Promotora de
Intercambio (con quien el Estado -en el Gobierno de Abdalá Bucaram- firmó un contrato de
$ 40 millones para sacar adelante el Programa de la Mochila Escolar) debía entregar
instaladas. La empresa Promotora de Intercambio dice que esas aulas ya fueron entregadas,
porque según el contrato, su primer compromiso terminaba una vez que dejaban la
mercadería en cualquier puerto o recinto aduanero y el segundo cuando el Ministerio de
Educación, que actúa como importador, le entregara oficialmente esa mercadería para
instalarlas, cosa que nunca habría ocurrido. Así están las cosas.
Y hasta ahora nadie quiere ser el responsable de un robo de $ 1,5 millones, costo que a la
época actual habría ascendido a $ 8 millones, según algunos cálculos realizados con la
variación de la cotización del dólar y de los precios actuales del material
prefabricado que fue sustraído en forma sistemática, sin que nadie haga o diga nada.
En el comienzo fueron las caras de los niños
El 19 de noviembre de 1996, diez mil niños de las escuelas fiscales de Quito asistieron
al coliseo General Rumiñahui, para el lanzamiento del Programa Mochila Escolar, del
Gobierno de Abdalá Bucaram.
Como el entonces presidente no Bucaram no pudo asistir, la ministra de Educación, Sandra
Correa, no dudó en instalar grandes pantallas en las que se reproducían imágenes de la
campaña del ex presidente, derrocado en febrero del siguiente año.
"En el escenario, decorado con luces y motivos navideños -decía una crónica
publicada el 20 de noviembre de 1996, en Diario HOY-, se hallaban otros niños: los
cantores de Bogotá, acompañados de la Orquesta Sinfónica de esa ciudad, que llegaron a
la capital ecuatoriana a las 03:00. La llegada del secretario de la Administración,
Miguel Salem, con un retraso de sesenta minutos, marcó el inicio del acto. Se apagaron
las luces generales y solo brillaron los reflectores, que iluminaron a la ministra, quien
apareció en el escenario luciendo la mochila escolar. El ministro de Gobierno, Frank
Vargas, y Mauricio Salem también se colgaron las mochilas escolares".
Se trataba de la inauguración de un programa cuyo costo ascendía a $ 40 millones. El
Gobierno ecuatoriano firmó un contrato transaccional con la empresa colombiana Promotora
de Intercambio S. A., que debería proveer al Estado de 1 200 mil mochilas, a un costo de
$ 27 760 mil; 800 mil textos escolares avaluados en $ 4 400 mil; ocho unidades móviles de
salud y 100 restaurantes escolares.
Una vez que cayó el Gobierno de Abdalá Bucaram, el contrato de la Mochila Escolar fue
cuestionado y se instauró un proceso penal en contra de la ex ministra, el ex presidente
Abdalá Bucaram y Miguel Salem, ex secretario de la Administración.
La investigación de la Fiscalía determinó que Salem, Bucaram y la ex ministra violaron
las Leyes de Contratación Pública y Orgánica de Administración Financiera y Control,
pues la ofertante había hecho una segunda propuesta por 25 millones de dólares y la
negociación se efectuó por 40 millones.
La excitativa dio lugar al proceso, iniciado, el 27 de marzo de 1997 por Carlos
Solórzano, entonces presidente de la Corte Suprema, quien sindicó, sin orden de
prisión, a Bucaram, Correa, Salem, Fernando Rosero (ex contralor del Estado), Leonidas
Plaza (ex procurador), José Antonio López (representante legal de la compañía
vendedora) y los miembros de la Comisión Técnica (designada por la ministra) que habría
estudiado la oferta: Alicia Coloma, Jorge Mosquera y Javier Gando.
El 6 de agosto de 1998, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero
Parducci, dictó el sobreseimiento provisional y levantó la orden de prisión que pesaba
en contra de Miguel Salem Kronfle, quien firmó el decreto ejecutivo que autorizó al
ministro de Finanzas de la época, Pablo Concha, a suscribir el contrato. A pesar de los
cuestionamientos, el Gobierno interino de Fabián Alarcón, en el contrato modificatorio,
lo único que hizo fue cambiar las mochilas escolares por aulas prefabricadas, que serían
distribuidas en todo el país.
A pesar de los cuestionamientos, porque se suponía que ese contrato tampoco era
beneficioso para el país, el Programa Mochila Escolar continuó y pasó por las manos de
cuatro ministros de Educación más: Mario Jaramillo, Vladimiro Alvarez, Rosángela Adoum
y Roberto Hanze. De acuerdo con un informe de la empresa colombiana Promotora de
Intercambio, el 81,30% del total de la mercadería que se debía entregar al Estado
ecuatoriano se encuentra en el país; es decir, $ 32 521 910.
Casi toda la mercadería (el 93,4% del total que se encuentra en el país) está en las
bodegas del Dinse, en el sector de Carapungo, luego de que fue desaduanizada.
Las 143 aulas estaban en las bodegas de la Aduana de Tulcán, al igual que las 16
estructuras de los comedores escolares. Las 26 estructuras restantes se salvaron de la
voracidad de los ladrones porque fueron llevadas a las Bodegas y Servicios Ecuador
Fortaleza S. A., que también están en Tulcán, pero con mayores seguridades.
Fueron llevadas a ese lugar porque en los galpones de la Aduana ya no había espacio.
Aunque ahora están vacíos. (JT)
Aulas
- Las bodegas del VIII Distrito Aduanero de
Tulcán están al filo de la vía antigua a Rumichaca, en el barrio El Capulí.
- En una de ellas, 45 metros de largo por 25
de ancho, se guardaron 12 230 paquetes, cajas y huacales que hubieran servido para armar
176 aulas y 16 comedores escolares, con todos los implementos necesarios.
- Las restantes estructuras de los 40
comedores escolares, que se comprometió a entregar Promotora de Intercambio, tuvieron que
ser llevadas a otras bodegas, porque faltó espacio.
- Todo los documentos que exige un ingreso a
Zona Primaria Aduanera estuvieron en regla.
- Cada estructura prefabricada tenía un área
de 35 metros cuadrados y capacidad para 25 alumnos cada una.
- Los comedores escolares constaban de
estructuras prefabricadas multifuncionales, de 14 por siete metros, con tres baños, una
cocina, una despensa y material de dotación.
- Promotora de Intercambio tiene su sede en
Manizales. Nuevos embarques llegan a Quito. De las 2 235 aulas, 1 354 están en Quito y 1
069 ya fueron desaduanizadas. (JT).
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