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Un listado de los problemas por
resolver fue actualizado 10 días antes de la inauguración
El presidente del Fondo de Solidaridad (FS), Jorge Glass, cuenta que el 6 de noviembre de
2007 esa institución asumió la propiedad total de la hidroeléctrica San Francisco, con
un último pago a la empresa Odebrecht por el 20% de las acciones que mantenía en
Hidropastaza S.A.
Cabe recordar que esa compañía se conformaba con el 80% de las acciones de Hidroagoyán
(de propiedad del Fondo de Solidaridad) y el 20% de la participación de Odebrecht.
Glass manifiesta que a la fecha de la recompra del paquete accionario “la
hidroeléctrica operaba normalmente”. Además, la adquisición evitó que Odebrecht
venda a otra empresa.
El funcionario reconoce que al momento de la entrega-recepción de la planta “como un
todo”, efectuada el 25 de junio de 2007 (la inauguración oficial se cumplió cinco
días antes), quedaron pendientes varios aspectos “que no comprometían la operación
de la central”.
Glass entrega a BLANCO Y NEGRO un documento actualizado al 15 de junio de 2007 en el que
se identifican un total de 237 pendientes, la mayoría de los cuales se han resuelto en el
transcurso de este año. Indica que actualmente quedan 25 por resolverse y que se trataba
de “pernos, placas, empaques, tacómetros, algunos medidores que no funcionaban,
filtros del sistema de enfriamiento...”.
En todo caso, los primeros desgastes en los rodetes de las turbinas se detectaron el 8 de
noviembre, en marzo se observó la fisura de 5 centímetros y el pasado abril era notoria
la de 30 centímetros.
Para el 6 de junio se ordenó retirar el agua del túnel y se observaron todas las fallas
técnicas que derivaron en la paralización de la planta y la posterior expulsión de
Odebrecht del país.
El presidente del Fondo admite que el contrato no contiene una cláusula de pago por lucro
cesante, pero dice que este reclamo se ampara en una norma del Código Civil, que habla de
ruina y de vicios ocultos. “Ahora estamos estudiando la estrategia jurídica para
reclamar lo que creemos es justo para el Estado”, dice.
El Fondo también pide que la empresa pague el costo de las reparaciones y la devolución
de alrededor de $18 millones que recibió por la entrega anticipada de la obra. Todo esto
daría un total de $43 millones (en esto, Glass no concuerda con la cifra de la Cámara de
la Construcción de Quito mencionada en la página anterior).
Pero lo que más preocupa es el contrato de financiamiento del crédito del BNDES, porque
está garantizado por el Banco Central del Ecuador, por esto se ha contratado al estudio
jurídico internacional Hogan & Horson, para preparar la estrategia del país en caso
de que el Gobierno decida no pagar los dividendos que restan hasta 2018. Glass estima que
el lío no se resolverá este año.
'Un grave problema'
Ante la decisión del presidente Rafael Correa de expulsar a la compañía constructora,
el ex procurador general del Estado, Gustavo Medina, señala que “toda actitud, por
más que venga de un Gobierno, es susceptible de una acción judicial”.
El jurista dice que todo contrato contiene cláusulas para la resolución de las
controversias, además de los aspectos técnicos, financieros y de jurisdicción. “Se
trata de solemnidades que deben cumplirse”, anota.
Medina prefie no comentar sobre la forma en que debió proceder el Gobierno para hacer
efectivos sus reclamos. “En un asunto de tanta gravedad resulta extemporáneo”,
dice.
No obstante, frente al hecho real de la expulsión se muestra seguro de que el problema
devendrá en la interposición de demandas judiciales. “Por lo pronto se verían
venir cuatro juicios y, en esta fase, los casos entran en la categoría de pronóstico
reservado”, añade.
Asimismo, aunque aclara que no conoce a profundidad los términos de los contratos, cree
que alguno de ellos puede tener cláusulas de sometimiento ante algún tribunal
extranjero, por lo que el Gobierno debe preparar una sólida argumentación jurídica.
Otro aspecto que preocupa a Medina es el distanciamiento entre los Gobiernos del Ecuador y
del Brasil. “En la última reunión de presidentes (realizada en Manaos el 27 de
septiembre pasado) no se logró una solución, por lo que estamos ante un caso
grave”. (VG-SR)
Diplomático sostiene que emergencia no tiene asidero
Marcelo fernández de Córdoba dice que las irregularidades de los contratos debieron
resolverse por vía judicial
El ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba no encuentra razones para la
expedición del decreto de emergencia y la expulsión de Odebrecht.
El artículo 180 de la Constitución aún vigente señala que la emergencia se decreta en
caso de inminente agresión externa, guerra internacional, grave conmoción interna o
catástrofes naturales. Según el diplomático, el lío de Odebrecht no encaja en ninguna
de estas causales, de ahí que los problemas debieron resolverse en el marco del debido
proceso y del ordenamiento jurídico.
Asimismo, cuestiona la afirmación de que no se cumpliría el pago del crédito del BNDES.
“Al estar el contrato dentro del sistema de pagos recíprocos de la Aladi, el Ecuador
tiene que pagar, caso contrario pueden proceder en contra del Banco Central”, indica.
Para Fernández estas actitudes denotarían que no hay seguridad jurídica en el país y
se da una señal negativa ante los inversionistas extranjeros”.
El ex vicecanciller lamenta la actual tensión diplomática con el Brasil y dice que el
Gobierno debe meditar profundamente porque una buena relación con ese país es
fundamental para el Ecuador. (AA)
)
Punto de vista
Otro dolor de cabeza gubernamental
La salida del país de la constructora brasileña Norberto Odebrecht a raíz de la
expulsión de la firma decretada por el Gobierno ha resultado ser un auténtico dolor de
cabeza.
El caso tiene implicaciones en los ámbitos legales, financieros, técnicos e incluso
diplomáticos. Esto último podría resultar lo más grave, pues ha implicado, hasta
ahora, el anuncio del Brasil de suspender los proyectos de cooperación; además de la
amenaza de cortar prácticamente todos los lazos comerciales existentes entre los dos
países.
De hecho, el pasado viernes una publicación del diario brasileño O Estado, de São
Paulo, daba a conocer la posibilidad de que la negociación para la compra, por parte del
Ecuador, de aviones Supertucano a la firma Embraer se suspenda.
En lo interno, la situación se presenta igual de compleja. Por un lado, las autoridades
no tendrían todavía muy claro qué acciones tomar en caso de que la constructora
decidiera emprender acciones legales contra el Estado; esto, toda vez que aún se
hallarían vigentes los contratos del proyecto multipropósito Baba, la segunda fase del
sistema de riego Carrizal Chone, la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón y la
construcción del aeropuerto del Tena. Es más, el Régimen tendría el problema de no
saber cómo dar por terminados dichos contratos.
Por otra parte, también está pendiente de resolución el tema de cómo se continuará la
realización de los cuatro proyectos que dejaría pendiente la constructora en el país.
Al anunciarse la expulsión definitiva de Odebrecht, el ministro coordinador de Áreas
Estratégicas, Galo Borja, dejó entrever la posibilidad de insistir en la contratación
de firmas extranjeras, aunque nada se ha definido todavía.
En resumen, el caso representa un intríngulis cuya resolución resulta difícil de
prever. (LAG)
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