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La anunciada explotación de 1 billón de
toneladas de cobre del proyecto Junín prende este conflicto
Un billón de toneladas de
cobre de Junín divide a Íntag
Las historias de los
enfrentamientos se cuentan por docenas, tras la concesión a la firma Ascendant Copper
Hombres armados,
presuntamente contratados por la compañía, disparan contra pobladores opuestos a la
minería, durante un enfrentamiento ocurrido en la zona de Íntag
La madrugada del pasado 2 de diciembre, un
grupo de personas armadas con metralletas y bombas lacrimógenas ingresaron a la comunidad
Chalguayaco Alto, en la zona de Íntag. Los lugareños respondieron y se produjo un
enfrentamiento. El resultado fue un herido de bala, varios contusos y la captura de 57
rehenes por parte de los agredidos.
El conflicto se agravó en el transcurso de la semana y el jueves estuvo a punto de
producirse una masacre cuando el alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, intentó ingresar a
la zona con otras 400 personas que fueron recibidas a pedradas, por comuneros que apoyan
la eventual explotación de grandes yacimientos de cobre existentes en ese sector de la
provincia de Imbabura.
En los últimos dos años y medio los enfrentamientos se cuentan por docenas. Todo empezó
cuando la compañía canadiense Ascendant Copper obtuvo la concesión de 9504 hectáreas
mineras para explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las
sustancias minerales que se hallaren en la zona.
Investigaciones geoquímicas efectuadas en las décadas de 1980 y 1990 estimaron que el
tamaño del yacimiento es de cerca de 1 billón de toneladas, con un contenido mineral
pronosticado de 19 billones de libras de cobre y 864 millones de libras de molibdeno. Esta
información fue proporcionada por la empresa.
A finales de 2002, el Ministerio de Energía y Minas había conferido los títulos de
concesión de estas áreas, denominadas Golden 1 y Golden 2, a Roque Bustamante Espinosa,
quien las cedió a Ascendant Copper.
Actualmente, la compañía planea iniciar la fase de exploración. El plan general se
denomina Proyecto Junín.
Según la minera, los terrenos están ubicados en las parroquias Peñaherrera y García
Moreno, del cantón Cotacahi.
Una descripción de la zona, efectuada hace 10 años por la agencia Japan International
Cooperation, indica que el proyecto involucra a cerca de 70 comunidades agrupadas en las
parroquias Apuela, Cuellaje, García Moreno, Plaza Gutiérrez, Peñaherrera, Vacas Galindo
(pertenecientes a Cotacahi), y Selva Alegre (Otavalo).
El estudio de impacto ambiental de la compañía señala que, en la zona directa e
indirectamente relacionada con el Proyecto Junín, habitan 11 339 personas. En tanto, el
estudio de la agencia japonesa habla de alrededor de 25 mil pobladores.
En la zona concesionada nacen los ríos Aguagrum y Chalguayacu. El primero fluye al río
Íntag y el otro alimenta al Guayllabamba. También hay varios arroyos.
El suelo es fértil, por lo que la gente se dedica a la agricultura y en menor escala a la
ganadería, de acuerdo a los testimonios recogidos por BLANCO Y NEGRO. En cambio, la
compañía asegura que la principal actividad es la tala de árboles, por falta de fuentes
de trabajo.
El Proyecto Junín colinda con la reserva ecológica Cotacahi-Cayapas (entre Esmeraldas e
Imbabura). El Ministerio de Energía certificó que no intersecta con el sistema de áreas
protegidas. (AA/SR)
'Los guardias son de Falericorp'
Hasta 2005, la compañía había invertido más de $500 mil en compras de terrenos a
varios moradores de la zona y programaba invertir $1 millón más; para esa época,
algunos predios habían sido recientemente adjudicados por el Instituto Nacional de
Desarrollo Agrario (Inda) a los vendedores. Esta última información la difundió la
oficina de Defensa y Conservación Ecológica de Íntag.
Ascendant Copper (AC) firmó un contrato de usufructo con la empresa Falericorp, para que
esta compañía agrícola explote las tierras de la minera. El gerente de AC, Francisco
Veintimilla, dijo que Falericorp ha contratado guardias privados para sus instalaciones y
con ellos se han enfrentado los campesinos. (AA/SR)
En lo que va del año se han registrado al menos 15 enfrentamientos entre los sectores que
respaldan a la empresa canadiense y las comunidades que se oponen a la exploración y
explotación de los yacimientos, que comprenden 9 504 hectáreas mineras.
do solidez: todos reconocen
derecho de tenedore
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