"Es una respuesta lógica de parte del
Gobierno, trata de proteger sus instituciones Los organismos de derechos humanos
consideramos que no se tratan de hechos aislados. Son tendencias que se marcan en la
Fuerza Pública", manifiesta Navarrete. El coordinador de esta organización afirma
que los casos que se manejan son verificados por un departamento legal (6 abogados) y en
los juzgados donde se presentan las denuncias.
"Es cierto que a veces puede existir una exageración, un aumento en la versión por
parte del denunciante, porque quiere presentar el hecho lo más grave posible para llamar
la atención. Eso nosotros lo verificamos", añade.
Navarrete se aferra a la idea de que se está formando una tendencia negativa en el
momento de que la Fuerza Pública cumple con su deber. "Son tendencias que se generan
en algunos miembros de la Policía. La tortura es sistemática durante el proceso de
investigación. Y no quiero decir que esta sea la norma, pero se ve con frecuencia".
Navarrete pone de ejemplo casos de homosexuales detenidos entre octubre y diciembre del
año anterior en la calle Primero de Mayo de Guayaquil. El Comité marcó una tendencia
negativa en los partes policiales. "Supuestamente se los detenía por atentar contra
la moral. Los perjudicados eran los moradores del sector, los testigos, transeúntes. No
hay nombres. Pero se los trató de la peor forma en el Centro de Detención
Provisional"
Marco Cuvero desmiente la versión de que los trabajos de la policía se sujetan a estas
tendencias y apela a la postura de los casos aislados: "Si existe una denuncia, una
información que llegue a mi conocimiento de que alguien de la institución se ha desviado
del procedimiento yo he dispuesto investigaciones".
En este sentido, Navarrete afirma que son pocas las ocasiones en que reciben una
colaboración efectiva de la Policía para investigar los casos de supuestas torturas.
" Hay lentitud. Se ha comprobado que los mecanismos de impunidad son claros. Más del
70% se encuentran en trámite".
De las denuncias que recoge el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, 43
casos corresponden a supuestas torturas por parte de la Policía. "No somos autoridad
para juzgar estos hechos, sin embargo, la documentación que rodea estos casos hace pensar
de que se cometieron actos de tortura", sostiene Navarrete. (JVR)
¿Víctima de Más Seguridad?
Según una denuncia que resposa en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, a las
03:20 de la madrugada del 27 de febrero anterior, Joffre Antonio Aroca Palma, de 21 años,
salió de su domicilio a esperar un bus en compañía de varios amigos, con rumbo al
balneario de Villamil, Playas. A la altura de la calle 17 y Pedro P. Gómez, en Guayaquil,
la camioneta 115, color blanca, del Plan Más Seguridad se detuvo a una inspección. Los
agentes Carlos Rivera Cordero y Edison Yépez se bajaron y le pidieron documentos.
Aroca señaló que no estaban haciendo nada malo y se negó a enseñar su cédula de
ciudadanía, según la misma denuncia. Ante la negativa lo golpearon y lo tiraron al balde
de la camioneta, mientras sus amigos y una señora de avanzada edad solicitaron a los
policías que no se lo llevaran por cuanto no era ningún antisocial. Los uniformados
expresaron que se lo llevaban por 'resabiado'. Luego lo torturaron y fue asesinado en un
lugar despoblado, en la parte posterior del estadiode Barcelona. Rivera, jefe de patrulla,
(quien tiene dos juicios por asesinato) fue quien disparó. Una semana después se halló
su cadáver. "Recibió un disparo por la espalda, luego que lo torturaron",
señala Perla Aroca, madre de la víctima, quien denunció el caso al Comité de Defensa
de los Derechos Humanos. El juicio 78-2001 se tramita en el Juzgado Quinto de lo Penal del
Guayas. (CHM)
ENTREVISTA
Nebot: la sanción al delincuente no
implica el irrespeto a sus derechos humanos
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, encabeza el proyecto de "Más
Seguridad" encaminado a reducir los índices de violencia del puerto principal. La
participación de la Policía Nacional y el apoyo de las cámaras de Industria y Comercio
son claves en este proyecto.
"La sanción al hampón no implica el irrespeto a sus derechos humanos.... implica el
respeto a la ley y la garantía de los derechos humanos de todo el mundo, incluyendo al
delincuente", opina el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al analizar el trabajo
conjunto entre la Policía y la Municipalidad, en el control de la delincuencia.
"No he sabido que, al menos en Guayaquil, la Policía irrespete los derechos humanos
en el combate a la delincuencia, y si hubiese un caso concreto se plantea y analiza y de
haber razón se sanciona", dice el funcionario, quien ejecuta el plan "Más
Seguridad", conjuntamente con la Policía Nacional. Con Nebot se analizó la
participación policial en el abatimiento de los delincuentes y los reclamos de los
organismos de derechos humanos sobre los mecanismos de exterminio.
¿Cree que los resultados del
plan Más Seguridad han reducido los actos de violencia y delictivos de Guayaquil?
Soy un permanente insatisfecho, hasta con mi labor, porque siempre creo que
puedo hacer las cosas en mayor volumen, y mejor. De manera que los logros no me producen
sueños sobre los laureles.
