La
fiscal: razones de la sospecha
La Embajada de Estados Unidos rebasó la
prudencia diplomática y acusó a la fiscal general, Mariana Yépez, de manipular pruebas,
proteger a sospechosos y obstruir la acción de la justicia
El 27 de abril de 1999 a las 08:15, Angel
Macías, chofer del Ministerio Público, estacionó el vehículo Vitara de tres puertas
color verde en la calle Equinoccio y Queseras del Medio, y se retiró del lugar. Cuando
regresó, a las 08:45, se topó con la sorpresa de que el vidrio de la puerta derecha
estaba completamente roto y que alguien había robado el radio marca Pioneer Keh 1750 con
que estaba equipado ese vehículo, propiedad del Estado.
Esa es la historia que Macías le contó al jefe de la Policía Judicial ese mismo día,
según consta en la denuncia que firmó ante la autoridad. Pero después Macías se
retractó. Según dice, mintió en su declaración y luego se arrepintió de haber
mentido.
¿Por qué mintió el chofer? Según dice, porque la ministra fiscal, Mariana Yépez, lo
obligó a inventarse esa historia.
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a una declaración juramentada realizada por Macías el 11 de
noviembre de 1999 ante el notario decimosexto del cantón Quito, Gonzalo Román, en la
cual el chofer relata otra versión de los hechos y señala a la fiscal Mariana Yépez
como la persona que lo obligó a distorsionar la información.
Según esa declaración, el viernes 23 de abril de 1999, Macías salió de viaje desde
Quito hacia Ibarra y Tulcán conduciendo el mencionado vehículo, en el cual viajaban una
hermana de la fiscal, una jueza de inquilinato y el teniente Eddy Egas. En otro vehículo,
conducido por Edgar Hinojosa, viajaba la fiscal en compañía de su madre y el edecán,
Marcelo Rocha. No precisa qué actividades realizaron, pero asegura que regresaron a Quito
el sábado 24 de abril a las 14:00, luego de lo cual, la fiscal le dio la orden de llevar
el vehículo hasta la casa de su madre en la calle Equinoccio y Queseras del Medio. De
allí en adelante, no sabe qué ocurrió.
Solo sabe que cuando se reintegró al trabajo el lunes 26 de abril, se enteró de que el
vehículo había sido violentado el sábado. El martes, según dice, la fiscal Mariana
Yépez lo llamó a su oficina y lo instruyó para que hiciera la falsa declaración, a lo
cual al principio se negó, pero cedió ante la insistencia de la fiscal, quien le habría
asegurado que no tendría problemas. Unos meses más tarde, Macías fue despedido de su
trabajo, acusado de ser el autor del robo.
¿Quién mintió: la fiscal o el chofer? Sea como fuere, el caso sirve para aumentar las
sospechas con las que hace varios meses la ciudadanía y las instituciones siguen los
actos de la máxima autoridad de la vindicta pública, a tal punto que la Embajada de
Estados Unidos, aún a riesgo de las consecuencias diplomáticas, mediante su encargado de
negocios, Larry Palmer, la ha acusado de manipular evidencias, proteger a sospechosos y
obstruir la justicia. Por su parte, la Comisión Cívica de Control de la Corrupción
(CCCC), ha presionado al Congreso Nacional para que llame a la funcionaria a rendir
cuentas sobre su tibia actitud, especialmente en lo relacionado con los responsables del
feriado bancario y el congelamiento de depósitos ocurridos en marzo de 1999. Además, los
partidos Izquierda Democrática (ID) y Movimiento Popular Democrático (MPD) preparan un
juicio político en su contra, cuyo resultado, esperan, sea la destitución de la
funcionaria.
Entre el 2 de marzo de 1999 y el 29 de febrero de 2000 la CCCC envió a la fiscal los
resultados de las investigaciones sobre 24 casos de corrupción en los que se presume
existen responsabilidades penales (ver cuadros en las páginas siguientes), pero la
respuesta de la fiscal lo único que ha causado es una gran frustración, según dice
Alejandra Cantos, vicepresidenta de la Comisión.
El argumento de la fiscal es que no ha logrado reunir la suficiente cantidad de pruebas
para emitir las excitativas fiscales a los jueces correspondientes, lo cual constituye el
paso previo para el inicio del proceso penal en contra de los presuntos responsables. No
obstante, se conoce que los responsables de la Unidad Especial de Investigaciones
Financieras de la Fiscalía le entregaron, el 28 de febrero pasado, un informe completo
sobre el caso Filanbanco, para que iniciara los enjuiciamientos.
