Las recaudaciones son parte del
sustento
Los ingresos del SRI van a manos del
MEF, que los distribuye
No solo el precio del petróleo ha sido la tabla de salvación del actual Gobierno. El
enorme monto obtenido por recaudación de impuestos es otro puntal de la economía. Solo
hasta julio se logró obtener un 14,47% más de lo que se esperaba, llegando a sumar $1
642,62 millones.
Pero ¿a dónde van los ingresos del Servicio de Rentas Internas (SRI)? Lógicamente al
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elsa de Mena, directora del SRI, explica que
ellos solo recaudan los tributos, pero es el MEF quien se encarga de distribuirlos.
La burbuja del consumo es otro punto a favor del Estado. Y es que el consumo de los
hogares tiene una incidencia del 61% en el Producto Interno Bruto. Por ello, uno de los
tributos con mayor crecimiento es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Si a eso se añade
que Ecuador ha incrementado sustancialmente sus compras ($2 929,30 millones hasta junio),
significa que el IVA a las importaciones se incrementó 19,54% más de lo calculado, de
acuerdo con cifras publicadas por el SRI. De allí que Ecuador ha logrado aumentar la base
imponible y superar las metas. (YB)
'Falta de unificación salarial
es la génesis del conflicto'
Fabián Corral destaca que el manejo de
remuneraciones tiene contenido político
La problemática de la política salarial en el Estado tiene que ver con la falta de una
unificación salarial entre el sector público y el privado, de acuerdo con lo expuesto
por Fabián Corral, abogado en derecho empresarial. "Lo ideal sería que el Estado
racionalizara el manejo salarial, porque no es admisible la pretensión de tener un
régimen salarial en el sector público y otro en el privado. Tiene que haber un
tratamiento uniforme", afirma.
Corral ejemplifica la problemática: considera que "el manejo de los salarios en el
sector público tiene un alto grado de contenido político. "En el sector público no
hay un manejo razonable en términos de productividad, uno de los elementos fundamentales
del tema de la competitividad".
Entonces, la solución sería que el incremento de los sueldos fuera a la par con la
competitividad. Esto implica la racionalización de la planta de empleados públicos y
"este es un problema que acarrea consecuencias sociales serias".
El Estado ecuatoriano tiene que volverse productivo y así creará más empleo. Y la
receta es "seguridad jurídica, política y personal", señala.
La otra cara de la moneda es la calidad del trabajo, por lo que se plantea la necesidad de
una mayor exigencia, tanto en el ámbito público como en el privado, para obtener una
mayor calidad laboral en los empleados. (MFA)
Inflación
No debe existir dependencia
¿Lo ideal sería que el incremento salarial fuera a la par con la inflación?
Fabián Corral no lo considera así, "puede tener un elemento de justicia, pero este
proceso trae nuevos problemas".
Por ejemplo, si sube cinco puntos la inflación, los salarios tendrían que subir cinco
puntos también, "para contar con recursos para incrementar los salarios, las
empresas tendrían que subir los precios y habría más inflación", agrega. (MFA)
Se aplica un incremento cada año
La Ley 'Trole I' modificó los incrementos salariales que se realizaban dos veces al año.
Ahora solo se realizan a inicios de año.
Fabián Corral comparte esta modificación: "los aumentos salariales que se
realizaban, en mi opinión no fueron positivos para los trabajadores, porque el alza
anunciada motivaba que haya un incremento de precios con anterioridad". (MFA)
ENTREVISTA
'El déficit está en el bolsillo de
los servidores'
Martín Insua, ministro de Trabajo y
presidente del Conarem, dice que el aumento de las mensualidades al sector jerárquico
superior del Estado representa más de $400 000 mensuales y un total de $5 000 000
anuales. Además, explica la política salarial que se ha manejado en lo que va de 2002
¿Cómo se ha manejado la política salarial en 2002?
El Gobierno otorgó al Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem) $142
millones, con los cuales se atendieron las demandas de los trabajadores del sector
público, que están dentro del ámbito del Conarem (Magisterio, Ministerios y entidades
adscritas ).
¿Qué distribución dio el
Conarem a esos recursos?
Al Magisterio se aumentaron $10 al sueldo básico, lo que implica $78
millones, la creación del bono por el Día del Maestro, lo que suma $12 millones, y el
resto se destinó a los trabajadores de la Salud (enfermeras, empleados), pero no a los
médicos, porque el acuerdo al que se llegó con este sector ascendía a $16 millones,
cantidad que existía en el presupuesto del Ministerio de Salud.
¿Cuánto significó el alza de
sueldos del sector jerárquico superior del Estado?
No más de $5 millones anuales, para todos los funcionarios de este nivel.
