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En los últimos años, las multinacionales han PROYECTADO mejor su imagen. Pero
aún existen conflictos sociales y ambientales con estas compañías
Por más de tres décadas, los indígenas
amazónicos han protestado contra la presencia de las empresas petroleras en las zonas en
las que habitan.
Solo en julio de este año se han producido dos nuevos reclamos. En los primeros días del
mes, indígenas kichwa y shuar y colonos que habitan en el cantón Shushufindi, al sur de
Sucumbíos, cerraron las principales vías de acceso a nueve pozos del sector.
Los manifestantes pidieron la contratación del 80% de la mano de obra local, el asfaltado
de la vía Shushufindi-Limoncocha, la remediación ambiental y $2 millones para la
reactivación agrícola.
Días después, una delegación de 150 huaorani llegó a Quito para denunciar el daño
ambiental causado por las petroleras. La brasileña Petrobras opera en el bloque 31. Los
indígenas pedían que suspendiera sus operaciones ubicadas en Orellana y en el Parque
Nacional Yasuní, área protegida, declarada Reserva de Biósfera del Mundo, por la
Unesco.
Juicio histórico
En 1993, indígenas y campesinos promovieron una demanda contra Texaco (ahora
ChevronTexaco), a nombre de 30 mil personas de unas 20 tribus ecuatorianas. Piden $1 000
millones por los daños ambientales ocasionados durante 28 años de explotación.
Los denunciantes acusan a la petrolera de haber derramado millones de toneladas de crudo y
desechos tóxicos en varias zonas de las provincias de Sucumbíos y Orellana.`
Corte a favor de Sarayacu
El 17 de junio de 2005, se comunicó al Estado que debe “cumplir de forma estricta e
inmediata con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para
proteger eficazmente la vida, integridad personal y libre circulación de todos los
miembros del pueblo indígena de Sarayacu”. La Corte ordena también el inmediato
retiro del material explosivo colocado en el territorio de Sarayacu por la Compañía
General de Combustibles (CGC) para la realización de exploración sísmica.
La comunidad kichwa de Sarayacu, que habita ancestralmente en la cuenca del Río Bobonaza,
en Pastaza, está opuesta a la concesión del bloque 23 otorgada a la Compañía General
de Combustibles. (UBP)
Más información
Un informe de la organización Acción Ecológica documenta 58 casos de oposición de
diversas comunidades. LEER EL INFORME
COMPLETO
'LA LEGISLACIÓN ES CLARA'
Para Fernando García, antropólogo de la Facultad de Ciencias Sociales (Flacso), Ecuador,
en el caso de los recursos no renovables, que se encuentran en el subsuelo y los pueblos
indígenas, tiene una larga historia.
"Desde los años noventa se hizo una marcha para solicitar el reconocimiento de
territorios, una noción que va más allá, territorio no solo es el espacio físico, sino
el poder de elegir autoridades propias, de ejercer administración y justicia, de tener
una lengua propia, de decidir sobre el uso de los recursos".
Según García, esto se fortaleció cuando en el Ecuador se aceptaron los derechos
colectivos de la Convención de 1998 que, en el artículo 84, garantiza los territorios
indígenas. Además, ese mismo año, el Gobierno ecuatoriano ratificó del convenio 169 de
la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en el cual se obliga al Estado que, antes de
iniciar cualquier tipo de explotación de recursos naturales en poblaciones indígenas,
debe hacer una consulta previa a la población asentada en esos territorios, para definir
si están o no de acuerdo con el tipo de explotación, los beneficios que traería y las
compensaciones, si existieran daños.
En conclusión: "La legislación nacional e internacional que ha ratificado el
Ecuador es extremadamente clara".
'Impedirán ingreso de petrolera'
Para Alexandra Almeida, del grupo Acción Ecológica, el
impacto de las explotaciones petroleras es evidente y grave. Cuenta que, en los cinco
años que ella vivió en la zona, pudo constatar la contaminación producida en el agua,
el suelo y en el aire de la Amazonía. Además, el maltrato al que han sido sometidos los
indígenas y los colonos por parte de las empresas explotadoras de petróleo. “Ahora
los empleados de las petroleras, cuando se produce un derrame, han optado por
responsabilizar a los campesinos de ser los causantes de atentados, les dicen que les
gusta vivir de las indemnizaciones”, dice.
Almeida asegura que a partir de 1995, las personas afectadas por la contaminación se han
organizado y son los grupos de mujeres los que mejor lo están, como el caso de los
Sarayacu. “Al principio, cuando los hombres quisieron sentarse a negociar, las
mujeres dijeron que no, por ese sentido de apropiación con la naturaleza, pusieron la
condición a los hombres que no les darían chicha. Para un indígena eso es como una
sentencia de muerte”.
Afirma que los Sarayacu han prometido defender su tierra con la muerte y que acusarles de
ladrones de los explosivos es un nuevo intento para que la empresa CGC pueda ingresar en
su territorio. (PAG)
PUNTO DE VISTA
Amazonía y petróleo, dilema a resolver
El conflicto por la 'desaparición' de 150
kilogamos de pentolita, de una empresa argentina, que contiene este informe, es la punta
del iceberg de inveteradas disputas de las comunidades y etnias indígenas de la Amazonía
con el Estado ecuatoriano.
No olvidemos que, a mediados del siglo anterior, un presidente 'progresista' llegó a
decir: "El Oriente es un mito". Claro, él representaba a los sectores
agropecuarios, en un tiempo en que no se vislumbraba el potencial petrolero del país,
cuyo sostén es, precisamente, el subsuelo de la Amazonía que está en territorio
nacional.
Además, durante la República, las comunidades y etnias de la región permanecieron en un
olvido, que no se ha subsanado radicalmente. Por ello, hay una explicable reivindicación
histórica de los indígenas amazónicos, que se ha expresado de muchas formas en los
últimos años.
No obstante, el Estado no puede dejar de contar con la riqueza petrolera, que es la
principal fuente de divisas.Y, no obstante, ha sido incapaz de incorporar a las
poblaciones orientales a un proyecto (económico, social, político) compartido. En este
aspeto, hay un retraso de más de 200 años, sobre el cual se hace muy poco para
acortarlo.
Estado e indígenas están forzados a garantizar la actividad de empresas petroleras en la
exploración y producción del petróleo, salvaguardando el ambiente y sancionando cuando
ello no ocurre. Pero es un contrasentido si las comunidades exigen pagos o beneficios a
las compañías y, además, les exigen que abandonen el territorio, a título de propiedad
del subsuelo. (DCM) |
