|
EL
VOCERO DE LA COMANDANCIA, Lino Proaño, asegura que no hay espíritu de cuerpo sino de
lealtad y que la institución no pagará indemnización a la familia de Paúl Guañunal
Coronel Lino Proaño, vocero
de la Comandancia
General de Policía
El vocero de la Policía, Lino Proaño,
manifiesta que el proceso en contra de los policías Eduardo Cruz, Claudio Chicaiza y el
subteniente Geovanny Álvarez Zambrano está en manos de la justicia ordinaria.
Álvarez fue acusado del presunto delito de homicidio junto a los dos policías que
detuvieron a Guañuna, por el fiscal Patricio Navarrete. Esto porque Álvarez, pese a ser
el jefe de la patrulla, no estuvo en el lugar de los hechos debido a que sus subalternos
lo habían dejado poco antes en la casa de una amiga.
Además, ese oficial declaró que había pedido autorización (vía telefónica) a un
superior para salir del sector donde debía prestar servicio, lo cual fue desmentido por
Fabián Valencia, su jefe.
Proaño cuenta que existe un informe sobre los hechos circunstanciales, el cual se halla
en manos del Consejo Superior de la Policía y por eso aún no se hace público.
“Este determina que las personas estuvieron en el vehículo, el lugar y el número
del vehículo...” Tras analizar el documento, el Consejo Superior deberá someterlo a
trámite para calificar la “conducta profesional” de los imputados.
En caso de confirmarse que participaron en el delito, el oficial pasará a disposición
del Ministerio de Gobierno y los policías a disposición de la Comandancia General.
“Así se procede cuando un miembro policial está involucrado en un caso como
este”, indica.
Hasta tanto, los acusados están recluidos en la Unidad de Equitación y Remonta de la
Policía, al sur de Quito.
El vocero explica que hay un plazo de 60 días para determinar la “conducta
profesional” de los implicados en el caso Guañuna. De llegar a establecerse que
incurrieron en “mala conducta”, ellos serán separados de la Policía, “sin
perjuicio de la acción penal que sigue la justicia ordinaria a través de la
Fiscalía”.
Solo en caso de que fueran separados de la institución, los acusados podrán ser
trasladados a una cárcel común, aclara el vocero.
Proaño anticipa que la Policía Nacional no pagará indemnizaciones a la familia de Paúl
Guañuna, cuyos miembros son los afectados directos.
Esto lo puntualiza tras argumentar que “cada persona (los policías involucrados)
debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de sus actos, mas no la
institución”.
Ante el hecho de que la Policía solo llegaría a dar de baja en caso de hallar culpables
de “mala conducta” a los tres uniformados, Proaño manifiesta: “No hay
espíritu de cuerpo, sino lealtad”. (SR)
Corte Interamericana de DDHH: 'Uso de la
fuerza excesiva es arbitrario'
Los agentes de seguridad pública tienen como
función prevenir los delitos y realizar los arrestos conforme a la ley y al debido
proceso y respetando los derechos humanos garantizados en la Constitución y convenios
internacionales.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los
agentes del Estado tienen el derecho y la responsabilidad de hacer cumplir la ley y
mantener el orden. También sostiene que la fuerza utilizada no debe ser excesiva. Cuando
se actúa de esa forma, no se respeta la integridad personal, y toda privación de la vida
resultante es arbitraria.
Asimismo, la Corte Interamericana ha precisado que, bajo la Convención Americana, los
Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos
por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho
conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los
derechos humanos. (AA)
PUNTO DE VISTA
Hay que detener esta atrocidad
El informe de BLANCO Y NEGRO que usted tiene en sus manos no parece referirse al Ecuador
del que todos nos sentimos orgullosos. No obstante,
en verdad los hechos de sangre aquí descritos y que quitan el aliento suceden en el
país, aunque la impunidad rodea la mayoría de los casos.
Indagar la desaparición y la inexplicable muerte del joven Paúl Guañuna, de 17 años,
cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada con signos evidentes
de tortura, llevó a descubrir estadísticas tan dramáticas que merecen ser difundidas,
para que la sociedad conozca también este rostro oculto de Ecuador.
Entre 2000 y 2006 en el país se registraron 249 ejecuciones extrajudiciales. De esa
cifra, 164 homicidios fueron perpetrados por miembros de la Policía, 25
los cometieron militares, 15 las Juntas de Defensa del Campesinado,
nueve personas murieron a manos de personal de las cárceles y otras 36 ejecuciones las
llevaron a cabo diferentes personas.
El informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) que describe BLANCO Y
NERGRO también da cuente de 206 casos de tortura provocados por policías y 25 por
militares, entre otras atrocidades que se comenten aquí, en nuestro país.
Lo más dramático es imaginar que estas horrendas cifras son "solamente" de
casos denunciados, de gente que se atrevió a seguir los largos y tortuosos procesos en
que se convierten estas indagaciones, por lo que la pregunta lógica es: ¿cuántos otros
casos más se producen y nadie los conoce porque no hay registro alguno, puesto que no se
produjo la denuncia?
Algo ininteligible debe ocurrir en el ser humano para que puede llegar a torturar y quitar
la vida a otro ser humano. Algo extraño, también, debe estar pasando en una sociedad que
dice creer en Dios y vivir en democracia para desentenderse
de hechos abominables en lugar de juntarse para exigir se detengan las atrocidades. (TFF)
|
