|
En 35 años, la exportación de crudo
suma $40 mil millones. desde 1993 a 2005, las prefecturas y municipios amazónicos
recibieron $569 millones.
El 'boom petrolero'
se desvanece en las cifras
De enero a julio de 2005 se HICIERON
aportes por casi al doble de lo proyectado para los organismos seccionales
El paro biprovincial de Sucumbíos y Orellana se apoyó en un 'olvido secular' del Estado,
contraponiendo dos elementos: la explotación petrolera durante 35 años versus el
beneficio local por esta actividad.
Según la Asamblea Biprovincial, el crudo que se extrae, mayoritariamente de la región,
ha tenido una "retribución mínima" en 35 años de explotación, comparada con
los daños ambientales y el deterioro de vida de la población.
Esa retribución, en números, alcanza los $569 millones en asignaciones realizadas a las
prefecturas y municipios de las seis provincias amazónicas desde 1993 hasta 2005. Frente
a los $60 mil millones que -aseguran los dirigentes- el petróleo ha aportado al país
desde 1972, según la estimación del analista Alberto Acosta por la exportación de crudo
($40 mil millones) y la venta de derivados.
La percepción del régimen parece ser otra. El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara,
señaló que sí se han hecho aportes importantes a la región. Aunque no hay datos
históricos globales de esos aportes, salvo el balance enero-julio de 2005, que muestra la
situación actual de Sucumbíos y Orellana. Las cifras del Ministerio de Economía
muestran para estos siete meses un ingreso importante de los diversos tipos de
transferencias que duplican los promedios del año 2004 en relación a lo asignado a
prefecturas y municipios.
Respecto a las transferencias efectuadas a través del Gobierno central y de las
preasignaciones, el monto total entregado para Sucumbíos llegó a $18 773 306,67 y para
Orellana, a $20 068 229,46. Lo que implica que, a fin de año, podrían duplicar sus
ingresos en relación a años anteriores, sin contar los aportes derivados de los acuerdos
entre las dos provincias con las empresas petroleras, luego del último paro.
Esos aportes deben añadirse al realizado por las empresas durante los últimos 13 años,
en que empiezan a producir de forma independiente a través de los diversos tipos de
contratos. Según el señalamiento de uno de los voceros de las compañías, el monto
ascendería a $500 millones, dirigido en forma particular al nororiente. Aunque, ese monto
no es aceptado por la Asamblea Biprovincial, que señala que que ese aporte "'solo
llega a la mitad". (LB)
Donaciones suben los
niveles de ingresos
El aporte por Impuesto a la Renta cobra
fuerza
Los montos transferidos y preasignados, en el
primer semestre de 2005, a Sucumbíos ($18 773 306,67) y Orellana ($20 068 229,46)
integran algunos rubros. Uno se refiere al de las instituciones del Gobierno central por
un total para Sucumbíos de $7 793 224,57 y para Orellana de $4 377 655,62. Los sectores
de educación, salud y ambiente fueron los destinatarios de esos fondos. Allí se incluye
el aporte de otras entidades estatales, como Udenor y el ECORAE.
Los organismos seccionales (incluyendo a las juntas parroquiales) recibieron $6 588 343,75
de Sucumbíos) y $5 060 177,38 de Orellana por concepto de la Ley del 15%, la Ley 0,10
($0,50 por barril extraído en la Amazonía) y las leyes 040 y 122, los recursos de
Fondepro y 2% de capital provincial (Coca y Nueva Loja).
Un tercer rubro corresponde a las donaciones del impuesto a la renta, a través de los
prefecturas y los siete municipios de Sucumbíos y cuatro de Orellana. Los aportes, por
ese concepto a favor de Orellana, suman $9 156 601,77, lo que representa casi el 50% del
total recibido en el primer semestre de 2005 por el resto de asignaciones. Mientras que a
Sucumbíos le significó un ingreso de $5 571 364,56, alrededor del 30%.
Las dos provincias también se beneficiarán en 2005 de los aportes a la Troncal
Amazónica, por $28 millones para toda la región, que suman $188 millones asignados desde
2001 en que arrancó el proyecto. (LB)
La creación de las
provincias eleva el gasto
Los recursos sirvieron para levantar la
infraestructura administrativa y el equipamiento.
La creación de las provincias de Sucumbíos
(1988) y Orellana (1998) supuso la reformulación política de la Amazonía nororiental y
el aumento de las necesidades presupuestarias: la administración pública inició desde
cero, al haber sido Tena el centro político de Napo.
Esa herencia se refleja en que los recursos inicialmente entregados fueron destinados al
levantamiento de la infraestructura administrativa y al equipamiento automotor,
básicamente. La división política de Napo, además, supuso una subdivisión cantonal de
las nuevas provincias, ampliando la dimensión presupuestaria. En Sucumbíos, con siete
cantones, y Orellana, con cuatro.
Otra herencia de la concentración del poder político en Tena fueron las prácticas
clientelares, con el aparecimiento de 'caudillos' que llegaron a controlar la
administración y alentar una bucrocracia creciente, ante las pocas alternativas de
empleo.
Las cifras oficiales muestran ese problema, siendo las dos prefecturas un punto
neurálgico. La actual administración del Consejo Provincial de Orellana recibió la
entidad con 480 empleados.
Las limitaciones económicas fueron determinantes a la hora de conseguir fuentes de
ingreso. Las áreas vitales, como vialidad de primer orden, salud, deporte, educación y
seguridad fueron asumidas por el Gobierno, pero las estadísticas revelan los más bajos
niveles.
La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, implantó un 'modelo alternativo' en su anterior
administración municipal en el cantón Orellana, al dar importancia estratégica a los
convenios con las empresas petroleras, en algunas ocasiones a partir de presiones, las
cuales las reconoce y las ha puesto como una opción política ante sus colegas de la
Biprovincial.
La nueva imagen de Coca habla por sí sola. En solo cuatro años se han logrado pavimentar
más de 500 cuadras en donde antes de 1998 solo había lodo o polvo. Hay otras cantones
que han imitado esos procesos con éxitos relativos.
Pese a ello, hay otros sectores que revelan que la dependencia de Napo siguió por varios
años. El sistema judicial es uno de ellos, Orellana aún sigue atada en ciertas áreas a
la judicatura de Tena. Y no ha estado ajeno de la política. Un ejemplo fue el juzgamiento
del ex prefecto de Orellana, Daniel Lozada, quien fue juzgado por una de las salas de la
Corte de Tena, dentro de una causa que se inició a partir de las acusciones de sus
opositores. El traslado de esas judicaturas tuvo un costo aún no cuantificado para el
Estado. (LB)
|
