"La impunidad tal vez es peor incluso
que los casos concretos de violación a derechos humanos. La impunidad, la seguridad de
que no habrá un castigo, da la libertad para seguir cometiendo estos delitos. En cierta
medida, los legitima" dice Mónica López, de AI sección Ecuador. "Finalmente,
todo nuestro trabajo se centra en la lucha contra la impunidad", agrega.
Amnistía Internacional señala como una de las principales causas para que la impunidad
sea práctica común en el país a la competencia que se le da a los tribunales policiales
o militares para que sean ellos los que juzguen a sus miembros frente a casos de
violación de derechos humanos.
"A delitos comunes, como el asesinato o la tortura, deben ponerse jueces comunes,
civiles", señala Elsie Monge, coordinadora de la Comisión Ecuménica de Derechos
Humanos (Cedhu), a la vez que concuerda con el Comité de DDHH de la Organización de las
Naciones Unidas.
Tras el informe de Amnistía Internacional, el canciller Heinz Moeller -en representación
del gobierno ecuatoriano- aseguró que "si bien se producen ocasionalmente casos
aislados que afectan los derechos humanos individuales, de ninguna manera existe en el
Ecuador una política sistemática contraria a dichos derechos".
"En este país, los casos aislados se repiten con demasiada frecuencia", refuta
Pablo de la Vega, presidente del Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo
Montes Mozo.
Estadísticas de la Cedhu del año 2000 señalan que el mayor número de violaciones a
derechos humanos se centran en arrestos arbitrarios y agresiones físicas.
"Una sola organización de derechos humanos documentó 18 casos de personas cuyos
cadáveres habían sido hallados en las afueras de la ciudad (de Guayaquil), y que habían
sido muertos a tiros en circunstancias que sugerían que podían haber sido víctimas de
ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de los fallecidos tenían antecedentes penales, y
muchos de los cuerpos mostraban señales de tortura", dice AI en su informe.
Varias organizaciones de defensa de derechos humanos han alertado sobre la posible
aparición de grupos armados privados, encaminados a enfrentar y reprimir directamente la
delincuencia en ciudades como Guayaquil.
"La violencia como forma de enfrentar la delincuencia solo generará más
violencia", dice Elsie Monge. "La delincuencia es efecto de un problema más
grave".
"Más del 70% de los ecuatorianos viven en condiciones de pobreza; las tres cuartas
partes de la población no tiene empleo. En esa situación no se puede hablar de respeto a
los DDHH. Derechos humanos son también seguridad de trabajo, alimentaria, de salud. Así,
las políticas económicas de Estado violentan ya de por si los derechos de hombres y
mujeres". (AAS)
Hacinamiento carcelario, otra
forma de violencia
Amnistía Internacional en su informe también denunció las condiciones de reclusión que
sufren los detenidos que se encuentran bajo investigación policial, definiéndolas como
"crueles, inhumanas y degradantes".
En Ecuador existen 33 centros de detención, con capacidad para 6 093 personas.
Actualmente, según estadísticas de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, hay
8 781 presos, de los que solo 2 909 tienen sentencia.
Sin políticas penitenciarias ni planes de rehabilitación social, en un espacio donde se
mezclan hacinamiento, tráfico de drogas, violencia formal e informal, extorsión y
tortura, el sistema carcelario ecuatoriano termina cometiendo una "violación masiva
de derechos humanos", como aducen varias organizaciones no gubernamentales.
Según la Cedhu -que maneja información principalmente de la provincia de Pichincha-,
durante el año 2000 se documentaron más de 600 arrestos arbitrarios, así como 50 casos
de tortura. En 1997 la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos señaló 306
casos de tortura en el Centro de Detención Provisional de Quito. (AAS)
El testimonio de Pedro Baque,
otra prueba más del abuso
El 11 de febrero de 1999. Pedro Baque Tuárez y los hermanos Carlos y Pedro Jaramillo son
detenidos por ocho policías mientras viajan por una carretera en el sector de Guabito,
Portoviejo. Obedeciendo órdenes, los tres levantan las manos. Un policía dispara. Pedro
Jaramillo cae muerto.