Mariana Yépez comenzó sus funciones de ministra fiscal general el 11 de febrero de 1999,
luego de que el Congreso la eligiera para ese cargo con los votos de la Democracia Popular
(DP), el Partido Social Cristiano (PSC) y el Frente Radical Alfarista (FRA). De ahí que
sus detractores la acusan de obedecer consignas del poder político y económico. En los
hechos se encuentran curiosas coincidencias en las que se basan sus acusadores.
Por ejemplo, la negativa de Mariana Yépez a emitir una excitativa fiscal en contra del ex
presidente Mahuad, en cuyo Gobierno se declaró el feriado bancario y se congelaron los
ahorros de los ecuatorianos; el sobreseimiento del ex presidente Fabián Alarcón, quien
fue acusado de propiciar la presencia de 'pipones' en el Congreso Nacional, cuando era
presidente de ese organismo; y la negativa del PSC a apoyar el enjuiciamiento político de
la fiscal.
Las interrogantes aumentan cuando en su comparecencia ante el Congreso, el lunes anterior,
la fiscal dijo que recibió presiones de Embajada de Estados Unidos para que emitiera un
dictamen favorable en el juicio por narcotráfico que se sigue en contra del
Estadounidense James Willams, preso en la Penitenciaría del Litoral. ¿Por qué no
denunció esas presiones a su debido tiempo? La fiscal tiene sus argumentos, pero en la
ciudadanía crecen las razones de la sospecha. (GA)
Todas las pruebas no la conmueven
El 27 de abril de este año, la CCCC envía a la fiscal Mariana Yépez un documento de 13
páginas con todos los argumentos legales y constitucionales, según los cuales el ex
presidente de la República, Jamil Mahuad, y varios miembros de su frente económico deben
ser enjuiciados como responsables del feriado bancario y el congelamiento de los
depósitos en marzo de 1999, lo cual perjudicó el patrimonio económico de millones de
personas e instituciones mediante el ejercicio abusivo del poder.
En el documento, por ejemplo, la CCCC menciona que Mahuad financió parte de su campaña
electoral con 3,1 millones de dólares provenientes de Fernando Aspiazu, quien fue
presidente del Banco del Progreso; que personas vinculadas con el sistema financiero
nacional desempeñaron altos cargos durante su gobierno, como Guillermo Lasso (ex
secretario de Economía), Alvaro Guerrero (ex presidente ejecutivo del Conam) y Alfredo
Arízaga (ex ministro de Finanzas), lo cual demuestra sus compromisos con el sistema
financiero nacional.
Por eso, Alejandra Cantos, vicepresidenta de la CCCC no se explica por qué la fiscal
aduce que no encuentra las pruebas suficientes para establecer responsabilidades en contra
del ex presidente.
El 24 de diciembre de 1999, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el
decreto 685 del 11 de marzo de 1999, mediante el cual se hizo efectivo el congelamiento.
El TC señaló que el ex presidente se extralimitó en sus funciones y violentó derechos
constitucionales en perjuicio de los ecuatorianos. Aparece claro, dice el documento, que
el decreto 685 impide la disposición del dinero confiado a las instituciones financieras
por parte de sus clientes, con lo cual el derecho de propiedad fue conculcado. Resultado
de lo cual, los derechos de libertad individual, contratación, trabajo y calidad de vida
fueron afectados, continúa el documento.
La CCCC señala que los responsables abusaron de su autoridad y atentaron contra los
derechos constitucionales. Además de Mahuad, pide el enjuiciamiento de Ana Lucía Armijos
(ex ministra de Finanzas), René Ortiz (ex ministro de Energía y Minas), Emilio Gallardo
(ex ministro de Agricultura), Héctor Plaza (ex ministro de Comercio), Raúl Samaniego (ex
ministro de Obras Públicas) y de Jorge Egas Peña (ex superintendente de Bancos).
Alejandra Cantos, vuelve sobre el documento y no se explica por qué la fiscal dice que no
tiene pruebas. Por esa razón la CCCC decidió pedir directamente al presidente de la CSJ
que iniciara el proceso, y al Congreso Nacional, que pidiera cuentas a la ministra por su
actuación (GA)
2 de marzo de 1999
CASO VERDUGA
La CCCC envía a la Fiscalía los resultados de las investigaciones realizadas a los
contratos de encuestas y estudios suscritos por César Verduga, por 7 313 201 000 sucres.
La fiscal, mediante la Dirección de Asesoría Jurídica, remite la información al
presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No se conoce si en el proceso penal se
incluyeron esas investigaciones.
