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Están extraviados en la Amazonía 150
kilos de pentolita. La compañía argentina acusa a los indios de Sarayacu de robarlos.
Ellos lo niegan.
Sarayacu cambia de
discurso y amenaza con juicio penal contra CGCA
La mítica selva verde que se levanta alrededor de la comunidad de Sarayacu, que está a
25 minutos de vuelo desde Shell, en la cuenca del río Bobonaza, en el centro de Pastaza,
encierra en sus entrañas una cantidad incierta de explosivos.
A inicios de 2003, un grupo de 'guardianes de la selva', como se autodenominan los
habitantes indígenas kichwa de esa población, se apoderaron de una carga de pentolita,
explosivo de alto poder, que se encontraba en un campamento de la Compañía General
Geofísica (CGG), francesa, subcontratista de la argentina CGC (Compañía General de
Combustibles). Según la petrolera, se trata de 150 kilos (más de 2 000 cartuchos) y
detonantes electrónicos, que debían ser utilizados en los trabajos de prospección
sísmica, como parte de la fase de exploración en el bloque 23.
La presidenta de la Asociación del Pueblo Kichwa originario de Sarayacu, Hilda Santi, en
declaraciones a la prensa, el pasado 26 de julio, dijo que, sin precisar cantidades,
"nosotros eso sí tenemos guardado. Nos hemos comprometido que mientras la empresa no
salga, no vamos a entregar esa dinamita".
Agregó: "En mi frente, diferentes compañeros cogieron eso y varios de ellos lo
tienen guardado. Antes se quedó en entregar a alguna organización de Derechos Humanos,
pero ahora está guardado".
El lugar donde están los explosivos es un secreto, aunque agregó que están "un
poco lejos, donde no puedan alcanzar los niños; nadie en general".
Luego de una denuncia pública, hecha por CGC sobre la base de estas declaraciones, el
martes 2 de agosto de este año, el jueves 4 de agosto Santi cambió su declaración y en
una rueda de prensa aseguró que la cantidad tomada por los comuneros fue "mínima,
solo una muestra para enseñar a los compañeros de lo que se trataba". Fue enfática
al rechazar el término utilizado por los representantes de la petrolera, de que se trató
de un robo, por lo que la comunidad decidió iniciar una querella penal "por
injurias".
Mario Melo, uno de los abogados que defiende a Sarayacu, fue más allá y rechazó
íntegramente la denuncia de la CGC. Dijo que en territorio de esa comunidad solo hay los
explosivos enterrados en varios puntos de la selva, "que constituyen una amenaza para
la paz y seguridad".
Sobre la acusación de robo en contra de los indígenas dijo que "es una reacción de
la empresa a la gestión del señor subsecretario de Protección Ambiental, en el marco de
las medidas provisionales, para que entregue la información de dónde están los
explosivos que dejó en el territorio de Sarayacu".
De ahí que, "frente a las falsas imputaciones de delito en contra de Sarayacu, la
comunidad decidió iniciar acciones legales en contra de quienes presentaron esas
acusaciones falsas". Reiteró que la denuncia de "robo de 150 kilos de
explosivos", hecha por la CGC, "es totalmente falsa y es, precisamente, esa
falsa imputación del delito la que motiva la acción penal". No habló de fechas ni
de cuándo presentará la demanda pero dijo que sería de forma inmediata. (EF)
'La relación con los pobladores se ha vuelto insalvable'
La Compañía General de Combustibles (CGC) es
una de las petroleras argentinas más reconocidas en América Latina; mantiene millonarios
contratos con varios países, entre ellos Venezuela, Argentina y nuestro país.
En el Ecuador participó en la octava ronda petrolera y en 1996 y se adjudicó el bloque
23 en la Amazonía, con un contrato de $17 millones, por la exploración y explotación de
ese bloque.
Todo marchaba tal como lo acordado con el Estado, sin embargo, en febrero de 1997, empezó
a tener conflictos con la comunidad de Sarayacu. Secuestraron a cuatro técnicos de la
petrolera, con el argumento de que estaban invadiendo su territorio ancestral. La
liberación se llevó sin ningún problemas y sin pagar el rescate.
