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En la administración del defenestrado
primer mandatario se utilizaron a los personeros más leales al régimen para organizar a
los 'contraforajidos'.
Las pistas evidencian que Óscar Ayerve, Bolívar González y Carlos Arboleda fueron los
'alfiles' que montaron todo un plan, al más puro estilo de la mafia, para conseguir
fondos y para obligar a los funcionarios públicos a que concurrieran a las marchas
gutierristas.
La lógica de la mafia
se impone
Los recursos para las movilizaciones habrían salido del desvío de dinero de varias
partidas y programas de asistencia social. Los funcionarios destituidos no facilitan la
información y se cree que la quemaron
Todos los caminos conducen a Óscar Ayerve, Bolívar González y Carlos Arboleda. Los tres
altos funcionarios del régimen de Lucio Gutiérrez presuntamente organizaron, financiaron
y alentaron a los 'contraforajidos' en la última semana del Gobierno de Sociedad
Patriótica (SP).
Esta afirmación se desprende de varios testimonios de empleados de los ministerios de
Gobierno y Bienestar Social (MBS) y de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
La estructura de defensa del régimen habría empezado a crearse ante el anuncio de juicio
político por parte del legislador León Febres Cordero. Se afirmó en los días previos a
la 'Marcha por la Democracia', realizada en Quito el 16 de febrero, y se consolidó en
marzo y abril de este año.
El mecanismo fue ubicar en puestos clave de la administración pública a simpatizantes y
militantes de SP con dos objetivos: garantizar el apoyo y facilitar la consecución de
recursos para esa defensa. En el MBS, por ejemplo, en todos los programas de asistencia
social se ubicaron personas con cargos y sueldos altos, que iban de $500 a $2 500. Uno de
ellos, Hernán Plaza, coordinador nacional del Programa de Protección Social, no quiso
hablar con este Diario para explicar cómo se desviaron los recursos del proyecto en la
contratación de personal y en la inclusión de ciudadanos (algunos ficticios) en la lista
de los beneficiados con el Bono de Desarrollo.
Con ese personal y esos recursos se organizaron las contramarchas y también grupos de
apoyo. Al parecer, Bolívar González tenía clara la película. "Al mejor estilo de
la mafia italiana, ubicó a gente de mucha confianza en varias entidades, les dió buenos
sueldos, ilusiones de ascenso y con una sola llamada bastaba para movilizar a sus
allegados", cuenta un funcionario del MBS, que pide el anonimato, hasta tener todas
las garantías de que no se atentará contra su vida.
En cambio, Verónica Acurio Berrezueta, asistente del secretario técnico del Frente
Social, Fausto Solórzano Avilés, confiesa que salió a las marchas del 16 de febrero y
del 13 de abril "por convicción". Ella era funcionaria del MBS hasta enero de
este año con un sueldo de $250. Desde esa fecha pasó al Frente Social, en calidad de
especialista B de la Unidad de Servicios Jurídicos, con un sueldo de $1 200. Fue
recomendada por González, como consta en el oficio 987, del 3 de enero de 2005, dirigido
a César Villamar, secretario técnico del Frente Social.
"Nadie puede ser acusado por un delito supuestamente cometido por otra persona. La
razón no pide fuerza", dice para defenderse de las acusaciones de los compañeros de
su institución que señalan a ella y a otras más como las que amenazaban y obligaban a
los empleados del Frente Social a salir a defender al régimen gutierrista.
Alrededor de 400 personas habrían sido recomendadas por González para ubicarse en
diversas esferas gubernamentales. Hasta ahora no se precisa la cifra porque las nuevas
autoridades están haciendo el inventario, como dijo el secretario de la Administración,
Luis Herrería Bonet.