16 de marzo de 1999
CASO ADUANAS
La CCCC pide a la Fiscalía estudiar los informes sobre los indicios de falsificación de
38 documentos únicos de importación (DUI), en la Subadministración de Aduanas de la
Zona de Carga Aérea de Guayaquil. La fiscal envía el caso al fiscal distrital de Guayas
y Galápagos. No se conoce si se emitió una excitativa fiscal para el inicio del proceso.
26 de marzo de 1999
CASO ADUANAS
La CCCC pide a la Fiscalía estudiar el trámite legal, en base del informe sobre los
indicios de falsificación y trámite doloso por parte de IECAR Cía.Ltda y funcionarios
del Primer Distrito de Aduanas de Guayaquil para la importación de mercaderías. La
fiscal envía el caso al ministro fiscal del Guayas y Galápagos. No se conoce si emitió
una excitativa para el inicio del proceso.
31 de marzo de 1999
CASO FILANBANCO
La CCCC pide a la Fiscalía tomar acciones legales respecto de la intervención del Estado
en Filanbanco y, le envía toda la documentación. La fiscal responde que ha pedido
información al Banco Central, al Ministerio de Finanzas y a la Superintendencia de Bancos
y que no tiene conclusiones serias y definitivas. Después de ello, no ha informado nada
al respecto.
5 de abril de 1999
CASO EROGACIONES GLOBALES
La CCCC envía a la Fiscalía los resultados de las investigaciones sobre las erogaciones
globales entregadas a 34 municipio del país para obras de electrificación. La fiscal
pasa el caso a los fiscales distritales de Pichincha, Zamora Chinchipe y Loja y oficia al
contralor general. No se conoce si emitió una excitativa fiscal para el inicio del
proceso.
13 de abril de 1999
CASO ADUANAS
La CCCC envía a la Fiscalía los resultados de las investigaciones sobre presuntas
irregularidades en la Administración de Aduanas del VI Distrito de Macará. La fiscal
ordena al fiscal distrital de Loja realizar un informe. No se conoce si emitió una
excitativa fiscal para el inicio del proceso.
28 de abril de 1999
CASO ALCANTARILLADO
La CCCC pide a la Fiscalía estudiar y tomar acciones legales en base de un informe sobre
indicios de irregularidades en la contratación de la fiscalización del plan maestro de
alcantarillado sanitario y pluvial de Portoviejo, por 9 908 207 849 sucres. La fiscal
remite el caso al fiscal de Manabí. No se conoce si emitió una excitativa para iniciar
el proceso.
30 de abril de 1999
CASO PETROPRODUCCION
La CCCC pide a la Fiscalía un informe sobre los indicios de falsificación de documentos
para la suscripción del convenio entre el ingeniero Bolívar Araujo y Petroproducción.
La fiscal informa sobre el trámite del juicio, pero no se conocen de acciones posteriores
en ese caso.
30 de abril de 1999
CASO VEHICULOS USADOS
La CCCC le pide un informe sobre la denuncia presentad a la Fiscalía por el señor Manuel
Pérez, en el caso de la matriculaci[on de vehículos usados vendidos como nuevos. La
fiscal envía una providencia del fiscal distrital de Guayas y Galápagos. No se conocen
los resultados finales de la investigación.
10 de mayo de 1999
CASO MARIANA DE JESUS
La CCCC solicita a la Fiscalía un informe sobre los indicios de irregularidades en la
compra venta de un terreno por la Fundación Mariana de Jesús, denunciados ante el
Ministerio Público. No hay respuesta hasta la fecha.
14 de mayo de 1999
CASO ANDRADE GUTIERREZ
La CCCC solicita a la Fiscalía tomar acciones legales respecto del pago de 23 392 885
dólares por supuestas obligaciones estatales en favor de la constructora Andrade
Gutiérrez. La fiscal informa que ha enviado el caso a la CSJ. No se conocen acciones
posteriores de la Fiscalía sobre ese caso, aunque el desenlace fue la destitución del ex
procurador Milton Alava.
26 de mayo de 1999
CASO CIBERTEC
La CCCC pide a la Fiscalía tomar acciones en base del informe sobre el caso Cibertec. La
fiscal responde que ha enviado la documentación a la jueza segunda de lo Penal de
Pichincha. No se conocen acciones posteriores de la Fiscalía en este caso.
31 de mayo de 1999
CASO BANCO DEL PROGRESO
La CCCC pide a la Fiscalía tomar acciones legales respecto de la retención ilegal del 1%
del ICC por parte del Banco del Progreso. La fiscal informa que ha abierto un expediente y
que ha ordenado al ministro fiscal del Guayas verificar esas actuaciones. No se conocen
acciones posteriores por parte de la Fiscalía en ese caso.