Las comunidades indígenas y la CGC iniciaron un proceso de diálogo y la mayoría de
ellas se pusieron de acuerdo con la compañía; sin embargo, en 2002, los indígenas de
Sarayacu volvieron a secuestrar esta vez a 29 personas, por lo que el contrato debió ser
declarado de 'fuerza mayor', lo que se mantiene hasta el momento.
Esta situación se ha mantenido, ya que la comunidad no permite el acceso a ninguna
persona para que medie en el asunto. "El territorio de Sarayacu es un Estado dentro
del Estado ecuatoriano y tiene sus propias leyes", señala el gerente general de la
CGC, Ricardo Nicolás.
A criterio de Nicolás, la relación se ha vuelto insalvable, los dirigentes de la
comunidad no quieren dialogar y no aceptan ningún argumento de la petrolera, aunque esta
ha explicado que no está atentando contra los derechos humanos de la comunidad ni contra
su territorio.
La CGC utilizaba los explosivos para la fase de exploración sísmica del bloque, de la
cual solo se ha realizado el 27%, con unos $15 millones, porque, por seguridad, la
petrolera no puede entrar desde enero de 2003, fecha en la cual paró sus operaciones.
Por su parte, Hilda Santi, dirigente de Sarayacu, ha dicho que los explosivos están en un
lugar alejado y seguro y que no los entregarán hasta que la CGC no salga de su
territorio. Una fuente consultada por BLANCO Y NEGRO señala que los explosivos son
utilizados por la comunidad para la pesca.
La CGC está dispuesta a llegar a un acuerdo con los indígenas de Sarayacu y buscar una
salida que beneficie a la comunidad y al Estado, como a la Compañía; aunque para
Nicolás el conflicto no es solo por territorio, sino por la cosmovisión indígena que
hace que ellos crean en los recursos renovables y en la conservación de la naturaleza.
Esta afirmación la hicieron también algunos de los representantes de la comunidad
Sarayacu en el encuentro realizado hace algunas semanas en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso) denominada 'Recuperar la política petrolera'.
La CGC hace un llamado a las autoridades de Gobierno para que participen activamente en la
solución del tema, con la cual el Ecuador podría recibir cerca de 35 mil barriles
diarios. La Compañía mira con esperanza la solución, pero no descarta llegar a la parte
legal si es que el conflicto no se soluciona. (GA)
Seguridad jurídica
Ricardo Nicolás ratificó en acusación sobre
los explosivos: "Como quieran llamarlo: robo, decomiso, requisa, pero cuando uno toma
algo que no es de uno, es un robo". Dijo que incluso, durante una charla de la
Flacso, en Quito, el ex presidente de Sarayacu Marlon Santi reconoció que efectivamente
tiene esa carga de pentolita. Dijo que están preparados para afrontar el anunciado juicio
penal "aunque se quiere poner el mundo al revés cuando el ladrón acusa al
damnificado. Nosotros somos los perjudicados del robo y no se de qué se nos quiere
acusar".
Nicolás, sin embargo, considera que en el tema hay problemas de Estado de fondo sobre la
potestad de los recursos y esto se debe debatir más temprano que tarde. "El resto de
la historia entre CGC y Sarayacu es fruto de una prolífera inventiva indígena que dilata
su debate. El problema no es ambiental, no es humano, no es de leyes, no es de
explosivos, es de seguridad jurídica". (EF)
La familia es el eje
del poder
El tronco Gualinga es el más numeroso. La
tradición oral y su presencia en todos los centros son los signos de su peso político en
la comunidad. El parentesco es la pauta del discurso ambiental.
'Ramón Gualinga, curaca antiguo, formó el
asentamiento; ellos eran los jefes". La tradición oral describe esta referencia
hecha por el chamán Sabino Gualinga en el libro Sarayacu: el pueblo del cénit, identidad
y construcción étnica.
Ese es un primer acercamiento a las raíces del poder indígena de Sarayacu. Y no es la
única: la publicación señala que los apellidos mestizos Viteri, Cisneros, Guerra y
otros se explican por "un relacionamiento temprano de los kichwa con los 'otros',
debido al comercio".
Estos datos revelan la influencia de ciertas familias y el sentido de protesta de este
pueblo, envuelto en un círculo de parentesco entre sus 1 000 habitantes y en una lógica
de alianzas matrimoniales que han trazado el mapa de territorios familiares. Todos ellos,
hoy vinculados a actividades que promueven la protección ambiental. En este campo se
destaca el núcleo Gualinga. Su peso se mide hoy en la estructura organizativa con la
presencia de los hermanos Patricia y José Gualinga. Ella se encarga del apoyo jurídico a
Sarayacu. El hermano tiene a su cargo las relaciones internacionales del Consejo de
Gobierno. Ambos son empresarios turísticos a través de su agencia Papango Tours, en
Puyo.
