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Las bombas lacrimógenas utilizadas en la represión a los 'forajidos' fueron
recolectadas de todos los rastrillos del Ecuador. Hace dos años se importaron 30 mil
unidades; el pasado 20 de abril, casi se termina la dotación policial
En enero de 2003, la Policía Nacional
importó 30 mil bombas lacrimógenas. La empresa Armor Holding, de los Estados Unidos, fue
la encargada de la dotación. En dos años casi no quedan unidades.
Según una fuente relacionada con el Alto Mando policial, el pasado 20 de abril, si las
manifestaciones continuaban por dos horas más, se acababan los proyectiles, que, con el
fin de controlar a los 'forajidos', se recolectaron de todos los rastrillos del país.
La Unidad de Logística de la Policía Nacional da sus números. A decir de ellos, durante
las manifestaciones se lanzaron 1 750 bombas lacrimógenas. Allí cabe una pregunta,
¿qué pasó con las otras 28 mil? Se conoce que estos gases también son utilizados para
los entrenamientos de los miembros de las unidades especiales.
En la importación, se debió gastar alrededor de $600 mil. Se trajeron 10 mil bombas
lacrimógenas de largo alcance, que en el mercado se venden a $14; 10 mil de corto
alcance, cada unidad vale $18; y 10 mil granadas de mano, que cuestan $35 cada una.
El comandante de la Policía, José Vinueza Jarrín, demora en pronunciarse acerca del
tema, igual el general Enrique Amores, de la Unidad de Logística. A ambos se les
solicitó una entrevista, pero se negaron hasta no posesionarse oficialmente en el cargo.
Esta será la última dotación que se importará al Ecuador. En dos meses
aproximadamente, la empresa Gasespol Industrial CEM tendrá la capacidad de ensamblar las
bombas lacrimógenas en su planta, ubicada en el sector de Calacalí, al noroccidente de
Quito.
La iniciativa se concretó hace ocho meses, cuando Armor Holding autorizó, por 20 años,
para que Gasespol, que en sus dos terceras partes pertenece a la Policía Nacional, pueda
incluso distribuir sus productos a países de Sudamérica.
No hay información oficial sobre los gastos globales de la Policía durante los últimos
15 días del régimen gutierrista. La movilización y alimentación de los policías y
militares apostados en los alrededores de la Plaza Grande, y en otros 13 puntos
conflictivos de la capital, significaron un egreso extra para esa institución y hasta
inconvenientes, pues no se tenía dónde alojar a los gendarmes traídos de otras
provincias.
En el Ministerio de Gobierno nadie ha querido referirse al tema. Funcionarios de esta
Cartera de Estado advirtieron que la Policía Nacional cuenta con su presupuesto propio.
De hecho, en una entrevista con este Diario, el ex ministro de Gobierno, Óscar Ayerve
dejó claro que la Policía muchas veces actúa por su cuenta y no intervienen para nada
las autoridades del régimen de turno.
Frente a estas interrogantes, las reacciones no se hicieron esperar. El Municipio de Quito
pidió fiscalizar y auditar los $7,2 millones que entregó a la institución policial en
obras y equipamiento (sistemas de comunicación, unidades de vigilancia, movilización y,
principalmente, combustible para los patrullajes por la urbe).
El alcalde del Distrito Metropolitano, Paco Moncayo, dispuso que ahora los recursos se
canalicen directamente a las organizaciones barriales, para evitar que se desvíe el
dinero a operativos que atenten la integridad de los ciudadanos.
También hay descontento entre los defensores de los derechos humanos. Ellos piensan que
se deben canalizar los recursos para hacer una Policía más pegada a la Constitución y
defensora de los derechos civiles de los ecuatorianos. Más aún cuando la represión
afectó la integridad de centenares de manifestantes.
La Cruz Roja, a través de su portavoz, Jhonny Franco, dice que al menos el 80% de los
heridos presentaba casos de asfixia, impactos de bombas lacrimógenas y traumatismos por
caídas, mientras que el 20% (en su mayoría policías) sufrieron impactos de piedras.
Además, advirtieron que la cantidad de gas lacrimógeno (pólvora, azúcar y moléculas
de pimienta o ají) en estas manifestaciones era mayor que en otras represiones.
(OP-GGS-RGC)
¿Se creó una red
para asustar a la oposición?
