Los mismos padres imponen pensiones
El intendente de Policía del Guayas justificó su presencia en los establecimientos educativos remitiéndose a lo que dispone el Código Penal, razón por la cual sancionó a los rectores que cobraban más de $10 por matrícula. "Se trata de un delito flagrante que se lo sanciona con prisión".
A la actitud de Jácome se sumó la de un grupo de legisladores de la sub Comisión Legislativa de los Derechos Humanos, quienes acompañados de Jácome, visitaron varios planteles y comprobaron la violación a la ley por parte de los rectores de los colegios fiscales de Guayaquil, en el cobro de $10 por las matrículas y en la zonificación escolar, dispuestos por la Dirección de Educación del Guayas.
Los diputados estuvieron en los colegios Simón Bolívar, Jorge Carrera, Rita Lecumberry y Augusto Mendoza. Allí conocieron la decisión de los padres de familia de colaborar con la entrega de valores superiores a los exigidos, "para el mejoramiento de la infraestructura educativa".
Los padres defendieron a Vayas y Cadena, ya que ellos mismos autorizaron el cobro de más de $10.
A su vez, los rectores buscaron evitar la presencia del intendente y pidieron que el Ministerio de Educación no fije ningún valor por autogestión y que este sea determinado de acuerdo con las necesidades de cada plantel.
"El Estado no nos da un centavo para comprar bancas, escritorios o tizas y son los padres de familia quienes colaboran para comprar estos insumos", declaró Emma Marún, rectora del colegio Jorge Carrera. (AM)
COSTOS
- Pensiones entre $6 y $100 deberán pagar los padres de familia de los alumnos de los 1 800 colegios particulares de Guayas.
- Sin embargo, falta por definir las tarifas de otros establecimientos que han solicitado pensiones superiores a los $170.
- Los costos se establecen de acuerdo con la infraestructura de cada plantel y en base a una revisión por parte de los miembros de la Junta Reguladora de Costos de la Educación Particular.
- Los altos costos de las matrículas en los establecimientos privados obligaron a los padres de los estudiantes a cambiarlos a planteles fiscales.
- Otro de los rubros que se han encarecido, asunto sobre el cual la autoridades no han decidido nada aún, es es el alto costo del transporte estudiantil.
- Por este servicio, en 2000 se pagaba $13 y en el presente año, $20. Las autoridades no han dicho nada sobre el particular.(AM)
Nuevo censo escolar
Un nuevo intento por conocer cuántos son los fiscales que no trabajan pero que cobran sus sueldos, concluyó el Ministerio de Educación y Cultura, MEC, en Manabí.
Los maestros de los 22 cantones manabitas fueron convocados para que se presenten y actualicen su datos en la escuela Francisco Pacheco, en Portoviejo, portando la cédula de identidad y el comprobante que recibieron en diciembre de 2000 cuando se realizó el primer censo.
Varios consultores enviados por el MEC desde Quito, controlaron el proceso de verificación de los documentos de los docentes.
Los resultados del censo realizado en diciembre de 2000 por un consorcio de cinco universidades: Espol, Politécnica Nacional y las de Ambato, Quevedo y Azuay, fueron sorpresivos para los manabitas. De los 12 900 empleados registrados por la Dirección de Educación de Manabí y ratificados por el MEC, se presentaron al censo 13 767 funcionarios.
Para comprobar si estas cifras fueron reales, el director de Educación de Manabí, Roberto Escandón, aplicó otro control: en febrero y marzo no se transfirieron los sueldos a las cuentas corrientes de los maestros sino que se emitieron cheques.
Al parecer, este mecanismo tampoco tuvo éxito, ya que se convocó a los docentes a una tercera comprobación, esta vez presentándose ante la autoridad competente.
Jorge Cedeño, jefe de personal de la Dirección de Educación de Manabí, dijo que no es verdad que el censo de diciembre de 2000 haya fallado. La encuesta funcionó parcialmente, puesto que más de 100 docentes presentaron sus renuncias antes de que el MEC les siga un sumario administrativo, porque reconocieron que habían abandonado sus puestos de trabajo. (AM)
La matriculación de estudiantes en los
planteles fiscales de Guayaquil se convirtió en un hecho policial en esta semana, previo
al inicio del ciclo lectivo 2001-2002.
En esta ocasión, las sanciones no las aplicaron las autoridades educativas sino las
policiales, quienes ante denuncias de padres de familia, sentaron un precedente para
futuras actuaciones.
Las denuncias de cobros elevados o indebidos, infracciones en la zonificación escolar que
determine el plantel en el cual los alumnos deben estudiar de acuerdo al sector donde
residen, y el descubrimiento de recomendaciones de políticos para obtener matrículas,
fueron los argumentos para que las autoridades intervinieran en los planteles.
El Ministerio de Educación autorizó el cobro de $4 en las escuelas fiscales y $10 en los
colegios por la denominada autogestión; además, prohibió el pago de otros rubros como
uso de laboratorios, carné, libretas de calificación y otros, "ya que estaban
considerados en los costos de las matrículas".
Sin embargo, el hecho que obligó la presencia del intendente general de Policía del
Guayas, Peter Jácome, del director de Educación del Guayas, Tomas Mancheno y del
defensor del pueblo, Franklin Moreno, en los establecimientos fiscales, fue el
incumplimiento de la disposición del Ministerio de Educación de cobrar $10 por concepto
de matrículas.
En muchos colegios los padres de familia aceptaron colaborar con $10 para que sean
destinados a la reparación de bancas, compra de mobiliario e insumos, pero lo que
criticó el ministro de Educación, Roberto Hanze, fue que los rectores y directores no
hayan comunicado a las autoridades competentes, ni justificado con documentos esos cobros.
Las autoridades habían recibido denuncias de padres de familia que se estaba cobrando de
$20 en varios colegios estatales.
El primer plantel que visitaron los tres funcionarios fue el colegio nacional Andrés
Mateus, en donde comprobaron que se cobraba $20 por las matrículas. Inmediatamente,
Jácome procedió a la detención del vicerrector Benito Cadena, quien guarda prisión en
el Cuartel Modelo y podría ser sancionado con cárcel de hasta 30 días, puesto que,
según la autoridad policial, ha violado los artículos 234 y 622 del Código Penal. que
contempla esa pena.
Igual procedimiento cumplieron en el colegio fiscal Simón Bolívar. Allí también
comprobaron que las autoridades del plantel cobraban $20, razón por la cual decidieron
detener al rector Miguel Vayas, quien logró escapar a la acción de la Justicia debido a
que la Policía demoró en llegar para atender la denuncia del intendente y de los padres
de familia.
También se comprobaron infracciones similares en los colegios provincia de Chimborazo,
Provincia de Cotopaxi y Nueve de Octubre en donde las autoridades exigieron que se les
devuelva los excedentes a los padres de familia, auque no se aplicaron sanciones a los
infractores. (AM)
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