Los hermanos Gualinga son primos hermanos de Carlos, Leonardo, Alfredo y Froilán Viteri,
de otro grupo familiar que ha tenido una fuerte influencia en las últimos 30 años.
Carlos Viteri, funcionario en el BID, en Washington, fue asesor de la ex diputada Nina
Pacari y columnista de HOY. Se lo asocia al círculo académico del movimiento indígena.
Leonardo Viteri es directivo del Instituto Indígena Amazanga, que fue parte de la
Organización de Indígenas de Pastaza (OPIP); en el Gobierno de León Febres Cordero
estuvo detenido por portar material subversivo, fue deportado de Colombia. Froilán Viteri
es dirigente del Consejo de Gobierno de la OPIP. Y Alfredo Viteri es director del proyecto
de Bio-Investigación Yanayacu, ubicado en la frontera con el Perú.
Un comunero, que prefirió la reserva, señala que el peso de estos grupos familiares es
importante a la hora de definir la línea de acción de los indígenas. Su influencia
radica en sus relaciones "políticas hacia fuera, pues ha permitido dar sustento a la
lucha antipetrolera".
Estos 'clanes' tienen un complemento con el grupo Santi, de cuyo tronco se destacan Marlon
y Mario Santi, presidente y ex vicepresidente de la comunidad. Y la actual presidenta del
Consejo, Hilda Santi.
Patricia Gualinga niega que las influencias familiares marquen la pauta en la toma de
decisiones, pues destaca que esa es una prerrogativa de la asamblea, la misma que recoge y
expresa la visión del pueblo por la defensa ambiental, "que no es nueva". De
hecho, en los años ochenta, Sarayacu se opuso ya a las tareas de sísmica de la
transnacional Arco. (LB)
Pentolita: un explosivo de altísimo poder
Un técnico del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional aseguró
que la pentolita es considerada un explosivo de altísimo poder que sobrepasa los 1 000
metros de velocidad de detonación por segundo. Para que exploten los 150 kilogramos se
necesita de un iniciador y depende de su almacenamiento para establecer si están seguros
o no.
Estos explosivos deben estar en un lugar completamente seco, donde no exista humedad, o
guardados en búnker especiales para que, en caso de una explosión accidental, no
provoquen heridos. El riesgo es latente si está en una casa o en una bodega,
principalmente, si se encuentran juntos, si uno llega a detonar lo hacen todos por el
fenómeno 'simpatía' (reacción en cadena). Son peligrosos cuando se usan como bombas.
(PAG)
En situaciones normales, la pentolita necesita de un iniciador; sin embargo, se han
reportado accidentes alrededor del mundo producidos sin ningún detonante, el problema
radica en el almacenamiento. El explosivo cada día se vuelve más inestable .
Si los explosivos están encerrados y existe polvo no visible en suspensión que está en
el ambiente, el momento que ingresa una persona cargada de electricidad estática a la
habitación podría iniciarse una explosión si esta tiene contacto con una aldaba de
metal.
Si no hay un correcto manejo del explosivo la estática de una persona (electricidad de 2
voltios) puede desencadenar una explosión; también si se toman los cables de los
detonadores y se encuentra cerca del explosivo. Por eso deben ser manejados por expertos.
La pentolita puede explotar por la fricción, el calor y el choque (un golpe). En el caso
de que se produzca una explosión, esta emite gases tóxicos e irritantes. No se debe
tratar de apagar el fuego, además, hay que evacuar a la gente a 1 500 metros a la
redonda.
La detonación de los 150 kilogramos puede hacer daño a un radio de acción de 200
metros, en el caso de El Oriente, donde, se supone, están los explosivos, podría acabar
con toda una comunidad, debido a que las viviendas son de caña, y no de hormigón armado.
La pentolita se utiliza a escala militar para fabricar armamento; se usa especialmente en
geología para realizar estudios de suelos y sísmicos; y perforaciones además, es
utilizada por el terrorismo, para armar coches bombas y explosivos. (PAG)
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