SÁBADO 27 DE OCTUBRE DE 2001

CRONICA ROJA La nueva mayoría pone los vocales La falta de argumentos jurídicos
• Los sobrevivientes del contagio de sida vivieron otro drama en los tribunales • El ex presidente del Tribunal Constitucional, Vicente Burneo, explica por qué el Ejecutivo no puede lograr el apoyo a sus tesis en ese
organismo de control.
• Donde se cuestiona la pasividad con la que los vocales se dejan acusar de representar a los partidos políticos.

El artículo 272 de la Carta Suprema del Estado dice que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal, y el órgano encargado de velar por su cumplimiento es el Tribunal Constitucional, criticado con diversos calificativos por voceros gubernamentales y por el presidente de la República, Gustavo Noboa.
Los cuestionamientos al Tribunal son respaldados por algunos juristas, con las más disímiles observaciones que terminan en un punto común: es un organismo que no ha logrado quitarse de encima el peso de la influencia política que les llega de sus vecinos del Congreso.
Cada uno de los jefes de los bloques políticos parlamentarios, por su parte, niega cualquier tipo de influencia en los vocales del organismo. "Nunca he levantado el teléfono para llamar a alguno de los vocales y darles alguna indicación", dijo el director nacional de la Democracia Popular, Ramiro Rivera.

Resoluciones del TC, ¿juego para armar?

Los juristas consideran que el órgano de control debe ser transformado para evitar la contaminación de la política en sus fallos y resoluciones polémicas.

En la actualidad, el Tribunal se encuentra en el ojo de la tormenta al convertirse, con sus resoluciones, en el principal opositor del Gobierno, de acuerdo con voceros gubernamentales.
"Al inicio del control constitucional siempre hay quebrantos de poder. Como nunca se controló que existiese una sumisión a la norma constitucional, cuando empieza la vigilancia se provocan estragos. Eso es algo que lo tenemos claro", se justificó el presidente de ese organismo, Marco Morales.
Lo cierto es que la reactivación de un amparo constitucional por nepotismo en contra del presidente de la República, presentada a comienzos de 2001, el tema de la reducción del Impuesto al Valor Agregado del 14% al 12%, y la declaración de inconstitucionalidad de un artículo relacionado con la venta de las empresas eléctricas, son solo algunos de los casos que han evidenciado la extensión de los acuerdos, desacuerdos, pactos y revanchas políticas del Congreso a ese organismo, de acuerdo con los juristas consultados por BLANCO y NEGRO.
El fallo sobre la reducción del IVA ha sido calificado como político por el constitucionalista Ernesto López, y la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley para al Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (transferencia de las empresas eléctricas) fue tildada de ambigua por carecer de un sustento jurídico sólido.
El supuesto caso de nepotismo fue reactivado en la Tercera Sala, presidida por el socialista Hernán Rivadeneira, cuando el Gobierno comenzó a lanzar serias acusaciones en contra de los vocales. En la actualidad, la Tercera Sala es la que ha recibido las más duras críticas por sus presuntas decisiones ambiguas. (JT)

Cinco partidos se reparten las Salas

Cinco partidos están representados en el Tribunal Constitucional: Democracia Popular, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Partido Roldosista Ecuatoriano y Partido Socialista. Las fichas y los cálculos partidistas no se hacen esperar cuando están a punto de resolverse temas polémicos, como la demanda de inconstitucionalidad de la elección como presidenta del Congreso de Susana González, presentada el año anterior por los diputados del PSC, encabezados por Xavier Neira.
La causa recayó en el Tercera Sala del Tribunal, que se ha convertido en la vedette de ese organismo, porque ha tenido la mala suerte de que le cayeran encima los casos polémicos, de acuerdo con el constitucionalista Ernesto López.

