Blanco y Negro Periodismo de Investigación
  Quito, Mayo 29 de 2004

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'El Servicio Social de la FT cumple con las leyes'


Según el SRI, el RUC 1768008010001 es el registro del SSFT desde 1995

 

Desde julio de 2003, el comisariato de la Fuerza Terrestre (FT) no realiza importaciones. La información fue proporcionada por Servio Samaniego, gerente del Servicio Social. Toda la mercadería que se expende en los comisariatos se compra a proveedores locales y a importadores.
Las mercadería importada, dice, ha sido nacionalizada por los importadores. Es decir, se trata de una mercadería que ha pagado aranceles. Por esta razón, asegura, no ha sido necesario cumplir con la disposición señalada por la CAE de colocar una banda roja en los envases de los licores que se venden en el comisariato. Actualmente, la Ley Orgánica de Aduanas (RO del 27 de marzo de 2003) establece que todas las mercaderías importadas por la Fuerza Pública están exentas del pago de tributos del comercio exterior, no así de las tasas aduaneras.
Samaniego asegura que todos los artículos que se expenden están gravados con IVA. Y son más baratos, destaca, pues el criterio de rentabilidad que se aplica es de niveles más bajos a los de otras cadenas comerciales.
El oficial niega que el servicio social de la FT tenga dos números de RUC para realizar su actividad comercial, aunque así lo muestran copias de facturas de 2000 (ver facsímil). Según el certificado del SRI, el registro 1768008010001 es el número de RUC del Servicio Social de la FT vigente desde 1995. Samaniego señala que las copias pueden ser producto de una mala información o la intención de dañar la imagen de la institución militar.
Al respecto, Patricia Carrera, directora (e) del SRI, informó que se ha dispuesto una investigación sobre el tema. La funcionaria certifica que no hay norma legal que permita tener dos números de RUC a un contribuyente. (LB).




Negocio se mueve entre lo público y lo privado

'El reglamento de la FT señala autonomía administrativa y financiera'

¿Los comisariatos de la Fuerza Pública son entidades públicas dependientes o son empresas de derecho privado? Al menos, el Reglamento Interno de los Comisariatos (1982) de la Fuerza Terrestre (FT) los califica como entidad autónoma en su aspecto administrativo y financiero.
Testimonios de dos ex gerentes del comisariato de la FT revelan contradicciones. Así, el ex gerente Edwin López Ortiz, en su testimonio en el juicio laboral 228 2002 M, el 24 de noviembre de 2003, señala que el comisariato del Ejército es una empresa pública y que se financia del presupuesto de la FT. Y agrega que el Estado participa en la actividad mercantil pagando al personal civil y militar del comisariato con recursos del Ministerio de Defensa, al ser entidad adscrita a esa Cartera.
En cambio, el ex gerente del comisariato de la FT René Gordón, en la causa penal 07 99, (17 de enero de 2002), dice: "No tenemos participación de capitales de la Fuerza (Terrestre). El servicio social atiende sus casos administrativos con sus propios medios".
Estas controversias han sido incorporadas en el proceso, tanto en el juicio por abuso de administración militar como en las demandas laborales al discutirse la base legal para el juzgamiento. Y es tema de indagación legislativa al no tenerse claro el destino final de la utilidad neta de los comisariatos (ver cuadro adjunto).
Esa ambigüedad ha sido destacada reiteradamente por el comercio formal. El último señalamiento lo hizo la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) al presidente Lucio Gutiérrez, el que se denunciaron las violaciones legales y la pasividad de las autoridades tributarias.
En la carta se pide al mandatario disponer una investigación sobre el movimiento de inventario de los comisariatos y las importaciones realizadas (volúmenes, liquidación y pago de impuestos arancelarios e IVA).
El Art. 25 de la ley 106 C, publicada en el RO 131 del 7 de marzo de 1969, dice: "Toda importación de mercaderías de la fuerza pública o cualquier otra institución están en la obligación de obtener el respectivo permiso de importación, que será tramitado por el Banco Central, previo informe del Ministerio de Finanzas".
Esa Cartera, dice, "estará en la obligación de verificar si las cantidades y los artículos que se importarán son necesarios para los miembros de esas instituciones; no se permitirá la importación de mercaderías que se produzcan en el país. Y por ningún concepto, el transporte de tales mercaderías podrá hacerse en buques, aviones o transportes militares".
Por último, señala que "las importaciones de estos artículos deberán ingresar a las Aduanas y ser retiradas, previo al aforo y pago de los derechos arancelarios correspondientes. Se prohíbe a los servicios sociales o comisariatos que efectúen estas importaciones vender estos artículos al público, directa o indirectamente".
Con la nueva Ley Orgánica de Aduanas (LOA), vigente desde noviembre de 2003, se intenta corregir los incumplimientos a la ley 106 C. La Subgerencia Regional de la CAE, en oficio CAE-SR-DJ-2003-1597, señala que, según lo dispuesto en el Art 113 de la LOA, la CAE está facultada para conceder y declarar las exoneraciones en los casos previstos. Al respecto, se encuentran "exentas del pago de tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicio aduanero, las importaciones que realice el Estado y las instituciones y organismos que constan en el Catastro de Entidades del Sector Público y Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, debiendo solicitar, previo al embarque, la resolución favorable del gerente general como único documento habilitante de dicha exención".
Mediante la resolución 111 de la Gerencia de la CAE, publicada en el RO 47, del 25 de marzo de 2003, se establece que, las entidades del sector público que importen y/o comercialicen productos alcohólicos y cervezas se someterán a las disposiciones de esta norma. Y señala que las importaciones que realicen los comisariatos militares deberán tener en la etiqueta de origen una franja roja diagonal de 1,5 cm de ancho que las distinga, estando prohibida su comercialización abierta.
La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), en una carta dirigida a Lucio Gutiérrez, en octubre de 2003, señala que tras conocerse la información solicitada a varias entidades, se infiere que no se aplican en su totalidad las disposiciones que regulan a los comisariatos.
"No cumplir con estas obligaciones es ilegal e implica una desleal competencia al sector formal del comercio, que paga impuestos, derechos y aranceles y atenta contra el deber primordial del Estado de garantizar la libre competencia y mercado", dice los comerciantes a la CCCC. (LB)



 

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Comisariatos de la Fuerza Pública: 50 años con un sustento jurídico ambiguo

Ciertos 'incumplimientos legales' en la importación de mercadería para los comisariatos de la Fuerza Terrestre podrían configurar el posible cometimiento de delitos aduaneros y tributarios en las últimas cinco décadas. La falta de un marco jurídico claro habría alentado esas distorsiones

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