¿Pero se han reducido o no los
actos de los delincuentes contra los ciudadanos?
Hemos reducido los niveles de delincuencia a 50%, pero el resto de ese
porcentaje que todavía queda, es intolerable aún, y tenemos que luchar contra él,
quizá, de manera más drástica, porque se trata de los delincuentes más avezados. Por
eso funcionan las recompensas.
¿La captura o el abatimiento
de los hampones continúa?
Tengo noticias, no confirmadas aún, de que un séptimo de los delincuentes
más buscados habría caído preso.
¿Cuántos quedan aún sin
apresar?
De los diez, quedan tres.
¿Y las recompensas... están
funcionando?
Así es, estamos atacando, en forma conjunta, los sectores en donde llegan
los carros robados y los desarticulan para vender sus piezas; estamos tomando precauciones
para modificar las disposiciones municipales y exigir a los talleres mecánicos su
respectiva tasa-habilitación y otro requisitos que deben cumplir para que no reciban
carros robados.
¿Se cuenta con el equipamiento
necesario, tanto de la Policía Nacional y especializada como de los municipales?
Estamos equipando al GOE, GIR y GAO, con chalecos, cascos y vehículos. Día
a día luchamos junto a la Policía, que ojalá el Gobierno la apoye como debe ser, moral,
económica y técnicamente, en esta batalla que es interminable.
Organismos de derechos humanos
han reclamado la forma cómo se extermina a los delincuentes, esto es, sin dar detalles de
cómo fallecieron. ¿Qué opina?
Que yo haya sabido, no hay ningún motivo para ese reclamo; la sanción al delincuente no
implica el irrespeto a sus derechos humanos.... implica el respeto a la ley y la garantía
de los derechos humanos de todo el mundo, incluyendo al delincuente.
¿Se ratifica que los
delincuentes han sido abatidos por la Policía?
Hasta donde conozco, y lo conozco bien porque así lo dicen los partes
policiales, en el caso de los delincuentes abatidos, lo han sido por la Policía Nacional
en acción y respondiendo con proporción, y esto es lo importante más allá del tino y
de la lógica, a las agresiones de la que son víctimas los uniformados.
¿Conoce si la Policía
irrespeta los derechos humanos?
Me gustaría que las instituciones de DDHH investigaranlos derechos humanos
de los policías muertos y de sus familias. No he sabido que, al menos en Guayaquil, la
Policía irrespete DDHH en el combate a la delincuencia, y si hubiese un caso concreto, se
plantea y analiza y, de haber razón, se sanciona.
¿No hay cuerpos extraños en
el control de la seguridad en Guayaquil?
Eso sería otro tipo de delincuencia, y en mi formación esa situación es
absolutamente inadmisible. (AM)
Muchas manos en los procesos
penales
El Código de Policía señala penas mayores, como tortura y asesinato, con la condena
máxima
El ministro Juez del IV Distrito de Policía de Guayas, coronel Patricio Adhathi, dice que
tanto policías como militares y de Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) gozan de fuero
de corte y son sancionados de acuerdo con los delitos agravantes y atenuantes.
Así, los miembros del orden son sometidos a investigaciones por agentes especializados,
que se encargan de recabar testimonios y evidencias del delito cometido. El proceso
transita después por sorteo a un juzgado del distrito y pasa a órdenes del ministro
juez, el cual se encarga de evaluar la infracción y finalmente dictamina la sanción o
pena estipulada en el Código de Policía o el Código de Procedimiento Penal, para casos
menores.
Para oficiales de alto rango, el proceso lo maneja el presidente del distrito (máximo
juez), quien sentencia los casos de abuso de facultades, extorsión, tortura y asesinato.
Por delito de extorsión, la reclusión es de dos a cinco años. El abuso de facultades,
los reclamos formales, la falsificación de documentos, los despachos adulterados y la
mala fe policial, se castigan de tres meses a dos años de reclusión y de seis a nueve
años, respectivamente. El Código de Policía señala penas mayores, como tortura y
asesinato, con la condena máxima: 12 a 16 años. Por su parte, el Juez Tercero de lo
Penal del Guayas, Reinaldo Cevallos Cercado, manifiesta que uno de los problemas en el
sistema judicial es la falta de dominio que algunos jueces tienen de la legislación.
Afirma que los procesos no se impulsan muchas veces por la presión de los medios de
información, por personas con poder económico o político, por los abogados que ejercen
la defensa, la policía o por superiores de los departamentos del poder judicial.
En la tramitación de un proceso penal, intervienen muchas 'manos' con distintos
propósitos. Los jueces impulsan el juicio hasta lograr que las distintas etapas del
sumario lleguen a la culminación decisiva, es decir, cuando el Tribunal Penal dictamina
sentencia.
"En los juicios nos enfrentamos a la corrupción, ya que si se cometen actos menores,
corremos el riesgo de la destitución, remoción, amonestaciones, suspenciones de cinco a
diez días y multas de 10 al 50% del sueldo base", argumenta. (CHM)
