A su cargo tenía 37 alumnos: tenientes y
mayores, con los que inició un trabajo de recopilación de información sobre lo que
estaba ocurriendo dentro de la Policía. En ese momento, le llegó el ascenso a general,
con otros tres compañeros de promoción.
Se replantearon el objetivo de solidificar un Estado Mayor y fiscalizar a la institución
desde adentro, pero en los niveles altos. Los frutos, según un oficial de la Policía, se
están viendo en la actualidad.
Una vez como general, Edgar Vaca, según fuentes que pidieron el anonimato, habría
solicitado pasar a ocupar el cargo de director nacional de Inteligencia (que tenía un
presupuesto anual de apenas 15 millones de sucres, $600 con la moneda actual), una
actividad en la que, se asegura, se mueve como pez en el agua. Incluso ha escrito un libro
sobre el tema.
La historia de los contratos
Fue en la Dirección Nacional de Inteligencia en donde habría vuelto sus ojos a los
contratos que se firmaban en el interior de la Dirección Nacional de Tránsito. En esa
época es cuando solicitan el ingreso de la Contraloría a la institución para que
realice una vigilancia más exhaustiva.
"Se detectaron varias anormalidades. Los contratos por los que el proveedor cobraba a
la Policía, a pesar de no haber entregado los materiales, siempre quedaban en el plano
administrativo. Apenas se prohibía al proveedor no volver a participar en las
licitaciones por algún tiempo y asunto concluido. El proveedor quedaba como incumplido y
nada más", dijo una fuente próxima al mando policial.
Este tema reventó el año anterior, cuando Francisco Huerta era ministro de Gobierno y
comenzó a cuestionar la labor del entonces director nacional de Tránsito, Hugo
Villavicencio.
Edgar Vaca pronto se habría percatado que detrás de las empresas que incumplían los
contratos, estaba el nombre de Roberto Sassen y de ahí vendrían, según oficiales
vinculados a la actividad del actual inspector de la Policía, las razones por las que el
proveedor de armamento habría comenzado a fabricar las supuestas calumnias en su contra.
El informe más contundente que presentó el actual inspector de Policía, Edgar Vaca,
está fechado el 15 de agosto de 2000, en el que se detalla todas las irregularidades
halladas en los contratos que Sassen había firmado con la Policía. Por el momento,
existen cuatro excitativas fiscales, en torno a este caso. (JT)
Declaración para el juicio millonario
El 13 de noviembre del año anterior, el Alto Mando policial acudió a la comparecencia en
el Congreso solicitada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Carlos
González, para que explique las supuestas irregularidades relacionadas con el ex banquero
Alejandro Peñafiel. En esa comparecencia, Edgar Vaca acusó a Roberto Sassen de
contrabandista.
Esas acusaciones motivaron que el ex proveedor de armas instaure un juicio por injurias en
contra de Vaca y el general replique a su vez solicitando al juez que deseche la
acusación considerándola temeraria y reclamando una indemnización de $1 000 millones.
El caso se ventila en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito y está en
la etapa de acumulación de pruebas. (JT)
ANALISIS
Policía, una necesaria transparencia
Cuando se pasa revista a una encuesta, la Policía aparece entre las instituciones que
menor credibilidad tiene entre la población.
¿Se ha puesto a pensar en aquello la cúpula policial?
Cada cierto tiempo, alguna situación anómala o la presunción de un delito provoca una
reorganización de la cúpula. Podríamos recordar solo dos: la que siguió a las
denuncias del agente Hugo España en torno a la muerte de los jóvenes Restrepo, a
comienzos de la década pasada. O la última, con la salida del Comandante General, en el
mayor de los silencios. ¿Por qué se fue?
Las preguntas quedan pendientes y quizás, la acumulación de estas provoca el resultado
de las encuestas.
Si la Policía hace serios esfuerzos por garantizar, dentro de sus posibilidades, la
seguridad ciudadana, la recuperación de la credibilidad tiene que venir por otra parte. Y
hay un espacio de arbitrariedad (desde el patrullero que se cruza horondo una luz roja
hasta la indiferencia con que el tránsito es definido por los conductores y no por los
agentes uniformados) y hay oscuridades que se resuelven con otras oscuridades: las
remociones sin mayor explicación, sobre las que cabría que la Policía trabaje.
Ahora es un caso de negocio de armas que recoge BLANCO Y NEGRO y que debe ser totalmente
aclarado. En él se enfrentan un general de la Policía y un vendedor de armas. ¿Quién
está en lo cierto? ¿O acaso, los dos dicen verdades parciales, porque ya no cierran
tratos de comercio de armas?
¿Hasta dónde el general Vaca, cuestionado por el vendedor de armas Roberto Sassen, es el
moralizador de la Policía?
Tenemos que darle el beneficio de la duda y considerar sus argumentos, pero también es
necesario que una institución independiente juzgue los hechos con absoluta objetividad.