Organizaciones de
defensa de los derechos humanos creen que sí existió una política de amadrentamiento en
la que tuvo parte un sector de la Policía y el Ejército
Durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, 63
personas fueron perseguidas. Además, se legitimó a grupos civiles que atentaban contra
los opositores y se intentó callar a los medios de comunicación. Así lo denuncian los
organismos de defensa de los derechos humanos.
Por eso creen que en el Ecuador se ha tejido un sistema policial y militar para controlar
y atemorizar a la comunidad.
A los hechos ya enumerados, ellos añaden la represión y los atropellos cometidos por los
gendarmes en los últimos dos años (ver cuadro) y que, de una manera más brutal, se
evidenció en las manifestaciones de los últimos ocho días del Gobierno de Lucio
Gutiérrez.
Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh), solicita que el
presidente Alfredo Palacio desmantele esta red y sancione a los responsables de los
delitos cometidos durante el mandato gutierrista.
Solo en la Apdh se recibía un promedio de dos denuncias diarias por violación a los
derechos (atentados, amenazas, persecuciones, intervenciones telefónicas, entre otras).
"No se trata simplemente de pedir perdón por los actos cometidos por los
uniformados. Se trata de iniciar los procesos judiciales a los responsables de los
atropellos y sancionarlos", sostiene Ponce, quien además comenta que se puso de
acuerdo con la ministra subrogante, Cecilia Armas, para que se enjuicie a Óscar Ayerve y
a los generales de la Policía Marco Cuvero y Jorge Poveda.
Además, en los dos años de administración de Gutiérrez, se legitimó a grupos
ciudadanos para amedrentar a las personas que se oponían al Gobierno, uno de ellos era
Cero Corrupción.
También se masificó la represión: no se enfrenta a los manifestantes en un solo punto,
sino que se los dispersa y se arremete en contra de grupos pequeños disgregados en zonas
conflictivas. Otra cosa: se utilizó agentes motorizados y policías en puntos clave que
utilizaban estrategias de la guerra psicológica.
Por ejemplo, Gonzalo Albán, morador del barrio San Marcos, con su esposa y dos hijos, vio
cómo los gendarmes, en la madrugada del 20 de abril, se golpeaban el pecho con los
toletes: "Me causó miedo. Me recordaban a los huruk (híbridos de orcos que sí
soportan la luz del día) de El señor de los anillos o a los romanos en las guerras de
expansión".
Por su parte, Elsie Monje, de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu),
deduce que eso es resultado de la preparación y práctica de un militar "que piensa
que todas las opiniones y críticas a su régimen provienen de enemigos a los que hay que
eliminar".
Gustavo Larrea, de Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, piensa que
"nadie puede lavarse las manos. Los distintos ministros de Gobierno tienen culpa en
las violaciones y atropellos cometidos por los policías". (RGC)
PUNTO DE VISTA
Por sanidad pública, transparencia total
¿La Policía fue víctima del Gobierno de
Lucio Gutiérrez? o ¿solo fue la institución responsable que cumplía con las
disposiciones de las autoridades de ese régimen?
Las dudas, quizá, nacieron en el mismo momento que el comandante de esa institución,
general Jorge Poveda, renunció al cargo. A este Diario le dijo que lo hacía para no ser
responsable de hechos lamentables. Otras fuentes señalan que la renuncia estaba planteada
y fue discutida en algunas esferas el viernes 15 de abril de 2005, cuando se decretó el
estado de emergencia.
Es decir, ¿la Policía vivió la encrucijada de servir a quien tiene obligación
constitucional o no reprimir a una ciudadanía que protestaba por las violaciones
constitucionales?
Lo cierto también es que para garantizar 'lealtad' institucional, Gutiérrez entregó
recursos a la institución sacándolos de otras fuentes, como las destinadas a reparar los
impactos ambientales de la industria petrolera. Y con ello no solo se cometía un delito
por parte del Gobierno, sino que la Policía Nacional también se convertía en cómplice
de ello.
Por otro lado, por sanidad pública, la Policía debe explicar en detalle si hubo cuerpos
de espionaje y hostigamiento, qué pasó con la protección al presidente Alfredo Palacio
y de dónde se han obtenido todos los recursos para reforzar la seguridad y crear algunas
empresas. Para ello, solo hace falta mostrar cuentas, nombres y hechos, que no cuesta
mucho, pero sí rinde frutos para todos. (OP) |
