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El nuevo mando policial tiene una
agenda pendiente: quedan por aclarar de dónde salieron todos los recursos para la
construcción de cuarteles y viviendas y el equipamiento de grupos especiales; si existió
una red de espionaje y hostigamiento dirigida por el coronel Gerardo Zapata; y si hubo una
disposición para dejar sin resguardo al presidente Alfredo Palacio tras ser posesionado
en el cargo por el Congreso Nacional.
Las 'petro' miman a
Policía
Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, los uniformados recibieron varios millones de
dólares de los fondos para el impacto ambiental de Petroecuador, para obras y proyectos
que no estaban calificados como prioritarios ni técnicos.
Desde el año 2001, la Policía Nacional fue una de las entidades 'mimadas' de
Petroecuador, pero en el régimen de Lucio Gutiérrez, 'se le fue la mano'. Solo el Grupo
de Intervención y Rescate (GIR) se benefició de las arcas de la estatal petrolera, en
particular de los fondos de la Gerencia de Protección Ambiental, con $2 891 121,15, en
2004.
De acuerdo con los planes y reglamentos de esa Gerencia, los recursos para obras son
únicamente para las zonas, entidades y personas afectadas o que podrían serlo por la
industria petrolera estatal. Según el informe consolidado de esa Gerencia petrolera para
los años 2003 y 2004, al GIR se le entregó esa suma, bajo el convenio firmado con la
Policía, para "construcciones, adecuaciones y equipamiento para varios repartos
policiales del GIR". No se especifica en el informe, al que tuvo acceso este Diario,
el detalle del gasto.
La queja de los altos mandos de la Policía es que no existe el presupuesto suficiente
para resolver las necesidades de infraestructura, y por ello, se firman convenios con
diversas entidades como Petroecuador, los municipios de Quito, Guayaquil, Cuenca y de las
poblaciones fronterizas con Colombia, sin descontar los aportes de entidades
internacionales.
Antes de dejar el cargo, el ex comandante Jorge Poveda le dijo a este Diario que en su
mandato, de casi dos años, se implementó el plan de modernización de la Policía,
"no siempre con recursos propios".
Para conocer sobre estos convenios y otros que estarían en carpeta, se insistió toda la
semana para entrevistar al comandante José Vinueza Jarrín, pero él se negó hasta no
posesionarse en el cargo oficialmente, según indicaron los funcionarios de Comunicación
de la Comandancia General.
Asimismo, sin señalar los impactos ambientales que podría ocasionar la industria
petrolera, Petroecuador destinó, del mismo fondo para impacto ambiental, $2 431 983 para
"el proyecto de contratación de un cuartel en Pascuales, en la ciudad de Guayaquil,
para el Plan Más Seguridad".
Y hay otras 'donaciones' que no se ajustan a la obligación de la Gerencia de Protección
Ambiental. Una es la firma de un convenio para la construcción y equipamiento de los
cuarteles del GIR en los repartos policiales de Quito, Guayaquil y Cuenca, por un monto de
$278 224,35.
Otra: la construcción de un cuartel de la Policía Metropolitana de Quito, en Puengasí,
tres sistemas integrados de seguridad en Quitumbe, Valle de los Chillos y Tumbaco, una
base de bomberos en El Placer, la adquisición de tres ambulancias para esos sistema de
seguridad y la construcción de una Unidad Operativa de la Policía en el Valle de los
Chillos, todo por un monto de $577 180,60.
También se destaca la implementación de 15 granjas integrales comunitarias en
comunidades de las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar,
por la suma de $247 122,14. Por esas zonas no pasa ningún tubo de la industria petrolera.
En dos informes anteriores de BLANCO Y NEGRO, también se expuso cómo la Gerencia de
Impacto Ambiental destinó recursos para la construcción y adecuación de hospitales y
puentes en las poblaciones de Píllaro, Pelileo y San Miguel en la provincia de
Tungurahua, sin que por allí pase "ni un tubo petrolero". Ahora, la
Contraloría ordenó la paralización de esas obras por no tener una justificación
técnica.
Lo mismo ocurrió para la construcción de puentes, en varias poblaciones del Ecuador.
Ochenta puentes estaban planificados para este año, a pedido del Ministerio de Energía,
cuando lo dirigía el coronel Carlos Arboleda.
Por los cambios en las autoridades de Gobierno, en Petroecuador nadie quiere explicar por
qué se trasladó ese dinero para la Policía sin la justificación técnica. Algunos
funcionarios indicaron que "ese tipo de decisiones venían de arriba y no se podían
rechazar por las amenazas de despido". (OP)
LOS TEMAS PENDIENTES
El Alto Mando de la Policía que se posesionó ayer en la Escuela Superior, de Pusuquí,
tiene varios asuntos pendientes por explicar sobre la actuación del anterior mando, en
los últimos 15 días del Gobierno de Lucio Gutiérrez. El general Jorge Poveda renunció
al cargo de comandanta el 20 de abril.
La principal duda es sí algunos de los oficiales de la Policía formaron parte de un
grupo paralelo de Inteligencia. Este grupo tendría la misión de vigilar y hostigar a los
líderes de opinión y a varios periodistas. El ex ministro de Gobierno Óscar Ayerve
negó la existencia de ese aparato, bajo su administración.
La otra explicación pendiente es por qué se actuó de modo exagerado en el control de
las manifestaciones antigutierristas en los días 19 y 20 de abril, principalmente. De
hecho, hay una investigación fiscal para determinar los posibles responsables por la
muerte del periodista chileno Julio García.
Asimismo, queda por aclarar por qué razón el entonces comandante de la Policía, general
Marco Cuvero, tras llegar a Ciespal para hablar con el presidente Alfredo Palacio, dejó
sin protección policial la zona y al nuevo mandatario. El ministro de Gobierno, Mauricio
Gándara, ha dicho que hasta ahora lo esperan.
Y desde el Municipio de Quito se exige una aclaración detallada del destino dado, por
parte de la Policía, a los recursos destinados por el Cabildo para diversas obras. Lo
mismo demanda la Municipalidad de Guayaquil sobre el uso de motocicletas y automóviles
entregados a través de la empresa privada. (OP)
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