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Hay dos posiciones entre los sectores que apoyan al Gobierno: los que respaldan
al ministro Vargas y aquellos que califican su gestión de asistencialista
El jueves pasado, la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lanzó una proclama en la que denuncia la
supuesta intención del Gobierno, a través del ministro Antonio Vargas y su subsecretario
Bolívar González, de crear una organización indígena 'paralela' a partir de la
convocatoria a un congreso extraordinario.
El vicepresidente de la Conaie, Santiago de la Cruz, asegura que esa sería la última
acción de una serie de medidas aplicadas por el régimen para desmantelar a la
organización, con la idea de asegurarse el control total del movimiento indígena. Esta
operación estaría apoyada por una serie de 'figuras' o ex dirigentes del sector
indígena para darle visos de legitimidad.
Eso iría acompañado de un plan para 2006 a través de proyectos de entidades
gubernamentales de apoyo al sector indígena y que están controladas por el régimen,
como el Consejo de Desarrollo de Pueblos del Ecuador (Codenpe), que es dirigido por Nelson
Chimbo, dirigente de Amauta Jatari, el movimiento que auspició la candidatura
presidencial del ministro Vargas.
Como antecedentes de esta operación se señalan la intención de boicotear el último
congreso de la Conaie, en diciembre en Otavalo, y el intento posterior de seguidores de
Vargas de tomarse la sede de la entidad, en Quito, que dificultó la posesión del nuevo
consejo de gobierno, presidido por el dirigente histórico Luis Macas.
Pero ¿cuáles son los signos de querer aplicar la Conaie 'paralela'? La respuesta, según
fuentes del ministerio de Bienestar Social, está en la división entre los grupos que
apoyan al Gobierno. De manera particular, entre aquellos que respaldan al ministro Vargas
y los que cuestionan su tarea por considerar que ha tenido una orientación
asistencialista y de poca atención del desarrollo. Y entre estos últimos, algunos que
creen en una reunificación del movimiento indígena, respetando las instancias actuales,
con miras a enfrentar al futuro gobierno con una organización revitalizada.
Según las mismas fuentes, los rumores de la remoción de Vargas, la semana pasada, fueron
motivadas en esas divergencias, las mismas que se tradujeron en el supuesto nombramiento
como titular de Bienestar Social de Luis Pachala, actual subsecretario de Agricultura,
quien supuestamente estaría capitalizando el malestar contra Antonio Vargas y el respaldo
de las bases que están por que se mantenga la estructura del movimiento indígena.
Otro signo de la puja es el intenso muñequeo a nivel de la Confederación de Indígenas
de la Amazonía (Confeniae), filial de la Conaie, cuya presidencia está en disputa entre
José Quenamá (apoyado por el ministro) y Luis Vargas (dirigente achuar que tiene apoyo
de la Conaie). El desenlace de esa puja sería determinante: si se ratifica a Luis Vargas,
la posición del ministro Antonio Vargas perdería fuerza dentro del propio régimen, así
como de su 'plan político', que hasta ahora resulta un misterio.
Al respecto, el subsecretario Bolívar González aseguró que trás la gestión no hay un
proyecto político sino solo "una convicción de servicio". (LB)
PUNTO DE VISTA
El pecado original de los indios
En enero de 2000, el movimiento indígena cometió el
pecado original. Según parece, jamás dejará de pagarlo.
Al involucrarse en el golpe de Estado en contra del ex presidente Jamil Mahuad dejó de
ser la conciencia crítica de un país mestizo, culpable de injusticias históricas contra
los indios, para convertirse en un actor más, aunque importante, de la escena política.
El pecado de la 'gran' política lo volvería a seducir en la campaña presidencial de
2002 y en 2003, en que participó del Gobierno de Lucio Gutierrez, hasta que se consumaron
traiciones mutuas.
Los dirigentes medios, incluso algunos dirigentes históricos del movimiento indígena,
probaron la fruta prohibida y, desde entonces, jamás volverían a ser los mismos. Y ya no
lo son, en la oposición al régimen de Gutiérrez, o en su apoyo: este informe corrobora
la sujeción a políticas asistenciales que ejecuta el Estado, al pragmatismo que obligan
las necesidades insatisfechas en las bases del indigenado y a la manipulación que sirve a
motivaciones políticas del mandatario y su círculo íntimo.
Así, el Ministerio de Bienestar Social se ha convertido, según parece, en el organismo
'antimarchas' del Ejecutivo, para lo que se instrumentalizan a los indios 'gobiernistas',
los proyectos de carácter social y, en especial, los planes de vivienda, más ilusorios
que reales del polémico subsecretario González. ¿Hay salida para el movimiento
indígena a corto plazo? Esa es la pregunta de difícil contestación. (DCM)
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