El último caso de invasión se detectó en
la comuna Bellavista del Cerro, perteneciente al cantón Santa Elena. En ese sitio, 1 200
hectáreas fueron aparentemente 'invadidas' por la presunta Fundación Ecuabosque, que
admitía tener el aval de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, por las
investigaciones de la directiva de esta comuna, la Fundación carecería de ese respaldo y
tampoco estaría inscrita en el Ministerio de Bienestar Social. El desalojo fue ordenado
hace dos semanas, pero el conflicto continúa porque los supuestos invasores han
presentado la revocación del desalojo.
Jorge Falconí, director distrital del INDA, aseguró que los expedientes sobre ese caso
son analizados en el Ministerio de Agricultura. El funcionario se refirió a que muchos
conflictos no solo son provocados por aparentes invasores, sino por acciones de
'comuneros', que llegan a esas localidades, donde nunca han vivido y adquieren lotes
auspiciados por ciertos cabildos.
En la lista de expedientes presentados en este año por Fenocín y la Federación de
Comunas del Guayas (200 en toda la Costa), aparecen litigios de tierras, desarrollados por
invasiones, ventas ilegales y apropiaciones de tierras disputadas, incluso, entre las
mismas comunas, como es el caso de la comuna Limoncito y Bajada de Chanduy, cantón Santa
Elena. (JVR)
Los fantasmas en la invasión
Identificar las personas que aparentemente están detrás de las adjudicaciones y ventas
ilegales de tierras es más factible que determinar quiénes operan detrás de una
invasión. En este último caso, los expedientes solo nombran a personas, que, según los
comuneros, son terratenientes que buscan pasar el proceso de legalización de las tierras
para posesionar a los 'dueños'.
Las versiones en torno a las ventas y adjudicaciones ilegales en comunas como Villingota,
Pechiche, Limoncito, San Rafael y otras de la península hablan de ventas propiciadas por
algunos dirigentes de cabildos, que en algunos casos, no viven en esas poblaciones.
Mientras, en los expedientes que reposan ahora el Ministerio de Agricultura y que fueron
entregados por delegados de los comuneros, aparecen como aparentes involucrados en esas
compras conocidos personajes del mundo político y empresarial del país. La regional de
Fenocín fue la encargada de proporcionar los documentos.
Los comuneros de Villingota, poblado ubicado en el kilómetro 81 de la vía
Guayaquil-Salinas, identifican a Enrique Suárez Fey, como 'el negociador' del 70% de las
5 450 hectáreas de esa comuna.
Nicanor Suárez Cruz (75 años), el comunero de mayor edad de Villingota, explicó que las
irregularidades se iniciaron cuando Suárez fue presidente de la Comuna hasta 1998.
"Se vendieron cientos de hectáreas a personas extrañas. Ahora en la comuna no
existe ningún documento que mencione las supuestas ventas y él aún sigue negociando
tierras", dijo.
En el momento, los comuneros de Villingota tienen una disputa por más de 500 hectáreas
que están en manos de Everett Internacional, cuyos aparentes propietarios presentan
documentos que los comuneros califican de ilegales. El trámite de este caso se sigue en
el INDA y en el Ministerio de Agricultura.
Segundo Malabé, actual tesorero de esa comuna, dice que cada hectárea pudo ser negociada
en $240. "Si aparentemente se vendieron las tierras, no hay ningún centavo que haya
ingresado a la comuna. Y menos los documentos que certifiquen las ventas". (JVR)
La crónica del éxodo
Las disputas por tierras incluso han generado enfrentamientos armados.
El 16 de abril de 1992, Toribio Orrala y su hijo murieron como consecuencia de los
conflictos. Orrala, en ese año presidente de Limoncito, había iniciado un juicio contra
Bajada de Chanduy para recuperar algunas tierras.
En la comuna Cerezal de Bellavista se originaron problemas por tráfico de tierras, luego
de la venta de 500 hectáreas, en una zona donde se implementarán proyectos de riego.
Son cientos de hectáreas que se reclaman en miles de fojas convertidas en expedientes en
el INDA.
Mientras los trámites se empolvan en las instituciones gubernamentales, algunos pueblos
se transforman en fantasmas porque los presidentes de las comunas deciden vender las
tierras comunales y porque los comuneros deciden emigrar.
Villingota es un ejemplo: casas abandonadas, una pequeña escuela con 15 niños y solo una
albarrada para abastecer de agua a las 18 familias. Los pocos comuneros que allí viven
solo tienen pequeñas parcelas. Pero la zona ya se encuentra cercada, señalando los
linderos de grandes lotes adjudicados.
En Pechiche, comuna ubicada a una hora de Villingota, se produjo un caso similar. Según
la asesora jurídica Josefina Alfonso, en 1998 Washington Villón Bernabé en ese
entonces, presidente de la comuna, "vendió ilegalmente 300 hectáreas a la
Compañía Rinoracorp SA Y Holdek SA, cuyos representantes son Emilio Missale Gambarroti y
Francisco Savinovich Medina".
Las zonas que se vendieron estaban cercanas a los canales de riego de Cedegé. El
expediente fue tramitado en el INDA.
"Prueba de que se cometieron irregularidades es que aún esta directiva, pese a ya no
estar en funciones, no entrega las actas de ese período", añade Alfonso, quien
reconoce que muchos de estos hechos que se presentan en las comunas "tienen sus
orígenes en algunos dirigentes de las comunas que se dejan influenciar por los intereses
de terceros". (JVR)
Quejas, reclamos y algo más
A pesar de que la Constitución Política del Ecuador protege los derechos de las
comunidades a mantener sus tierras, hay posturas encontradas en torno a los problemas que
ocurren en las comunidades de la península de Santa Elena, en donde se está produciendo
el traspaso de los terrenos comunales a propietarios privados.
Jorge Falconí, funcionario del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), es uno de
los que cuestiona el concepto comunal que tenían las poblaciones de Santa Elena, por la
supuesta incapacidad de los comuneros para transformar la zona en una área productiva.
"Las comunidades no están capacitadas para trabajar la tierra y hacerla producir,
por múltiples razones. En primer lugar ya no tienen la cantidad de personas que se
requieren para esa actividad; la mayoría de comuneros emigró a la ciudad o a otros
países, y eso ha provocado la pérdida de la tradición agrícola que existía en la
península", sostiene.
El funcionario del INDA asegura que existen comunidades que son propietarias de hasta 10
000 hectáreas de tierras, pero que si esas tierras se llegaran a repartir entre los
comuneros, estas seguirían improductivas porque las comunidades no tendrían la capacidad
para hacerlo. De allí que propone una 'depuración' del verdadero comunero.
Erwin Yagual, presidente de los Pueblos Manta-Huancavilca, refuta la afirmación de
Falconí porque cree que la situación de las 70 comunidades se presenta bajo ese panorama
desolador por la falta de apoyo gubernamental para trabajar las tierras y convertir esa
zona en una región productiva.
Otros dirigentes de las comunidades hablan de un deficiente sistema para otorgar
créditos, que años atrás "solo llegaron a quienes no lo utilizaron en labores
agrícolas".
Y hay quienes viven en comunas como Villingota, que insisten en un control para evitar que
"los que aún habitan en esas comunidades sean relegados a peones de esas
tierras". (JVR)
