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Los sondeos y
los datos oficiales muestran que el incumplimiento de las reglas
de acceso a la información se volvió, en un año, 'un deporte
nacional'.
TODO ARGUMENTO VALE AL MOMENTO DE UNA 'NEGATIVA'
SOLO EL 14% DE
INFORMACIÓN PEDIDA EN el 'gutierrismo' se entregó
inmediatamente.
Un informe de mediados de mayo de 2005 sobre un estudio
exploratorio, realizado entre varias entidades del Estado,
determinó que apenas el 14% de las solicitudes de acceso a
información tuvieron una respuesta efectiva, mientras que el 76%
se atendió con una negativa tácita, sea al excusarse por no
tener permiso de alguna autoridad, al exigir más precisión, al
justificarse en un traspapeleo o simplemente al pedir una
extensión del plazo para dar una respuesta, más allá de los
términos legales.
Entre los que se negaron, hay casos importantes por la coyuntura
política. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional (TC), bajo el
pretexto que el pedido requería de la autorización del
secretario de la institución, no entregó la copia de la petición
del ex presidente Lucio Gutiérrez para que el TC intervenga e
impida que los jueces de primera instancia acepten el trámite de
acciones de amparo en contra de la resolución parlamentaria 25
160 sobre la cesación de la Corte Suprema. En otra petición, los
funcionarios del TC, con el mismo argumento, se negaron a dar
las actas de la sesión en las que se discutió la resolución del
Congreso del 2 de diciembre de 2004 sobre la reorganización del
tribunal. Y la respuesta demorará mientras dure la acefalía.
Igualmente, el requerimiento de información al ex ministro
Mauricio Yépez, sobre las partidas presupuestarias de gastos
empleados en la consulta popular y campañas de información de la
Presidencia, tuvo como respuesta que "faltaba autorización del
ministro".
El monitoreo fue realizado por la Clínica de los DDHH de la
Universidad Católica entre 22 instituciones que por ley están
obligadas a entregar información y sobre la que se podía tener
un valor agregado para la investigación sobre violaciones a los
DDHH. Los pedidos se presentaron entre el 19 y el 21 de abril,
fechas en las cuales seguía en el poder Lucio Gutiérrez, lo que,
al parecer, abonó luego de su salida a que se justificaran las
negativas, sea por falta de los titulares o porque no se conocía
el trámite o se argüía algún traspapeleo (ver cuadro). (LB)
FUERA DE TIEMPO
Solo una solicitud
de la Clínica de los DDHH fue atendida inmediatamente: sobre la
existencia en farmacia de la pastilla Viramune (del principio
activo Nevirapina), presentada a la líder de Gestión de la
maternidad Isidro Ayora, Margoth Constante, el 21 de abril. Fue
una de las tres peticiones atendidas.
La Procuraduría recibió un informe sobre el cumplimiento de la
sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso 'Tibi',
pero el 10 de mayo, fuera del plazo legal, un funcionario
respondió que se atendería lo antes posible.
A los ex ministros Juan Carlos Camacho (Ambiente), Patricio
Zuquilanda (RREE) y Teófilo Lalama (Salud) se les pidió
información sobre medidas para proteger a las poblaciones
fronterizas de las fumigaciones.
La respuesta fue la misma: que se enviará la información "cuando
esté lista". (LB)
El traspapeleo siguió durante la transición
Cuando la Clínica de
los Derechos Humanos pidió al ex canciller Patricio Zuquilanda
los acuerdos logrados entre Ecuador y los EEUU, sobre derechos
de autor en el marco del TLC-CAN, los funcionarios de la oficina
del TLC-ALCA señalaron que el documento "se traspapeló, a pesar
de que el departamento de documentación avalaba la existencia
del mismo". Otra petición en el mismo sentido también se entregó
a la ex ministra Ivonne Baki, pero la respuesta del mismo
departamento fue que la información estaba en la página web y
que las actas respectivas se podran encontrar en el cuarto de
lectura del TLC-CAN.
Esa contradicción, sin embargo, ha sido superada a partir de la
segunda versión. BLANCO Y NEGRO pudo verificar que la página
actualizada tiene la información pedida.
La transición también fue un obstáculo a la hora de dar
información, en donde se infiere que la responsabilidad es de
los funcionarios del gutierrismo. Así, al pedido al Ministerio
de Economía de información relativa a los trámites seguidos para
el cumplimiento a la sentenia dictada por la Corte
Interamericana de DDHH en contra del Estado, se informó que la
persona encargada del trámite era la asistente del ex ministro y
se desconoce qué sucedió con la respuesta. La salida sugerida
fue que se repita el pedido. Y ante los pedidos al ex ministro
de Bienestar Social Antonio Vargas, la actual administración
señaló que desconocía todo lo sucedido durante el gutierrismo.
(LB)
Pocas quejas, signo del 'desconocimiento'
Apenas 25 quejas ha
recibido la Defensoría del Pueblo como consecuencia de la
negativa a peticiones de acceso a la información. De ellas, 19
han sido tramitadas y han tenido resultado positivo en la
obtención de la información.
De ese grupo, 15 fueron atendidas dentro de los 10 días del
término previsto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (Lotaip). Mientras, cuatro de ellas
fueron atendidas en los cinco días de prórroga legalmente
establecidos. Y en las otras cinco aún corre el plazo.
El único trámite que no prosperó es una petición del comité de
padres de familia del colegio Consejo Provincial de Pichincha
para acceder a información contable. Pese a la intervención de
la Defensoría del Pueblo, el contador se ha negado a dar la
información, por lo cual se ha iniciado el trámite legal de un
recurso de acceso a la información, contemplado en la Ley.