Esposados y con los ojos vendados, Pedro Baque y Carlos Jaramillo son llevados a una
propiedad de la Policía. Ahí los golpean, hasta que nuevos disparos acaban con la vida
de Carlos Jaramillo. Pedro Baque recibe también varios balazos, que le perforan el
abdomen, el brazo izquierdo, los pómulos y el maxilar. Creyéndolo muerto, los
uniformados lo abandonan en el lugar.
Tras los hechos, cinco agentes de la Policía Nacional fueron detenidos, y a pedido de
Baque y de los abogados de la familia Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia ordenó que
la causa sea retirada de los tribunales policiales y pase a manos del fuero civil.
Amnistía reclama sobre la lentitud del proceso judicial, que pone de manifiesto una
aparente ausencia de voluntad de enjuiciar a los responsables de violaciones contra los
derechos humanos.
Actualmente, tanto Baque como los familiares y abogados de los hermanos Jaramillo están
bajo protección militar, debido a las constantes amenazas que han sufrido por parte de
presuntos elementos de la Policía. (AAS)
¿Qué es Amnistía
Internacional?
La organización fue fundada en 1961 para realizar una campaña urgente a favor de los
presos
Amnistía Internacional (AI) es una organización internacional de activistas voluntarios,
cuyo objetivo es "trabajar en defensa de los presos de conciencia y de las víctimas
de otras violaciones de derechos humanos", independientemente de la postura
política.
Fundada en 1961 para realizar una campaña a favor de los presos de conciencia, el
movimiento internacional -con sede en Londres- cuenta ahora con más de un millón de
miembros y suscriptores en 140 países, apoyado por 7 500 grupos locales. La organización
se ha apersonado de más de 45 000 casos alrededor del mundo.
Al recibir una denuncia particular, el secretariado de AI designa un investigador -nunca
del mismo país de origen de la acusación- quien realiza un seguimiento pormenorizado del
caso, hasta recabar la información que confirme una violación de derechos humanos. De no
recibir una respuesta aceptable por parte de las autoridades estatales responsables,
Amnistía hace pública la denuncia a escala mundial, a la vez que realiza las denominadas
"acciones urgentes":
En las "acciones urgentes", Amnistía difunde a toda su red mundial de
voluntarios las particularidades del caso, quienes bombardean con telegramas, télex, fax,
cartas urgentes a las autoridades responsables -jefes de gobierno, ministros o autoridades
policiales- en demanda del inmediato restablecimiento de los derechos violentados. Durante
el año 2000 se iniciaron 481 acciones de este tipo. (AAS)
Asesinato de Hurtado pasa al
olvido
El diputado Jaime Hurtado González, del Movimiento Popular Democrático (MPD) fue
asesinado junto a dos de sus asesores el 17 de febrero de 1999, en las cercanías del
Congreso Nacional. Los asesinos, que dispararon a quemarropa contra las víctimas, huyeron
sin ser identificados, aunque se presume que viajaron a Colombia. Poco después fueron
detenidos tres hombres inculpados de haber tenido participación en el hecho.
Los tres detenidos en relación con el caso -Cristian Ponce, Sergei Merino y Washington
Aguirre- fueron sentenciados por asociación ilícita a seis años de prisión. Gracias a
las políticas de rebaja de penas y al año jubilar, fueron liberados posteriormente, y el
triple asesinato quedó en la impunidad, pese a la formación de varias comisiones que
investigan el caso.
Amnistía Internacional asegura que tiene denuncias "fidedignas que afirman que los
autores del crimen estaban relacionadas con autoridades a las que el congresista estaba
investigando por presunto blanqueo de dinero y tráfico de drogas". (AAS)