Esto significa (para el Estado) un poco más de $400 000 mensuales.
¿Las mejoras salariales han provocado el déficit en el presupuesto estatal?
En 2001 hubo sectores públicos (ingenieros, médicos, abogados) a los que se les dió un
bono de $80, este fue recargado al presupuesto de 2002, lo que no excede los $20 millones.
Pero este déficit está en el bolsillo de la gran parte de los servidores públicos.
¿Considera que los ingresos
del sector público cubren los costos de la canasta familiar?
Casi todo este sector lo hace. Y en los que no, por lo menos se ha mejorado
su capacidad adquisitiva. No significa que estén bien pagados, pero sus ingresos han
mejorado. (PE)
Un recorte fiscal ya se
encuentra diseñado
Francisco Arosemena anunció un ajuste
por $250 millones
El ministro de Economía, Francisco Arosemena, anunció una reprogramación por $250
millones. Aclaró que los recortes serán en gastos de bienes y servicios (luz, agua,
teléfono, arriendo), "no se afectará a ningún programa social, no comprometen
fondos de organismos internacionales", dijo.
Las reprogramaciones implican la reducción de los presupuestos de las Carteras de Estado
de un total de $250 millones, es decir un 10% en cada uno de los Ministerios. De ese
total, $90 millones corresponden a obras de infraestructura que no serán ejecutadas.
Sobre el pago de la deuda, Arosemena aclaró que los recursos del OCP servirán para
cumplir con los acreedores, "vamos a continuar reduciéndola hasta llegar a un nivel
donde seamos percibidos como un país que puede cumplir con sus obligaciones". En
septiembre presentarán un proyecto para reestructurar la deuda con el Club de París.
Pero el pasado jueves, el portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Thomas Dawson,
reaccionó al anuncio. "Aún no estamos ahí", dijo Dawson con relación a las
conversaciones que mantiene el organismo con el Gobierno nacional, y aclaró que el Fondo
ha pedido recortes más profundos por $500 millones."
"Tenemos un acuerdo fiscal general", dijo Dawson, "pero faltan
detalles". (MFA)
ANALISIS
El Estado no puede cuadrar las cuentas
Las voces se multiplican y el temor de que,
en poco tiempo, el Gobierno de Gustavo Noboa no tenga dinero para pagar a los servidores
públicos se vuelve una certeza de la que, no obstante, quisiéramos escapar.
Pocas semanas atrás los trabajadores del Estado recibieron su remuneración con varios
días de retraso, pero cobraron al fin. De todas maneras fue una primera alerta de que el
Estado se estaba quedando sin plata.
Pero las evidencias de que las cuentas no le cuadran al Gobierno nos vienen de afuera,
cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige la reducción del gasto fiscal en $500
millones, previo a la firma de un acuerdo que cada vez se aleja más.
La paradoja es que esta situación de angustia económica llega justamente, cuando el
precio del petróleo ha alcanzado cifras récords, ya que el costo promedio es superior al
calculado para el Presupuesto General del Estado, que fue de $19.
También es paradójica la existencia de un déficit abultado, cuando la administración
de Noboa no ejecuta ninguna obra en la que deba hacer grandes erogaciones, pues el OCP se
construye con inversión privada.
Pero hay más: si el Estado tiene un hueco fiscal tan grande y se lo imputa al incremento
salarial, ¿por qué los trabajadores no pueden financiar la canasta básica, si el
porcentaje del pago a este sector es solamente el 36.51% de la masa salarial?
Una pista podríamos encontrar en las declaraciones del ministro de Trabajo, Martín
Insua, quien dio a BLANCO Y NEGRO el desglose de las cifras del gasto que tiene el Consejo
Nacional de Remuneraciones (Conarem).
Dice Insua que los salarios del sector jerárquico del Estado (Presidente y ministros)
suman unos $5 millones (1,28% de la masa salarial), mientras que el del resto de empleados
públicos llega a $142 millones (36,51%), ¿adónde va, entonces, el 66,21% restante?
Sin dar un cálculo y menos aún mencionar cifras, el ministro Insua declara haber
"atendido" peticiones de organismos no financieros como las FFAA, Policía,
Procuraduría, etc.
¿Pueden estas pocas entidades consumir el 66,21% de la masa salarial?
¿Por qué parecen un secreto de Estado los sueldos del superintendente de Bancos, del
gerente del Banco Central y de otros altos funcionarios de organismos autónomos, cuando
todo el país conoce las remuneraciones que reciben el presidente de la República, los
ministros de Estado y los diputados?
Alguien tiene que dar una explicación sobre el tema. Alguien tiene que cuadrar las
cuentas del Gobierno, transparentando la información, porque es un derecho que tienen los
ciudadanos. (TFF)
