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Las nuevas autoridades solicitan mayor apoyo a las guarderías comunitarias y que
se disuelva el Fondo de Desarrollo Infantil, al que se desvió unos $4 millones de los
recursos de Operación Rescate Infantil
La destitución de empleados de varias
dependencias, establecida por el Decreto 12 del presidente Alfredo Palacio, genera
polémica. Incluso, en varias instituciones se tomaron medidas para impedir el acceso de
esos funcionarios. Por ejemplo, en el Programa de Protección Social fueron cesadas 38
personas de la planta central y 40 que fueron contratadas como expertas.
En Operación Rescate Infantil (ORI), después del 20 de abril, los empleados están en un
proceso de depuración. La entidad, que se dedica a la atención de niños y niñas
menores de 6 años, emitió el 26 de abril un comunicado al secretario de la
Administración Pública, en el que se desconocen a los directores y asesores del Gobierno
derrocado. Además, se pidió una intervención de la Contraloría para conocer el destino
de los dineros del ORI y la derogación del FODI (Fondo de Desarrollo Infantil), al que se
desviaron unos $4 millones.
Al día siguiente, la Presidencia emitió un decreto en el que se derogaron “los
nombramientos de los funcionarios de libre remoción, los contratos de servicios
profesionales y ocasionales” y se terminaron “las comisiones de servicios
interinstitucionales” comprendidos en el período del 15 de enero de 2003 hasta el 20
de abril de 2005. En la tarde del 27, alrededor de 20 directores y asesores salieron del
ORI de Quito.
Un dato extra: en el comunicado, los empleados reconocen su flaqueza al permitir el uso de
personal y de vehículos para las marchas en favor del Gobierno de Lucio Gutiérrez.
Ellos debían hacer pancartas para las manifestaciones y, durante la última protesta, se
pidió una 'colaboración' de $20 a cada uno para financiar el traslado y las marchas
gutierristas.
A los trabajadores de las guarderías se les descontaba un día de trabajo, si no salían
a las calles. Otras fuentes indican que, en algunos casos, se sacaba dinero de los fondos
de estos centros infantiles para pagar los gastos para la gente de las provincias que
llegaron para participar en las movilizaciones de los 'contraforajidos'.
Para controlar a los empleados, se dispuso hasta cuatro integrantes de la 'guardia' del ex
subsecretario Bolívar González para tomar listas durante las marchas. El fin era
amedrentar a los funcionarios de esa dependencia adjunta al Ministerio de Bienestar
Social. (GGS)
Ex subsecretario
dice haberse distanciado
Los 23 detenidos en el
interior del Ministerio de Bienestar Social, el pasado 20 de abril, dicen que se les
ofreció $10 diarios a más de comida, alojamiento y hospedaje
Se aclaran poco a poco las pistas para
determinar de dónde salieron los recursos para contratar a los manifestantes, que
llegaron a Quito, para respaldar al ex presidente Lucio Gutiérrez.
En el Ministerio Público, el agente fiscal de Pichincha, Henry Estrada, de la Unidad de
Delitos Contra la Vida, está indagando todas las versiones. Mientras que, Jorge Huilcapi
Velarde, el abogado defensor del ex subsecretario de Bienestar Social Bolívar González,
notificó que el ex funcionario, el 18 de abril, presentó la renuncia a su cargo por
"estar en desacuerdo con la forma cómo el gobernante estaba conduciendo al
país", la misma que fue aceptada dos días más tarde, a las 08:00, por el entonces
ministro Antonio Vargas.
Algo más: en el escrito dice Huilcapi que el 20 de abril, González acudió al MBS para
retirar documentos personales y que salió inmediatamente. Hubo gente que lo vio en un
Porche azul.
Pero las declaraciones de los 23 detenidos en el interior del MBS, el pasado 20 de abril,
lo desmienten. Extraoficialmente, uno de responsables de la investigación comentó que
hay un detenido que señaló a González como la persona que destinó cerca de $40 mil
para contratar gente para las contramarchas organizadas en Quito.