Si esto no se aclara, más perjudicada saldrá la Policía que el propio Roberto Sassen,
aunque él se lamenta que ha perdido su negocio con la Policía.
La sociedad necesita que se le explique cómo se provee la Policía de armas, de
vehículos, de infraestructura. La sociedad necesita transparencia porque buene parte de
su vida cotidiana reposa entre las manos de la Policía. (JP)
Cuatro excitativas fiscales
apuntan a revelar los ilícitos en la Policía
El fiscal verificó un perjuicio al Estado por la subdivisión de contratos para la
adquisición de pistolas Glock
Cuatro excitativas se dictaron por irregularidades en la contratación de varias empresas
por parte de la Policía, para suministro de armas y materiales. En todas se involucra
directa o indirectamente Roberto Sassen van Eoslo Otero. La primera fue suscrita por el
fiscal Distrital de Pichincha, Carlos Morales Llerena. El caso se refiere al
incumplimiento por parte de Prodefensa, compañía de Roberto Sassen, de 17 contratos
suscritos con la Dirección Nacional de Tránsito, para la adquisición de 1 170 pistolas
Glock y 980 mil municiones de nueve milímetros.
El 27 de marzo de 2000, el asesor jurídico de la Dirección de Tránsito envió una
comunicación a Sassen, indicándole que se han incumplido parte de los 17 contratos,
porque todavía no se han entregado 780 pistolas ni las municiones.
Según Roberto Sassen esas pistolas no llegaron porque carecían del permiso del Comando
Conjunto para traer las armas. "Sin esa autorización ni el presidente de la
República puede importar armas", dijo.
Sin embargo, las acciones legales las emprende la Dirección Nacional de Tránsito cuando
exigió a Roberto Sassen que se cambien las garantías entregadas por ese contrato, que
venía siendo la empresa El Dorado SA, por cuanto se encontraba en liquidación forzosa.
La falta de respuesta les habría obligado a concluir unilateralmente los contratos.
El fiscal concluyó que en ese caso hubo defraudación de los dineros de la Dirección
Nacional de Tránsito y, por ende, del Estado, por lo que solicitó la apertura del
autocabeza de proceso en contra de los representantes de la compañía Prodefensa, por
abuso de dineros, defraudación y subdivisión de contratos.
"La Policía debe conocer que cuando se firma un contrato donde están inmersos armas
y municiones, se debe contar con la autorización del Comando Conjunto, si no existe esa
autorización, mi tiempo de entrega no comienza a correr", insiste Sassen, quien
asegura que solicitó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la resolución de esos
contratos por incumplimiento de la Dirección Nacional de Tránsito. (JT)
¿Quién le tiene miedo a
quién? El cruce de denuncias puede seguir
En dos contratos están involucrados altos oficiales de la Policía que habrían visto
con recelo el ascenso de Vaca
La Dirección Nacional de Tránsito firmó varios contratos con la compañía Nova 2000,
administrada por Roberto Sassen, para la adquisición de carpas, cartucho de tinta y
cinta. "La forma como eran adjudicados estos contratos, era la siguiente: el jefe de
cualquier unidad policial de Tránsito creaba la necesidad de los bienes a adquirirse, que
lo hacía mediante oficio, el que era dirigido al director de Tránsito, quien se dirigía
al jefe financiero para que informe si existe la disponibilidad económica para atender lo
solicitado", dice la excitativa fiscal que fue remitida a un Juzgado de lo Penal de
Pichincha. Y así sucesivamente se cumplían una serie de trámites, hasta que se reunía
la Comisión de Adquisiciones para establecer el nombre del proveedor.
La documentación pasaba del Comité de Adquisiciones al jefe financiero para que los
traslade al asesor jurídico, quien debía elaborar el contrato. Una vez suscrito, los
contratantes debían recién entregar las garantías.
"Los curioso es que el mismo día en el que se reunía el Comité de Adquisiciones,
la compañía ganadora tenía ya las pólizas que determinaban el contrato, y en el mismo
día la Dirección de Tránsito canceló y entregó la totalidad del precio acordado (...)
sin embargo de esto, dichos contratos fueron incumplidos", dice el fiscal
decimotercero de lo Penal de Pichincha, Jorge Cadena.
Idéntico procedimiento halló el fiscal octavo de lo Penal de Pichincha, Patricio Vaca
Nieto, en la suscripción de contratos entre la Dirección Nacional de Tránsito y la
compañía Deftec Corp, también representada por Roberto Sassen van Eoslo. Estas
supuestas irregularidades, al parecer, fueron patrocinadas por el entonces director de
Tránsito, Hugo Villavicencio, que fue separado de la institución policial.
Por el momento, las denuncias han enfrentado a dos hombres que están sacando a relucir
una serie de irregularidades que todavía no son investigadas en profundidad. (JT)
