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El estado recibe de $1 a $16 anuales por cada hectárea, en la fase de
exploración; cobra el impuesto a la renta, pero no percibe regalías
La Cámara de Minería atribuye la
oposición a la actividad minera a una organización ecologista que se sustenta de fondos
internacionales, los cuales usaría para manipular a los pobladores de la zona donde se
desarrolla el Proyecto Junín.
Así lo manifestó a BLANCO Y NEGRO el vocero de ese organismo minero, César Espinosa, al
reiterar que “el país no puede comprometer su futuro por la protesta de 20
personas”.
Según Espinosa, los recursos que recibiría esa entidad ecologista, cuyo nombre evitó
mencionar, provienen de firmas transnacionales que controlan la minería a escala mundial,
a las cuales no les interesa que haya más explotación para mantener altos los precios de
los minerales.
Para confirmar la versión, nos pusimos en contacto con los opositores al proyecto y
obtuvimos documentos en los que representantes de 65 organizaciones campesinas y
ecologistas piden la salida de Ascendant Copper.
Una de ellas es el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio
Ambiente (Cedenma), cuyo presidente, Manolo Morales, cuestiona al Estado por no haber
definido reglas claras en materia de concesiones mineras.
Señala que en la fase de exploración el Estado recibe $1 anual por cada hectárea
concesionada hasta llegar a $16 y que esta actividad no genera regalías al país, a
diferencia del petróleo.
El subsecretario de Minas, Carlos Murriagui, lo confirmó al señalar que los
concesionarios empiezan pagando $1 y llegan a pagar $16; anotó que no hay un porcentaje
de participación para el Estado, según la actual Ley de Minería. Antes era del 3% sobre
la producción bruta.
Así, una empresa minera (la Ley dice que el Estado emite un título único por 30 años
para quien lo solicite) podría mantener la concesión durante todo ese tiempo, con pagar
desde $1 a $16 anuales por hectárea, sin realizar ninguna actividad.
Al no existir regalías, el Estado solo recibe los pagos por impuesto a la renta, de
acuerdo a la actividad realizada.
Con todo eso, Morales pregunta si el Estado ha valorado todos los costos ambientales y los
de remediación que provocaría la actividad minera. (AA/SR)
'El proceso fue a
espaldas de las comunidades'
Constitución dice que los
pobladores de las zonas afectadas deben ser informados antes de la concesión
El vocero de la Cámara de Minería, César Espinosa, acusa al alcalde de Cotacachi,
Auki Tituaña, de intentar controlar la zona donde está ubicado el Proyecto Junín para
favorecer su gestión.
El alcalde señala que su oposición se debe a una “violación flagrante” al
artículo 88 de la Constitución, que establece: “Toda decisión estatal que pueda
afectar al medioambiente deberá contar previamente con los criterios de la comunidad,
para lo cual esta será debidamente informada. La ley garantizará su
participación”.
Tituaña dice que el Ministerio de Energía otorgó la concesión sin consultar con las
autoridades y comunidades del cantón, pese a que la concesión está ubicada en la
jurisdicción de Cotacachi.
Esto, a pesar de que en 2000 esa ciudad fue declarada “cantón ecológico” y la
minería no es compatible con la conservación ni el desarrollo sostenido y sustentable,
según Tituaña. (AA)
'Minería a cielo
abierto es insostenible y degradante'
La cordillera de Toisán sería
una de las reservas con mayor biodiversidad del mundo, según el Cedenma
‘La minería a cielo abierto es insostenible y totalmente degradante’,
manifiesta Rossana Manosalvas, de Ecociencia.
Indica que la explotación a cielo abierto implica levantar todo, sin ningún tipo de
túneles, botando los desechos a los ríos cercanos, puesto que los yacimientos se
encuentran generalmente en las pendientes. Como en la zona hay lluvias frecuentes, los
desperdicios son arrastrados por riachuelos que generalmente desembocan en los grandes
ríos que proveen del líquido vital a las comunidades.
Ella menciona estudios realizados por esa y otras organizaciones ambientalistas que
señalan que las áreas boscosas de los declives occidentales de Junín y de toda la
cuenca alta del río Íntag está localizada en la ceja de montaña que se conoce como la
cordillera de Toisán.
La referida cordillera es una de las reservas minerales con mayor biodiversidad del mundo,
afirma Manolo Morales, del Cedenma.
Los bosques de Íntag albergan una extraordinaria cantidad y diversidad de animales y
plantas, y cumplen una función de protección de numerosas microcuencas que conforman la
cuenca del Íntag, la cual se prolonga hasta la Costa.
Un estudio, efectuado en 1996 por la Japan International Corporation Agency, señaló que
entre otros impactos habría que reubicar a 200 familias de la zona. (SR/AA)
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