Si bien la intervención de la Defensoría del Pueblo se muestra
efectiva en proporción al número de quejas receptadas, desde
febrero, la afluencia del público a esa dependencia aún es
mínima para buscar apoyo institucional a peticiones de acceso a
información oficial.
La falta de conocimiento es precisamente una de las debilidades
que admite la Defensoría del Pueblo respecto al cumplimiento de
la Ley. Y de manera particular, el desconocimiento que hay sobre
el rol de este organismo en el patrocinio de quejas y del
control el cumplimiento de esa cuerpo legal.
René Maugé, asesor institucional, reconoce que ese
desconocimiento es consecuencia de la falta de promoción de la
ley, en la cual la propia Defensoría está en deuda, en parte por
las limitaciones de recursos, dice el vocero de la institución.
(LB)
Todo el mundo 'navega' en la informalidad
APENAS CUATRO
INSTITUCIONES registran los detalles del presupuesto. La AGD
especifica montos por función y viáticos.
Según un monitoreo
realizado en la Internet, en mayo pasado, por la Coorporación
Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) no se
cumplía en un gran nivel.
El análisis, realizado en 38 instituciones, señaló varias
deficiencias con respecto al cumplimiento del artículo 7, como
la obligatoriedad señalada en el literal C para mantener
información actualizada en la página web. Según el monitoreo,
solo el Ministerio de Economía (MEC) cumplía con esta
disposición legal.
El artículo 7 de la Ley señala que, entre otros elementos, la
página web debe tener obligatoriamente información actualizada
sobre la "remuneración mensual por puesto (función) y todo
ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según las
disposiciones correspondientes".
Hoy, el balance aún sigue siendo incumplimiento general. BLANCO
Y NEGRO navegó esta semana por 13 de los sitios indagados por la
CLD: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación,
Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), Andinatel, Municipio de
Quito, Pacifictel, Congreso Nacional, Comisión de Control Cívico
de la Corrupción, Defensoría del Pueblo, Superintendencias de
Compañías y de Bancos, Municipio de Cotacachi y el IESS.
El resultado: únicamente el portal de la AGD registra
información económica detallada. Su página web tiene una tabla
con sueldos por función y también el dinero utilizado en
viáticos. En el caso de la página de Andinatel, para acceder a
este tipo de información, se necesita enviar un correo
electrónico.
La Ley obliga también que los portales deben incluir información
total sobre el presupuesto anual que administra la institución,
especificando ingresos, gastos, financiamiento y los resultados
de las auditorias internas y gubernamentales.
En el estudio de CLD, solo el Ministerio de Economía, el Banco
del Estado, el Fondo de Solidaridad y el Instituto del Niño y la
Familia publicaban sus presupuestos. Como conclusión, se
determinaba que el 75% de las páginas no cuentan con estos
datos. Y, por otro lado, se observaba que la información era muy
general en algunos de los portales, como en el caso del
Municipio de Quito, de la información económica hasta 2002.
En el monitoreo de BLANCO Y NEGRO, de las 13 organizaciones,
solo la AGD y el MEC cuentan con esa información.
La rendición de cuentas tampoco tiene limitadas referencias.
Según el literal M del art. 7, las instituciones deben detallar
las metas, los informes de gestión e indicadores de desempeño.
El informe de la CLD concluyó que el 48% de los consultados no
tenía dichos mecanismos.
En el sondeo de BLANCO Y NEGRO, los resultados no mostraron
variación: solo la AGD detalla esa información, y en el caso del
MEC existe el informe pero se registran problemas para su
descarga.
Del sondeo se deduce que se mantiene un incumplimiento alto
sobre el mando de la Ley, con respecto a los ocho ejes de
información, a partir de los cuales se trabaja en un formato de
portal, se relacionan con la organización interna, sueldos y
beneficios, servicios, presupuesto, contratos, rendición de
cuentas, responsable de información e información reservada. (PAG/LB)
Portales se abren en la web 'a palo de ciego'
En febrero, se encontró que solo 43,97% de entidades tenían
portal en la web. La muestra se hizo a 316 entidades, de un
total de 5 000 a nivel nacional
A febrero de 2005, apenas un 43,03% de entidades habían abierto
un portal en la Internet. El 56,97% no había cumplido con el
mandato establecido en el art. 7 de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).
Ese fue el resultado del estudio de la Defensoría del Pueblo a
316 entidades clave. Pero es un pequeño segmento de la cobertura
total del control, que sería de 5 000 entidades, según Cármen
Rodríguez, titular de la Dirección Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información (Dintracip).
BLANCOY NEGRO monitoreó algunas instituciones que en febrero
tenían deficiencias. En el portal de la Universidad Central se
constató su existencia, la última actualización fue en octubre
de 2004; tiene servicios de información para los estudiantes, no
tiene un organigrama y solo se enumera a las autoridades; no hay
datos del manejo del presupuesto y no existe información sobre
rendición de cuentas.
El portal del Banco de Fomento no especifica el presupuesto ni
los sueldos y salarios para los empleados, y tiene un link donde
se argumenta que la información es reservada.
Las páginas de la Función Judicial del Guayas y el Instituto
Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) no se abren mientras que
los sitios de la Secretaría Nacional de Remuneraciones (Senres)
y Consorcio de Consejos Provinciales (Concope) están "en
construcción". A julio, la mayoría de municipios no tenía
portal, según datos de la Defensoría. Todo eso, mientras se
discute el formato de las páginas web. ( PAG/LB)
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