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Representante
de la empresa niega una posible contaminación y la desaparición del poblado de Junín;
dice que hay una estrategia para desprestigiar a Ascendant Copper
El gerente de Ascendant
Copper, Francisco Veintimilla, negó cualquier relación de la empresa con los hechos de
violencia de la semana pasada e hizo un llamado a las autoridades del Gobierno para que
pongan punto final al conflicto
Ascendant Copper proyecta invertir entre $1
000 y $1 400 millones en el Ecuador y crear cerca de 12 mil fuentes de trabajo, manifiesta
su gerente, Francisco Veintimilla.
Indica que la compañía respeta la legislación ecuatoriana, por lo que desde su llegada
se ha limitado a trabajar en el ámbito de las relaciones comunitarias para socializar los
objetivos de la concesión.
Es así que aún no ha empezado la fase de exploración, asegura. Inicialmente, esta
tomaría de cuatro a seis años y la explotación comenzaría cuatro años después de
eso, agrega.
Para el funcionario, la oposición en la zona de Íntag es un problema antiguo. Indica que
ya la afrontó un grupo belga de investigación que estuvo en la zona en la década de
1980. Varios años después, la compañía Bishimetal (parte de la transnacional japonesa
Mitsubishi) tuvo que abandonar el país, por la oposición de los lugareños.
Con la llegada de Ascendant Copper, “empezó a aplicarse la misma estrategia”,
afirma Veintimilla, quien atribuye su mentalización y diseño a un grupo de extranjeros
de ideología extremista y radical.
Dice que ellos han elaborado un discurso “retardatario”, con una mezcla de
verdades a medias, mentiras e inexactitudes. “Hablan una cantidad de barbaridades sin
sustento técnico como la segura desaparición del pueblo de Junín”.
El gerente manifiesta que eso no ocurrirá porque las operaciones mineras se
desarrollarán lejos de ese poblado.
También niega una eventual contaminación de las aguas con arsénico o cianuro, porque en
la explotación del cobre no se utilizan esos químicos contaminantes.
Para Veintimilla, la oposición constituye una campaña extremista, como ocurría en la
década de 1970. “Dicen que la compañía extranjera es mala, que les va a robar y
les va a engañar. Nada de eso es verdad”, asegura.
El funcionario cree que el Estado no debe cerrar la exploración minera, pues el recurso
petrolero se agotaría en 2020 y para esa época podría tener ingentes ingresos
provenientes de la industria minera.
Añade que Ascendant Copper prevé pagar al Estado $307 millones solo por impuesto a la
renta, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los derechos de concesión.
Calcula que, dependiendo del tiempo de explotación, los ingresos para el país serían
entre $1 300 a $3 200 millones anuales, lo que, según sus cuentas, equivale al 4,5% y
hasta el 8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Finalmente, niega haber contratado paramilitares para combatir a los comuneros. Dice que
son guardias de la empresa Falericorp. (SR/AA)
PUNTO DE VISTA
Hombre-naturaleza: buscar el equilibrio
El debate no es nuevo y los actores tampoco. El enfrentamiento entre las comunidades donde
hay yacimientos mineros y los inversionistas es una constante en la historia del Ecuador y
en la de muchas otras naciones, en especial de los países en vías de desarrollo.
La confrontación, sin embargo, en lugar de haber servido para que las autoridades, los
inversionistas, los ecologistas y los pobladores hayan encontrado una fórmula o un punto
intermedio de arreglo, ha llevado a que las posiciones se radicalicen y que todas salgan,
de una u otra manera, perdiendo.
El informe de BLANCO Y NEGRO presenta la historia de una "billonaria mina" que
podría dejar importantes recursos, vía impuestos al Estado, revertir ganancias a los
inversionistas y hasta mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona
minera.
Pero el tema no es tan amable como podría parecer.
De parte de las personas que viven en el área de incidencia del llamado Proyecto Junín
los cuestionamientos están dados porque dicen que sus tierras serían afectadas por la
contaminación, con lo que perderían su fuente de sustento.
Desde la minera canandiense Ascendant Copper, que invertiría, según sus directivos entre
$1 000 millones hasta $1 400 millones y crearía 12 mil fuentes de empleo, las objeciones
a su proyecto son producto de la mala influencia de "extremistas" así como de
"extranjeros" que han dicho a los pobladores que su entorno va a ser afectado,
perdiendo hasta las vertientes de agua.
¿Y el Estado, qué?
La ausencia de Estado, es decir, de autoridades con probada solvencia, que decidan por los
ciudadanos y que adopten la mejor decisión para el país es lo único que ha salido a la
luz en este caso minero.
Desde luego que el dilema no es fácil de resolver, pero para eso están allí: para hacer
que se mantenga el equilibro entre el hombre y la naturaleza. (TFF)
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