Méndez, un ex
general del Ejército, experto en seguridad, dice que ahora los delincuentes ya no
secuestran a millonarios para exigir grandes sumas, sino a gente de menor poder económico
con cuyas familias pueden negociar rescates de entre 1 000 y 3 000 dólares, cifras
manejables por las que nadie se arriesgaría a poner en juego la vida de un familiar
denunciando a la Policía. A esos se los llama 'secuestros caseros' y son cosa de todos
los días.
Una modalidad que comienza a tomar fuerza en el Ecuador es el
secuestro de niños, como el ocurrido el jueves 22 de junio, cuando dos estudiantes
tomaron como rehén a una niña de tres años en Sangolquí para exigir primero 600 000
dólares por su rescate y luego bajar la cifra a 50 000. La novatada de los secuestradores
facilitó su captura, pero dejó en claro que este tipo de delito ya está posicionado en
el país.
También están en la mira comerciantes, agricultores o ganaderos
medianamente prósperos. Por ejemplo, el 9 de junio terminó el cautiverio de un
agricultor y comerciante de la provincia de Los Ríos, a quien tuvieron secuestrado
durante 22 días bajo la exigencia de que su familia pagara
300 000 dólares por su rescate. En ese caso, la Policía intervino y capturó a parte de
la banda.
Pero no solo el secuestro, también la extorsión crece como una
mancha de aceite. BLANCO y NEGRO pudo conocer varios casos, como el de una compañía
constructora con sede en Quito a la que los extorsionadores pedían 30 000 dólares a
cambio de no hacer volar su campamento en la Amazonía. O como el de la dueña de una sala
de masajes de La Mariscal, a quien una de sus empleadas le exigía 4 000 dólares a cambio
de no atentar contra su vida.
Un dato curioso es que, en la mayoría de casos conocidos, los
delincuentes dicen pertenecer a una organización subversiva. "FARC-EP, comandante
Duberney Agudelo", "Nueva guerrilla colombiana" "Frente
Guerrillero", entre otros, son los nombres utilizados probablemente para infundir
miedo, cuando en realidad se trata de delincuentes comunes.
Pero una de las cosas que más preocupa a la Policía es la
intervención de negociadores extranjeros, expertos en servir de enlace entre los
secuestradores y los familiares de las víctimas, con lo cual excluyen la participación
de la Policía. Uno de esos casos se habría producido, según la Unase, en el secuestro
de María Aspiazu, el 8 de marzo anterior. Según una fuente reservada, ella habría sido
liberada 38 días después, sin que la Policía haya podido intervenir ni conocer detalles
de su liberación ni de sus captores.
Por su parte, Juan Méndez asegura que el caso de ocho técnicos
petroleros de la compañía United Pipeline, secuestrados en Sucumbíos el 11 de
septiembre anterior, se resolvió precisamente por la intervención de negociadores
extranjeros, que manejaron el pago de 3,5 millones de dólares de rescate. Un investigador
de la Unase realizó un seguimiento del caso, y estableció detalles de esa negociación,
en la que, según el informe, para la entrega del dinero se utilizó a un sacerdote, y
nunca se supo quiénes fueron los responsables. El Ecuador ya está amordazado.
Así comenzó Colombia
El Ecuador está en la lista de los diez países con mayor
incidencia del secuestro en el mundo, según un informe de la Unase, que cita al semanario
Newsweek. El primer lugar de esta triste carrera de violencia lo tiene Colombia, en donde
se calcula que existen alrededor de 3 500 personas secuestradas, ya sea en poder de la
guerrilla, de las bandas paramilitares o de delincuentes comunes.
Según despachos de prensa internacionales, que citan datos
oficiales, solo en 1999 se produjeron 2 991 secuestros en Colombia. Un dato más reciente
dice que en los cinco primeros meses de 2000 se produjeron 1 403, lo cual hace prever que
este año habrá más gente cautiva en ese país. Se calcula que las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) son responsables del 25% de los casos; El Ejército de
Liberación Nacional (ELN) tendría el 20%; el Ejército Popular de Liberación (EPL), el
10%; y las bandas paramilitares, el 7%. El resto se lo reparten los delincuentes comunes,
que se quedan con 'los huesos' del negocio.
¿Cómo llegó Colombia a esta situación? De la misma manera que
está llegando el Ecuador, dice un alto oficial de la Unase, quien considera que el salto
desde el octavo lugar al primero, solo es cuestión de tiempo si las familias siguen
negociando por su cuenta, al margen de la Policía; si continúan interviniendo
negociadores extranjeros, que llegan al país en calidad de turistas y se van cobrando
altas sumas de dinero por su 'asesoramiento'; y si no se toma conciencia de que, quien
paga una vez lo seguirá haciendo el resto de su vida.
Al respecto, BLANCO y NEGRO pudo conocer el caso de un negociador
internacional(la Unase pidió no divulgar su nombre para no entorpecer la investigación),
quien vive en Miami, y ha venido varias veces al Ecuador a resolver secuestros.
En el Ecuador, la condena por delito de secuestro va de nueve a
12 años de reclusión, pero puede bajar hasta seis meses, según las circunstancias. En
Colombia, las leyes son más duras. Allá es prohibido negociar con los secuestradores y,
aún así, no se ha podido frenar el delito, que ha llegado casi a niveles de ficción.
Por ejemplo, la cadena Caracol mantiene el programa radial Voces
del secuestro que sale al aire todos los sábados a la medianoche. Es un espacio para que
los familiares de personas secuestradas se comuniquen con ellos. El locutor antes de
iniciar el programa pide a los secuestradores que enciendan sus aparatos de radio y se los
pasen a sus víctimas para que, desde los lugares más sombríos de la selva o de los
suburbios, escuchen noticias de su familia.
Las voces del secuestro todavía no se escuchan en el Ecuador,
pero todo indica que cuando lo hagan serán realmente desgarradoras. (GA).
