Desde Ambato coordinaban matrículas falsas de carros
Los casos de matriculación fraudulenta, en los que está involucrada la CTG, siguen destapándose. Los agentes descubrieron otra punta del ovillo
Un nuevo caso de matriculación fraudulenta involucra a la Comisión de Tránsito de Guayas (CTG) y la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), una vez que la Policía Nacional desarticuló, a inicios de este mes, una banda internacional dedicada al asalto, robo, matriculación y venta ilegal de vehículos.
Las investigaciones policiales permitieron recuperar 22 automóviles de lujo que fueron robados en territorio colombiano y que posteriormente fueron trasladados a Ecuador para ser comercializados con documentación ilegal, tramitada en la CAE y matriculados sin previa supervisión en la CTG.
El centro de operación de esta red estaba ubicado en Ambato, donde Wilmer Oswaldo Marchán Molina adquiría los vehículos a los hermanos Julián y Darío Montoya Mahuad, quienes se encargaban del ingreso de los automotores al país. Las cantidades que pagaba Marchán por los automotores era irrisoria, en comparación con el valor real de los vehículos, que en el mercado tienen un valor individual de $8 mil hasta $25 mil.
Los contactos de Marchán
Wilmer Oswaldo Marchán Molina, uno de los principales implicados en este caso, se contactaba con Jhon Javier Zurita Ñacato, a quien le proporcionaba todas las características del automotor para que consiga documentación falsa y hacer que los vehículos robados ingresen por la Aduana de Guayaquil.
Zurita Ñacato cobraba entre $400 y $500 para obtener la domumentación fraudulenta de cada vehículo. Pero, él no realizaba el trabajo, pues contactaba a Vilmer Johnny Bermeo Cedeño para que acuda a las dependencias de la CAE, I Distrito de Guayaquil y, a través de Ricardo Eduardo López Hernández, asistente de la subgerencia y encargado del área de verificación vehicular, ingresará al sistema los datos de los carros.
Una vez que la documentación avalada por la CAE se encontraba lista, era enviada inmediatamente a Ambato, donde Wilmer Marchán cancelaba a los tramitadores $500. Según las declaraciones receptadas por la Policía, Marchán cancelaba sus deudas, en algunas ocasiones, hasta con vehículos.
De regreso a Guayaquil
La operación continuaba con el traslado de los automotores de Ambato hasta Guayaquil. Para este trabajo, Marchán contrataba los servicios de Edgar Soria Cordones, según la Policía.
En esta ciudad, Jhon Zurita Ñacato los recibía y era el encargado de pagar las improntas, en la oficina de matriculación del centro comercial Bahía Norte de Guayaquil.
El informe de la Policía destaca que la matriculación de los carros en la CTG se la efectuaba sin la revisión física, tal como ocurrió en el caso de los 564 automóviles matriculados fraudulentamente. Las investigaciones establecen que el personal encargado de la verificación no cumplía con eficiencia su labor, pues con la sola presentación de las improntas cumplía con el trámite de la matriculación. (JVR)
Mitsubishi, Toyota, Chevrolet, Ford, Kia, son los preferidos
Marcelo Vega Gutiérrez, jefe de la Policía Judicial, manifiesta que las investigaciones en torno a este caso continuarán, pues se presume que el número de vehículos que esta banda introdujo al país sea mayor. Por este motivo, realizó un llamado para que las personas que hayan comprado un vehículo a esta banda, sin conocer la procedencia de los mismos, acudan a las dependencias de la PJ, a fin de verificar la documentación respectiva. Esto para evitar que sean considerados cómplices.
Y es que los automotores, al ser vendidos, tenían una documentación que a simple vista cumplía con todas las reglamentaciones. Como pruebas del ilícito la Policía tiene certificados de Aduana que sirven para la matriculación vehicular, hojas de revisión, copias de cédulas de ciudadanía adulteradas y sellos que pertenecen a la Corporación Aduanera Ecuatoriana.
Primero fueron tres
Cuando se efectúo el operativo, se encontró en poder de los detenidos tres vehículos: un jeep, marca Ford, modelo explorer. En los vidrios tiene marcada las placas colombianas CFM-776. También se encontró un automóvil, marca Kia, modelo Sepia, de placas GJH-731; y un auto, Chevrolet, modelo swift, sin placas.
Las posteriores investigaciones policiales permitieron recuperar 24 vehículos más, en diferentes ciudades del país.
Entre los automotores robados y recuperados se encuentran carros de las marcas Toyota, Ford, Chevrolet, Kia, Mitsubishi, la mayoría modelos 1997, 1998, 1999 y 2000. (JVR)
El diputado independiente Ronald Andrade
Echeverría calificó de sensacionalista al reportaje aparecido la semana anterior en
BLANCO y NEGRO, sobre su presunto involucramiento en un caso de tráfico de tierras.
"No comprendo cómo puede ser de interés público que un ciudadano como yo haya
comprado ocho años antes de ser congresista una propiedad que, debido a lo remoto e
inhóspito de la región, apenas costó el equivalente de $20 mil", dice el
legislador.
"Tampoco comprendo -recalca- cómo resulta noticia que bienes adquiridos antes de ser
diputado, sean un asunto de interés público. Esos bienes, como se puede demostrar, no
han sido comprados durante mi desempeño al servicio del país en el Congreso, así que
mal se puede insinuar nada sobre ellos".
"En la nota se hace hincapié en lo lejano de la zona. Y se insinúa que eso es
sospechoso. Si compré esas propiedades, es porque, precisamente, no soy un hombre rico, y
esas son tierras muy baratas", sigue.
"Se dice también que me he expuesto a un juicio penal por comprar otra pequeña
propiedad, adquirida con una sustitución de deuda con el Banco Nacional de Fomento, cuyas
obligaciones termino de pagar en abril del año 2004. A renglón seguido se dice que el
juicio penal se lleva en un Juzgado de lo Civil de la provincia de Imbabura. O hay afán
de escandalizar a los lectores de HOY o hay absoluta ignorancia sobre la diferencia entre
lo civil y lo penal en derecho", continúa su carta.
"Con relación a la legalización de las tierras, es un trámite que no he realizado,
como ocurre con todas las propiedades de la zona. Hacerlo es difícil por lo irregular y
remoto del terreno", dice. "En su artículo también se recuerda que tengo una
plantación de apenas 12 hectáreas de fréjol, financiada con un crédito del Banco de
Fomento. ¿Quién tiene una plantación de doce hectáreas no es un pequeño productor?
¿Puedo convertirme en el rey del fréjol con apenas doce hectáreas?", continúa la
carta del legislador.
Sin embargo, el legislador no aclara la mayor preocupación que nos llevó a subrayar en
un caso concreto, la ligereza con la que proceden los "padres de la Patria":
Ronald Andrade se "olvidó" de registrar sus propiedades y, por ende, de pagar
sus impuestos.
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