'He estado en varios cargos públicos, pero ninguno ha sido tan cotizado como ese y me arrepiento de haberlo aceptado", dice hoy Justiniano Romero, quien fue gerente de la empresa productora de cemento Industrias Guapán, de Azogues, entre el 25 de agosto de 1999 y el 24 de julio de 2000, fecha en que fue destituido de sus funciones por presuntas irregularidades.
Romero está involucrado en un juicio en el que no ha sido sindicado, en relación con una posible pérdida ocasionada a la empresa por un valor de 90 000 millones de sucres, de los cuales 4 500 millones se perdieron solo entre el 24 de enero y el 14 de febrero de 2000.
De acuerdo con un informe de la Comisión de Fiscalización y Control del Congreso, la empresa dejó de percibir estas cantidades porque en esos días bajó el precio del saco de cemento de 75 000 sucres a 65 000, mientras la competencia se mantenía en 118 750 sucres.

¿Hubo negligencia administrativa? ¿Fuga y baja del precio? ¿Botín político? Estas preguntas esperan por sus respuestas

La cuestión es: si Romero actuó movido por la incertidumbre de la dolarización y la dramática transición presidencial del 21 de enero de 2000, o si favoreció con esa rebaja a ciertos distribuidores, propició la especulación en mercados que no eran normalmente de Guapán o si, incluso, causó la fuga ilegal de cemento a Perú.
La comisión parlamentaria, en un informe que fue entregado a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Superintendencia de Compañías, el 30 de julio del año pasado, acusa a Romero de haber cometido "una serie de errores que incidieron de manera significativa en los ingresos que dejó de percibir la compañía, favoreciendo de manera sistemática a los intermediarios, propiciando la especulación y el desabastecimiento del producto, especialmente en la provincia del Cañar, y obligando a la ciudadanía a cancelar precios elevados para adquirir el cemento".
La investigación, que consta de 7 000 fojas, no ha pasado de su fase indagatoria. El juez tercero de la Penal, Cornelio Pozo Illingworth, considera que la excitativa del Ministerio Fiscal "es demasiado escueta, extremadamente larga, habla de varias irregularidades cometidas en la empresa, pero no señala qué tipo de irregularidades, ni señala tampoco cuáles pueden ser los autores de esas irregularidades". La imprecisión podría tener su causa en el objeto mismo de la disputa y ser un reflejo de lo que sucede en la provincia del Cañar, con Guapán.
La empresa más grande de la provincia y una de las mayores del Austro es de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; por lo tanto, es considerada patrimonio público y botín político. Hasta hace poco, la gerencia era objeto de un periódico tira y afloja partidista.
También Justiniano Romero ganó el puesto luego de una fuerte disputa con su antecesor, Luis Carpio, quien luego, ya en las funciones de defensor del pueblo, fue quien propició las denuncias contra Romero. (SK)


¿Empresa pública o privada?: el dilema

Hay casos en los que a la cementera se la ha juzgado como ente particular, pero tiene acciones del IESS y del Banco de Fomento