Por el otro lado, Óscar Ayerve no tuvo dificultades para realizar su trabajo. Según
varias versiones divulgadas durante esta semana, organizó un equipo de agentes de la
Dirección de Inteligencia de la Policía, para vigilar y amenazar a los opositores, entre
ellos a varios periodistas. Al mismo tiempo, como cuenta un ex colaborador directo del
despacho del Ministerio de Gobierno, se coordinaron acciones de rechazo a los 'forajidos'.
Él no tiene conocimiento de que Ayerve hubiese manejado al grupo Cero Corrupción
encabezado por Osvaldo Gallo. Este último le dijo a este Diario que ahora le van a culpar
de todo, "pero eran otros los que se encargaron del trabajo sucio". Niega
relación con algún funcionario del ex régimen.
El ex gerente de la AGD, Carlos Arboleda, tuvo su propia gente y protagonismo. En los
últimos días de su gestión, movilizó a los militantes de SP, a quienes recomendó en
diversos cargos. En la Plaza de San Francisco, el martes 19 de abril, Javier Santielices
(nombre no confirmado como verdadero), de Santo Domingo de los Colorados, comentó que fue
a la marcha porque "se debía a mi coronel Arboleda y porque estaba dispuesto a
luchar hasta la muerte contra la oligarquía". (OP)
LOS PASOS DE LA
CONTRAMARCHA
La red de González se tejió a pulso
Bolívar González, ex subsecretario del Ministerio de Bienestar Social, ahora prófugo de
la justicia, bajo la acusación de haber promovido los actos atentatorios contra la vida
de los 'forajidos', tejió una red en las áreas donde se podía contar con recursos para
sustentar al régimen de Lucio Gutiérrez.
Por ejemplo, en el Frente Social hay varias copias de sus recomendaciones para que sean
contratadas personas sin capacitación ni preparación técnica. Incluso, Fausto
Solórzano, secretario técnico de esa entidad, habría solicitado en los primeros días
de este mes la contratación urgente de 40 personas allegadas y simpatizantes de Sociedad
Patriótica.
En una carta abierta al presidente Alfredo Palacio, los principales coordinadores del
Frente Social denuncian haber sido amenazados a salir a las marchas proselitistas en favor
de la administración de Lucio Gutiérrez: "Violentando nuestra libertad de
pensamiento y expresión".
Algunos testimonios indican que González, de su propio bolsillo, pagaba varias
actividades y movilizaciones de artistas de tecnocumbia, boxeadores y agitadores para
apoyar cada uno de los actos del ex ministro Antonio Vargas. Luego, esas mismas personas
se encargaron de hablar, "de uno en uno", con los funcionarios de los
ministerios y entidades adscritas (como el ORI, FODI, entre otras) para demandarles su
participación en las contramarchas y otras tareas menos públicas".
Lo que hasta ahora no se ha podido probar es cómo se financiaban otras actividades. Hay
varias pistas e hipótesis. La principal es que se incluyó en la lista de los
beneficiados del Bono de Desarrollo a algunas personas que debían participar en todo.
Otra: se inventaron nombres en esas listas y ese dinero se utilizó para los fines antes
señalados. También se cree que González manejó un fondo con los aportes de altos
funcionarios del régimen a los que se les pidió 'contribuciones voluntarias' para
defenderse de la oligarquía.
De otro lado, varios funcionarios de mandos medios señalan que no hizo falta
contribuciones, pues con perder los días en marchas obligatorias, actividades sociales
donde se pasaba lista y la paralización de trámites en favor de los municipios
opositores, fue suficiente financiamiento.
Por último, González tenía una lista de contactos en hoteles, restaurantes, hosterías,
representantes de artistas, propietarios de discomóviles y proveedores de todo que
recibían el beneficio de buenos contratos para los actos públicos y oficiales,
principalmente en Quito, Santo Domingo de los Colorados y la Amazonía. Por ejemplo, un
hotel de La Mariscal hospedó por algunas semanas al ex ministro Vargas y a varios
acompañantes.
Al requerirles la información, los administradores dijeron que solo responderían con una
orden judicial. (OP).
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