8 de julio de 1999
CASO SAN FRANCISCO
La CCCC pide a la Fiscalía iniciar acciones legales en base de las investigaciones
realizadas sobre la adjudicación del Proyecto San Francisco por parte del Conelec. La
fiscal informa que ha remitido la información al presidente de la Corte Superior de
Justicia de Quito. No se conocen acciones posteriores de la Fiscalía en ese caso.
9 de julio de 1999
CASO MUNICIPIO DE MARCABELI
La CCCC solicita a la Fiscalía tomar las acciones legales e informar los resultados
respecto de las denuncias en contra del alcalde de Marcabelí. La fiscal informa esos
resultados. No se conocen acciones posteriores al respecto.
23 de agosto de 1999
CASO IMPORTACIONES DE MERCADERIAS
La CCCC pide a la Fiscalía tomar acciones en base de las investigaciones realizadas
respecto de la importación de mercaderías con el documento único de importaciones (DUI)
287899. No hay respuesta por parte de la fiscal.
2 de septiembre de 1999
CASO BANCO DEL PROGRESO
La CCCC solicita a la Fiscalía estudiar y tomar las acciones legales en base de las
investigaciones sobre las operaciones financieras de Petrocomercial en el Banco del
Progreso. No hay respuesta por parte de la fiscal.
9 de septiembre de 1999
CASO IMPORTACIONES
La CCCC pide a la fiscalía estudiar y tomar acciones legales en base de las
investigaciones realizadas respecto de cinco importaciones de mercadería a través de la
Zona de Carga Aérea del Aeropuerto Simón Bolívar. La fiscal remite el caso al fiscal
distrital de Guayas y Galápagos. No se conoce si emitió una excitativa para iniciar el
proceso.
9 de septiembre de 1999
CASO COVIPROV
La CCCC pide a la Fiscalía estudiar y tomar acciones legales respecto de la negociación
y manejo de bonos del Estado por parte del Consejo Provincial de Pichincha, por el valor
de 25 000 000 de dólares. La fiscal responde que ha pedido a la Contraloría los
resultados de examen especial sobre el caso. No se conoce si emitió una excitativa fiscal
para iniciar el proceso.
30 de septiembre de 1999
CASO ADUANAS
La CCCC pide a la Fiscalía estudiar y tomar acciones legales en base de las
investigaciones respecto de la importación de 6 113 kilogramos de mercadería a través
de la Gerencia Distrital de Aduanas de Quito. La fiscal solicita nombres de los
involucrados, pero no se conoce si emitió una excitativa fiscal para iniciar el proceso.
22 de octubre de 1999
CASO BEATERIO
La CCCC pide a la Fiscalía estudiar y tomar acciones legales en base de las
investigaciones sobre la construcción de una planta de gas licuado de petróleo para la
reubicación de las instalaciones de El Beaterio. La fiscal remite el caso a la fiscal
distrital de Pichincha. Según los medios de comunicación, emitió una excitativa al
respecto.
28 de diciembre de 1999
CASO MUNICIPIO DE PLAYAS
La CCCC pide a la Fiscalía información respecto de las denuncias en contra del alcalde
de Playas. La fiscal envía la información. No se conocen acciones posteriores de la
Fiscalía sobre ese caso.
30 de diciembre de 1999
CASO FINANCIERA PRINCIPAL
La CCCC pide a la Fiscalía un informe sobre el proceso penal número 967-98 relacionado
con la liquidación de la Sociedad Financiera Principal S.A. La fiscal le remite la
documentación al fiscal distrital del Guayas. No se conocen acciones posteriores de parte
de la Fiscalía sobre este caso.
4 de febrero 2000
CASO IESS
La CCCC pide a la Fiscalía estudiar y tomar acciones legales en base de las
investigaciones realizadas respecto del contrato suscrito el 21 de diciembre de 1999 entre
el IESS y Tecfaprev. S.A. El 16 de febrero le adjunta pruebas adicionales. No hay
respuesta de la Fiscalía. |
INVESTIGACION
¿Víctima de una maraña de influencias?
Una serie de hechos conduce a pensar que las actuaciones de la fiscal Mariana Yépez no
están exentas de presiones y compromisos. Incluso ella admite haber recibido injerencias.
'Me
presionaron en el caso 'Pescador''
La fiscal Mariana Yépez, se entrevistó con BLANCO Y NEGRO, en Guayaquil.
CRONICA ROJA
 Los pasos de
un
proceso desde que se
comete el delito |
B U ZO N 
