|
Según un miembro de las FARC en Ecuador, tras la captura de 'Simón Trinidad' no han
variado los planes políticos del grupo, aunque se han extremado las seguridades
'Solo hay que ver si un negocio floreciente
no vende, para sospechar que ahí se está 'lavando' dinero acá en Ecuador", dice un
alto oficial colombiano.
Y sí: la presencia de dinero del narcotráfico como de la guerrilla colombiana es una
preocupación de las autoridades policiales de las dos naciones. Esta situación se
favorece porque el Ecuador es el único país de América del Sur que no cuenta con una
legislación que castigue este delito y tampoco cuenta con un cuerpo de inteligencia
especializado en el tema.
Con todo, existe un proyecto de ley en el Congreso, desde el 25 de febrero, como lo
reconoció Fernando Mera, subgerente del departamento de Prevención de la
Superintendencia de Bancos, en una entrevista con el diario Expreso.
Si en Colombia, Perú, Venezuela y Brasil existe legislación para controlar y sancionar
ese delito, narcotraficantes y guerrilleros hacen del Ecuador un territorio para sus
operaciones financieras.
El oficial colombiano, miembro de un cuerpo de seguridad y ex comandante de una brigada
antiguerrillera, reconoce que los militantes de las FARC utilizan a personas ecuatorianas
para sus operaciones.
"Con mucho dinero compran conciencias, jueces, empresarios y toda clase de persona
que les pueda favorecer en sus tareas", comenta. Pero, se niega a dar cifras y datos
de los montos o negocios que las FARC tendrían en el Ecuador.
La única pista que da es que las inversiones se dirigen, principalmente, a donde hay
mayor consumo y una rápida recuperación. De todos modos, es sospechoso, dice él, por
ejemplo el que se vea un almacén grande, al que nadie acude.
Las FARC, desde muchos años atrás, ha realizado varias actividades políticas, militares
y financieras en el Ecuador, según un miembro de esa organización radicado en Quito, que
habló con BLANCO Y NEGRO con la condición del anonimato. De acuerdo con su testimonio,
la principal tarea durante las dos anteriores décadas fue fortalecer el apoyo político,
pues se producía un crecimiento enorme de solidaridad y apoyo a la causa guerrillera.
Pero, ¿ahora han cambiado las cosas tras la detención de 'Simón Trinidad' y la
arremetida con el Plan Colombia y el Plan Patriota, se le pregunta? Y responde: "No.
Quizá existió un descuido en esa detención, pero se ajustaron los controles, la
seguridad y los mecanismos de comunicación. El trabajo es más discreto, pero los
objetivos políticos son los mismos".
Al ser consultado sobre las inversiones, niega conocer alguna. Señala que esa tarea la
realizan equipos especializados de las FARC, en Colombia y en el exterior, sin especificar
si a el Ecuador se lo considera un territorio ideal y permisible para ello y para las
tareas políticas, como también dice el oficial colombiano. (OP/LB)
PUNTO DE VISTA
La confianza mutua ayuda a la seguridad
La arremetida de la fuerza pública colombiana a la guerrila de las FARC, aparentemente,
le obligó a replegarse en todas sus actividades, incluida la financiera y política fuera
de su territorio.
Sin embargo, el presente informe revela que ese repliegue hizo del espacio ecuatoriano el
punto de inversiones, reuniones, encuentros, tránsito y propaganda, a pesar del golpe
sufrido con la detención de 'Simón Trinidad'.
Los operativos conjuntos de los cuerpos de seguridad de ambos países muestran que existe
una presencia regular de dirigentes y militantes guerrilleros. Lo que está en discusión
es que los agentes encubiertos de Colombia actúan por cuenta propia.
Para facilitar el trabajo, respetar la soberanía nacional y producir un ambiente de
confianza, las autoridades están obligadas a corregir esos errores, señalar los límites
de actuación de agentes de otros países y, particularmente, fortalecer el trabajo de
inteligencia para evitar acciones armadas en territorio ecuatoriano.
Otra lectura de la presencia de agentes colombianos es la desconfianza que podría existir
sobre la eficacia de la labor de su par ecuatoriana. Si eso fuese así, entonces las
máximas autoridades estarían obligadas a definir los puntos de coincidencia y diferencia
en una labor que exige de mucha confianza mutua para cumplir con los objetivos nacionales
que no son otros que garantizar la seguridad y paz ciudadanas. (OP)
|
