Blanco y Negro Periodismo de Investigación
  Quito, diciembre 24 de 2005

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CHOFERES Y JUECES TRAMAN LA IMPUNIDAD

 

En los dos últimos años se han registrado más de 20 mil accidentes de tránsito en el país, el 80% fue causado por los conductores. Hay un nuevo modo de obtener ilegalmente el documento de manejo, con supuesta complicidad policial

SINDICATOS DE CHOFERES: 'FÁBRICAS' DE LICENCIAS

Entre 2001 Y 2003, en Pichincha, se pretendieron entregar 1 689 licencias. En tres promociones anteriores se dieron 6 000 permisos

Entre 1999 y 2001, las escuelas de capacitación de choferes del país emitieron 60 128 licencias profesionales de manejo, con autorización del Consejo Nacional de Tránsito (CNT).
La mayoría de esos 'choferes' la obtuvo sin seguir el curso de capacitación, pues recurrió a un mecanismo corrupto: compró el certificado de aprobación del curso y con eso la licencia en las jefaturas provinciales de Tránsito y en la Comisión de Tránsito del Guayas.
Para el período 2001-2003, estaba prevista la emisión de 30 mil licencias, pero el entonces subsecretario de Gobierno, Virgilio Hernández, paró la entrega cuando se comprobó que las escuelas de manejo no habían registrado a los aspirantes en el CNT.
De acuerdo a la tarifa oficial de entonces, cada postulante aportó $80. Esto representó un ingreso ilícito de $2,4 millones a la Federación Nacional de Choferes Profesionales. El organismo agrupa a sindicatos provinciales, cantonales y parroquiales.
Entre 2001 y 2003, solo en Pichincha se pretendieron entregar 1 689 licencias, cuenta el actual secretario de Actas del Sindicato de Choferes de esta provincia, Wilson Orozco.
Refiere que en las tres promociones anteriores a 2003, ese sindicato graduó a 6 000 choferes. Para el año siguiente, en Quito se matricularon 246 alumnos que pagaron $370 cada uno, pese a que estaba suspendido el funcionamiento de las escuelas de choferes.
Sin embargo, cuando se cambió la dirigencia solo había $200 en caja.
Por todo esto, el actual secretario general del Sindicato, Jorge Ramírez, inició un juicio de cuentas que se sustancia en el Juzgado 24.º de lo Civil de Pichincha.
Hasta el 27 de enero de 2005, la anterior dirigencia, cuyos principales eran José Llerena y Ubaldino Torres, había manejado el Sindicato por 14 años. Los estatutos establecen que el período es de cuatro años.
Entre las irregularidades que se cometieron en esa administración se detectó que "se pretendía otorgar licencias a personas analfabetas, y se concedieron licencias sportman a quienes no sabían conducir. Esto era una fábrica de hacer billetes...", manifiesta Orozco.
También está la venta de un amplio edificio ubicado en el sector de La Marín, en $4 000, al ex dirigente Jorge Yánez, a pesar de que el Sindicato recibió una propuesta por $90 mil. Existe un juicio colusorio.
Los choferes también entraron en el negocio de las urbanizaciones. En Carapungo se vendieron 25 lotes, de un total de 32, a personas allegadas a los ex dirigentes.
Hay otros dos juicios penales por presunta falsificación de documento privado y por asociación ilícita. (AA/MAR)

Padres de una víctima denuncian a conductores

El 30 de septiembre de 2002, regresaban desde Guayaquil los integrantes de la selección de kárate do de Pichincha en un bus de la cooperativa San Cristóbal. En el kilómetro 16 de la vía Alóag-Santo Domingo, el vehículo chocó con un bus de la empresa Panamericana, que, en su intento de rebasar a dos carros, invadió el carril en el que venía el bus de la San Cristóbal. Este fue embestido en la parte frontal. Hubo ocho muertos, seis pertenecían a la Concentración Deportiva de Pichincha.
El conductor de la Panamericana resultó herido, fue detenido y procesado; cumplió tres años de prisión y ahora está libre. El otro se dio a la fuga.
Entre los fallecidos estuvo Alan David Medina Carrillo, de 16 años de edad, que estudiaba en el Colegio San Gabriel. A los 11 años fue campeón panamericano infantil y por cinco ocasiones fue campeón nacional de kárate infantil y juvenil. Su sueño era participar en las Olimpiadas.
Sus padres, Édison y Sandra, dicen que la temporada navideña es muy dura para ellos y su otro hijo, Álex Francisco (17 años). "¡Hay tantos recuerdos!"... En julio de este año se habría graduado del colegio.
"Nunca pensé que en un accidente iban a morir mi hijo y sus compañeros, eso no lo imagina nadie", dice Édison, quien, al enterarse del suceso, viajó a Santo Domingo con su esposa. Allá le informaron que Alan David había fallecido. El joven tuvo una lesión cerebral; murió de contado.
Édison y Sandra consideran que Alan David les dejó un legado, que consiste en luchar para evitar más accidentes por impericia de los conductores.
Por eso se integraron al movimiento Justicia Vial, que impulsó una acción judicial en contra de la dirigencia nacional y provincial de los choferes, con base en la presunta falsificación de 60 mil licencias y la pretensión de otorgar otras 30 mil bajo el mismo mecanismo.
Dos ministros de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Quito los separaron del juicio, por no considerarlos "afectados". (AA/MAR)

Excluyen de los juicios a los acusadores

Ex dirigentes de los choferes son procesados

El movimiento Justicia Vial denunció a los anteriores miembros del Sindicato de Choferes de Pichincha y de la Federación Nacional de Choferes del Ecuador.
Se impulsaron dos procesos penales: uno por falsificación de documento privado (licencias) y otro por asociación para delinquir.
En el primer caso, el presidente de la Corte Superior de Quito, Alberto Moscoso, y la Primera Sala de lo Penal confirmaron la presunción de autoría del delito en contra de cinco imputados. Entre ellos hay miembros del CNT de la época, del Ministerio de Educación (tiene un delegado a las graduaciones) y de los propios choferes.
También se ratificó la detención en firme de los choferes acusados: Eduardo Llerena y Ubaldino Torres (están prófugos). No se confirmó la fianza de $30 millones para cada imputado, dispuesta por Moscoso y se pidió rebajarla a $100 mil.
Pero fueron separados del proceso los acusadores particulares: Guillermo Abad, René Flores, Ernesto Morales, Alexandra Mendoza, Diva Salazar y Édison Medina.
En la segunda causa, el fiscal distrital de Pichincha, Washington Pesántez, acusó a los imputados en el juicio anterior e incluyó a los ex dirigentes de la Federación Nacional de Transporte, Carlos Villamarín y Jorge Mendoza.
El titular de la Corte debe convocar a audiencia preliminar y a juicio. (AA/MAR)

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