Por las declaraciones de los detenidos, también se supo que a las personas que arribaron
a Quito, en la tarde del 19 y por la madrugada y mañana del 20 de abril, se les
ofrecieron $10 diarios a más de alimentación, transporte y alojamiento; los testimonios
de Jorge Luis Macías y Freddy Valle Palma, de Portoviejo, así lo ratifican.
Mientras que Germán Ramírez Cagua, habitante del sur de Quito, declara que cuando se
acercó al MBS para averiguar sobre el Bono Solidario y el Bono de la Vivienda, cruzó
unas palabras con uno de los guardias de la institución. Allí se le acercó un individuo
que le ofreció $10 diarios, desde el martes hasta el viernes, para que haga antorchas.
Pero la declaración que más sorpresa causó es la de José Luis Cedeño Rezabala. Él
disparó en dos ocasiones desde una de las esquinas del MBS en contra de los 'forajidos'
que gritaban consignas antigutierristas. Confesó ante el agente fiscal: "Uno de los
guardias del Ministerio, que estaba uniformado, me dio un revólver color negro".
Y no es la primera vez que se pagaba por estos servicios. Rosa R. viajó desde Cuenca dos
veces para apoyar al régimen. Ella estuvo la noche del sábado 16 de abril junto a Carlos
Arboleda, en los enfrentamientos ocurridos en la esquina de las calles Guayaquil y Sucre:
"A mí me pagaron el día de la marcha del alcalde Moncayo (13 de abril) $25 y me
dieron el pasaje y también la comida; además, un sánduche a eso de las 15:00".
Cuenta que incluso tuvo tiempo para visitar a sus parientes en Carapungo, al norte de
Quito. (RGC)
Nada saben en dos Ministerios
En el Ministerio de Gobierno ahora nadie sabe de dónde se sacó el dinero para pagar a
quienes llegaron desde distintos puntos del país para acompañar en las marchas a favor
de Lucio Gutiérrez. De lo que están seguros es que de ese lugar no se desembolsó ni un
solo centavo. En esa cartera de Estado se manejan $22 millones al año, de los cuales
alrededor de $4,6 millones provienen de autogestión (cobro de pasaportes, permisos de
funcionamiento, etc.). De ese rubro, cerca del 95% se destina a gasto corriente.
En el Ministerio de Bienestar Social (MBS), el presidente de la Asociación de Empleados,
Carlos Román, dijo que los libros contables y todos los documentos del Departamento
Financiero de la entidad están resguardados a la espera de que los entes de control de
Estado verifiquen el manejo de las cuentas.
También dio fe de que nunca se descontó nada de los roles de pago de ninguno de los 980
empleados a escala nacional, para poder financiar a las personas que llegaron para apoyar
al defenestrado presidente. (RGC)
PUNTO DE VISTA
Una perversa forma de hacer política
La maraña se desenreda: Sociedad Patriótica
y sus aliados en el Gobierno de Lucio Gutiérez tejieron una red clientelar para
defenderse políticamente, pero también para atacar físicamente a sus opositores.
No todo está dicho, pero lo que hasta ahora sale a la luz demuestra que, frente a la
adversidad, ocasionada por su debilidad política, Gutiérrez se defendió con sus
'alfiles' más leales: Óscar Ayerve, Bolívar González y Carlos Arboleda, como se indica
en este informe. Ellos, se comenta, definieron un escenario para contrarrestar a sus
detractores: crear un ambiente de incertidumbre y de distracción psicológica (amenazando
a periodistas y líderes de opinión), construir una defensa armada para enfrentar la
arremetida y actuar sin control ante la inminente caída del régimen.
Por obligación cívica y para acabar con la impunidad corresponde que las nuevas
autoridades muestren las cifras, los datos y los nombres de los responsables de los actos
vandálicos, los contratos fraudulentos y también las 'movidas' de los ex funcionarios.
Si alguien habló en su momento de un baño de verdad, no será suficiente con encargar a
la Policía ni a los jueces la investigación y la correspondiente sanción; la
ciudadanía deberá mantenerse vigilante. Es una obligación demostrar y esclarecer la
gestión gutierrista.
Solo así se podrá saciar el hambre de sinceridad y transparencia que demanda la opinión
nacional. Caso contrario, otra revuelta podría producirse a la vuelta de la esquina. (OP) |