Uno de los problemas fundamentales del juicio es el hecho de que no está claro el estatus que tiene la empresa de cemento.
A pesar de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene el 99,8% de las acciones y el Banco de Fomento el 0,2%, la empresa se considera de carácter privado.
El agente fiscal que estudia el caso, Rubén Darío Hugo, manifestó que ha consultado a la Fiscalía General de la Nación respecto de las consecuencias de la Ley 'Trole 2' en el caso de la empresa Guapán, pero no ha recibido respuesta alguna sobre sus inquietudes.
La cuestión, sin embargo, es decisiva: "Si la Ley Trole no influye en lo que respecta a la tipificación del delito, estaríamos hablando de peculado, pero si incide sobre la naturaleza de la empresa de cementos Guapán, hablaríamos de estafa o abuso de confianza", señala el funcionario.
Hugo se manifestó escueto respecto del juicio, pero aportó algunos antecedentes en los que la empresa Guapán fue tratada como empresa pública:
"En 1979, cuando el administrador era Mario Cárdenas, hoy representante de los gasolineros del Ecuador, auditor era Mario Balseca y subgerente, Sucre Muñoz, ellos adquirieron una empacadora que no era apta para las necesidades de Guapán, la Contraloría General del Estado hizo una auditoría y consideró que debía seguirse un juicio penal en contra de estas personas, se sentenció en tercera instancia por peculado, es decir, administración dolosa de los fondos del sector público".
En otro caso, la empresa de cemento Guapán fue demandada por Antonio Granda Centeno, contratista de la ampliación de la empresa, y la Corte Suprema de Justicia se declaró competente, lo que solo era válido en juicios de particulares contra empresas públicas.
El arreglo incrementó el costo de la obra de $27 millones a $40 millones. Por esa misma época, una empresa japonesa fue multada por falta de seriedad en una oferta de generadores de electricidad para la empresa Guapán.
La garantía fue devuelta por orden de la administración porque el mismo consorcio tenía ad portas un contrato de generación eléctrica para la refinería de Esmeraldas y quedaría inhabilitada por dos años para presentarse como contratista en el país. La Contraloría del Estado aceptó analizar el asunto. (SK)

Irregularidades y perjuicios

• El informe del Congreso sobre Guapán abarca el período entre el 1º de enero de 1999 y el 30 de mayo de 2000; es decir, también lo actuado bajo la gerencia de Luis Carpio. El perjuicio total es evaluado en casi 180 000 millones de sucres.
  
• Han sido oficiados legisladores, el secretario del Congreso, los denunciantes en la prensa, el procurador de la Nación, la Intendencia de Compañías, los directores de Aduanas de Loja y El Oro, jueces de otras provincias.
  
• Tanto el Juzgado como la Fiscalía han solicitado asesoría de una auditora profesional para desenredar el caso. Solicitan una fiscalización de los últimos cinco años. Contraloría estudia la posibilidad.
  
• Del informe de Auditoría Interna se desprende que el gerente Justiniano Romero se hizo cargo, en persona, de la comercialización, poco después de asumir el cargo.
  
• Ahora alega que el jefe de comercialización, Jacinto Ormaza, era sindicalista y faltó 95 días, es decir, 48% del tiempo laborable.
  
• Cuando la rebaja del cemento Guapán fue sustancial, distribuidores inusuales recibieron entre 35 000 y 75 000 sacos. Hubo nuevos vendedores en El Oro, Manabí, Tungurahua. Algunos no tenían bodegas, dice el informe.
  
• En enero del 2000, la diferencia de precio entre el producto de Guapán y de la Cemento Nacional llegó a ser de hasta 50 650 sucres por saco de 50 kilos.
  
• Según Antonio Martínez, del Directorio de Guapán, a pesar de que la empresa es una sociedad anónima, ha aportado documentación al juicio y a la Contraloría.
  
• "La Comisión Anticorrupción y la Comisión de Fiscalización del Congreso tienen una relación permanente con Guapán por la situación política de la empresa y del IESS".
  
• "Hay gente que manifestó que conocía la comisión de un hecho ilícito, pero no se ha presentado a declarar", dijo Antonio Martínez.
  
• El informe de Auditoría establece que no hay registro sobre si los distribuidores cumplían los requisitos para las credenciales entregadas en esos días.
  
• Además, establece que Guapán no tuvo en consideración la drástica devaluación del sucre a principios del año 2000 para fijar el precio del cemento.
  
• La Comisión de Fiscalización del Congreso pidió no solo la remoción del gerente, sino también del Directorio de esa época, por haber aprobado los precios.
  
• Ahora, se han adoptado correctivos en la carnetización de distribuidores y se ha eliminado la concesión de cupos, que obligaban a Guapán a entregar un mínimo de cemento a las bodegas.
  
• Así, Guapán podía ser demandada por incumplimiento, pero no podía exigir la venta regular de un mínimo a sus distribuidores. (SK)