El caso del Congreso, con el signo partidista

Algunas pistas. Cuando el magistrado del Juzgado Décimo de lo Penal de Pichincha concedió el amparo constitucional al PSC para dejar sin efecto el acto mediante el cual se eligió presidenta del Congreso a Susana González, se generó mucha expectativa por la conformación política del organismo de control constitucional, adonde fue a parar el amparo. Y se comenzaron a echar cuentas: dos vocales de la DP, un ex DP, uno del PRE, un socialista, uno de la ID y tres socialcristianos.
El PSC necesitaba dos votos para inclinar la balanza a su favor. El caso pasó a la Tercera Sala, en donde los vocales del Partido Socialista, Hernán Rivadeneira, y de la DP, René de la Torre, presentaron un proyecto de mayoría para rechazar la acción de amparo y revocar la resolución expedida por el juez décimo.
El voto salvado del socialcristiano Osvaldo Cevallos, de la misma Sala, permitió que el caso fuera tratado por el Pleno del Tribunal y, en esa instancia, el PSC consiguió los votos del democratapopular Carlos Helou y de Jaime de Veintimilla, el vocal alterno de Hernán Salgado.
Aunque ninguno de los vocales reconoce en la actualidad que sus actuaciones fueran políticas, en esa ocasión los magistrados se acusaron de tomar decisiones con tintes políticos y no jurídicas.
En el voto salvado de los vocales René de la Torre, Marco Morales, Hernán Rivadeneira Játiva y Guillermo Castro Dager se aseguró que la "resolución de mayoría del Pleno del Tribunal contiene una serie de contradicciones entre la parte considerativa y la parte resolutiva (en la que se da la razón al PSC). Así por ejemplo -insisten-, se refieren a que la instalación de la suspendida sesión fue legítima; sin embargo, en su resolución de marras plantean que se reinstale la sesión que fue suspendida".
Más adelante, los cuatro vocales que se pronunciaron por no aceptar el amparo aseguraron defender sus actuaciones por estar apegadas a lo jurídico e insistieron en que sus cinco colegas que formaron "una mayoría circunstancial, en vez de efectuar una fundamentación jurídica, realizan una especie de proclama cívica o política". (JT)

Perfil de los guardianes de la Constitución

Uno de los casos más polémicos que ha llegado a la Tercera Sala, según su presidente, Hernán Rivadeneira, es el del amparo para impugnar la elección como presidenta del Congreso de Susana González. El caso generó gran expectativa y todos los vocales dijeron estar distanciados de sus tiendas políticas. ¿Era verdad?
Designado con el auspicio de la Corte Suprema de Justicia, Oswaldo Cevallos Bueno es un abogado que ejerce su profesión hace más de 25 años; se desempeñó como vocal alterno del Tribunal hasta marzo de 2000, cuando fue principalizado en remplazo del socialcristiano Xavier Amador. Los registros del Tribunal revelaban su vinculación al PSC.
El presidente de la Primera Sala, Luis Chacón Calderón, llegó al Tribunal con el auspicio de las Cámaras de la Producción de Guayaquil. Es un empresario que dedica tiempo a sus actividades privadas; también doctor en Jurisprudencia, es vocal del Tribunal desde mayo de 1999. Los registros del organismo de control lo señalan como afiliado al PSC.
Guillermo Castro Dager se ha declarado "roldosista para toda la vida". Llegó al Tribunal con el auspicio del PRE, luego de ser ministro fiscal de la Nación y procurador síndico del Municipio de Milagro y de la Prefectura del Guayas.
Luis Mantilla Anda es un socialcristiano que asegura no estar afiliado a ese partido. Su título de abogado lo obtuvo en la Universidad Central y llegó a ser vocal luego de ocupar la dirección de asesoría jurídica del Ministerio de Industrias, ser director jurídico del proyecto MEC-BID y asesor de la Procuraduría. Fue candidato de los Municipios.
El socialdemócrata Marco Morales Tobar fue candidato del Congreso y llegó a vocal luego de ser subsecretario de Bienestar Social durante el Gobierno de Rodrigo Borja, director del IESS y conjuez del Tribunal Contencioso Administrativo.
René de la Torre, el candidato de la Corte Suprema, fue miembro del Partido Conservador y del Partido Conservador Progresista. Luego se integró a los fundadores de la DP, partido en el que milita hasta la fecha.
Carlos Helou Cevallos ha sido miembro de la Democracia Popular durante los últimos 20 años. Al igual que Salgado, llegó al Tribunal Constitucional como uno de los candidatos del Ejecutivo. Nunca ha desempeñado cargos públicos de elección popular, y ha sido asesor de la Contraloría General del Estado y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, bajo la presidencia del Congreso del ex ministro Vladimiro Alvarez.
El magistrado socialista Hernán Rivadeneira llegó al Tribunal Constitucional con el auspicio de las centrales sindicales, a las que todavía rinde cuentas, según el dirigente Fausto Dután. Aunque asegura que sus decisiones son apegadas a lo que dice la Constitución, ciertos hechos revelados en un perfil publicado en esta misma edición parecen revelar lo contrario. (JT).

 

Buzón

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