Esto porque, más allá de que los salarios
estén o no en los niveles adecuados, la problemática radica en cómo pagarlos. "La
dificultad se inicia en que el Ejecutivo percibió que buena parte de los miembros del
Ejército y de la Policía estaban sub pagados, por lo que aprobó el alza", explica
una fuente que no quiso ser identificada.
A esto se sumó que a finales de mayo, el Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem)
decidió que el presidente de la República recibiera $8 000, el vicepresidente, $6 547;
los ministros de Estado, $3 700, y los viceministros $2 000, lo que representa un gasto de
$5 000 000 al año, según Martín Insua, ministro de Trabajo y presidente del Conarem.
Las medidas contribuyeron al aumento de la masa salarial, a pesar de que Insua sostiene
que el Conarem solo destinó $142 millones a atender las demandas del sector público,
aunque afirma que desconoce si hay déficit por pedidos atendidos en otras instituciones
fuera del Conarem, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Procuraduría e
instituciones no financieras.
De allí, que las cifras oficiales justifican solo el 37,79% del excedente salarial
($388,9 millones), pues el restante 62,21% no se sabe exactamente en manos de quiénes
están.
El impacto en el programa económico ha sido directo, por lo que el FMI plantea la
necesidad de buscar un ingreso para cubrir este gasto. Y es que si se aumentan los
salarios, debe existir un ingreso que compense dicho aumento, de lo contrario, se afecta
el nivel de crecimiento económico.
Aunque no existe un pronunciamiento oficial sobre el tema, el incremento salarial por
encima de lo aprobado se cubriría, en parte, con el recorte anunciado por el ministro de
Economía, Francisco Arosemena, de $250 millones. (CAZ)
Dolarización
Aumentos no superan el 10%
Para los trabajadores regidos por la Ley del Servicio Civil y el Código del
Trabajo, los incrementos supeditados al Conarem no han superado más del 10% en este año,
porcentaje que en dolarización, según Miguel García, "es absolutamente nada".
Menciona que difícilmente estas compensaciones pueden producir un déficit. Plantea que
hay que investigar a qué grupos del sector público se ha incrementado más los sueldos.
(PE)
Falta dinero para cubrir la canasta
Más del 70% del conglomerado de los servidores públicos no pueden cubrir con su
salario los costos que demanda la canasta familiar, es decir, "resulta imposible
cubrir con satisfacción las necesidades básicas de una familia", de acuerdo con lo
expuesto por García. Además, en los ministerios y entidades adscritas a estos, se siente
con más agudeza el retraso de pagos, dice. (PE)
Reducción o
flexibilización laboral son dos salidas
Un programa de renuncias puede ser una
opción
Ante el tamaño del sector público, la política salarial implementada y la imposibilidad
de reducir los salarios establecidos, existen dos soluciones, según el analista Mauricio
Pozo.
Plantea la reducción del tamaño del sector público, por medio de un sistema de compra
de renuncias, con miras a consolidar un redimensionamiento del tamaño del Estado. Y
explica que el actual tamaño es un detonante en el tiempo, ya que no hay una política de
ingresos clara que permita mantenerlos, debido a que el volumen de gasto requerido para
cubrir este rubro es cada vez más alto.
Pero, una solución de esta naturaleza ¿no tendría un costo mayor? Pozo afirma que
aunque habría que hacer una inversión ahora, sería un gasto menos en el futuro, en esto
radicaría el beneficio.
La segunda opción planteada es dejar el Estado como está (sin reducir su tamaño), pero
cambiar el marco legal vigente, de tal manera que las contrataciones en el sector público
se puedan flexibilizar.
La mecánica estaría fundamentada en que los salarios del sector público tengan un
componente fijo y otro variable, para que exista un parámetro que pueda modificar en caso
de una contracción, como el precio del crudo, las tasas de interés, o las líneas de
crédito externas. De esta manera se pueden adoptar medidas flexibles en función de lo
que pasa afuera. (CAZ)
'En 10 años se ha
despedido a más de 90 000 funcionarios'
El presidente de la Federación de
Servidores Públicos afirma que hay desfase en sueldos
"Es una falacia aseverar que existe un déficit en el presupuesto estatal causado por
alzas salariales al sector público", afirma Miguel García, presidente de la
Federación de los Servidores Públicos del Ecuador (Fedesep).
"Estamos desfasados en términos de sueldos, no hemos recuperado ni siquiera la
capacidad adquisitiva de hace cinco años", explica.
Desde 1992, más de 90 000 personas han salido, por supresión de partidas, renuncias,
desplazamientos, y porque no se han renovado sus contratos.
Según menciona, el sector administrativo es el que más personal ha despedido, y el
Estado no ha cumplido con el ofrecimiento de reubicarlos en otros trabajos. Para García,
el tope de $10 000 que recibe un servidor público por indemnización no es un capital que
permita iniciar un negocio rentable que cubra las necesidades de una familia.
El funcionario destaca que para acceder a esta cantidad, el trabajador tiene que haber
prestado más de 20 años de servicio y estar en una escala salarial de 7 a 11.
"El Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem) y el Gobierno tienen la obligación
de ajustar los salarios, pero para que estos incrementos se presenten, es necesario que
los sectores paralicen sus actividades, para exigir una mejor remuneración",
concluye. (PE)
