La Comisión será nombrada por el
Ejecutivo y deberá funcionar por un lapso de 180 días
La transitoria 24 de la Constitución aprobada en el referendo del pasado 28 de
septiembre, dispone la realización de una auditoría a las concesiones de frecuencias.
La norma señala:
"Dentro del plazo máximo de 30 días a partir de la aprobación de esta
Constitución, el Ejecutivo conformará una comisión para realizar una auditoría de las
concesiones de las frecuencias de radio y televisión, cuyo informe se entregará en un
plazo máximo de 180 días".
Al respecto, el
presidente del Conartel, Jorge Yunda, dice haber dispuesto a todas las áreas y unidades
del organismo que preparen la documentación, archivos y todas las bases de datos
necesarias para facilitar el trabajo de la comisión auditora.
Varios radiodifusores
consultados señalaron que a la comisión deben ir personas idóneas, honestas y con los
conocimientos legales y técnicos que les permita analizar independientemente la forma en
que se han otorgado las concesiones.
El presidente de AER
de Morona Santiago y vocero de los núcleos de la Región Amazónica, Wilson Cabrera, se
adhiere a un listado de cinco personas presentado por el presidente de la Asociación de
Canales Comunitarios y Regionales Asociados (CCREA), Fernando Najas. Los candidatos
propuestos son: Hugo Ruiz, ex superintendente de Telecomunicaciones; Fernando Bucheli, ex
presidente del Conartel; Medardo Mora, ex presidente del Conesup y ex vocal de la CCCC;
Jaime Guerrero, presidente de la Senatel; y Fabián Jaramillo, superintendente de
Telecomunicaciones.
La nómina fue enviada
a Carondelet el pasado 1.° de octubre, con una carta en la que se señala que la
comisión debe estar integrada por "personalidades impolutas y honestas, de
antecedentes transparentes, que no tengan vinculación con los medios de comunicación y
que hayan demostrado, en el ejercicio de sus funciones públicas, valores y aspectos
recomendables".
En la misiva también
se le recuerda al presidente de la República que, en un almuerzo realizado el 27 de junio
anterior, se le dijo que en la comisión "deben participar los organismos de control
solo con voz y no con voto... concepto con el cual usted manifestó su acuerdo".
De su parte, el
radiodifusor guarandeño, Jorge Carvajal, señala que el actual estado de cosas debe
cambiar tras la auditoría para que las concesiones "no vayan dirigidas a grupos de
poder económico que tienen ciertas frecuencias y no nos han dejado desarrollar a los
comunicadores de pequeñas provincias".
A su vez, el
vicepresidente de AER de Pichincha, Édgar Yánez, manifiesta que el Ejecutivo debe
revisar el historial de las personas antes de nombrarlos en la comisión, cuyos
integrantes deberán acoger las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.
No obstante, critica
la transitoria constitucional 24, porque no define el número de estaciones que serán
evaluadas ni los parámetros para la calificación. "Todos los radiodifusores estamos
preocupados porque nadie nos ha dicho nada sobre el perfil de los auditores, pues debemos
saber si los candidatos están o no comprometidos con la política", agrega.
Asimismo, afirma que alrededor del 95% de los pequeños radiodifusores subsisten con
ingresos mínimos, lo que les obliga a dedicarse a otros negocios. "Esto sucede en
las provincias pequeñas", indica. (VG-AA)
Punto de vista
Una comisión transparente
El otorgamiento de frecuencias de radio y televisión de forma irregular no es para nada
nuevo en el país. Desde 1995, año del nacimiento del Conartel, se han visto varios casos
turbios. Antes, cuando todo se centraba en la Superintendencia de Telecomunicaciones,
también hubo grandes escándalos de entrega indiscriminada de frecuencias a diputados y
otras irregularidades.
Como lo reseña este
informe de BLANCO Y NEGRO, luego de un examen especial de Contraloría a la concesión de
frecuencias de radio y televisión por parte del Conartel, desde 2003, hubo cambios
sustanciales entre las primeras versiones del informe y el definitivo, que el Conartel
tardó 2 años en emitir , y que finalmente lo hizo en noviembre de 2007. Al final, la
Contraloría ya no recomendaba a este organismo "revertir" las frecuencias
(cerca de 300) al Estado, excepto en tres casos. Esto luego de que en una primera
instancia, en el borrador del informe se detallaba una serie de irregularidades en el
consentimiento de decenas de frecuencias.
Ahora, el tema vuelve
a tomar relevancia, pues la transitoria 24 de la Constitución aprobada en el referendo
del 28 de septiembre dispone que se revisen más de 1 200 concesiones de las frecuencias
de radio y televisión que, aparentemente, habrían sido entregadas sin que los
beneficiarios cumplan con los requisitos.
Ante el riesgo de que
una vez más el tema se vuelva a tornar un asunto político, es indispensable que, al
menos la Comisión que debe conformar el Ejecutivo, en aproximadamente un mes y que
deberá entregar un informe definitivo en un plazo máximo de 180 días, luego de creada,
sea formada por personas honestas y con conocimientos legales y técnicos que les permitan
analizar, independientemente, la forma en que se han entregado las concesiones. (PBM)
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